Se trata de tres reportajes exclusivos del portal The Intercept Brasil, que muestran "discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato".
El portal de noticias The Intercept Brasil publicó el pasado domingo 9 de junio tres reportajes exclusivos que revelan que el exjuez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se coordinó con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Dichos reportajes, que fueron preparados basándose en los archivos inéditos obtenidos por una fuente anónima, muestran "discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato", señala el portal.
Uno de los reportajes muestra que los fiscales hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria en las elecciones presidenciales del 2018 del Partido de los Trabajadores (PT) y tomaron medidas para alcanzar ese objetivo.
En particular, de los mensajes entre el equipo de trabajo de Lava Jato, enviados a través del servicio de mensajería Telegram, se desprende que los fiscales —liderados por el procurador del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol— discutieron formas de evitar a toda costa una entrevista de Lula da Silva a la columnista del periódico Folha de S.Paulo, Monica Bergamo, porque, de acuerdo con ellos, esta "puede elegir a [Fernando] Haddad" o permitir la "vuelta del PT" al poder.
Otro punto denunciado por los reportajes revela la inseguridad del propio Dallagnol en relación con la acusación que llevó a Lula a prisión en abril del año pasado. "Él [Dallagnol] estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer a la contratista OAS en contratos con Petrobras", se señala.
Asimismo, en varias ocasiones Moro iba más allá de sus funciones, sugiriendo al procurador que cambiara el orden de las fases de Lava Jato, así como dando consejos estratégicos y pistas informales de investigación y anticipando al menos una decisión.
Reacciones
Ante estas revelaciones, la defensa del expresidente declaró que es evidente que el proceso en su contra es corrupto y exigió su libertad inmediata. Distintas figuras políticas de Brasil, como la exmandataria Dilma Rouseff, aseguran que estas informaciones prueban que la operación Lava Jato urdió una trama en contra de Lula y del PT.
Por su parte, el integrante de la secretaria operativa de ALBA Movimientos, Manuel Bertoldi, opina que la publicación de dichos reportajes aumenta la presión sobre el actual gobierno para lograr la liberación de Lula da Silva.
La mentira tiene las piernas muy cortas. Y la democracia brasileña sigue bastante enferma. Estas son dos de las principales conclusiones que ya se pueden extraer del formidable escándalo de filtraciones de mensajes electrónicos comprometedores que sacude los cimientos políticos de Brasil.
El protagonista del alboroto se llama Sérgio Moro y ocupa desde el 1 de enerode este año la flamante cartera de Justicia y Seguridad Pública en el Gobierno brasileño. A Moro, que fue juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, el presidente Jair Bolsonaro le premió con ese Ministerio por meter entre rejas a su máximo rival electoral, Lula da Silva, en un proceso plagado de irregularidades consentidas.
La figura de Moro, de mirada penetrante y fuerte personalidad, recuerda a aquellos otros magistrados o fiscales internacionales que se hicieron muy famosos, quizás demasiado, después de investigar y juzgar casos judiciales muy mediáticos, y que decidieron colgar la toga y dar el salto al proceloso mundo de la política. Ahí están dos nombres: el exjuez instructor español Baltasar Garzón (terrorismo de Estado) y el exfiscal italiano Antonio di Pietro (corrupción). Los dos acabaron entre mal y muy mal. Di Pietro, fuente inspiradora de Moro, fracasó en su nueva etapa e incluso se descubrió que miembros del partido que había creado recibieron sobornos. Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012 tras haber sido inhabilitado por prevaricación, es decir, por dictar una sentencia a sabiendas de que era injusta. A los tres les une su enorme ambición.
El ministro Toro se levantó hace unos días con la noticia bomba de que un medio de comunicación online, The Intercept Brasil, difundía las conversaciones privadas que él había mantenido con Deltan Dallagnol, el fiscal del caso Lava Jato (Autolavado en portugués). Este caso destapó una red de corrupción sistémica entre empresarios y políticos brasileños que sentenció a 159 personas. Tuvo profundas repercusiones en la región: además de Lula, otros cinco expresidentes latinoamericanos fueron condenados por corrupción: Ollanta Humala (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá), Mauricio Funes (El Salvador), Otto Pérez Molina (Guatemala) y Rafael Callejas (Honduras). En Perú desató vientos devastadores pues condujo al suicidio de Alan García y a la huida del país de Alejandro Toledo, dos exjefes del Estado también salpicados por esta lacra social.
La información desvelada pone en muy serios aprietos a Moro. Los extractos de los mensajes cruzados a través de la plataforma de mensajería Telegram cuestionan su imparcialidad y profesionalidad durante el proceso judicial. Los chats hasta ahora inéditos revelan una colaboración prohibida entre él y el fiscal.
