Catorce horas después de conocerse que un magistrado del Tribunal de Bogotá ordenó el reintegro del alcalde Gustavo Petro a su cargo, el presidente Juan Manuel Santos acató la orden. Lo hizo conforme a sus declaraciones anteriores en el sentido de que cumpliría lo que ordenara la ley en relación con el retorno del mandatario capitalino.
Santos aseguró que había jurado cumplir y defender la Constitución y la institucionalidad. “En este caso los jueces me ordenan restituir al alcalde y he firmado el decreto correspondiente para restituirlo. Esta decisión es en cumplimiento de la ley, así esto les guste a unos y a otros no, yo acato la ley”, dijo el mandatario.
El presidente aprovechó la oportunidad para cuestionar el uso de la tutela como mecanismo de defensa. “Es pertinente reflexionar si regulamos el uso de la tutela como mecanismo de defensa”.
Para los entendidos esto no es más que un posible anticipo del Gobierno ante una urgente reforma a la justicia en la que el primer elemento quizá sea la revisión de la utilización de la tutela. “Procedo a sabiendas de que es una decisión controvertida, a pesar de que se habían ganado 32 tutelas, pero de eso se trata la democracia y el primero que debe dar ejemplo de respeto por la ley es el propio presidente”.
De esta manera Santos no esperó las 48 horas que le otorgaba la ley para firmar el decreto con el que Petro regresa al cargo. El mandatario tampoco hizo mención alguna a si la Casa de Nariño apelaría la decisión. Más bien ratificó ante los magistrados que su gobierno es un gobierno democrático basado en la independencia de los poderes públicos, y que la ley hay que respetarla y acatarla.
El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga lamentó la decisión del Tribunal de Bogotá que ordenó el regreso de Gustavo Petro, pues considera que esta decisión envía una señal de incertidumbre a todos los colombianos. "Somos respetuosos de las decisiones de la justicia. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que un juez de tierras sea quien decida en una materia tan delicada como el futuro de Bogotá. Una vez más queda Bogotá en el limbo y demuestra la crisis de la justicia que amerita una reforma".
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