López Obrador trabaja en cambios constitucionales y leyes secundarias para revertir la reforma energética de 2013. El fin de la iniciativa gubernamental, según ha manifestado el propio presidente, es evitar que se "privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente".

Para trabajar en dicho plan, el 22 de julio de 2020, el presidente envió un memorándum a los trabajadores de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en donde manifestó que "es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de la nación".

Días después, en la conferencia matutina del 29 de julio, comentó que "es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. No lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año".

Las menciones a una posible iniciativa constitucional que revierta el andamiaje jurídico de la reforma energética de Peña Nieto continuaron durante los siguientes meses. El 24 de septiembre, por ejemplo, dijo que intentarían rescatar a Pemex y a la CFE, "pero si vemos que no es posible, porque dejaron todo esto bien amarrado con las llamadas reformas energéticas, si vemos que no se puede, va la reforma constitucional".

De acuerdo con el diario El Universal, dos días antes de dicha declaración, el 22 de septiembre, el consejero independiente de Pemex, Humberto Domingo Mayans Canabal, reveló que el presidente volvió a citar a los trabajadores del sector energético para que presentaran "un solo trabajo o bien, si cada quien, puede plantear sus puntos de vista".

¿En qué consistió la reforma energética de 2013?

En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto logró echar a andar una reforma energética, con la que se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. De esta forma, se permitiría que empresas privadas participaran en la exploración y extracción del petróleo, a través de varios contratos con el Estado mexicano, en los cuales habría utilidad compartida y producción compartida.

Durante ese año, al aprobarse el paquete de reformas estructurales —entre ellas la energética—, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que expuso que tales cambios potenciarían el crecimiento económico durante los próximos años.

"Se estima que la implementación de las reformas estructurales incrementará el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3,5% en su nivel inercial a un crecimiento de 5,3% hacia el 2018", se lee en el documento de 2013.

Sin embargo, tales pronósticos nunca se cumplieron, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento de apenas 2%, el más bajo desde el 2013.

Las regulación energética en México, ¿un punto de quiebre con EEUU?

En campaña, López Obrador expresó que al tercer año de su Gobierno analizaría la situación del sector energético para tomar decisiones al respecto, tales como echar atrás la reforma energética de 2013. Pero hacerlo lo enfrentaría con su principal socio comercial —Estados Unidos— e, incluso, podría incurrir en faltas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Es por ello que los insistentes llamados del presidente mexicano ya han despertado las alertas de las empresas extranjeras. En meses pasados, empresarios estadounidenses mostraron su desacuerdo por la regulación en materia energética que estuvo impulsando el Gobierno de México durante todo el 2020.

En una misiva, fechada el 11 de enero de 2021, tres secretarios del Gobierno de Estados Unidos —Michael R. Pompeo, Dan Brouillette y Wilbur L. Roos— expresaron a tres representantes del Gobierno mexicano —los secretarios Rocío Nahle, Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier— que se encontraban preocupados por las recientes medidas regulatorias impulsadas por las autoridades mexicanas, pues han "dañado el clima general de inversión de México".

Son medidas, señalaron los ahora exsecretarios del Gobierno estadounidense, que "además de dañar varios proyectos del sector privado respaldados por Estados Unidos en todo el sector energético podrían afectar negativamente a cientos de millones de dólares de empresas norteamericanas e inversiones públicas en energía del Gobierno mexicano realizadas a través de Estados Unidos como las que lleva a cabo la Development Finance Corporation, el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, así como inversiones públicas de Estados Unidos y México a través del Banco de Desarrollo de América del Norte".

De igual forma, mencionaron el memorándum enviado el 22 de julio por el presidente López Obrador a los reguladores energéticos —como la CRE y la CNH—, en el que se les pide limitar los permisos a privados; además, señalaron que obtuvieron información sobre la reunión del 22 de septiembre, donde los reguladores y los máximos responsables de la política energética acordaron favorecer a las estatales Pemex y CFE.

"Si es cierto sería muy preocupante y generaría preocupaciones con respecto a los compromisos de México bajo el nuevo tratado comercial, T-MEC. (…) Estamos obligados a insistir en que el Gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones del T-MEC, en defensa de nuestros intereses nacionales, que incluyen inversiones financiadas por el contribuyente estadounidense", se lee en la carta firmada por Pompeo.

Sobre el tema, la titular de la Sener respondió a través de su cuenta de Twitter el pasado 15 de enero, que "en el marco de sus atribuciones, el Gobierno de México implementa un adecuado balance energético