La comunidad internacional, y de manera particular, la opinión pública en España, están hoy más que ayer en posición de juzgar que esta irracionalidad es la que preside la política de violación de los derechos humanos en el territorio y es la que se yergue en obstáculo principal que impide un avance serio y creíble del proceso de descolonización del Sahara occidental que la ONU mantiene vivo bajo sus auspicios y acerca del cual las fuerzas políticas, como el PP, no han hecho más que reafirmar que la España democrática de hoy tiene, a los ojos de la ONU, una responsabilidad concreta que asumir.