El 9 de abril se cumplen once años de la caída de Bagdad en manos de Estados Unidos y sus aliados, el día que oficialmente se da por derrocado el régimen de Sadam Hussein. Un día después decenas de miles de personas se concentraban por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid, en uno de los últimos grandes actos en el Estado español contra la guerra y el trío de las Azores.

En ese acto se denunció también, en caliente, el asesinato del cámara español José Couso cometido dos días antes, el 8 de abril, y se recordó igualmente al periodista Julio Anguita Parrado, muerto un día antes, mientras viajaba empotrado con las fuerzas estadounidenses.

Desde febrero se venían realizando las más grandes manifestaciones vistas en el Estado en décadas. Fueron millones las personas que salieron a la calle en Madrid, Barcelona, Bilbao y numerosas otras ciudades, y millones las que se movilizaron en el resto de Europa y EE UU.

Once años después la guerra no ha cesado, pero la movilización contra ella sí.

La principal movilización que habrá en el Estado español para denunciar la impunidad de los criminales que la impulsaron será el acto del domingo al mediodía en Madrid frente a la Embajada de EE UU, donde la familia, amigos y compañeros de José Couso, arropados por centenares de personas, volverán a señalar con sus dedos acusadores y sus gritos de “asesinos” a la embajada en España del país responsable de su muerte.

Y denunciarán, claro está, al Gobierno de Mariano Rajoy y al de José Luis Rodríguez Zapatero, por haber entorpecido sistemáticamente la acción de la Justicia, que viene reclamando desde hace años la extradición desde EEUU de los militares responsables de disparar con alevosía el obús de un tanque contra el balcón del Hotel Palestine, desde donde filmaba José Couso el 8 de abril de 2003 la entrada de las tropas estadounidenses.

Los autores materiales del disparo, el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, están procesados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a espera de un juicio oral, y figuran imputados también en la causa el entonces comandante de División Buford Blount y el general David Perkins. Es la primera causa abierta en el mundo por crímenes de guerra contra cinco oficiales estadounidenses identificados.

Y contraviniendo toda la normativa del Derecho Internacional, el Gobierno Rajoy pretende con la reforma por vía exprés de la ley sobre justicia universal cerrar definitivamente esta causa, como pretende cerrar la causa abierta por las decenas de escalas de aviones de la CIA que tuvieron lugar entre 2002 y 2007 en diez aeropuertos españoles; o la causa por las torturas en Guantánamo, el genocidio en Guatemala, el de Ruanda, el asesinato de Carmelo Soria en Chile y otras causas.

Pero, para alegría del Gobierno, semejante golpe al principio de la justicia universal, semejante golpe a los derechos humanos, ya no moviliza como antes.

Un gobierno represivo y sectario

A 23 años del fin de la Guerra del Golfo lanzada por Bush senior y a 11 años del comienzo de la segunda guerra encabezada por su hijo, por Bush junior, Irak es un país sin futuro. El 30 de abril, en principio, tendrán lugar las elecciones legislativas, elecciones que, como en Afganistán, se libran entre las bombas, los atentados suicidas, la violencia sectaria y la represión desatada por el Gobierno de Nuri al Maliki, que cada vez golpea con más fuerza también a la oposición pacífica, a los miles y miles de personas que protestan en distintas ciudades contra la corrupción del régimen, contra la represión, en demanda de libertad, de servicios públicos básicos.

Es una creciente oposición que se extiende por el país pero que no sale en los informativos, como no salen las acciones de otra insurgencia que no sea la de Al Qaeda. Esa es la que vende y la que termina utilizando el régimen iraquí y Washington para justificar los brutales atropellos a los derechos humanos que se siguen cometiendo. Cada vez son más los que ven a Al Maliki como un nuevo Sadam Hussein.

Las denuncias de torturas a los prisioneros son constantes, como lo son las ejecuciones. Cerca de 130 ejecuciones legales por año; el tercer país en la aplicación de la pena de muerte después de China e Irán, y seguido por Arabia Saudí y EEUU, según Amnistía Internacional. Sentencias dictadas en Irak en la mayoría de los casos tras confesiones arrancadas en la tortura.

Pero la versión de EEUU sobre cómo ha quedado el país tras la salida de sus tropas es otra, debe encubrir de alguna forma la derrota ante su propio pueblo y ante el mundo entero.

