Las declaraciones sobre la migración venezolana y las imágenes de cientos de caminantes que van hacia la frontera con Colombia han eclipsado una realidad que podría poner en jaque la estabilidad económica en la porosa costura común que une a ambos países.
A partir de este martes, el Gobierno de Venezuela ha puesto en marcha un plan piloto para empezar a cobrar el combustible a precios internacionales para quienes no posean el 'carné de la patria', un sistema que garantiza el subsidio para sus nacionales.
La medida busca frenar el contrabando de extracción hacia Colombia, donde hay alrededor de 30.000 personasdedicadas al trasiego de gasolina desde Venezuela y otras modalidades de fuga ilegal, que le generan pérdidas anuales al país petrolero estimadas entre 6.000 y 12.000 millones de dólares.
Comienzo tímido
Según medios locales, la aplicación del nuevo sistema ha sido tímido. El mecanismo para quienes desean surtir de combustible subsidiado, en las bombas de ocho estados fronterizos, implica la lectura del código QR de carné y la verificación de la huella dactilar. El resto debe pagar precios internacionales.
El plan piloto estará en funcionamiento durante 15 días en la primera etapa. Posteriormente será implementado en los estados considerados de alto consumo, y en la tercera fase se aplicará en todo el país.
En medio de la coyuntura económica que vive Venezuela, la medida le permitirá ahorrar combustible y obtener mayores ingresos por concepto de venta de carburantes, con miras a la meta de reducción del déficit fiscal. Al precio actual, con un dólar estadounidense se podrían comprar unos seis millones de litros.
En la víspera de la aplicación del sistema, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que las mafias en Colombia estaban ofreciendo hasta 800 dólares para comprar el carné a ciudadanos venezolanos. Las piezas vendidas fueron invalidadas y, como mecanismo de verificación adicional, se agregó el reconocimiento biométrico.
Problema de números
Sin embargo, la estrategia venezolana para la recuperación de su economía puede generarle a Colombia severos problemas. Según las estimaciones más conservadoras, 70 % de la gasolina que se vende en Norte de Santander es de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Una ley creada por el ex presidente Álvaro Uribe legalizó los "centro de acopio" de gasolina extraída ilegalmente de Venezuela bajo la figura de "cooperativas", lo que permite su distribución dentro de Colombia con márgenes de ganancia de 3.700 %. Aun así, ese carburante cuesta la mitad del que expenden las empresas colombianas.
Algunos contrabandistas que trasiegan gasolina a menor escala, llamados "pimpineros", arriman el combustible de contrabando a las cooperativas y estas lo introducen a las estaciones de servicio de manera legal. Otros, simplemente la surten directamente a los compradores.
Hace un mes, el gerente de la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros de Norte (Coomulpinort), Mario Arévalo, admitió que de los 12 millones de galones de combustible "legales" (es decir, provisto por el Gobierno o 'lavado' por las cooperativas) para el abastecimiento de Norte de Santander, solo se venden cerca de 7 millones de galones. El resto se abastece con los pimpineros que proveen gasolina venezolana.
Huecos fiscales
Para el activista de Derechos Humanos y director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, la decisión de Caracas de cobrar la gasolina a precios internacionales es la principal razón para que Bogotá se movilice a escala internacional para tratar de mitigar el "hueco fiscal" que le generará la pérdida de 12.000 millones de dólares anuales a su economía.
Según Tanus, la estrategia de Bogotá es usar el tema migratorio para exigir más recursos en el área de frontera. De hecho, en la Declaración de Quito, suscrita el pasado martes, se expresa el deseo de Colombia de pedir más dinero a organismos internacionales para "atender" a los venezolanos que cruzan a su territorio.
Otra de las aristas que apunta el activista es que Colombia no tendrá petróleo en cuatro años, tal como lo han reconocido sus propias autoridades, por lo que suplir la demanda de combustible sin la "provisión" de Venezuela a precios irrisorios, tendrá un peso indudable en su economía.
Un nota publicada recientemente en La Opinión de Colombia destaca que las autoridades esperan una reducción significativa del contrabando con las medidas anunciadas por el presidente Maduro. Sin embargo, los incentivos son jugosos. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Carlos Eduardo Girón, destacó que la extracción de gasolina se ha convertido en el negocio del siglo por sus ingentes ganancias y mínimos niveles de riesgo.
Así, mientras un carrotanque de gasolina cuesta 67.000 pesos colombianos (equivalentes a unos 11 dólares) en Venezuela, al pasar la frontera su precio sube a 56 millones de pesos, es decir, una ganancia que se multiplica más de mil veces. "Mucho dinero que se gana sin ser seguido por la DEA o la Interpol, no hay que cultivar ni procesar ningún tipo de planta", tal como apunta un estudio de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia.
Negocios paralelos
En esa misma entrevista a La Opinión, Girón reconoció que la "cultura del contrabando" está tan arraigada en los cucuteños que a pesar de que es una actividad ilegal con la que se "institucionaliza y se financian las redes criminales", no es mal vista por sus habitantes.
Entre esas redes criminales tampoco escapa el negocio de la cocaína, apunta un análisis del portal Misión Verdad. Colombia es el principal productor mundial de esa sustancia ilegal, que requiere 38,5 litros de gasolina por cada kilo de pasta.
Uno de los secretos a voces es que el aumento de los costos de la gasolina en Venezuela impactará significativamente en la estructura de producción de esa sustancia ilícita, especialmente en Norte de Santander, una de las zonas donde hay más hectáreas por kilómetro cuadrado de plantaciones.
El año pasado, Colombia registró un aumento histórico de plantaciones de coca, que pasaron de 188.000 hectáreas en 2016 a 209.000 en 2017. Esa situación mantuvo a Bogotá al borde de la descertificación por parte de EE.UU., principal consumidor mundial, por lo que el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos decidió retomar la política de aspersión con glifosato, que había sido suspendida en 2015.
La medida en Venezuela aún está en etapa incipiente pero, de tener éxito, podría traducirse en una nueva crisis en la frontera binacional. Esta vez, con Colombia como principal afectada.
Nazareth Balbás
Tema anterior
Primer 
