Sin embargo, estas manifestaciones son tan sólo pura mercadotecnia
electoralista. La realidad que hay de fondo es bien diferente e
infinitamente más triste. De la misma manera que el nazismo medía la
dignidad de las personas en función de determinadas características (lo que
costó la vida a millones de judíos, gitanos, homosexuales y discapacitados),
casi todas las denominadas sociedades «avanzadas» occidentales protegen al
nasciturus de diferente manera en función de sus cualidades físicas y
psíquicas. En el año 2007, en España se abortaron 3.265 fetos a los que se
les detectó algún problema. En la actualidad, más del 90 por ciento de las
parejas españolas (y de gran parte de Europa) que saben que su hijo padece
el síndrome de Down optan por abortarlo. Las estadísticas oficiales son
indiscutibles: desde la aprobación de la ley del Aborto en España, cada año
nace un porcentaje menor de niños con discapacidades porque se les elimina
sistemáticamente antes de nacer. En muchos países, incluso, se abortan a los
que tienen leves anomalías como el labio leporino, pequeñas deformidades en
los pies fácilmente corregibles (e. g. pie zambo) o, simplemente, les falta
medio brazo. De nada sirve apoyar la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad si a la vez no se protege su derecho más básico
(el derecho a la vida) y se permite su eliminación, incluso hasta el mismo
momento antes de nacer.
Se podrá intentar ocultar la gravedad moral de estos hechos inventando
auténticos disparates anticientíficos como la ocurrencia de la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, cuando definió a los fetos como «seres vivos no
humanos». Se podrá argumentar una falsa compasión diciendo que se les aborta
para evitarles una vida de sufrimiento, pero la realidad es que las leyes
del aborto, imbuidas de un feroz espíritu eugenésico, niegan el derecho a la
vida a quienes padecen alguna discapacidad.
Aunque algunos arguyen que no se debe imponer la maternidad/paternidad a una
pareja que espere un niño, en todo caso, ha de quedar claro que ningún
acuerdo internacional otorga a los padres el derecho a disponer de la vida
de sus hijos. Al contrario, son muchos los tratados internacionales que
defienden el derecho básico a la vida de todos (incluidas las personas con
discapacidades). En la Declaración de los Derechos del Niños, proclamada por
la ONU en 1959, se reconoce explícitamente en su preámbulo que «el niño, por
su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento». Sin embargo, durante la presidencia de Zapatero, en la página
web del Ministerio de Sanidad donde se recoge esta declaración,
curiosamente, se ha eliminado este preámbulo. Esto no es un mero descuido
sino que demuestra el verdadero «talante» y los intereses del partido que
despenalizó el aborto en España.
Más aún, el artículo 8 de la mencionada Declaración dice: «El niño debe, en
todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección
y socorro». Es decir, en caso de conflicto de intereses entre los adultos y
los pequeños, estos últimos tendrán siempre preferencia. Por lo tanto, el
interés de los niños (¡especialmente su derecho básico a la vida!) ha de
estar siempre por encima del deseo de los padres a terminar con un embarazo.
Los avances de la medicina genética nos permiten saber con mayor certeza si
un niño va a tener determinadas características, cualidades o capacidades.En
la actualidad se hace uso del aborto para deshacerse de la mayor parte de
los fetos a los que se les detecta alguna anomalía, pero con la nueva ley de
plazos que se quiere aprobar en España, se podrá abortar libremente por
motivos tan triviales como, por ejemplo, que la criatura no sea del sexo
deseado o no vaya a tener los ojos azules.
Hace un año, un grupo de científicos australianos de la Universidad de
Monash descubrió el gen de la transexualidad. Esto significa que, en poco
tiempo, se desarrollará un test barato que permitirá a los padres saber si
el niño que esperan a va ser o no transexual y, por lo tanto, con la nueva
legislación podrán decidir si abortarlo o no sin dar ninguna explicación.
Existen serios estudios científicos que apuntan la posibilidad de que la
homosexualidad pudiera tener también una base biológica. Si algún día se
llegaran a descubrir los genes (o los procesos biológicos) responsables de
la orientación sexual de las personas, los países con leyes de plazos del
aborto abrirían la puerta a la posibilidad de que los padres pudieran
decidir libremente eliminar los fetos de quienes se supiera que fueran a ser
gais o lesbianas. El premio Nobel de Literatura, Imre Kerstész, que estuvo
interno en el campo de concentración de Auschwitz, ya advirtió: «Que
sucediera una vez significa que existe la posibilidad de que se repita». No
tengo dudas de que, en el futuro, se abortarán a los niños transexuales y
homosexuales (¡y no solamente en Irán!) a menos de que haya una vuelta al
sentido común y la racionalidad y se proteja el derecho de toda vida humana
también durante la fase fetal. James Watson, premio Nobel de Medicina en
1962 por descubrir el ADN, exigió en 1997 que una mujer tuviera derecho a
abortar si los análisis preparto mostraban que su hijo iba a ser homosexual.
Sus deseos, me temo, no están lejos de hacerse realidad.
Dicho esto, tengo que reconocer mi admiración por la habilidad que
demuestran las fuerzas políticas de izquierda para disfrazar de progresismo
leyes que son profundamente retrógradas. Se presentan las leyes del aborto
como liberalizadoras de la mujer cuando, en realidad, las estadísticas
internacionales indican que son ellas las principales perjudicadas (en toda
Asia se aborta un porcentaje desproporcionadamente mayor de niñas y las
mujeres son las únicas sufridoras del síndrome post-parto). La Federación
Española de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y la
Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) han hecho públicos varios
comunicados donde apoyan entusiásticamente la despenalización del aborto
ignorando irresponsablemente que son precisamente las personas a las que
representan las principales potenciales víctimas de estas leyes. Mucha gente
se deja seducir por el falso progresismo de las leyes del aborto y llega a
considerar como un derecho lo que en realidad es un profundo fracaso.
Nunca podrá avanzar una sociedad que no respete los derechos fundamentales
de las personas, y el derecho a la vida (¡también la de los discapacitados,
mujeres, transexuales y homosexuales!) es el derecho más básico sobre el que
se asientan todos los demás. Gran parte de la responsabilidad del fracaso
del aborto ha de recaer necesariamente en las autoridades políticas que no
diseñan verdaderas medidas de apoyo a la infancia y a las familias. En el
fondo, cuando de facto sólo se ofrece la alternativa del aborto, se está
coartando la verdadera libertad a la maternidad. Ésta y no otra es la razón
por la que las mujeres inmigrantes en España tienen unas tasas de aborto
seis veces superiores a las de las españolas. Los estados con leyes
abortistas hacen dejación de una de sus obligaciones más elementales:
amparar y ayudar a los más débiles de la sociedad. Solamente si se
socializan los costes de la maternidad y no dejamos solas a las mujeres
podremos dignificar el papel de éstas en nuestra sociedad. Terminar con 42
millones de abortos al año en el mundo necesariamente exige la ayuda
solidaria de todos para acoger la nueva vida.