La extradición de los ex policías Henry López Sisco y Luis Posada Carriles se perfila hoy como un elemento clave en los esfuerzos venezolanos por hacer justicia y poner fin a una era de impunidad.

López Sisco y Posada Carriles  ex comisarios de la policía política, residen actualmente en Costa Rica y Estados Unidos, respectivamente, ambos prófugos de la justicia venezolana.

El ex comisario de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) López Sisco es requerido por su responsabilidad en la masacre de de nueve personas el 8 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, sector Barlovento, estado de Yaracuy.

Posada Carriles, terrorista de origen cubano infiltrado en Venezuela por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para asesorar la represión a la izquierda, también escapó del país para evadir un juicio por la muerte de 73 personas.

En los hechos de La Vaca, conocidos aquí como Masacre de Yumare, el asesinato de activistas sociales se presentó como resultado de un enfrentamiento con los cuerpos policiales, versión que las investigaciones recientes demostró ser falsa.

Ayer, durante la entrega de restos de las víctimas a sus familiares, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó la decisión de hacer justicia en ese y otros crímenes parecidos durante la represión en los años 60 y 70 del siglo pasado.

La actual trayectoria del caso, que podría poner fin a un largo período de impunidad, comenzó hace tres años cuando familiares de las víctimas se querellaron contra la versión oficial de entonces de presentar el crimen como un enfrentamiento.

A principios de este mes el Ministerio Público presentó acusación formal contra los presuntos responsables y solicitó el proceso de extradición de López Sisco, ex secretario de Seguridad del gobierno del opositor Manuel Rosales en el estado de Zulia.

Para el coordinador del grupo de víctimas y familiares de Yumare, Luis Machado, se trata del comienzo de la lucha contra la impunidad por parte de los órganos de la justicia venezolana.

En opinión de Machado el caso debe servir de precedente para que se investigue y se castigue a los responsables por hechos similares como los crímenes de Cantaura y La Victoria, cometidos como parte de la represión contra la izquierda venezolana.

Durante esa época la CIA de Estados Unidos infiltró al terrorista Posada Carriles en la policía política venezolana, en la cual cometió numerosas atrocidades con el sobrenombre de Comisario Basilio.

Luego de apartarse de la policía política y con la ciudadanía venezolana, centró su actividad en acciones terroristas contra Cuba, entre ellas la voladura de un avión civil en 1976, que estalló cerca de las costas de Barbados y dejó 73 muertos.

Bajo la dirección de Posada Carriles la bomba fue colocada por venezolanos en un avión que hacía la ruta desde Georgetown a La Habana.

Posteriormente, Posada Carriles escapó en una operación montada por la CIA de una cárcel venezolana para evadir el juicio en su contra y continuó sus acciones terroristas en territorio centroamericano, hasta pasar a residir en Estados Unidos.

Pese a la solicitud reiterada, las autoridades norteamericanas se niegan a la extradición de quien es considerado el padre del terrorismo en América Latina, con López Sisco como uno de sus alumnos destacados.

Paradójicamente, mientras se niega a Venezuela la posibilidad de hacer justicia en el Crimen de Barbados, Estados Unidos mantiene en prisión a cinco cubanos que habían infiltrado organizaciones terroristas para evitar la repetición de hechos de sangre como ese.

Los actos en demanda de la libertad de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González adquieren para los venezolanos un significado particular.

La lucha de los venezolanos remarca lo insólito de un sistema de justicia como el de Estados Unidos que protege a terroristas como Posada Carriles y encarcela a anti-terroristas.