Moro sugirió al fiscal Dallagnol que cambiara el orden de la instrucción y agilizara nuevas operaciones, le dio consejos estratégicos y pistas informales de la investigación, anticipó al menos una decisión, criticó al Ministerio Público e incluso abroncó a Dallagnol como si él fuera su superior jerárquico. La Constitución brasileña establece el sistema acusatorio en el proceso penal, en el que no pueden mezclarse las figuras de fiscal y juez. En este modelo, al magistrado le corresponde analizar de manera imparcial las alegaciones tanto de la acusación como de la defensa, sin mostrar interés en cuál será el resultado del proceso. Pero las conversaciones entre Moro y Dallagnol ratifican que el actual ministro se inmiscuyó por sistema en el trabajo del Ministerio Público, lo que es absolutamente ilegal, y que además fue bien recibido, pues terminó actuando informalmente como si fuera un ayudante oculto de la acusación. Fue juez y parte.
El propio Moro hizo gala de un gran cinismo. Negó en varias ocasiones que trabajara mano a mano con el Ministerio Público Fiscal. "Vamos a dejar las cosas claras, que se oye mucho por ahí sobre la estrategia de investigación del juez Moro. [...] No tengo estrategia de investigación ninguna. Quien investiga o quien decide qué va a hacer y tal es el Ministerio Público y la Policía Federal. El juez es reactivo. […] Me irrito a veces, veo una crítica un poco infundada sobre mi trabajo", declaró en una conferencia celebrada en marzo de 2016.
Sus decisiones como juez no sólo cambiaron el destino del país sino que también dejaron un sendero de fallos cuestionables. Una de sus medidas más polémicas se produjo en 2016. La entonces presidenta Dilma Rousseff se enfrentaba a un proceso de destitución en el Legislativo cuando Moro hizo pública una conversación telefónica entre ella y Lula da Silva para evitar su nombramiento como ministro, lo que le habría dado a él inmunidad. En ese momento, el juez dijo que dio a conocer la conversación, tan confidencial como las de The Intercept, porque "los ciudadanos tenían el derecho de saber […]. En una democracia liberal como la nuestra, es obligatorio que esa información sea pública". Ese mismo argumento es ahora igual de válido que entonces para sacar a la luz los mensajes de Telegram. ¿O no?
En 2017, durante la campaña electoral presidencial, Moro condenó al expresidente a nueve años y seis meses de prisión y así lo retiró de la candidatura a la Presidencia. Al sacar de la contienda al aspirante favorito para las encuestas, allanó el camino a la victoria de Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro ministro como premio por su labor.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el ministro de Justicia de Brasil el juez Sérgio Moro
Los reportajes publicados por The Intercept confirman la indefensión crónica de Lula y que fue víctima de una implacable persecución judicial. Todo esto debería motivar la revocación de su condena y su inmediata liberación mediante una resolución del Supremo Tribunal Federal (STF).
En una democracia saludable, Morodebería dimitir o por lo menos apartarse del cargohasta que concluyera la necesaria investigación sobre su actuación como magistrado. Solo así podría salvar su reputación y el legado del caso Lava Jato. Pero la democracia brasileña sigue enferma. Bastante enferma. El exmagistrado no parece dispuesto a renunciar. Declaró que los mensajes se obtuvieron de forma ilegal y que no veía nada anormal en el contenido de las conversaciones. Moro, que se había convertido en el símbolo definitivo del fin de la impunidad brasileña, ha quedado deslegitimado por completo porque, vistas las pruebas, para él la corrupción es el mal mayor de la política, pero solo cuando afecta a otros y no a él ..
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denuncia hoy que el cambio en la delación del empresario Léo Pinheiro fue construido ilegalmente en el llamado caso del apartamento triplex para condenar al expresidente brasileño. Autor: Tomado de InternetPublicado: 01/07/2019 | 09:23 am
BRASILIA, julio 1.— La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denuncia hoy que el cambio en la delación del empresario Léo Pinheiro fue construido ilegalmente en el llamado caso del apartamento triplex para condenar al expresidente brasileño.
En una nota firmada y divulgada en la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT), los abogados Cristiano Zanin y Valeska Martins aseguran que el reporte publicado el domingo por el diario Folha de Sao Paulo «refuerza la forma ilegítima e ilegal en que fue construida la condena del expresidente Lula en el llamado caso del triplex».
Alegan que conforme a lo histórico del caso, Pinheiro (se mantiene preso), «que a lo largo del proceso nunca había incriminado a Lula, fue presionado y repentinamente alteró su posición anterior a cambio de beneficios negociados con fiscales de Curitiba, obteniendo la reducción sustancial de su pena».
