El Departamento del Tesoro ha emitido el 24 de octubre una licencia que prohíbe a los tenedores del polémico bono ejecutar su garantía para quedarse con Citgo. La medida no llega como una acción de solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro, sino todo lo contrario. Aparece como una muestra de apoyo al líder opositor venezolano, Juan Guaidó.

¿Por qué? Recordemos que, en enero pasado, días después de que Guaidó se autoproclamase presidente encargado de Venezuela y recibiese el apoyo de Washington, EEUU impuso sanciones a PDVSA que incluían el bloqueo de fondos de Citgo y el traspaso de poderes al séquito de Guaidó, que no tardó en nombrar una nueva Junta Directiva para controlar la filial.

A ojos de EEUU, el pago de esos 913 millones de dólares por intereses de deuda, debería hacerlo su aliado, Guaidó, y no Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo y por lo tanto sin ningún tipo de potestad sobre la empresa. La medida del Departamento del Tesoro ha ido, por lo tanto, encaminada a "ayudar" a su socio en el país debido a la incapacidad de pago de los intereses antes de la fecha prevista. Casi les sale el tiro por la culata.

Lo que ha hecho la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) es emitir la denominada Licencia General Nº 5-A, que prohíbe cualquier tipo de transacción con el bono PDVSA 2020 durante 90 días más. Esto da aire al líder opositor, Juan Guaidó, y a su Junta Directiva ficticia, hasta el 22 de enero del próximo año. Las partes tienen ahora un plazo de tres meses para refinanciar la deuda y negociar.

El futuro de la filial venezolana pendía de un hilo. PDVSA utilizó una participación del 50,1% de Citgo como garantía de los 3.400 millones de dólares que emitió en forma de bonos en 2016. Parte de los intereses de esos bonos debían cancelarse antes del próximo 29 de octubre, de lo contrario, el reparto de la filial iría a parar, en primer lugar, para el Fondo de Inversión de Mercados Emergentes Británico, Ashmore, que tenía la mayor participación en la compra de deuda.

La petrolera rusa Rosneft también es protagonista de esta historia. PDVSA colocó las acciones restantes del bono 2020 como garantía de un préstamo de esta petrolera, por lo que parte del reparto del pastel sería para Rusia, algo que EEUU no estaba dispuesto a permitir.

Para Franco Vielma, analista del portal web de investigación Misión Verdad y experto en asuntos petroleros, "la medida (del Departamento del Tesoro) está direccionada contra Rosneft".

"Es evidente que EEUU ve a Rosneft no solo como un acreedor, sino como un aliado venezolano (del Gobierno de Nicolás Maduro) que resultaría beneficiado del impago de ese bono. Y ahí está la variable política. Se teje una nueva trama rusa pero esta vez sobre Citgo y los bonos venezolanos, lo cual en teoría justifica la profundización de arbitraje y control que el Gobierno de EEUU tiene sobre la filial de PDVSA y otros bienes financieros de Venezuela", señaló Vielma.

Sobre la importancia del papel de Rosneft en los bonos PDVSA 2020, Félix Roque, profesor universitario y analista internacional, opina que al estar los bonos garantizados a través de una línea de crédito que la petrolera rusa dio a Venezuela, "se crea un conflicto de intereses entre el Estado venezolano, la Administración Trump, las autoridades de Guaidó y las autoridades de la empresa Rosneft".

"Rosneft va a jugar un papel fundamental que se establecerá a corto o mediano plazo. La petrolera rusa no permitiría una pérdida tan cuantiosa para sí, ni permitiría que Citgo cayera en manos de terceros", señaló el analista.

De esta manera, era necesario para EEUU aplicar la nueva licencia para evitar las transacciones de los bonos de PDVSA 2020 y favorecer que Rusia se hiciese con la filial, importantísima en lo que a rentabilidad y activos se refiere.

Antes de las sanciones, PDVSA exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo extrapesado para ser procesados por Citgo, que posee refinerías en Luisiana, Illinois y Texas y da trabajo a más de 5.000 estadounidenses a tiempo completo.

Según señala un artículo del Financial Times, en una carta, un grupo de legisladores norteamericanos a Donald Trump, advirtió que era probable que Citgo "se rompa en pedazos, que los activos se vendan por separado y que el futuro del empleo de miles de estadounidenses quede en una incertidumbre inmediata". La presión venía por todos lados.

"Guaidó podría haberse quedado sin nada y Putin con los activos de una empresa como Citgo", señala Roque.

Viéndolo así, la decisión de último momento de la OFAC era más que previsible teniendo en cuenta los intereses geopolíticos del asunto y el tablero de ajedrez en el que mueven los diferentes actores.

Pero la historia viene de lejos. En previsión ante lo que podría pasar el próximo 28 de octubre, la Asamblea Nacional venezolana (actualmente declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y de mayoría opositora) declaró el 15 de octubre "ilegal" la emisión de los bonos PDVSA 2020.

Según un comunicado del Parlamento, estos bonos "violan la Constitución". En concreto, el artículo 150, "pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la AN".

Este intento a la desesperada por parte del Parlamento liderado por Guaidó se contradice con la autorización que la misma Asamblea, que hoy declara como ilegales estos bonos, dio en mayo para el pago de 71 millones de dólares por concepto intereses de esta misma deuda.

A todo ello hay que sumarle un último acontecimiento que ha contribuido en hacer un tanto más sórdida toda esta historia. Según publicara en exclusiva el portal venezolano de información y actualidad Últimas Noticias, el FBI habría iniciado una investigación contra estos bonos PDVSA 2020 a raíz de denuncias formuladas por inversionistas privados de JP Morgan, considerada como la primera institución bancaria de EEUU.

Según este artículo, el FBI tendría en sus manos "la plantilla de cómo fueron otorgados los pagos a los inversores que adquirieron los bonos PDVSA 2020", y en este listado resaltan algunos dirigentes del partido Voluntad Popular, entre ellos Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes estarían utilizando testaferros para cobrar las ganancias. La cuadratura del círculo perfecto.