Las protestas antigubernamentales en Venezuela, que tienen como objetivo el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, han sido lideradas por varias personas y organizaciones con vínculos estrechos con el Gobierno de Estados Unidos. Leopoldo López y María Corina Machado –dos de las personas públicamente detrás de las manifestaciones violentas que comenzaron en febrero– tienen largas historias como colaboradores, financiados y agentes de Washington. La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) canalizaron financiamiento millonario para los partidos políticos de López, Primero Justicia y Voluntad Popular, y para la ONG Súmate de Machado y sus campañas electorales.


 
Estas agencias financistas de Washington también han filtrado más de 14 millones de dólares a grupos opositores en Venezuela entre 2013-2014 (Esta cifra incluye a los dos presupuestos nacionales del Gobierno de Estados Unidos para 2013 y 2014 y más el total de la NED para Venezuela: http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/venezuela y http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/latin-america-and-caribbean-regional), incluyendo financiamiento para sus campañas electorales en 2013 y ahora para las protestas antigubernamentales en 2014. Esto sigue el patrón de financiamiento del Gobierno estadounidense a grupos antichavistas en Venezuela desde el año 2001, cuando millones de dólares fueron entregados a organizaciones de la llamada "sociedad civil" para ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego de su fracaso, la USAID abrió una Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI) en Caracas para, junto con la NED, inyectar más de 100 millones de dólares en esfuerzos para socavar al Gobierno de Chávez y repotenciar a la oposición durante 8 años.

A principios de 2011, después de haber sido expuesta públicamente por sus graves violaciones de la soberanía y las leyes venezolanas, la OTI cerró sus puertas en Venezuela y las operaciones de la USAID para ese país se trasladaron a Estados Unidos. El flujo de dinero no terminó, a pesar de la aprobación en Venezuela de la Ley de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional a finales de 2010, que prohíbe el financiamiento externo a grupos con fines políticos en el país. Las agencias de Washington, tanto como los grupos venezolanos que reciben sus dólares, siguen violando las leyes del país con plena impunidad. En los presupuestos nacionales del presidente Barack Obama para las operaciones internacionales, se ha incluido entre 5-6 millones de dólares para financiar grupos antigubernamentales en Venezuela a través de la USAID desde 2012. (Ver segundo párrafo).

La NED, una 'fundación' creada por el Congreso de Estados Unidos en 1983 para hacer el trabajo que antes hacía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) pero con una cara pública, ha sido uno de los principales financistas de la desestabilización en Venezuela durante la época de Chávez, y ahora contra el presidente Maduro.

Según su último informe público de 2013, la NED ha canalizado más de 2,3 millones de dólares a grupos y proyectos de la oposición venezolana. Dentro de esa cifra, 1.787.300 millones de dólares fueron directamente para grupos opositores en Venezuela, mientras otros 590.000 dólares fueron canalizados a grupos regionales que trabajan y financian a la oposición venezolana. Más de 300.000 dólares han ido a esfuerzos para desarrollar una nueva generación de líderes jóvenes para contrarrestar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Entre los grupos financiados por la NED para el trabajo con jóvenes se encuentra FORMA, una organización de César Briceño vinculada con el banquero venezolano Óscar García Mendoza. García Mendoza maneja el Banco Venezolano de Crédito, que ha funcionado como el canal para el flujo de los dólares de la NED y la USAID a grupos opositores en Venezuela, como Súmate, Cedice, Sin Mordaza, Observatorio Venezolano de Prisiones y FORMA, entre otros.

Otra gran parte de los fondos de la NED de 2013-2014 fue invertida en iniciativas y grupos que trabajan con el ambiente mediático y manejan la campaña para desprestigiar al Gobierno del presidente Maduro. Entre ellos se incluyen Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Sin Mordaza y GALI. Durante el último año se ha visto una campaña sin precedentes para desacreditar al Gobierno venezolano, y al presidente Maduro directamente, campaña que se ha intensificado en los últimos meses.

En plena violación de la ley venezolana, la NED también financió a la coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 100.000 dólares para un proyecto de entrenamiento e intercambio con grupos en Bolivia, Nicaragua y Argentina para "compartir las lecciones aprendidas en Venezuela... y permitir la adaptación de la experiencia venezolana en esos países".

Como bien fue explicado en un informe de un instituto español, FRIDE, en 2010, las agencias internacionales que financian a la oposición en Venezuela violan hasta las leyes de control cambiario para filtrar sus fondos a los beneficiarios. También afirman en ese informe que la mayoría de las agencias internacionales, con la excepción de la Comisión Europea, están trayendo los fondos en moneda extranjera y cambiándolos en el mercado paralelo, en clara violación de la ley venezolana. En algunos casos, como destaca el informe de FRIDE, abren cuentas en el exterior para depositar los recursos o se los entregan en euros o dólares en efectivo. La embajada de Estados Unidos en Venezuela podría utilizar la valija diplomática para traer grandes cantidades de dólares y euros al país, que luego entregan a actores venezolanos de forma ilegal sin ninguna contabilidad formal del Estado venezolano.

Lo que sí está claro es que el Gobierno de Estados Unidos sigue alimentando los esfuerzos de desestabilización en Venezuela sin importar las leyes de ese país. Tal vez sea necesaria una medida de mayor impacto y fuerza para asegurar la soberanía y defensa de la democracia venezolana, su Gobierno legítimo y la voluntad de su pueblo.