Se ha intentado acabar física y culturalmente a pueblos indígenas’

Indígenas nasas han sido una de las comunidades más perseguidas por los violentos en Cauca.

Algunas cuentas sobre el conflicto colombiano se remontan a los años 60; otras, a 1948, y algunas más, a las primeras décadas del siglo XX. Pero hay una historia de violencia que viaja mucho más atrás, antes de que Colombia fuera Colombia y siquiera pudiera intuir el horror por el que pasaría en su transitar republicano. Llega hasta 1492, cuando los españoles llegaron a América. En ese año, con la llegada de Cristóbal Colón, se inició para los indígenas la larga historia de violencia prolongada que ha seguido hasta nuestros días.

La llaman la  mala muerte, porque la muerte, a secas, no significa un problema en sus diversas y distintas cosmovisiones. Es trascendencia, es una parte del ciclo en espiral por el que transcurre la existencia, es movimiento. Esto, claro, si es una muerte natural, pero cuando se impiden las “buenas maneras de morir”, con todo y los rituales que le siguen, “se interrumpe el flujo que existe entre la vida y la muerte, o sea, la red vital”.

Así lo explican en el portal de memoria que antecedió al informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH) que presentan hoy, en el centro de Bogotá. No por casualidad el teatro que lleva el mismo nombre del conquistador –Teatro Cristóbal Colón– será el escenario para que ‘Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia’ sea presentado al país.

‘Genocidio encubierto’

Del pueblo tinigua solo queda una persona viva. Es un hombre octogenario que vive en La Macarena, en un territorio ancestral que se quedó sin pueblo. A su muerte, desaparecerá el lenguaje y la memoria tinigua.

Hasta el año pasado, la Corte Constitucional había reconocido en el país 39 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, de 102 asentados en el territorio nacional, a causa del conflicto armado y “factores subyacentes” como la minería y “el supuesto desarrollo”.

Así lo cuenta Óscar David Montero de la Rosa, indígena kankuamo, politólogo de la Universidad Nacional y asesor de la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), quien fue el encargado de coordinar el informe.

Formas de violencia como el desplazamiento forzado han afectado a las poblaciones indígenas del país, haciéndolas romper el vínculo con su territorio, que lo es todo. “No hay indígenas sin territorio y no hay indígenas sin tierra”, explica.

Pero, además, hay 31 pueblos más que hoy tienen menos de 500 habitantes vivos, como el pueblo nutak, con cerca de 500; el yamalero, con cerca de 70, o en los casos más graves, el tinigua. Esto significa que, sumando los que considera la Corte y los que tienen menos habitantes, cerca del 70 por ciento de los pueblos indígenas del país están en riesgo.

De los hallazgos del informe, “el que ha tenido más relevancia, y es el interés de los pueblos indígenas, es el proceso de exterminio a lo largo del proceso de construcción de Estado en Colombia”, cuenta Tania Gómez, coordinadora de enfoque étnico en el CMH.

Si bien el informe se concentra en cómo los indígenas sufrieron el conflicto armado, la de los indígenas es una memoria de larga duración que alude a “procesos de exclusión social, política y de violencias contra las comunidades que recaban en asuntos históricos anteriores a la historia reciente del conflicto”, explica.

Y no es solo pasado, sino también un presente que explica que el informe del CMH hable de genocidio, es decir, de la intención de destruir totalmente las culturas indígenas del país, y lo hace como una pieza de un tejido.

“El informe lo concebimos como un telar que tiene seis tejidos”, dice Montero, aludiendo a la forma como muchas de las culturas indígenas del país se expresan, hilando con colores su forma de ver el mundo. Entre esos seis tejidos, uno en particular, llamado ‘guerra abierta, genocidio encubierto’, habla del exterminio.

“Consideramos que en el país, en la larga duración de la violencia, ha habido una intención de acabar física y culturalmente con los pueblos indígenas”, dice Montero. Y explica que en el informe lo exponen en varias categorías, como el asesinato selectivo a líderes y autoridades indígenas, que deja a las poblaciones huérfanas de sus guías espirituales; el control territorial, como la situación en la que se busca sacarlos de sus territorios, ricos en recursos naturales; pero también a través de las políticas asistencialistas del Estado sin adecuación étnica.

“Se piensa que llevarles la comida a los niños wayuu en cajitas es la solución, no se les da autonomía a los pueblos para mantener políticas propias”. Por esto, para Montero, se trata de una forma de genocidio cultural, pues les obliga a adaptarse a las dinámicas de vida occidental.

