Los buitres obtuvieron 1000% de rentabilidad y ahora reclamarán todos l - Amigos en crisis se ayudan

Dos de los seis fondos buitre litigantes ya expresaron su acuerdo. Los principales, entre ellos Singer y Aurelius, no. Pollack, el mediador nombrado por Griesa, no ocultó su satisfacción, y se lo expresó en persona a Macri y Prat-Gay. Lo que falta para cerrar.

Por Tomás Lukin

Después de cinco días de negociaciones en Nueva York, el gobierno de Mauricio Macri presentó una propuesta formal para pagarle a los fondos buitre. El Palacio de Hacienda informó que los términos financieros de la oferta ya fueron aceptados por una parte de los litigantes más agresivos como Montreux Partners o Dart Management. Pero la discusión no está cerrada. Los principales de los acreedores carroñeros originarios como Elliott Management de Paul Singer (todavía) no dieron su visto bueno. La adhesión de la totalidad de los litigantes con sentencias favorables en los tribunales del juez Thomas Griesa implicaría entregarles alrededor de 7000 millones de dólares en efectivo, una reducción promedio del 25 por ciento frente al monto reconocido por las órdenes y sentencias del magistrado. La cifra valida una rentabilidad del orden del 1000 por ciento, levemente por debajo de sus pretensiones. Si se confirma el acuerdo judicial, el Ministerio de Hacienda y Finanzas recurrirá al endeudamiento en el mercado financiero internacional para obtener los fondos necesarios. Los dólares que se logren por esa nueva emisión de deuda externa serán entregados a los buitres. La implementación del acuerdo está sujeta al levantamiento del bloqueo del mecanismo de pago de la deuda en el exterior, elemento que debe definir el octogenario juez.

La generosidad de la oferta y el entusiasmo exhibido por Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia norteamericana que logró un protagonismo inédito al punto que ayer conversó por teléfono con el presidente Macri y el ministro Prat-Gay, contrabalancean la reticencia de algunos acreedores. La segunda condición necesaria para poner en marcha el pago es la modificación en el Congreso del cuerpo normativo que impide otorgar un tratamiento privilegiado.

Si se contabiliza el reciente preacuerdo por 1350 millones de dólares firmado con los acreedores italianos nucleados en el grupo de presión Task Force Argentina, las conversaciones encabezadas por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, contemplan a dos tercios del 7,6 por ciento de acreedores que rechazaron el canje. En el nuevo equipo económico entienden que el arreglo es indispensable para lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado para la Nación, provincias y grandes empresas. El bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo facilita ese proceso.
Dos ofertas

Para que los acreedores carroñeros cobijados por Griesa con títulos de deuda todavía en default por un valor nominal de aproximadamente 2500 millones de dólares renuncien a sus demandas, el gobierno de Macri ofrece pagarles en efectivo aproximadamente 7000 millones de dólares, cuando su reclamo superaba los 9000 millones. La rentabilidad se abulta ya que sus acreencias fueron adquiridas muy por debajo del precio que figura en los bonos.

- Base: A los fondos denominados me too y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el gobierno les ofrece pagarles 1,5 dólar por cada dólar de valor nominal de sus bonos. La ganancia real es todavía más abultada si se contempla que no le prestaron dinero a la Argentina sino que compraron esos bonos a precio de remate, muchas veces después del default.

- Buitres only: Para el grupo de litigantes que motorizó la demanda original, la propuesta es todavía más generosa. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70 por ciento del monto en juego. El descuento del 30 por ciento implica que en lugar de multiplicar por 3,7 veces el valor nominal de sus acreencias como pretendían originalmente, el beneficio se limite a 2,6 veces. Como en el caso anterior, el exiguo precio que pagaron por esos bonos hace que la ganancia real de los buitres sea muy superior.

Cuando se trate de títulos públicos sin sentencia monetaria a comienzos de enero, se les ofrece el pago del 70 por ciento del valor devengado del reclamo. Para incentivar la participación de los buitres dudosos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas propone reducir las “quitas” a 27,5 por ciento en aquellos acuerdos de reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive.
Fin del bloqueo + reformas

Para poner en marcha el acuerdo se deben cumplir dos condiciones: i) la finalización del bloqueo al mecanismo de pago de los vencimientos de la deuda argentina en el exterior y ii) la modificación en el Congreso del plexo normativo vigente para permitir un pago en mejores condiciones que las recibidas por la mayoría y habilitar el endeudamiento necesario para concretar la operación.

Desde la lógica del Palacio de Hacienda, el visto bueno de un grupo de los litigantes originales que harían el pedido formal al magistrado, el entusiasmo del mediador Pollack y el sinnúmero de guiños al gobierno de Estados Unidos, deberían facilitar el levantamiento de las órdenes de Griesa que impiden a los acreedores genuinos recibir sus fondos.

La aparente reticencia de otros buitres históricos como Elliott Management o Aurelius se presentan como el obstáculo a sortear. En ese punto, se ingresa en el terreno de las especulaciones. Si algún acreedor rechaza la propuesta pero Griesa levanta el bloqueo, el conflicto legal con los buitres no se resuelve pero se restablecería el flujo de pagos con quienes participaron del canje y se incrementaría el grado de adhesión. En ese escenario hipotético, nada garantiza que otro magistrado no valide un nuevo reclamo de un buitre rebelde.

