Por Sonia Balza, Diego Schleser y Matías Maito

El dólar está desbocado. La estabilización de su valor se ha convertido (lógicamente) en la principal prioridad de un gobierno que dejó a la economía en un nivel insólito de exposición a los mercados financieros globales, y ahora parece no encontrar el rumbo para volver a tomar el timón de las variables básicas de la economía. Los intentos de dar certidumbre a esos mercados han tenido, por ahora, el efecto contrario. 

En ese contexto, la información oficial publicada recientemente muestra que el empleo está sufriendo un duro golpe. De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL-MTEySS), el nivel de empleo registrado en las empresas localizadas en los principales centros urbanos del país viene cayendo de manera consecutiva en los últimos 6 meses. La caída porcentual del empleo en este período es mayor que la contracción verificada en la fase recesiva de 2016. Esta dinámica se trasladó al conjunto del país a partir de junio. 

La contracción del empleo registrado se debió, no solo a los despidos colectivos en el sector público y privado, sino fundamentalmente a la decisión de las empresas de no cubrir las vacantes generadas durante el período. En julio, el nivel de contrataciones de personal fue el más bajo de los últimos 16 años (comparando siempre con los meses de julio). Además, este proceso de destrucción de empleo se concentra en los puestos de trabajo menos calificados: mientras que los puestos operativos y no calificados se contrajeron 1,4 por ciento durante este año, los profesionales y técnicos se mantuvieron estables.

Los salarios de los trabajadores también sufrieron una caída muy significativa. Entre octubre de 2015 y junio de este año, los asalariados registrados del sector privado experimentaron un deterioro salarial del 7 por ciento, y los del sector público, del 14 por ciento. 

El abanico de políticas que emerge como respuesta a la crisis cambiaria incluye una nueva suba de las tasas de interés y una profundización del ajuste del gasto público y social, así como la rebaja de los costos laborales a través de una devaluación salvaje con el consiguiente impacto posterior sobre la capacidad adquisitiva del salario y el trabajo de los argentinos y argentinas. Así es como quedan completamente fuera del radar un conjunto de instrumentos como las políticas económicas y laborales contracíclicas. 

Tales herramientas tienen como objetivo principal mitigar el impacto de una recesión económica en el empleo y en los ingresos. Apuntan no sólo a proteger la situación de los sectores más afectados por este tipo de situaciones sino, también, a estimular la demanda como forma de incentivar la actividad. En 2009 y 2014 cumplieron ese rol la Asignación Universal por Hijo, las moratorias previsionales, el programa Repro del Ministerio de Trabajo, el Progresar y la obra pública, entre otras. 

Pero esos instrumentos implican, naturalmente, un aumento del gasto público y, por eso, se contraponen directamente con la estrategia del gobierno nacional para enfrentar la situación actual. La reducción del déficit fiscal se ha convertido en el eje del programa político, y cualquier iniciativa que vaya en sentido contrario parece quedar automáticamente excluida de la consideración. Por caso, sólo 8.300 trabajadores fueron beneficiarios del Programa Repro durante los primeros seis meses de 2018, cifra significativamente inferior a los 143.000 de 2009. Esta diferencia no es sólo de trabajadores que conservan su empleo, sino de orientación política. Si es sólo el mercado el que resuelve el futuro de los puestos de trabajo, todos sabemos qué nos espera.

El Poder Ejecutivo podría cambiar de parecer, tomar nota de experiencias pasadas, y replicar al menos algunas de estas herramientas. Es indudable que esta alternativa no anularía el impacto social de la crisis pero sí podría moderarlo. Pero en función de los términos del crédito otorgado (y de la situación de extrema vulnerabilidad actual), una decisión de esta naturaleza no podría ser tomada sin la aprobación previa del Fondo Monetario Internacional. 

Este hecho evidencia que la pérdida de soberanía política está lejos de ser un concepto abstracto o simbólico; por el contrario, implica una fuerte restricción a la hora de definir estrategias que podrían proteger al conjunto de la sociedad de una fase recesiva como la que se cierne en nuestro país.  