El 14 de diciembre de 2011 Barack Obama homenajeó en la base militar Fort Bragg, Carolina del Norte, a uno de los últimos contingentes militares que quedaban en Irak tras el repliegue del grueso de efectivos que había tenido lugar ya en 2010. Tras recordar que allí habían muerto casi 4.500 soldados estadounidenses y que 30.000 habían resultado heridos, el presidente estadounidense hizo el siguiente balance: “Todo lo que las tropas americanas han hecho en Irak, toda la lucha, toda la muerte, el vertido de sangre, la labor de reconstrucción, el entrenamiento, las alianzas, todo nos ha llevado a este momento de éxito”. Y añadió: “Irak no es un lugar perfecto. Tiene muchos desafíos por delante. Pero allí dejamos una nación soberana, estable, autónoma, con un Gobierno representativo elegido por su propia ciudadanía”.

De esta forma Obama con su balance cubrió de gloria también a Bush. “A diferencia de los viejos imperios”, llegó a decir, “no hemos efectuado estos sacrificios en busca de territorios o recursos. Los hemos hecho porque eran lo correcto. No puede haber mayor expresión de apoyo de América a la autodeterminación que entregarle el gobierno de Irak a su propia ciudadanía. Eso explica cómo somos nosotros como nación”.

El Estado corre con los gastos, las multinacionales se quedan con los beneficios

Al anunciar el “fin” de la guerra en Irak –Bush la había dado por terminada ya el 1 de mayo de 2003, a menos de un mes de iniciarse la invasión– la popularidad de Obama subió varios puntos. Su balance caló en buena parte de la sociedad estadounidense. Un frente bélico cerrado es lo que vendió. En el momento del anuncio, fines de 2011, quedaban solo unos miles de soldados y mercenarios de compañías privadas contratadas por el Pentágono para garantizar la seguridad de las empresas estadounidenses que trabajan en la “reconstrucción”… de lo que han estado destruyendo desde 1991.

EE UU, según dijo Obama en ese discurso en Fort Bragg, habían invertido hasta ese momento un billón de dólares, 750.000 euros, aunque, según algunos economistas, esas facturas se elevan ya hoy al triple, a tres millones, una verdadera sangría para la economía estadounidense. O mejor dijo, para las arcas del Estado, porque mientras la inversión de toda la gigantesca parafernalia militar –según dijo Obama pasaron por Irak 1,5 millones de soldados– la pagó el Estado, las ganancias las recibieron las empresas privadas que se ocuparon desde la intendencia de sus tropas hasta la reconstrucción de infraestructura –especialmente la petrolera, claro–, o la seguridad “adicional”, la llevada a cabo por decenas de miles de mercenarios.

Las facturas pasadas por esas empresas privadas al Pentágono y al propio gobierno iraquí fueron estimadas por el Financial Times en 2013 en 138.000 millones de dólares. Entre las 10 grandes empresas que se repartieron el botín destaca, cómo no, KBR (Kellogg Brown and Root), el holding del cual fue número dos Dick Cheney, el vicepresidente de Bush junior, y que facturó sus servicios por 39.500 millones de dólares.

La portavoz de KBR, Marianne Gooch explicó en defensa de su compañía que “hubo que actuar con honor y sacrificio en un complejo, hostil, ambiguo e impredecible entorno”. KBR sirvió 1.000 millones de comidas a los soldados, montó sus tiendas y váter, les proporcionó 25.000 millones de galones de agua potable y 265 toneladas de hielo durante una década de guerra.

Las segunda y tercera compañías más beneficiadas fueron dos empresas kuwaitíes, estrechamente ligadas a intereses estadounidenses, Agility Logistics y la gubernamental Kuwait Petroleum Corporation, que obtuvieron contratos por 7.200 millones y 6.300 millones de dólares respectivamente.

El fracaso de los planes de EE UU

Independientemente de los suculentos beneficios obtenidos por algunas de sus multinacionales, Estados Unidos, como país, no logró el gran negocio que pensaba hacer con el petróleo en Irak cuando lanzó la guerra, y no recuperó siquiera el gigantesco gasto bélico realizado en Irak. Y ahora lo tiene aún más difícil para controlar férreamente como preveía la producción y exportación de petróleo aunque este se haya privatizado en 2003. Los planes de Estados Unidos se alteraron totalmente, y en todos los planos.

Mónica García Prieto, gran conocedora de Oriente Medio –estaba en el Hotel Palestine cuando fue asesinado José Couso– escribía en 2013: “La ’desbaazificación’ criminalizó a la comunidad suní, pese a que muchos militaban en el (partido) Baaz sólo para conseguir un puesto de trabajo. La entrada de ’yihadistas’ en el país, atraídos a combatir contra el icono imperialista, reforzaba a este bando opuesto a la administración norteamericana, quien a su vez había confirmado su apuesta por la comunidad chií –duramente castigada por la dictadura suní de Sadam Husein– promoviéndola al poder. Los atisbos de insurgencia chií quedaron rápidamente devorados por atentados contra barriadas chiíes reclamados por grupos afines a Al Qaeda. El enemigo cambió de rostro: de las tropas norteamericanas a la comunidad suní”.

