Desde hace varias semanas se ha desatado un conflicto en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. Los trabajadores exigen que se reabra la negociación salarial, tal como se había acordado a comienzos de año. A su vez, denuncian que el Gobierno intenta vaciar la compañía para quebrarla y beneficiar a la competencia.
Por su parte, las autoridades aseguran que la aerolínea de bandera supone un gasto excesivo para el Estado y apuntan a una reestructuración para, en teoría, hacerla más rentable y competitiva.
1. ¿Cómo se inició el conflicto?
Entre fines de octubre y comienzos de noviembre los sindicatos aeronáuticos comenzaron a realizar medidas de fuerza. En concreto, exigen la aplicación de la llamada 'cláusula gatillo', acordada entre los gremios y la compañía a principios de año, que estipula que, si la inflación supera el porcentaje de aumento de sueldo, este debería actualizarse a la par.
La negativa de las autoridades de la empresa –que responden al Poder Ejecutivo– a reabrir la negociación provocó una escalada de la conflictividad laboral.
2. ¿Cómo respondió el Gobierno?
En un primer momento las declaraciones tanto del presidente Mauricio Macri, como del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, apuntaron a destacar el excesivo gasto que implicaba la empresa para las arcas públicas. "No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", declaró el jefe de Estado. Hay que lograr que "pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional porque eso lo logran la mayoría de las líneas aéreas del mundo", añadió.
Por su parte, Dietrich aseguró que el Gobierno está haciendo "un esfuerzo muy grande" para ayudar a la compañía en un momento en que "por el precio del dólar y el combustible, los números no están de acuerdo con los objetivos planteados".
Finalmente, hacia finales de noviembre, Aerolíneas Argentinas decidió suspender a 376 trabajadores que habían participado de las huelgas.
3. ¿Qué denuncian los trabajadores?
Además de reclamar por sus derechos laborales, desde los distintos sindicatos nucleados en la Federación Argentina de Personal Aeronáutico (FAPA) pusieron el foco en la política aerocomercial impulsada por el Gobierno. En una entrevista radial brindada semanas atrás, Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), afirmó que "a Aerolíneas la están rompiendo de a poquito con acciones como el cierre de la oficina de ventas de pasajes en Punta del Este".
En el mismo sentido, cuestionó que le adjudicaron "las rutas internacionales más importantes a las [empresas] monopólicas", mediante gestiones del ahora ex vicejefe de Gabinete y también ex CEO de la aerolínea LAN, Gustavo Lopetegui. "Les dieron las rutas internacionales que salen de la Argentina a esos monopolios", agregó.
Y completó que "en pinza con eso le cortan [a Aerolíneas Argentinas] el presupuesto en pesos e hicieron volar el tipo de cambio por los aires". Esto llevó a que se pueda "comprar la mitad de repuestos, de combustibles, de seguros y de leasing, porque todo está dolarizado en la aviación".
4. ¿Cuáles fueron las últimas acciones de las partes?
Ante la continuidad del conflicto, el Gobierno finalmente accedió a una negociación y realizó una oferta. Esta consiste en pagar una suma fija de entre 5.000 (132 dólares) a 30.000 pesos (795 dólares) de acuerdo a la categoría de cada trabajador. Además un incremento del salario del 10% en enero de 2019 y otro 4% en marzo.
Sin embargo, desde la FAPA respondieron que no van a negociar hasta que se cumplan sus demandas originales: un incremento del 6,5% acorde con la inflación del mes de septiembre y que se dejen sin efecto las suspensiones.
5. ¿Es posible que se privatice la empresa?
Si bien en varias ocasiones –antes de ser presidente– Macri manifestó que no tenía sentido que la aerolínea de bandera fuera estatal, hoy no está entre sus posibilidades privatizarla. Es que la ley 26.412, aprobada por el Congreso argentino en 2008, establece en su artículo 9° que "en ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma".
Hasta tanto siga vigente esta normativa, no existe la posibilidad de vender la compañía a privados. Es por eso que la advertencia de los sindicatos apunta a un intento gubernamental de vaciamiento que termine con la quiebra.
Santiago Mayor
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