Aviones fantasmas de Estados Unidos iluminaron la madrugada del 20 de diciembre de 1989 en Panamá con un bombardeo que marcó el inicio de la Operación Causa Justa para deponer al general Manuel Antonio Noriega, reclamado por un tribunal de Miami por narcotráfico.
Pero a 25 años de la penúltima intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe en el siglo XX —la última fue en Haití en 1994—, la oscuridad predomina sobre un episodio que culminó con el derrumbamiento del régimen militar heredado por Noriega tras el golpe de Estado en 1968 de Omar Torrijos.
En un sorpresivo anuncio con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la invasión, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció el sábado que creará una comisión especial para investigar “todo lo relacionado” con los muertos y desaparecidos durante la operación. El objetivo, dijo Varela, es “sanar las heridas, y la reconciliación del país”. La comisión estará encabezada por la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado, y contará con la participación de la Iglesia católica y la sociedad civil.
Las víctimas exigen que Washington reconozca la invasión, indemnice al país y diga dónde se encuentran las fosas comunes
“Es una manera de contribuir a cerrar esas heridas aún pendientes y vivas en muchos panameños para poder así avanzar unidos”, explicó Varela. Un cuarto de siglo después, las cifras oficiales de víctimas son un misterio y aunque hay versiones de las ONG que cifran los muertos entre 2.000 y 7.000; Naciones Unidas asegura que murieron 500 personas; y Estados Unidos, 100.
En una romería a una fosa común ubicada en un jardín de la capital panameña y acompañado de varios miembros de su gabinete, Varela, el primer presidente que participa en un acto de este tipo, depositó una corona de flores en honor a los caídos en compañía de varios familiares de las víctimas. Trinidad Olaya, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, dijo que el propósito es “honrar la memoria de las víctimas de este lamentable hecho”. Olaya encabezó una marcha desde el centro de la capital hasta El Chorrillo, el barrio arrasado por la intervención ordenada por George H. W. Bush, informa Efe.
Entre otras cuestiones, las víctimas exigen que Washington reconozca la invasión, indemnice al país y diga dónde se encuentran las fosas comunes donde habrían sido enterrados cientos de panameños, además de declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional.
Pero mientras el país se enfrenta a su pasado, Noriega no puede escapar del suyo. El hombre de confianza de la CIA —hasta que decidió ir por libre— y fiel lugarteniente de Torrijos —hasta que éste murió en un discutido accidente de aviación—, que emergió en la década de los ochenta como el más excéntrico dictador tropical y que convirtió el país en una base para el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el contrabando, languidece en una cárcel panameña. A sus 80 años, se enfrenta a una petición de 60 años por homicidios políticos y blanqueo de capital.
Tras ser capturado en Panamá 13 días después de la invasión, Noriega fue trasladado a Estados Unidos, donde fue sentenciado en 1992 a 40 años de cárcel por narcotráfico (una pena que redujo a 20 años) y en 2010 fue deportado a Francia, desde donde fue extraditado a Panamá en 2011.
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