La ingeniería parlamentaria para lograr los cambios legislativos –ley de pago soberano y ley cerrojo– y permitir la emisión de nueva deuda externa necesaria para concretar el pasamanos de dólares es un proceso en marcha. Las negociaciones con gobernadores y legisladores están en cabeza del ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ese proceso arrojó esta semana su primer resultado favorable al macrismo con la escisión de un grupo de legisladores del bloque del FpV. La implementación de la propuesta contempla que los tenedores de títulos públicos todavía en default que participen de la misma deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados de sus acreencias.
¿Cómo se pagaría?

El pago de los 8100 millones de dólares (buitres neoyorquinos más lobbistas italianos) será en efectivo. Para obtener esos recursos Prat-Gay recurrirá al endeudamiento externo con el sistema financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos públicos por un monto nominal mayor que quedarán en manos de las entidades financieras compradoras, mientras que los dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes. Ningún acuerdo garantiza que los inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo tratamiento y encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.

A los pies de Singer

Los fondos buitre liderados por Paul Singer definieron condiciones aún más ventajosas que el resto. Menor quita, pago de los honorarios de abogados y lobby y el cobro de intereses adicionales. Lo consiguieron ante la desesperación del gobierno de Macri para cerrar el acuerdo.

Por Alfredo Zaiat

Recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitre, cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total, consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina, obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando, exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda, tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves 14 de abril próximo. Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer, quien lideró el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados. Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano. De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.

La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo. La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda. En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.

La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30 al 27,5 por ciento del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25 por ciento, pero con otros beneficios la reduce a 22,5 por ciento. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78 por ciento del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5891 millones de dólares de bonos. Con los otros catorce acuerdos el total suma 7553 millones. Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.

La firma del acuerdo preliminar con Singer, firmado por él en puño y letra, y sus buitres aliados tiene fecha del 26 de febrero, y las condiciones a cumplir empezaron a correr a partir del 29 de febrero:

- Argentina reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5891 millones de dólares radicada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos en cesación de pagos: el monto a pagar asciende entonces a 4418 millones de dólares.

- Pero no es todo: también se reconoce un interés del 2 por ciento anual desde el 1° de marzo hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril. Esto significa que hay una tarifa diaria de 322.795 dólares.

- Hay más: Argentina se comprometió a pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos buitre por honorarios legales que abonaron ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.

- En total, el pago sería de 4553 millones, sin incluir los intereses.

- Los intereses hasta el 14 de abril acumularán 14.525.775 dólares.

- La suma total sería entonces de casi 4568 millones de dólares.

- Así, con ese monto global, la quita disminuye del 25,0 al 22,5 por ciento de la sentencia monetaria.

Argentina reconoce el capital, intereses, intereses punitorios por el default, los intereses por mora aplicados por Griesa más los gastos del juicio. Más los intereses hasta cancelar esa deuda, que también se pagarán “en efectivo, en dólares estadounidenses en fondos de disponibilidad inmediata, mediante giro bancario”. Luego de recibir los dólares, los buitres se comprometen a liberar todos los embargos, ejecuciones pendientes, y “regresarán a la Argentina todos los bienes embargados o incautados”. El detalle que no se menciona es que no hay bienes embargados o incautados del Estado argentino porque los buitres no tuvieron éxito en ese tipo de demandas judiciales presentadas en tribunales estadounidenses y europeos.

El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres: la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”. Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.

Tomo todo

El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles. O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.

El acuerdo preliminar se rige por la legislación del Estado de Nueva York. Además acordaron rendir ante el mediador Daniel Pollack las eventuales controversias que pudieran surgir, y si en dos días no logran encontrar una solución, Argentina se someterá al “Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante el Honorable Thomas P. Griesa, donde se resolverá el caso de manera expedita”. “La República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York)”, aceptó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay.

El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores.

Pagar la cuenta

Los considerandos del proyecto de ley pro buitre señalan que a “los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel, en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la oferta pari passu, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes pari passu. Se informa que se “les ha ofertado el reconocimiento de ciertos gastos en concepto de honorarios (con una quita del 40 por ciento) en virtud de haber resultado vencedores en distintos litigios contra la República Argentina habiendo, asimismo, agotado todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos de América. Y finalmente lamenta que esos gastos implicaron “mayores costos en comparación con el resto de los acreedores”, y por ese motivo Argentina se los reconocerá.

El punto 2 del acuerdo con Singer y otros buitres contempla ese pago adicional, que suma 235 millones de dólares “para (a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y (b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial”.

El monto original reconocido no está discriminado ni se precisa cómo se alcanzó. A esa suma se le aplicó un descuento del 40 por ciento. Pueden estar incluidos casi los 8 millones de dólares para financiar la American Task Force Argentina, entidad de lobby buitre liderada por Paul Singer encargada de la campaña de desprestigio de Argentina. También puede incluir la demanda relacionada con la retención indebida de la Fragata Libertad que implicó costas por 15 millones de dólares pagadas por NML el 23 de julio de 2013, como está registrado en el anexo del acuerdo e incluido en el proyecto de ley. O el financiamiento a políticos locales, como a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, que recibió 100 mil dólares de Singer.

Aceptar el pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez Thomas Griesa. Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino también la mayoría de la comunidad internacional. Esto genera además un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra Argentina, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales de los buitres.

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Los buitres obtuvieron 1000% de rentabilidad y ahora reclamarán todos los que habían arreglado

A los pies de Singer

Tomo todo

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