Escribía el periodista de La Vanguardia, especialista y buen conocedor de la sociedad alemana, Rafael Poch que: En 1949, el 56% de los altos funcionarios de la policía de Renania del Norte-Westfalia, uno de los Länder de Alemania, equivalentes a las Comunidades autonómicas nuestras, procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS.

En los años cincuenta en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Baden-Württemberg, el 50%. El juez ex nazi, Eduard Dreher, fue el encargado de la reforma del código penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954 e impuso la prescripción para los crímenes de "complicidad con asesinato" que liberó de toda responsabilidad a los nazis, una especie de amnistía general. Esa ausencia de desnacificación, que la guerra fría y los aliados potenciaron en aras del combate contra el comunismo, contribuyó a una continuidad burocrática que aun hoy desprende un ambiguo tufillo.

Una escena muy frecuente en las manifestaciones neonazis autorizadas en Alemania, siempre contestadas con contramanifestaciones de protesta casi siempre más numerosas, es la de una policía que protege el derecho de los neonazis mientras reprime y criminaliza a sus adversarios, ambos considerados "extremistas" en una inquietante equidistancia. Esa ecuación fue ideología de Estado en la Alemania de Adenauer, donde los ex nazis se justificaban, y rehabilitaban, ante sí mismos y ante los aliados, invocando el común enemigo comunista, un "totalitarismo" que consideraban peor que el hitleriano. Esa ideología asoma en la Alemania de hoy con el discurso de "las dos dictaduras alemanas", la de Hitler y la de la Alemania comunista. Hoy día sigue prohibido el partido comunista en Alemania, que tanto luchó contra el nacismo y, sin embargo pululan por doquier organizaciones filofascistas

En el estado español en 1978 policías, jueces, funcionarios, ministros y gobiernos seguían siendo el 100% franquistas, golpistas, hitlerianos. ¿Y hoy?

Ayer el Tribunal Europeo de Derechos humanos volvió a dictaminar que en torno a un centenar de presos políticos vascos hoy son víctimas de los aparatos del estado español, víctima de los abusos del tribunal supremo, del tribunal constitucional y de los gobiernos del PP y del PSOE, vulneradores de derechos humanos elementales de unos presos, a los que se les viola oficial y reiteradamente sus derechos. Y ayer dejaron constancia que en el 2013 en el estado español hay ministros con pisada y huella franquistas y gobiernan en dirección contraria a los derechos humanos elementales. No son luz en la política sino agravio y ofensa en la vida de los ciudadanos. Y eso es grave, muy grave. Más de 200 años de prórroga ilegal llevan padeciendo 76 presos políticos vascos.

Hace ya unos años el periodista Javier Ortiz, torturado en tiempos de Francos y en tiempos de demócratas como el ex ministro de Interior Martín Villa, escribía: La sociedad española ... no sabe de la tortura porque no quiere saber nada de la tortura. Porque le viene muy bien no saber nada de la tortura. Como le viene muy bien no saber nada de pateras, de racismo, de xenofobia, de cárceles, de marginalidad"

Un reciente ensayo sobre la Ley de Amnistía de 1977 de una becaria de la Universidad de Zaragoza (María García Yeregui) sostiene con razón que en el estado español no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas durante la Transición. El debate solo ha empezado ya entrado el siglo XXI gracias a los historiadores, gracias al proceso del juez Garzón y sobre todo, gracias a las reivindicaciones, voces y exigencias de gentes que luego de setenta largos siguen teniendo a sus familiares enterrados en acequias y bajo matorrales del campo. Apenas se habló entonces acerca de la violencia política ejercida durante la dictadura y la guerra civil en términos de violaciones de los derechos humanos

La denuncia y el debate político de tales crímenes contra los derechos humanos habría sido cortada por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que amnistiaba (art. 2f) los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (tales como el no perder la vida y vivir en libertad). Quienes habían impedido el ejercicio de tales derechos, fueron amnistiados. Mejor dicho, se auto-amnistiaron con la aquiescencia de los partidos políticos de centro y de izquierda que habían ganado escaños en las primeras elecciones en España desde 1936, las de 1977.

