Luis Britto.

La libertad de expresión

Cada vez que se trata el tema de la libertad de expresión en Venezuela, se hace obligatorio recurrir a la clásica paradoja del griego mentiroso. “Todos los griegos son mentirosos”, dice un sofista, y a continuación agrega: “Yo soy un griego”. “No hay libertad de expresión en Venezuela”, miente un comunicador, y lo afirma libremente en un país donde supuestamente no hay libertad para decirlo.

Y no lo plantea en un país cualquiera. Sostiene que no hay libertad de expresión en donde gracias al abuso de ella se perpetró en 2002 el primer golpe mediático del mundo, operado mediante la incomunicación del Presidente y el falso anuncio de su renuncia, y donde a finales de ese año y comienzos del inmedíato todos los medios se encadenaron durante dos meses y medio para llamar infructuosamente veinticuatro horas al día al derrocamiento del gobierno legítimo. En donde ningún medio fue clausurado ni penado por estas actividades delictivas.

Las tesis no se demuestran mediante contradicciones, sino con hechos. A quien desee conocer la absoluta libertad de expresión que la sociedad y el Estado venezolano acuerdan a sus medios de comunicación, le basta con enterarse aunque sea en forma somera de su contenido. No es difícil; se lo puede hacer diariamente, entre otras vías, a través de la página Web de la Organisation of American States.

Por ejemplo, los medios venezolanos mienten sin trabas que el gobierno de Venezuela sería tiránico o autoritario. En la página 8 de El Nacional del 21 de marzo de 2014 leemos, a cinco columnas, la opinión del senador Marco Rubio del estado de Florida según el cual “Venezuela vive una tiranía”. Piensen aunque sea por una sola vez ¿Cuál tiranía permite que un periódico la califique como tal?

El mismo día, El Universal imprime en su pagina 1-7 “Márquez: irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogota”. Expliquen cual “dictador” permite que se cuestione en forma impresa su nacionalidad a fin de pedir “la nulidad de elección pues no puede por Ley, ser Presidente”.

También el mismo día, en grandes anuncios publicados en todos los diarios importantes, Leopoldo López convoca a una “CONCENTRACIÓN NACIONAL CONTRA LA DICTADURA Y POR LA LIBERTAD” ¿Habrá una dictadura en el mundo que permita la convocatoria mediática de una concentración para derrocarla? Ello es tan improbable como que algunos comunicadores respeten al público al cual quieren engañar y a los magistrados ante los cuales plantean denuncias semejantes.

Al conocer las reglas de este juego, el lector ya no se extrañara que el 18 de febrero El Universal publique en primera plana de su cuerpo 3 que “Estudiantes repudiaron la censura ante Conatel”. Primero se atrapa a un mentiroso que a un ladrón. ¿Qué gobierno practica la censura permitiendo que se informe libremente de protestas contra ella?

Inútil multiplicar ejemplos, que el público puede cosechar a diario. Más fácilmente se atrapa a un mentiroso que a un ladrón. Una parte de los comunicadores venezolanos no solo están más allá de la veracidad, sino de la simple vergüenza o del escrúpulo más ligero.

¿Existe censura en Venezuela? Si, una censura instaurada por una parte de los medios nacionales e internacionales para ocultar lo que en realidad acontece en el país y privar así de sus derechos a las mayorías democráticas.

¿Hay dictadura en Venezuela? Si, una dictadura mediática que pretende imponer tiranos al estilo de Carmona Estanga o falsedades atroces como la de que el país vive un escenario de guerra civil.

¿Por qué mienten?

Lo grave es que con tal bagaje ético pretendan operar como actores políticos, deponer o designar mandatarios o interponer acusaciones ante organismos internacionales contra los países donde perpetran fraudes semejantes.

Con tales consideraciones en mente debemos apreciar sus alegatos.

Hegemonía de los medios de comunicación privados

Con la misma indiferencia hacia la veracidad con la cual alegan los medios que en Venezuela opera una dictadura, sostienen asimismo que el Estado ejerce una hegemonía comunicacional.

La realidad, como suele suceder, es diametralmente opuesta a lo que alegan los medios. En 1998 la empresa privada era propietaria del 80% de las estaciones de televisión y del 97% de las radiodifusoras FM, y no había medios comunitarios. Estos medios privados se caracterizaban por una alta concentración de la propiedad, tanto horizontal como vertical.

