El diputado Sergio Choque, líder de la bancada de Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, fue elegido el jueves de madrugada presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. En su primer discurso exigió el fin de la represión en las calles. 

"Decirle al mundo que se están vulnerando los derechos fundamentales, el derecho a la libre expresión, a la vida y educación, derechos que han sido vulnerados por este golpe en complicidad con la Policía y las Fuerza Armadas", aseguró.

Lo que se está viendo estos días en las calles, comentó, responde al "estilo de las dictaduras más duras". 

"El delito del pueblo es defender la democracia de este país y por ello son masacrados por la Policía y las Fuerzas Armadas", aseveró, mientras pidió a los sectores movilizados "apaciguarse" porque "ya no podemos seguir enfrentándonos". Choque reiteró que la Asamblea Legislativa –bajo control mayoritario del MAS– tiene como objetivo alcanzar la paz.

Reprimen con gas lacrimógeno a los partidarios de Morales en el primer día tras la autoproclamación de Áñez en Bolivia

Así, propuso un proyecto de ley para el repliegue de los militares y que permita a la Policía preservar el orden público pacíficamente. "Debemos elaborar una ley de urgencia para que el Ejército que hoy está en las calles retorne a los cuarteles. Nos podremos a trabajar de manera inmediatamente", anunció.

Choque sustituye a Víctor Borda, quien presentó su dimisión tras los ataques sufridos en la ciudad de Potosí, después de la renuncia forzada de Evo Morales el domingo. La cámara alta está conformada por 36 senadores, de los cuales 25 son del MAS, mientras que la baja tiene 130 diputados, 88 de ellos oficialistas.

Golpes y gas lacrimógeno

Miles de bolivianos se movilizaron el miércoles en rechazó al golpe de Estado perpetrado contra Morales, en medio de una fuerte represión policial y militar.

Varios de los senadores y diputados del MAS recibieron golpes y fueron rociados con gas lacrimógeno, cuando intentaban entrar a la sede del Parlamento. Una de las agredidas por oficiales de la Policía fue Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, quien denunció que como su renuncia no había sido tratada en el Legislativo, continuaba en el cargo, y podía asumir como mandataria del país, según la sucesión establecida en la Constitución boliviana.

Este mismo día, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tomó juramento del gabinete del Gobierno de facto. "Bolivia no vivió ningún golpe de Estado", declaró durante la juramentación de los ministros de su gabinete de facto. La senadora, una clara opositora al socialismo y que se autoproclamó el martes como presidenta de Bolivia pese a la falta de quorum en el Parlamento, declaró que el país andino vivía una "reposición de la legalidad constitucional".

Según datos oficiales, diez personas han fallecido durante estos días de conflicto social, ocho de ellas por proyectil de arma de fuego.

Desde México, Morales tildó de "artero, inconstitucional, ilegal y delictivo" el golpe de Estado en su contra, y acusó a Washington de estar detrás de su forzada renuncia. El presidente depuesto Morales pidió a la ONU, al papa Francisco y los países europeos apoyar el diálogo en Bolivia.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, ha afirmado este jueves que el exmandatario Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera no podrán postularse a las elecciones presidenciales que pretende convocar en Bolivia. 

"Evo y Álvaro no están habilitados para un cuarto mandato", sostuvo aquella dirigente en declaraciones públicas. Sin embargo, aclaró que el partido del líder indígena sí podrá presentarse: "Decirle al Movimiento al Socialismo (MAS) que tienen todo el derecho a participar en las elecciones y que vayan buscando candidato".

De esta forma, Áñez desconocería el fallo de la Justicia boliviana que le permitió al referente aymara aspirar a dirigir el Ejecutivo nuevamente. La candidatura de Evo generó polémica en el país plurinacional porque en 2017 se produjo un referéndum donde se impuso la negativa hacia su postulación, aunque igualmente Morales se presentó a elecciones, avalado por el Tribunal Constitucional. 

"No es la primera vez que Morales ha robado el voto del boliviano, lo hizo antes, el 21 de febrero", subrayó la presidenta de facto, en alusión a la fecha del plebiscito.

¿Cómo llegó al poder Jeanine Áñez? 

El último domingo se produjo un golpe de Estado en aquella nación latinoamericana: las Fuerzas Armadas y la Policía "sugirieron" públicamente la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, quien tuvo que abandonar el cargo y luego exiliarse en México. Así, el quiebre de la democracia boliviana se produjo en un contexto de extrema tensión social a raíz del resultado de las últimas elecciones.

Antes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había convalidado el triunfo de Morales en primera vuelta, pero la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, consideró que hubo irregularidades. Y como Morales había dicho que lo dispuesto por la OEA sería vinculante, convocó a nuevos comicios, que no pudieron concretarse porque se desató el golpe en su contra. 

