La senadora electa Cristina Kirchner concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Py para prestar la declaración indagatoria a la que fue citada por el juez Julián Ercoloni en la causa Hotesur y en el marco de la ya denunciada persecución política y judicial que pesa contra ella y su familia. La ex mandataria, que había pedido a la militancia que no organizara una movilización para acompañarla, a fin de no concitar la atención de la prensa hegemónica ni “distraer la atención” sobre lo que hace la gestión de Mauricio Macri, presentó un escrito y no respondió preguntas. En el texto rechazó la acusación en términos jurídicos y también políticos, y en ese marco advirtió que  desde el Gobierno "buscan encubrir un plan que solo se sostiene con la mentira".

Por pedido de sus abogados defensores, la cita en los tribunales de Retiro se adelantó y fue a las 9, cuando estaba prevista para cerca del mediodía. El trámite fue anticipado para que la ex mandataria pudiera llegar a tiempo a un acto en José C. Paz.

En su escrito, la senadora electa rechazó los cargos que se le imputan y pidió su sobreseimiento. Denunció, además, que en esa causa “se ha violado de manera grosera” el debido proceso y citó la existencia de “por lo menos siete decisiones judiciales firmes” similares al supuesto delito que se le imputa y que “concluyeron con el dictado de sendos sobreseimientos”.

“Aunque cueste creerlo", puntualizó CFK, " la mitad de estos pronunciamientos fueron dictados y consentidos por el mismo juez y el fiscal que intervienen en este proceso”, Ercolini y Gabriel Pollicita, respectivamente. Estas circunstancias, agregó, dejan “al descubierto hasta qué punto se encuentra ahora debilitada la independencia del sistema judicial argentino”.

Asimismo, acusó al magistrado y al fiscal de “intentar borrar con el codo lo que hace unos pocos años escribieron con la mano” y de “repetir en sede judicial el relato que se machaca hasta el hartazgo en los medios hegemónicos”.

El descargo presentado indica, además, que las maniobras de supuesto lavado con el presunto falso alquiler de habitaciones de hoteles se trata en realidad de “operaciones comerciales regulares y lícitas que fueron declaradas ente los organismos competentes”. “Se impulsa una investigación penal sin que se me atribuya un hecho puntual, concreto y específico de carácter delictivo”, remarcó.

CFK calificó a las acusaciones en su contra como “ridículas” y denunció la “doble vara que utilizan ahora los operadores judiciales (no los puedo llamar de otra manera)” que cierran “con una velocidad increíble” las investigaciones que pesan sobre funcionarios del actual gobierno “imputados por manejar fondos en paraísos fiscales (no en bancos nacionales) o mover sumas millonarias a través de la banca offshore (no en el circuito financiero legal, tributación mediante)”.

“Nada se imputa ni se cuestiona respecto del hermano del presidente Mauricio Macri, quien acaba de blanquear una suma de casi 40 millones de dólares de procedencia ilícita”, agregó y acusó tanto al juez como al fiscal de “contribuir obedientemente con las maniobras de distracción necesarias para disimular y encubrir un plan de gobierno que solo puede sostenerse mediante la mentira y la construcción de un enemigo interno”. 

Pese a sus denuncias públicas, CFK admitió ser “consciente· de que sus explicaciones “no serán siquiera mínimamente consideradas” tal como ocurre “en las múltiples causas armadas, iniciadas y promovidas en mi contra desde que el presidente Mauricio Macri, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo”.

En este contexto, calificó a la causa como “un verdadero disparate jurídico y lógico” y denunció que en el avance de la investigación se está derogando “la presunción de inocencia y cualquier ciudadano acusado deberá probar que es inocente. Un verdadero disparate jurídico y lógico”.

La ex mandataria partió temprano desde su departamento del barrio porteño de Recoleta hacia los tribunales federales de Retiro. Allí estuvo unos pocos minutos y dejó un escrito para responder una vez más a esta nueva requisitoria, a la que encuadró dentro de la “persecución judicial” en su contra “ordenada por el presidente Macri” contra ella y los ex funcionarios de su gobierno.

La causa Hotesur había sido iniciada por el juez federal Claudio Bonadio y luego fue apartado por la Cámara Federal por grave irregularidades. En su lugar, Ercolini investiga el lavado de activos bajo la presunción de que la familia Kirchner simuló el alquiler de habitaciones hoteleras para concretar ese lavado. Hasta ahora, nunca se pudo comprobar nada. Los hoteles bajo investigación son Alto Calafate, La Aldea del Chaltén y la Hostería Las Dunas.

Por esta causa, Ercolini embargó en junio del año pasado los 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, así como el dinero depositado en las cuentas a su nombre en la casa matriz del Banco Galicia.

El magistrado ya procesó a la ex presidenta Kirchner en otra causa por el direccionamento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz. CFK puntualizó ayer que los hechos por los cuales fue citada “no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo juez y el mismo fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás”.

“Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional”, cuestionó e ironizó: “El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo.” Ese fue el eje del escrito que esta mañana dejó en el despacho de Ercolini.

Al responder a la convocatoria de Ercolini, previa imputación por parte de Policita, CFK continúa poniéndose a derecho en otra de las causas que investiga el patrimonio de ella, su hija Florencia y su  hijo, el diputado Máximo Kirchner. “Somos un especial objeto de odio del Gobierno”, cuestionó en su misiva de ayer la ex jefa de Estado.