En el presente operan en Venezuela 2.896 medios; 2.332 son de la empresa privada. El 65,18% sigue siendo privado, el 30,76% es comunitario: apenas un 3,22% es de servicio público. El principal cambio consiste en la multiplicación de medios comunitarios, a través de los cuales la sociedad accede a la comunicación. Hay que añadir que estos últimos en su mayoría tienen poco alcance y tienden a durar un tiempo limitado.

En la radiodifusión funcionan 1.598 emisoras privadas, 654 comunitarias y apenas 80 de servicio público. En la televisión de señal abierta 55 canales son privados, 25 son comunitarios, apenas 8 de servicio público.

Casi todos estos medios privados son opositores. Pretender que el Estado esté ejerciendo una hegemonía comunicacional con los escasos medios de que dispone es un infundio que basta para descalificar a quien lo propala.

Sin embargo, el bolivarianismo ejerce una obvia hegemonía, no en el número de medios, sino en el mensaje. Un mensaje que postula la democracia contra la dictadura, la igualdad contra el privilegio, la tolerancia en lugar del racismo, la educación gratuita y la salud y la seguridad social para todos obviamente es preferible al que sostiene lo contrario, y por ello asegura sólidas mayorías electorales a quien lo predica y lo cumple.

Acceso a la información

Alegan algunos medios que el Estado no les suministra la información que requieren o que no los invita a los actos en los cuales ésta se difunde.

Al respecto cabe señalar que, si consideramos que en Venezuela funcionan cerca de tres mil medios de comunicación, en cada uno de los cuales laboran decenas y a veces centenares de personas, sería sumamente dificultoso para el Estado suministrar a todos y cada uno de los comunicadores las informaciones que requieran. A ello hay que añadir que la sistemática tergiversación por parte de algunos medios privados de todas las declaraciones y datos que el sector público emite justifica tratar con cautela los requerimientos que éstos formulan.

Así sucede, por ejemplo, con diversas páginas de Internet dedicadas a la divulgación de supuestas tasas de cotización del dólar o del euro con la intención de provocar la devaluación de la moneda nacional, en su mayoría anónima o radicada en el exterior. De acuerdo con los artículos 5 y 12 de la Ley de Ilícitos cambiarios de 17 de mayo de 2010 fueron bloqueadas un centenar de páginas dedicadas a difundir estas falsas informaciones y destruir la estabilidad del signo monetario.

Las cifras reales de la inseguridad

En otros casos los medios difunden informaciones exageradas o simplemente falsas y sin fundamento, y el Estado se limita a proporcionar cifras más confiables. Basándose en encuestas de “Percepción” de la Inseguridad, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Violencia calculan tasas de homicidios de 73 y hasta de 75,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y exacerban la percepción de la inseguridad reportando dentro de las cifras de víctimas de la violencia a los fallecidos por accidentes automovilísticos o laborales, o dando un tratamiento amarillista y exagerado a los delitos.

Pero basándose en un conteo objetivo y real de cuerpos del delito, el ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres reveló que la tasa verdadera de homicidios para 2013 fue de 39 homicidios por 100.000 personas, casi la mitad de la proclamada por los medios. Sin embargo, las falsas cifras sobre inseguridad son el fundamento de casi toda la campaña opositora, y la manifestación del 12 de febrero de 2014, que desencadena una trágica cadena de violencias, se hace supuestamente contra la inseguridad. Parece que nuestro país hubiera sido víctima durante un quinquenio de una operación de Guerra Psicológica para exacerbar el pánico y detonar violencias “contra la inseguridad” destinadas en realidad a derrocar por el terror al gobierno bolivariano democráticamente electo, que en las últimas elecciones obtuvo el 75% de las alcaldías, con una ventaja de diez puntos y medio del total de los votos sobre la oposición.

Legitimación del terrorismo en los medios venezolanos

En Venezuela una violencia terrorista de cortes viales y asesinatos premeditada y perpetrada contra los habitantes de menos de dos decenas de municipios y protegida por alcaldes y policías opositoras es falsificada, apoyada y promocionada por los medios como una “sublevación social”, “pacífica” y “a escala nacional”, que sólo presentaría violencias cuando infiltrados o “colectivos” las infligen. Veamos el tratamiento sesgado de estos sucesos.