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia, dio por comprobado que recibió un apartamento de lujo de parte de la contratista OAS (Pinheiro era ejecutivo) a cambio de favorecer a esa empresa. El exdirigente obrero niega todas las acusaciones.
Según su defensa, en 2016 y 2017 pidieron a la Procuraduría General de la República que fueran «debidamente constatadas informaciones divulgadas por la prensa, dando conocimiento de que Léo Pinheiro estaría siendo forzado a incluir de forma artificial el nombre del expresidente Lula en su acuerdo de delación. Estos procedimientos, sin embargo, fueron archivados».
Tales elementos muestran que jamás hubo intención de apurar la verdad de los hechos, sino solo la de imponer a Lula una condena sin ninguna prueba de culpa y despreciando las de inocencia que presentamos durante el proceso, subrayan los abogados.
El PT denuncia que el ministro de Justicia y Seguridad Pública tuvo acceso a información confidencial, lo que se considera un delito, y pide su arresto.
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Foto:
Sebastião Moreira / EFE
Se desconoce por ahora cómo y cuándo se hará efectiva la excarcelación de Lula, que desde abril de 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses por corrupción. El antiguo líder sindical, quien suma dos condenas por corrupción, una de ellas ratificada en tercera instancia, está inmerso en una encrucijada judicial y, tras varias derrotas en los tribunales, mira de reojo los frentes abiertos en la máxima corte del país.
Lula (2003-2010) ya tiene derecho a la libertad condicional, pero la Justicia todavía no había dado su última palabra sobre el asunto y el expresidente tampoco parece dispuesto a insistir en ello: "No cambio mi dignidad por mi libertad", ha dicho en diversas ocasiones.
El ex jefe de Estado, no obstante, sigue batallando en los tribunales por el reconocimiento de su "inocencia", pues considera que las acusaciones vertidas contra él son falsas.
La Corte Suprema retomó este jueves el análisis de una causa que no está relacionada directamente con el líder del Partido de los Trabajadores, pero que podría beneficiarlo. El Supremo determinó que es inconstitucional que se cumpla la pena de prisión a partir de una condena de segunda instancia, como ocurrió con Lula y otros miles de reclusos en Brasil.
El propio tribunal ya se había pronunciado sobre la ejecución anticipada de penas en diversas ocasiones desde 2016, cuando autorizó la prisión después de que una condena sea ratificada en segunda instancia, aún cuando según la ley resten otras dos apelaciones.
Con base en esa decisión, Lula fue puesto preso en abril de 2018 para cumplir una pena de 8 años y 10 meses de prisión después de que la justicia diera por comprobado que recibió un apartamento a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
A pesar de que la decisión puede beneficiar a Lula, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, dejó claro que "lo que se analiza" ahora "no es un caso particular", sino el alcance del principio de la presunción de inocencia.
Lula tiene un habeas corpus pendiente de análisis en el Supremo, que ya le ha negado otros anteriormente. En concreto, este último cuestiona la actuación de Sergio Moro, el juez que le condenó en primera instancia en el llamado 'caso del triplex' y hoy es ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Las dudas sobre la imparcialidad de Moro se intensificaron en los últimos meses desde la divulgación de una serie de mensajes que el exjuez intercambió con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a Lula a prisión.Esas conversaciones, mantenidas vía Telegram y publicadas por el portal The Intercept, sugieren que Moro coordinó, supuestamente de forma ilegal, los trabajos de los fiscales anticorrupción y ponen en duda su imparcialidad al frente de las investigaciones relacionadas con la Lava Jato.
El actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, fue el juez en el caso Lula.
Foto:
AFP
Esa es la tesis defendida por el Partido de los Trabajadores, que sostiene que Lula es víctima de una persecución política y judicial que tiene como objetivo apartarlo del escenario político.
Cuando la Segunda Sala del Tribunal Supremo anuló el pasado mes de agosto una pena dictada contra el expresidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine, un rayo de esperanza alcanzó a decenas de condenados en el marco de la operación Lava Jato. El Supremo consideró entonces que una práctica procedimental usada de forma recurrente en la Lava Jato hirió el derecho a la defensa, pues hubo una inversión del orden en que se presentaron los alegatos de los acusados.
De esa forma, el tribunal, que todavía debe delimitar el alcance de su decisión, puso en tela de juicio muchas de las condenas dictadas en esa vasta operación contra la corrupción.
Ese parecer del Supremo no abre la puerta de la celda de Lula, pero podría poner en duda la segunda condena dictada contra el expresidente (12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado de dinero en el llamado 'caso de Atibaia').
En caso de que la condena fuese anulada por vicios procesales, el proceso sería juzgado de nuevo en primera instancia.
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