La Transición no logró pacificar los ánimos en el País Vasco. A partir de 1982, el gobierno socialista se implicó en operaciones ilegales contra ETA, como lo había hecho la UCD. La prensa de derecha y el PP usaron los GAL para erigirse paradójicamente en defensores de los derechos humanos contra el PSOE aunque se sabía que UCD había estado implicada en similares actividades. Con los socialistas con la inocencia prontamente perdida y a la defensiva, no era momento de pensar en abrir el tema de los crímenes franquistas y de derogar o cambiar la Ley de Amnistía de 1977. Con el gobierno de Aznar, entre 1996 y 2004, era incluso más difícil esa derogación. Con el gobierno de Zapatero, pudiera haberse considerado la posibilidad de discutirla pero los propios socialistas no querían hacerlo. Al obtener mayoría absoluta el PP en las elecciones del 2012 se aleja esta posibilidad

La Ley de Amnistía ha resultado ser una ley de punto final, por muchas protestas nacionales o internacionales que haya al respecto. En los últimos años son varios los pronunciamientos de organismos internacionales instando al estado español a derogar la Ley de Amnistía de 1977 dada la imprescriptibilidad de este tipo de delitos: las leyes de punto final no pueden ser aplicadas cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Por ahora el Parlamento español no ha hecho ningún caso ni se espera que lo haga. La impunidad de los franquistas quedó y sigue atada y bien atada 70 largos años después

¿Cómo se explica que en 1980, 1985, 1990,1995, 2000, 2005 ningún fiscal y ningún juez español iniciaran causas por crímenes franquistas? ¿Habrá que pensar que estaban prevaricando? ¿Cómo es posible que haya habido que esperar al juez Garzón en el 2008, cuando el propio juez Garzón actuaba en Chile y Argentina desde antes? Y si no era Garzón, ¿por qué no actuaron en 1980, 1985,1990, 1995, 2000 fiscales que se denominaban democráticos y de larga trayectoria anti-franquista como por ejemplo Jiménez Villarejo? Eso no tiene una contestación de técnica jurídica ni de circunstancias personales, sino sociológica y política. A eso se llama miedo.

En la conciencia de las gentes había un régimen de terror. Un terror que era necesario para sostener un régimen de una minoría frente a la gran mayoría de la población. Terror que creó un miedo que todavía existe. Hablando con familiares de víctimas y represaliados, se ve que todavía hay miedo, que todavía hay resistencia a hablar. Después de treinta y cinco años de lo que se llama democracia, todavía hay miedo en los pueblos y ciudades del estado español de hablar de aquella brutalidad. ¿Sólo de aquella brutalidad?

De nuevo el acoso sexual volvió a ser empleado en un operativo policial, especialmente contra las mujeres

Sandra Barrenetxea, es una chica detenida en Bilbao en el 2010 y confesaba: fui despojada de mi ropa en el mismo trayecto a Madrid, siendo trasladada desnuda de cintura para arriba y entre insultos, golpes y tocamientos en los pechos. Un guardia civil llegó a arrancarme los pantalones mientras que me forzaba para que abriese las piernas y otro no dejaba de golpearme en la cabeza.

La vecina de Bilbo denunció que fue obligada a permanecer todos los interrogatorios en bragas y amenazada con ser violada en más de una ocasión. En uno de los interrogatorios indica que "me sentaron en una mesa y me obligaron a apoyar la parte superior del cuerpo contra el mueble, mientras que me envolvían la parte trasera con una cuerda y me echaban agua fría a la entrepierna. En esta postura no dejaban de amagar con violarme".

Y el hecho de que haya silencio y miedo se debe a que la Guerra Civil no ha terminado. Los hijos de los vencedores continúan gobernando y ellos no quieren que se sepa lo que hicieron sus padres y abuelos. Y esto lo dejó una vez más claro la respuesta del gobierno actual en los comentarios a la sentencia de ayer del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: Dos de sus ministros y en su nombre, con cara que me recordó a Arias Navarro en su famoso “españoles, Franco ha muerto”, presentaban en el fondo, la sentencia de Estrasburgo como una victoria de ETA y a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos prácticamente como colaboradores de la organización vasca.

Y termino con la sagaz reflexión y constatación de Koldo Campos:

Entre los muchos sibilinos argumentos que manejan los grandes medios de comunicación para irrespetar la sentencia de la máxima autoridad judicial europea, el que más se repite es el de los violadores que, junto a decenas de presos vascos, saldrán de la cárcel cuando se derogue la “Doctrina Parot”, pero no hay porqué preocuparse. No es tan grave el problema como parece porque sólo serán algunos violadores los que queden en libertad. Los peores, los más grandes e impunes que, apandillados en gobierno, nunca han ido a una cárcel sino para inaugurarla, van a seguir violando todos y cada uno de los derechos humanos; los mismos que se erigen en tribunales de justicia y van a seguir violando hasta sus propias leyes y sentencias; los mismos que se consagran en divinos altares y en mundanas conferencias de empresarios y van a seguir violando los más fundamentales derechos; los mismos que se asocian en la gestión de los grandes medios de comunicación y van a seguir mancillando la verdad cuanto más la invoquen y la mientan.

Esos grandes violadores, los peores, no van a salir de la cárcel. Es más, ni siquiera van a entrar.