Así, Leopoldo López, dirigente del minoritario partido Voluntad Popular, partícipe en el golpe de Estado de abril de 2002, en enero de 2014 expresa a través de los medios: “Que se vayan todos, un cambio total y profundo de quienes conducen el poder nacional”. Y posteriormente añade: “Queremos lanzar un llamado a los venezolanos […] a que nos alcemos. Convocamos al pueblo venezolano a decir ‘basta ya’. […] Con una meta a discutir: ‘la salida’. ¿Cuál es la salida de este desastre?”. Tras lo cual insiste en incitar a sus secuaces a persistir en la violencia: “Hago un llamado a todo el país a mantener y aumentar la presión hasta quebrar la dictadura”(Salim Lamrani, “25 verdades sobre as manifestações na Venezuela”, Opera Mundi, y

“Opositor Leopoldo López pide a venezolanos aumentar presión ‘hasta quebrar la dictadura’”, 19 de março de 2014).

El 13-2-2014 Notitarde titula, en primera plana: “Infiltrados violentaron marchas estudíantiles” (A menos que indiquemos otra cosa, las citas siguientes se refieren a primeras planas). El mismo día Últimas Noticias titula “Juan Montoya, de un colectivo del 23 de Enero y Basil da Costa, estudiante de la Humboldt, cayeron en Candelaria”. El Nacional titula, desplegado: “Manifestación por la Paz fue atacada por violentos”, sin explicar cómo se puede pedir “por la Paz” la “Salida ya” de un Presidente electo. El Carabobeño legitima lo ocurrido con vistoso desplegado: “La protesta está en la calle”, mientras que El Universal miente, igualmente en primera plana, también desplegado: “Jóvenes se movilizaron en todo el país”, confundiendo un sector de la parroquia Candelaria con la totalidad de Venezuela. Para mayor confusión, afirma que “supuestamente colectivos oficialistas dispararon contra los congregados en la avenida Universidad”. Plantea así de una vez las bases del infundio que los medios repetirán durante varias semanas: una protesta “pacífica” (que incendia edificios y vehículos) “en todo el país” (pero que sólo ocurre en un municipio) balaceada por “colectivos”, forma en la cual se designa a imaginarios grupos armados bolivarianos.

El 14 de febrero El Universal titula “Arrinconados por un colectivo”, y luego, a 4 columnas, “Partidos de Unidad exigen desarmar a grupos”. Quienes incendian cinco vehículos y destruyen parcialmente el edificio de la Fiscalía estarían entonces desarmados. A quien habría que desarmar es a quienes lo impiden. Insistiendo en la idea, en la página 1-2, a cuatro columnas, “Capriles emplaza a Maduro a deslindarse de los ‘paramilitares’”, y con el mismo despliegue, “Voluntad Popular ratifica que seguirá en la calle”. El mismo día Últimas Noticias informa: “Manifestantes quemaron cauchos frente a VTV”. Es el inicio de un acoso terrorista con cortes viales e intentos de incendio que se extiende contra el canal del Estado por varias semanas.

El 15 de febrero ya Tal Cual sustituye la información por la incitación, y llena la primera plana con la arenga: “Protestar es un deber, no sólo un derecho”. El mismo día El Universal titula, a cuatro columnas: “Episcopado demanda desarticular colectivos”. El Nacional prepara otro de los elementos del montaje, la agresión internacional, titulando desde ya en primera plana: “ONU, UE y OEA preocupados por la violencia en Venezuela”. Son organismos que no pueden pronunciarse sin consulta democrática a sus integrantes, pero un cotidiano que apoya el cambio de gobierno sin democracia no puede prestar atención a la legitimidad. SóloÚltimas Noticias informa que, según la Defensora del Pueblo, “43 de 79 heridos son policías”, lo cual da fe del poder de agresión y de fuego de los manifestantes supuestamente “pacíficos”.