Uno de los objetivos importantes buscados por EE UU tanto con la primera Guerra del Golfo como con la segunda aún abierta, era estrechar aún más el cerco a Irán, su gran demonio desde que la revolución islámica de 1979 acabó con el pro occidental régimen del sha Reza Pavhlevi. Y el resultado ha sido exactamente el contrario. Sadam Husein era suní y enemigo acérrimo de Irán. El actual Gobierno de Nuri al Maliki, por el contrario, es chií, y mantiene relaciones cada vez más estrechas con el régimen teocrático iraní.

La situación social es aún peor que en la época de Sadam Husein, especialmente para las niñas y las mujeres. De salir adelante el proyecto de ley presentado por el Gallardón iraquí, el ministro de Justicia Hassan al-Shimari –que ha contado con el apoyo de 21 de los 29 ministros de Al Maliki– Irak podría convertirse en el primer país en legalizar de hecho la pedofilia, la violación y la prostitución.

Ese proyecto de reforma a la Ley del Estatuto Personal, permitiría el casamiento de las niñas a cualquier edad y su divorcio a partir de los nueve años, un cambio brusco a la legislación que ha regido durante décadas.

Tras el derrocamiento en 1959 del rey impuesto por los británicos, Irak promulgó la Ley del Estatuto Personal, o Ley 188, que, entre otras cosas, prohibía el matrimonio a los menores de 18 años, al igual que los matrimonios forzosos, ponía serios límites a la poligamia, ponía en igualdad de condiciones a mujeres y hombres en casos de divorcio y custodia de hijos, siendo la legislación más avanzada en Oriente Medio.

Ya con Sadam Husein en el poder, en 1976 se impuso la educación obligatoria para ambos sexos, y nueve años más tarde, en 1985, la Unesco reconocía que el 87,5% de las mujeres iraquíes estaba alfabetizada, un récord en el mundo árabe y musulmán.

El Gobierno de Nuri al-Maliki impulsa ese y otros proyectos de ley que tiran abajo importantes derechos civiles, en un intento por ganar apoyos para las próximas elecciones de partidos ultra religiosos, como Hizb al-Fadhila (Partido Islámico de la Virtud), una escisión del popular Bloque Sadr liderado por Muqtada al-Sadr y principal impulsor de una de las versiones más ultras de la sharia.

La tradicional torpeza y visión cortoplacista de EE UU en sus intervenciones militares en el extranjero vuelven así a provocarle en Irak una reacción bumerán, como la tuvo con Osama bin Laden, tras ayudarlo de hecho a crear Al Qaeda cuando lo apoyó y armó en los ’80 para combatir a las tropas soviéticas en Afganistán. Al Qaeda no existía en Irak cuando se inició la guerra en 2003 y ahora su rama local, el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) es una organización fuerte que puede tomar por asalto sectores importantes de grandes ciudades como Faluya y poner en jaque a las fuerzas iraquíes. La violencia sectaria se ha cobrado la vida de 8.000 personas en 2013.

EE UU se planteó hace unos meses enviar drones a Irak para intentar frenar ese nuevo auge de las milicias de Al Qaeda con el que no contaba cuando reivindicaba la “estabilización” del país.

Pero Obama encuentra nuevos obstáculos.

El Gobierno de Al Maliki –como el de Hamid Karzai en Afganistán– se ha negado a firmar el tratado de seguridad que reclamaba EE UU para regular las condiciones en que desarrollarían sus actividades los 5.000 soldados y mercenarios que contaba dejar en Irak después del 31 de diciembre de este año para proteger la infraestructura petrolera, adiestrar a las fuerzas iraquíes y realizar operaciones especiales puntuales.

Entre las cláusulas más polémicas que pretendía EE UU estaba el intento de forzar a Irak a firmar un BIA (sigla en inglés de Acuerdo Bilateral de Inmunidad) para dar inmunidad a las tropas, mercenarios y espías estadounidenses, como ha hecho bajo chantaje con numerosos Estados parte de la Corte Internacional de la Haya (CPI), a fin de no poder ser enjuiciados por sus acciones.

Esta negativa de Al Maliki supuso un duro traspié para EE UU. De no cambiarse la postura iraquí tras las próximas elecciones, EE UU dejaría en Irak, según las previsiones, a alrededor de 150 miembros de sus fuerzas especiales y mercenarios para protección de su embajada, y poco más.

Más de un millón de muertos después, Obama termina la gesta iniciada hace 23 años por los Bush en Irak; deja atrás un país arrasado, envuelto en una espiral de violencia sectaria que pareciera no tener fin, y en manos de un Gobierno represivo cada vez más entregado al mayor enemigo de EEUU durante las últimas tres décadas: Irán.

(Tomado de Viento Sur)