Tal como lo anunció ayer, luego de prestar declaración partió hacia la localidad bonaerense de José C. Paz, para inaugurar un Centro Oncológico Municipal cuyas obras se iniciaron bajo su mandato.

El juez federal Sebastián Casanello consideró que no hay evidencias para procesar a Cristina Fernández de Kirchner en el expediente sobre lavado de dinero que tiene como principal imputado a Lázaro Báez. La Casa Rosada, utilizando parte de su grupo de tareas judicial –la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)– insistía en que el dinero de Báez era de CFK o que el constructor era testaferro de la ex mandataria, pero todas las pruebas indican que las cuentas con dinero que Báez sacó al exterior así como las sociedades constituidas en el extranjero y la propia Austral Construcciones figuran a nombre de Báez o sus allegados, con los cuatro hijos del constructor como últimos beneficiarios. También el testamento de Báez es categórico: ordena la constitución de un fideicomiso con su esposa e hijos como beneficiarios, poniendo condiciones de que los bienes no se dividan hasta transcurridos diez años de su muerte. O sea que los bienes son suyos, no de otra persona. Pese a las evidencias, el juez ordenó que se siga investigando. 

A lo largo de 33 páginas, Casanello expuso todas las hipótesis que fueron presentadas por el fiscal, Guillermo Marijuán, la UIF y la OA. La Cámara Federal –Martín Irurzun y Mariano Llorens– había adquirido un protagonismo sin antecedentes al obligar al juez a indagar a Cristina, pese a que no tenía un hecho concreto para atribuirle. CFK no hizo una transferencia, no figura en una cuenta, no está nombrada en ninguna operación e incluso hay una declaración categórica del arrepentido Leonardo Fariña refiriendo que Báez le dijo que todo el dinero era suyo y que, si hubo negocios con Néstor Kirchner, todo se terminó a su muerte. “‘Néstor era mi amigo desde siempre –le dijo Báez a Fariña–. Ella no”. 

Los acusadores insistieron con algunos argumentos llamativos. Por ejemplo, que Báez y Néstor Kirchner tuvieron negocios conjuntos –terrenos, construcción de algunas unidades de vivienda, alquiler de hoteles–, que se sacaron fotos juntos, y que eso era prueba de que el dinero del constructor seguramente era también de la ex mandataria. En ese marco, sostuvieron que como Báez sacó 60 millones de dólares a cuentas en Suiza; que constituyó muchas sociedades en Panamá, Bahamas y Seychelles, dedujeron que también CFK fue parte de esas operaciones que el juez califica como operaciones de lavado de dinero. 

De forma detallada, Casanello demuestra que todas las sociedades están constituidas por el entorno de Báez, principalmente Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco, y tienen como únicos beneficiarios a los cuatro hijos de Báez.  

La OA argumentó que el testamento podría ser un indicio de que el dinero de Báez no era de él. Casanello demuestra que el texto establece que con todos los bienes del constructor, en caso de muerte, se forme un fideicomiso, con su esposa y sus cuatro hijos como únicos dueños, e impidiendo que la fortuna se divida, al menos en los primeros diez años posteriores a su muerte. El testamento ordena que si se quiere vender algún bien, debe ser mediante el acuerdo de su esposa e hijos, lo cual demuestra que la fortuna está cerrada en su familia y que no es testaferro de nadie. 

Casanello dicta la falta de mérito a Cristina, con lo que dice que no hay elementos para procesarla, aunque tampoco le dicta el sobreseimiento. Y en esa línea ordena una cantidad de medidas de prueba, la mayoría sobre sociedades existentes en el exterior. Hay una sociedad que se llama Aldyne, en Las Vegas, que es propietaria de otras 124 sociedades. El juez infiere que ahí hay sociedades armadas para ocultar bienes, no sólo de Báez, sino de muchos otros. Le pide a la UIF que insista con los intentos de colaboración para esclarecer a quién pertenece todo ese entramado. Una buena parte de las sociedades fueron descubiertas por los fondos buitres, que trabajaron denodadamente para buscar bienes que pudieran ser de los Kirchner y de esa manera presionar en el durísimo conflicto que tuvo escenario en Nueva York. 

Una parte del dinero salió de la Argentina hacia Suiza a través de las financieras Provalor y SGI. A esta última, los grandes medios le decían La Rosadita, como una forma de vincular la financiera con el gobierno kirchnerista. Sin embargo, Angelo Calcaterra y buena parte de los empresarios macristas operaron a través de SGI. En la resolución de ayer, Casanello le dice a la UIF que, según la declaración como arrepentido de Fariña, se utilizaron varias “cuevas” para fugar dinero, por lo tanto la UIF debería concentrarse en investigar a esas “cuevas” y quienes operaron en ellas. Será una verdadera caja de Pandora. 

Es posible que la Cámara Federal termine procesando a Cristina en este expediente. El problema es que hasta ahora ni el fiscal ni la OA ni la UIF pudieron aportar una sola evidencia, un documento, una sociedad, una cuenta, que vincule a CFK con esos fondos que movió Báez.

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