El 16 de febrero El Nacional encuentra forma de esconder la inmensa manifestación bolivariana por la Pazque recorre Caracas el día anterior: la titula a tres columnas, en página 2, “Maduro acusa a Álvaro Uribe de estar detrás de violencia” y antetitula “Hubo cacerolazos en Candelaria”. No debe extrañar entonces que, al lado, también a tres columnas, se antetitule: “SNTP: Existe vacío de información” para titular: “Periodistas fortalecerán Internet ante la censura”. Se trata de organizar redes sociales para la mejor circulación de una vergonzosa campaña que hace pasar fraudulentamente imágenes de represiones ocurridas en Grecia, Libia, Egipto, Siria, España, Cataluña, Argentina y Ucrania como documentos sobre abusos policiales en Venezuela. El cuerpo de la noticia se exime también de explicar cómo la supuesta censura deja imprimir este titular contra la censura. El “vacío de información” se hace necesario para ocultar que Maduro declara en ese gran acto de masas lo que recoge en primera plana Últimas Noticias, a cuatro columnas: “No acepto grupos violentos”.

Aparentemente inspirado por tales infundios, el 17 de febrero El Nacional informa en primera plana “Denuncian torturas a 11 estudiantes en Carabobo” y “El Nacional reduce sus páginas pero no su coraje”, mientras editorializa contra “Las bandas armadas”, que no serían las que cortan las vías por la violencia, sino los bolivarianos. Ese día El Universal despliega, en la página 3, “Malandraje secuestró la protesta”. En efecto, no puede ocultar que la protesta “pacífica” deja “dos fachadas de banco destruidas, así como la fachada del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el del Ministerio de Transporte Terrestre. También varias residencias privadas resultaron afectadas, así como la demarcación y el propio pavimentos de muchas calles”. Ello es fácil de explicar: sería obra del “malandraje”, pero ¿cómo éste se hace presente en una supuesta marcha “estudiantil” sin que ni sus dirigentes ni las autoridades opositoras de Chacao muevan un dedo? En la página 3-2 se ejercita el fino arte de la mentira: “Vecinos desmienten ataques contra el metro y el metrobús”. A pesar de tales desmentidos, en ataques que son filmados por las cámaras de seguridad de estaciones y vehículos, cerca de un centenar de unidades de metrobús y varias estaciones del metro son destruidas y deben ser clausuradas temporalmente.

El martes 18 El Universal titula, con teatral foto de amordazados, “Exigieron a Conatel el fin de la censura”, sin explicar cómo un titular así hubiera podido publicarse si existiera censura. En la misma página, a cinco columnas, “La Mesa expresó su apoyo unánime a Leopoldo López”; con tal apoyo al dirigente que exige “la salida”, esa organización se suma confesamente al plan de deponer al Presidente electo por la fuerza. Ese díaDiario Vea titula “Gobierno rechazó manipulación de imágenes sobre Venezuela por medios internacionales”, yCaracas CCS titula “Derecha activó operación caos en la red” para referirse a que “en redes sociales y diarios se ha incrementado una campaña de odio contra Venezuela. Usan imágenes de otras naciones para informar sobre recientes hechos violentos”. Ninguno de los cotidianos de gran circulación se une a la denuncia ni la condena del escandaloso fraude.

El 18 de febrero Tal cual sentencia, en desplegado: “La protesta es legítima”, pero para nada alude a la información de Caracas CCS según la cual “Bolívares 120.000 millones financian actos violentos” y “pagan tres mil bolívares diarios a motorizados sicarios”. En la página 2, a 4 columnas, “Detenidos fueron violados con fusiles”, Tal cual pluraliza una solitaria denuncia hecha por un detenido, y que semanas más tarde todavía está sin probar. En El Universal, la página 1-8 está dedicada totalmente al tema “San Diego encendido”, y explica: “El fallo de la Sala Constitucional que ordena la prisión y la salida de su cargo a Enzo Scarano, alcalde del municipio carabobeño de San Diego, provocó la inmediata protesta de los habitantes del municipio, que en algunos casos se tornó violenta”. Ilustran ocho gráficas de incendios de supermercados y transportes de combustible, barricadas y cortes viales, que más que información parecerían propaganda de guerra. En la 1-7, el citado intento de deslegitimación del Presidente: “Márquez: irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogotá”. Tan irrefutable es la noticia, que no aporta la más mínima prueba.