La Comisión Europea va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por infringir dos normas comunitarias sobre la calidad y la gestión del agua. La primera de ellas se refiere a la depuración de las aguas residuales de las ciudades. Y la segunda, a los planes de gestión de las cuencas hidrográficas.

Según la Comisiíon, España no garantiza el tratamiento correcto de las aguas residuales procedentes de aglomeraciones de más de 10. 000 habitantes que se vierten en zonas sensibles. La falta de sistemas de tratamiento adecuado, que deberían existir desde 1998, representa un riesgo para la salud humana, las aguas continentales y el medio marino, asegura la Comisión Europea en un comunicado.

La lentitud de los avances registrados por España ha llevado a la Comisión, previa recomendación de Janez Potočnik, comisario europeo de Medio Ambiente, a llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Depuración de aguas

Según la legislación de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes tenían que disponer de sistemas de recogida y tratamiento de sus aguas residuales para 1998. Los estados miembro tienen que garantizar que el agua que entre en los sistemas de recogida se someta a un tratamiento que se ajuste a las normas de calidad más rigurosas para eliminar los nutrientes antes de su vertido en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

En realidad, lo que la Comisión europea denuncia no es que las aguas españolas no se depuren, sino que no se depuran lo suficiente. Hay diversos niveles de exigencia respecto a la cantidad y el tipo de contaminantes que pueden retirarse del agua por medio de los diversos sistemas de depuración. El llamado tratamiento terciario es uno de los que más 'limpia' deja el agua. La UE exige llegar a ese nivel desde hace años, pero muchas localidades españolas no lo hacen.

Decenas de localidades incumplen

En España, al menos 39 localidades de más de 10.000 habitantes vierten sus aguas residuales urbanas en zonas sensibles o potencialmente sensibles sin un tratamiento adecuado equivalente al tratamiento terciario. La Comisión envió a España un dictamen motivado el 1 de diciembre de 2008 instándola a cumplir los requisitos de la Directiva. España ha registrado progresos desde entonces, asegura la Comisión, pero transcurridos 13 años desde el final del plazo, su cumplimiento global sigue siendo deficiente, por lo que la Comisión ha decidido llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas dispone que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones urbanas, lo que incluye pueblos o urbanizaciones dispersas, recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por lo tanto, un riesgo para la salud pública. También contienen nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que pueden dañar el agua dulce y el medio marino al facilitar el crecimiento excesivo de las algas, las cuales impiden el desarrollo de otros seres vivos, en un proceso denominado eutrofización y que dejan las láminas de agua con el conocido aspecto de charca verde.

Planes hidrológicos de cuenca

La Comisión Europea también va a denunciar a España por otro incumplimiento en relación con el agua, ya que no ha presentado a la Comisión sus planes de gestión de las cuencas hidrográficas. Esos planes, que debían adoptarse el 22 de diciembre de 2009 a más tardar, son esenciales para alcanzar el objetivo de la UE de un buen estado de las aguas europeas para 2015, según la Comisión Europea. España debe adoptar 25 planes en total, pero solo ha adoptado y notificado uno hasta ahora, por lo que la Comisión va a llevar al estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Los planes hidrológicos de cuenca aportan una perspectiva global de losprincipales problemas de cada cuenca hidrográfica y deben constar de las medidas concretas necesarias para conseguir los objetivos de calidad medioambiental.

En abril de 2011, la Comisión decidió llevar a otros cuatro estados miembro (Bélgica, Dinamarca, Grecia y Portugal) ante el Tribunal por no haber adoptado sus planes hidrológicos de cuenca.

Articulo del diario El Mundo

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