* CETyD - Idaes - Unsam.

El daño social de la precariedad

Por Sonia Balza *

Los últimos datos oficiales disponibles muestran que, en el primer trimestre de 2018, la población económicamente activa alcanzó los 12,9 millones de habitantes de los cuales 11,8 millones son personas ocupadas y 1,2 millón desocupados que buscan trabajo. Del total de los ocupados, cerca del 70 por ciento tienen un empleo asalariado, alrededor del 25 por ciento declaran trabajar por cuenta propia y el 5 por ciento restante son patrones. Es decir, la estructura laboral argentina continúa caracterizándose por el trabajo asalariado, y en menor medida, por un conjunto de trabajadores cuentapropistas, de los cuales el 70 por ciento no son profesionales. Dados estos números vale preguntarse: ¿Cuáles son las condiciones laborales de nuestra fuerza de trabajo? 

La estructura productiva desequilibrada provocó históricamente heterogeneidad de ocupaciones y empleos, que impacta en la calidad de las inserciones laborales: al 34,3 por ciento de los asalariados no se les realizan aportes jubilatorios y, la incidencia de la informalidad en los cuentapropistas es del 64 por ciento. A su vez, los ocupados que necesitan trabajar más horas (subocupados) alcanzan el 15,3 por ciento. En ese sentido, existe un complejo vínculo entre desempleo y subocupación. El contexto actual de recesión y ataque hacia el mercado interno provoca crecimiento de los niveles de expulsión de mano de obra asalariada, con menor impacto en la tasa de desocupación que en la de subocupación, dado que funciona como refugio al desempleo por la ausencia de un seguro estatal que cubra las necesidades mínimas de cualquier individuo desocupado. 

El sector informal es el primero en crecer por la ineficiencia de las instituciones de protección social. Además la necesidad de trabajar más horas responde a que un conjunto de asalariados, sobre todo precarizados, deben trabajar más para completar su salario. Los diferenciales de ingresos laborales están fuertemente asociados a las formas no reguladas del empleo. Es decir que el trabajador precarizado es doblemente penalizado: a las precarias condiciones de empleo, se le agrega la penalidad salarial por iguales características del puesto de trabajo dado que el salario de los informales es menor. Los patrones que incumplen la ley, descansan en el alcance limitado de la inspección laboral.

La carencia en los aportes jubilatorios profundiza la erosión del sistema de jubilaciones y pensiones. Por otra parte, el trabajador registrado como contribuyente (monotributista), diluye el carácter problemático de la negación de los derechos laborales. La pertenencia al ámbito comercial da lugar al desamparo frente a las garantías del derecho laboral clásico. 

Durante el kirchnerismo el proceso de recomposición productiva tuvo como correlato directo el aumento de la demanda de mano de obra. Se corroboró un proceso de formalización del empleo que trajo aparejado una caída de la desigualdad dada por la reducción en 10 puntos de la informalidad. Se formalizó una parte de la estructura ocupacional lo que contribuyó a achicar la brecha salarial y aumentó la recaudación en la Seguridad Social. Sin embargo, la estructura económica argentina demostró un límite en la capacidad de absorción de empleo registrado. La expansión del mercado interno durante los años del kirchnerismo fue condición necesaria pero no suficiente para combatir la precariedad laboral. 

Hoy en día debemos prepararnos para combatir una nueva reforma laboral que acompaña el perfil productivo del actual gobierno, cuyo eje es quitarle poder a la demanda y dinamismo al mercado interno. Esto afecta a las actividades económicas cuyo destino productivo es el ámbito local y, por lo tanto a los niveles de empleo. El cambio implementado a partir de diciembre de 2015 profundizó la fragmentación del mercado de trabajo. Los procesos de pauperización social impactan, aunque diferencialmente, sobre toda la población. La precariedad volvió a ser la alternativa al desempleo que los trabajadores se ven obligados a aceptar. Desde el momento en que esto se introduce como condición cuasi natural de trabajo, la subjetividad de quienes la asimilan se ve compelida a reproducir tales situaciones.