Adriana Salvatierra afirma que el Senado de Bolivia no analizó su renuncia y le impiden el acceso al Parlamento

Acto seguido, varios de los altos mandos de Presidencia anunciaron públicamente sus renuncias, y persistía una vacancia de poder. Así, la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez Chávez, se autoproclamó presidenta interina de Bolivia al considerar que ella continuaba en la línea sucesoria.  

En efecto, el artículo 169 de la Constitución determina que "en caso de impedimento o ausencia definitiva" del presidente, y ante la falta de vicepresidente, el Ejecutivo queda a cargo del presidente del Senado. Al no haber legisladores jerárquicos en la cámara alta, porque también habrían renunciado, Áñez Chávez se consideró presidenta del Senado y, al instante, se autoproclamó mandataria del Estado.

No obstante, no contó con el 'quórum' necesario en el Parlamento para sesionar y aprobar su asunción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló su autodesignación siguiendo el principio de "continuidad", es decir, garantizar una aparente gobernabilidad lo antes posible. Así, apenas asumió su Gobierno de facto, agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas. De esta forma, la política que dirige el Ejecutivo tras la sedición de las fuerzas de seguridad contra Morales, debería convocar a nuevos comicios en un plazo de 90 días.  

El exsenador Arturo Murillo, quien tras el golpe de Estado consumado contra Evo Morales asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno en Bolivia, afirmó que el nuevo Ejecutivo del país sudamericano irá "a la cacería" de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien debió exiliarse por la interrupción de la democracia. 

Así, a los pocos minutos de asumir el cargo de modo irregular, le dijo a la prensa: "Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país". Murillo considera que Quintana y García Linera fueron presuntos responsables de los disturbios que se generaron el domingo tras la dimisión de Morales, quien abandonó el cargo tras el pedido público de renuncia pronunciado por las Fuerzas Armadas y la Policía. 

Entre sus diatribas, manifestó que si esas dos personas vinculadas a Morales no quieren ir a la cárcel, deberían dejar el país. "Haremos cumplir la ley", acotó el político identificado con el partido Unidad Democrática (UD), quien llegó al Ejecutivo tras el golpe. 

En otras palabras, Murillo señaló que "no habrá persecución a nadie, salvo al que comete delitos". Y sumó: "Ese será perseguido". Asimismo, continuando con las promesas del Gobierno de facto, acotó que les darán "seguridad a todos". Para concluir, advirtió: "Aquel que trate de hacer sedición a partir de mañana, que se cuide". 

Adriana Salvatierra afirma que el Senado de Bolivia no analizó su renuncia y le impiden el acceso al Parlamento

Gobierno autoproclamado

Luego del golpe de Estado se produjo una vacancia de poder: los altos mandos de la Administración de Morales renunciaron, con la intención de evitar una escalada de violencia. Así, la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez Chávez, se autoproclamó presidenta interina de Bolivia al considerar que ella continuaba en la línea sucesoria.  

En efecto, el artículo 169 de la Constitución determina que "en caso de impedimento o ausencia definitiva" del presidente, y ante la falta de vicepresidente, el Ejecutivo queda a cargo del presidente del Senado. Al no haber legisladores jerárquicos en la cámara alta, porque también habrían renunciado, Áñez Chávez se consideró presidenta del Senado y, acto seguido, se autoproclamó mandataria del Estado.

No obstante, no contó con el 'quórum' necesario en el Parlamento para sesionar y aprobar su asunción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló su autodesignación siguiendo el principio de "continuidad", es decir, garantizar una aparente gobernabilidad lo antes posible. 

De esta forma, Áñez Chávez, una clara opositora al socialismo, llegó a la casa de Gobierno con una Biblia bajo el brazo, acompañada del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señalado por Morales como uno de los protagonistas del golpe. Al asumir, agradeció a las Fuerzas Armadas por el apoyo, y prometió que llamaría a elecciones, teniendo un plazo de 90 días para hacerlo.  

Sin embargo, el miércoles la política socialista Adriana Salvatierra, que renunció de forma pública a la Presidencia del Senado, quiso ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional al considerar que ese órgano todavía no consideró su dimisión. Siguiendo esta lógica, no habría abandonado su cargo de modo formal, y por ello muchos seguidores de Morales esgrimen que ella debería ser nombrada presidenta del país plurinacional. No obstante, las fuerzas de seguridad le bloquearon el acceso al edificio, mientras Áñez Chávez continúa nombrando funcionarios.  

El mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, confirmó este jueves que ofrecerá asilo político al presidente y vicepresidente depuestos de Bolivia, Evo Morales y Álvaro García Linera, luego de que asuma funciones dentro de su nuevo Gobierno, a partir del 10 de diciembre. 

En una conferencia de prensa desde Uruguay, Fernández, que mantendrá un encuentro con el mandatario Tabaré Vázquez, se refirió al reciente golpe de estado en Bolivia y ratificó su apoyo a Morales, quien se encuentra exiliado en México junto a otros integrantes de su gabinete. 

"Se los dije, si hubiese sido el presidente, le hubiera ofrecido asilo el primer día", afirmó el líder del 'Frente de Todos'. Y agregó: "Argentina es casa de todos los bolivianos, y para mí, el día que llegue a la Presidencia, va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro Linera en Argentina". 

Jeanine Áñez dice que Evo Morales no podrá presentarse a las elecciones: "Vayan buscando candidato"

Fernández fue uno de los primeros en expresar su condena al golpe de estado en Bolivia, cuando el pasado domingo las Fuerzas Armadas y la Policía "sugirieron" públicamente la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, en medio de una escalada de violencia en las calles.

"El quiebre institucional de Bolivia es inaceptable. Repudiamos la violencia desatada que impidió concluir el mandato presidencial y alteró el curso del proceso electoral", expresó el peronista el mismo domingo.  Sin embargo, su postura no fue replicada por el mandatario saliente, Mauricio Macri, cuya administración no consideró que el apartamiento forzado de Morales fuese un golpe de Estado y aceptó su "renuncia" del Ejecutivo. 

El Gobierno de facto de Bolivia anunció la creación de un "aparato especial" que estará al cargo de detener a aquellos legisladores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, que cometan actos subversivos y sedición.

"Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…)", aseguró el ministro interino del Gobierno, Arturo Murillo.

Murillo explicó que este mismo lunes comenzará a detener a las personas indicadas. "A partir del lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales", destacó. 

Asimismo, afirmó que tanto "los dirigentes y los mismos ciudadanos" le brindan información sobre personas que "estarían haciendo sedición contra el actual Gobierno transitorio".

"Lo que estamos informado está empezando a llegar a la gente, al pobre, al humilde, al utilizado, al que lo matan como un perro para utilizarlo, son los narcotraficantes, los delincuentes", apuntó.

"En lugar de pacificación, represión" 

"En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado. Después masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura", destacó en su cuenta de Twitter el presidente depuesto Evo Morales. 

El odio al indio

Ya la semana pasada, cuando asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno, Murillo afirmó que el nuevo Ejecutivo del país sudamericano irá "a la cacería" de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, exiliado en México.

"Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país", aseveró a los pocos minutos de asumir el cargo. 

Murillo considera que Quintana y García Linera fueron presuntos responsables de los disturbios que se generaron el domingo tras la dimisión de Morales, quien abandonó el cargo tras el pedido público de renuncia pronunciado por las Fuerzas Armadas y la Policía. 

Un polémico decreto

Este anuncio se da después de la denuncia del sábado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la emisión de un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".

El documento en cuestión, publicado por la CIDH, fue firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, y autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las manifestaciones.

Según estimaciones de la CIDH, en total son 23 muertos y 715 heridos desde el 20 de octubre, día en que se celebraron las elecciones en Bolivia; 20 de ellos, desde el golpe de Estado contra Morales. 

El presidente dimitido de Bolivia, Evo Morales, ha escrito en su cuenta de Twitter que se conformará una Comisión de la Verdad con personalidades internacionales "para verificar si evidentemente hubo fraude".

"Hemos tenido acceso a dos informes técnicos de instituciones serias y renombradas que demuestran que hemos ganado en primera vuelta", afirmó.

Uno de los dos estudios citados por Morales corresponde al Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) que publicó un documento titulado '¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?' donde desmiente el informe preliminar publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y afirma que este organismo no pudo demostrar "irregularidades sistemáticas o extendidas en las elecciones del 20 de octubre".

El otro estudio fue realizado por Walter Mebane, investigador de ciencias políticas de la Universidad de Michigan (EE.UU), quien es considera como uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo.

En el escrito titulado "Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019" se concluyó que solo habrían ocurrido supuesta irregularidades estadísticas en 274 de las 34.551 mesas de votación, lo que no se diferencia mucho de patrones de votos en las elecciones de Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin (EE.UU).

Según los resultados finales, Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo el 47,08% de los votos, mientras que Mesa, del partido conservador Comunidad Ciudadana, logró el 36,51%. Dado el margen de más de 10 puntos porcentuales, que representan 648.439 votos, el mandatario habría logrado la victoria sin necesidad de una segunda vuelta.