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Líder mundial en asesinatos de dirigentes sociales; con siete bases militares a disposición de los planes guerreristas del Pentágono y su Comando Sur contra Venezuela y otros vecinos incómodos para la Casa Blanca en Latinoamérica; tierra fértil para el reclutamiento de oficiales, agentes y mercenarios de todo tipo para las agencias de subversión, Colombia sigue rompiendo récords como significativo epicentro mundial de la producción y tráfico de cocaína.
Washington y Bogotá, que desde hace décadas empuñaron la doctrina de la «intervención preventiva» con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, desde la cual apoyaron las contiendas contrainsurgentes, «antiterroristas», y ahora las llamadas «amenazas transnacionales», siguen sufriendo fuertes reveses con el incremento de la producción, el consumo y el tráfico, en el que ambos países son protagonistas negativos.
Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en el país sudamericano aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos. Se plantea que la producción de coca en Colombia equivale a
5 130 millones de dólares, y duplica al café.
El propio documento reconoce que el consumo de cocaína en EE.UU. sigue en aumento nuevamente, después de años de disminución, y que la fuente principal para el mercado norteamericano de esa droga es Colombia.
Desde hace un año, el informe anual 2019 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, alertaba de la peligrosa tendencia, cuando reconoció que las plantaciones en lugares remotos y nuevas bandas criminales empujaron a Colombia a ser el principal productor mundial de cocaína, con cerca del 70 %, uno de los factores fundamentales del nuevo récord de oferta. Añade el documento que de 2008 a 2017 se registró un incremento del 50 % en ese país.
Casi dos millones de personas en EE.UU. utilizaron cocaína en 2018, un incremento del 42 % respecto a 2011, según la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y Salud. Además, el número de muertes en el país por sobredosis de cocaína se triplicó entre 2012 y 2018. Expertos colombianos sostienen que no se puede detener la producción si Washington y Europa no frenan la demanda.
En febrero de este año, un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señalaba como principal preocupación de esa entidad mundial el crecimiento en la superficie de coca ilegal, porque también se ha incrementado la producción potencial de cocaína a un récord histórico de casi 2 000 toneladas, según sus mediciones.
Agrega la JIFE que la gran mayoría de estas 2 000 toneladas va del mercado colombiano hacia ee. uu.
Se plantea que aunque el presidente Donald Trump se muestra indulgente con su homólogo colombiano Iván Duque, estrecho aliado de los planes belicistas antivenezolanos, le ha dicho públicamente frente a la prensa que «Colombia estaba atrasada en el tema» de las drogas, y más recientemente lo urgió a que restableciera las fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de coca con el herbicida glifosato, que es cuestionado internacionalmente por sus efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente; razón por la que tuvieron que ser suspendidas en 2015 por el Ejecutivo precedente, ante una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, y por lo que el gobierno tiene 231 demandas judiciales pendientes.
Aunque se denuncia la existencia de siete bases militares con presencia de oficiales y contratistas al servicio del Comando Sur, con fachada antinarcótico, un estudio de la revista colombiana Semana señala que ya en 2012 la Fuerza Aérea de EE.UU. tenía 51 edificios propios en Colombia, mientras el Ejército tenía otras 24 propiedades arrendadas.
Además, han sido escandalosos los incidentes generados por los militares y contratistas estadounidenses, difíciles de controlar por sus indisciplinas, el consumo de drogas e incluso el tráfico de heroína desde Colombia a una base militar en la Florida.
Mientras impone nuevas marcas de producción y tráfico de drogas, el diario londinense The Guardian calificó a Colombia como «la nación más sangrienta» contra los defensores de derechos humanos. El prestigioso medio recogió un informe de Front Line Defenders, el cual indica que, de cada tres activistas asesinados durante 2019 en todo el mundo, uno de ellos era colombiano.
La oleada de violencia acapara la atención internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró «profundamente preocupada», a la par que entregó la cifra oficial de 107 líderes asesinados en 2019, a los que podrían sumar 13 casos en verificación. Algunos denuncian esos hechos como una práctica sistemática y varias organizaciones estiman que la cifra real de víctimas mortales es el doble o el triple.
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y octubre de 2019 sumaron 555 casos. Organizaciones políticas y de derechos humanos han denunciado que desde la entrada en vigor de los acuerdos de paz en 2016 hasta la fecha, han sido asesinados 187 excombatientes de las FARC.
La maquinaria de muerte, que actúa a su antojo en el país sudamericano, ataca principalmente a quienes promueven la sustitución de cultivos de coca, coordinan procesos de restitución de tierras, a opositores, a los grupos étnicos que ejercen el control en los territorios, a exguerrilleros y líderes femeninas. Según la Fiscalía, los principales asesinos de esas personas son organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y delincuencia común; pero medios de prensa recogen las denuncias de la participación del ejército, bandas paramilitares y mafias vinculadas a sectores políticos extremistas cercanos a personeros del Gobierno.
La Defensoría del pueblo también ha denunciado el incremento del 63 % en la violencia contra las lideresas que impulsan la sustitución voluntaria de cultivos de coca y se oponen a la presencia de grupos armados en su territorio.
Al respecto, un informe de la Alta Comisionada de la onu para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que la situación en esta materia en el país es la peor desde 2014, y que el Estado no está cumpliendo su labor de defensa de los líderes sociales, mientras Michel Forst, relator especial, afirmó que esos asesinatos «son crímenes políticos».
Al decir de The New York Times, «un estado débil que responde con violencia a las demandas de sus ciudadanos inconformes», «Colombia está entre los países más desiguales de esta región desigual. La escasez de oportunidades condena a millones de colombianos»; «falta de oportunidades que impulsó la violencia, alimentó la guerra, causó grandes desplazamientos internos y estimuló la migración»; pero también disparó de manera incontrolable y corruptora el narcotráfico, los cárteles, las mafias dentro y fuera del país, los paramilitares, las ejecuciones extrajudiciales, las órdenes de letalidad del ejército, alianzas con grupos criminales para obtener información y matar, los asesinatos selectivos y masivos, los secuestros y las fortunas sucias en paraísos fiscales.
A raíz del paro nacional de noviembre pasado, muchos exhortaron al presidente Iván Duque a un cambio de rumbo urgente, para defender la vida, pero sigue apostando a la guerra y a la sangre no solo dentro del país, sino en sus fronteras, presto a los peores intereses de EE.UU. en la región, mientras se aprovechan los mercaderes de las drogas, las armas y los conflictos.
Duque ha escogido el camino del Comando Sur y la 82 División aerotransportada; el de los ejercicios conjuntos con ee. uu. y Brasil, como muestra de la «unidad» deseada por los halcones del nuevo momento americano de Trump para derrocar a gobiernos legítimos, de la coalición neofascista, que se erige sobre el polvorín de la desigualdad, las drogas, el extremismo y las demandas de justicia y paz.
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