Todo esto se sustenta en otro de los hallazgos que, para el coordinador del informe, deja esta investigación: la falta del conocimiento del resto del país sobre los indígenas, porque “hay una mirada todavía colonialista, racista, que en su generalidad todavía piensa a los indígenas como salvajes”, desde un sistema educativo que no enseña ni cuántos son, ni cuántas lenguas hablan ni mucho menos los riesgos a los que siguen expuestos.Solamente en 2019, hasta el pasado mes de septiembre, habían muerto 284 indígenas en el país, de los cuales 83 fueron asesinados, según Medicina Legal.

La ruta de la concertación

Este año no había certeza de si el informe iba a salir, a causa del cambio de dirección en el Centro de Memoria Histórica. El proceso de investigación de dos años estaba listo para entrar en fase de evaluación, edición, diagramación y publicación, pero se había perdido el lazo creado con el centro anteriormente, hasta que lograron retomarlo con el equipo de enfoque étnico.

Los investigadores de la Onic le pidieron una reunión al nuevo director, Darío Acevedo, le explicaron el proceso que llevaban y qué era lo que faltaba. Entre esas explicaciones, le contaron que el informe nació por mandato del Decreto 4633 del 2011, que es el que reglamenta el enfoque étnico de la ley de víctimas. Aunque tuvieron que hacer algunos cambios administrativos, lograron sacar adelante lo que restaba del informe.

“El director dijo, honestamente, que no podía negarse al cumplimiento de lo que dice la ley, que el informe tenía que continuar”, cuenta Óscar Montero.

Esa búsqueda de darle continuidad al ‘Tiempos de vida y muerte’ no fue la única dificultad en la concertación para sacar adelante el informe. Al contrario,. “Hay que decir que ha sido una disputa del día a día, pero eso no ha obedecido a que la gente que está en el CMH no haya querido escucharnos, sino a que el mismo Estado, su estructura, no está adecuada para responderle a las víctimas y a los pueblos étnicos como debe ser”, dijo Óscar.

Un ejemplo de esto es que en la presentación del informe, en el Teatro Colón, se ofrecerán bebidas tradicionales como chicha y caguana. Pero cuando surgió la propuesta hubo oposición, pues en eventos que se realizan con presupuesto público no se debe gastar en licor y “en el imaginario del centro, la chicha es alcohol”, explica Óscar. Les pidieron que les comprobaran que estas eran bebidas alcohólicas, y terminaron aceptando que hicieran parte del evento. “Es que no es que crean o piensen. Dennos la oportunidad de enseñar nuestra cultura y nuestras formas”, pide Montero, quien también cuenta que hubo otras cuestiones que en la concertación no lograron a su favor.

El solo hecho de hacer un informe escrito riñe con las culturas orales de los pueblos, y más cuando es en español y no en los lenguajes de ellos. Por eso es que los indígenas no dicen que este tenga capítulos, sino seis tejidos que se cruzan entre sí. “La academia también ha hecho de todo con nosotros. Unos nos idolatran y otros nos salvajizan, queremos es contarles la memoria a partir de nuestra voz”. Aun así, explica Óscar, saben que para hacerse entender de otros necesitan “la herramienta imperfecta de la escritura”.

Pero el Centro de Memoria Histórica tiene un manual de estilo que establece que los informes se escriben en tercera persona, y así quedó en la versión final, a pesar de que en versiones anteriores los indígenas defendieron el uso de otras voces, como la primera, porque no es lo mismo decir ‘los mataron’ a ‘nos mataron’. Aun así, el informe incluye una nota aclaratoria sobre la diversidad de voces que hablan a través de sus páginas.

También las portadas de los informes del Centro de Memoria Histórica tienen una estética definida, en colores oscuros como el negro y el café. “El libro negro no nos representa. En nosotros, los colores también tienen significado y connotación, dicen algo, porque somos pueblos coloridos”, explica el coordinador de las investigación. 

Lo que sí lograron fue que el lanzamiento sea en el Teatro Colón, algo que buscaron ellos mismos, como explica Óscar Montero: “En el país se ha tenido la concepción y percepción de que los indígenas no pueden estar o tienen sitios vetados, o que un informe como este se debe lanzar en un jardín botánico, una maloka o un resguardo, y no. Es importante que el país entienda que hay espacios de poder donde podemos y debemos estar”.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
REDACCIÓN JUSTICIA