La pandemia por COVID-19 está generando estragos en los sistemas sanitarios y en la economía mundial. La recesión económica que se espera promete una de las crisis más fuertes del último siglo, y los gobiernos optan por distintos recursos para intentar salvar sus economías.
Básicamente, se trata de préstamos millonarios, pero con mayores flexibilidades a la hora del pago de las cuotas. La Línea de Liquidez a Corto Plazo del FMI y los proyectos de rápida implementación por COVID-19 del BM según cada país son algunos ejemplos.
En este sentido, un grupo internacional de investigadores publicó un artículo en el que analiza las propuestas de las entidades internacionales y cuestiona ciertas "condiciones controvertidas" que requieren dichos préstamos, como reformas que los países receptores deben implementar antes de acceder al dinero.
Un caso reciente fue el rechazo del FMI al pedido de un préstamo por parte de Venezuela, con quien el organismo mantiene una relación problemática desde que el Gobierno de Nicolás Maduro lo acusara de "defender el sistema capitalista".
Según entienden, "tales condicionalidades tienen efectos adversos en la salud de la población porque incluyen medidas políticas mal diseñadas, como recortes presupuestarios, reducción de la cantidad de trabajadores sociales y sanitarios, así como de sus salarios, además del debilitamiento de las protecciones laborales y la promoción de privatizaciones".
El trabajo sostiene que es preciso dejar de exigir condiciones políticas a los países que solicitan las ayudas económicas, y más aún en un momento donde las circunstancias de seguridad sanitaria de buena parte de la población se encuentra en riesgo.
Además, hicieron énfasis en la necesidad de la intervención estatal en lo que respecta a destinar mayor capital a los fondos de salud pública, incluso si esto implica incurrir en aumentar el déficit fiscal de los países o en implementar impuestos a la renta o de otro tipo.