Con la orden dictada en primera instancia, de obligatorio cumplimiento, el presidente Juan Manuel Santos deberá restituir a Petro en máximo 48 horas, explicó a ELTIEMPO.COM el abogado César Rodríguez Garavito, miembro fundador de Dejusticia. (Vea también: Santos está dispuesto a restituir a Petro si lo ordena un juez).
ELTIEMPO.COM conoció que la Procuraduría tomaría la decisión de recurrir la acción de tutela fallada a favor de Petro ante la Corte Suprema de Justicia, en un trámite que podría tomar 20 días hábiles, durante los cuales Petro seguirá su mandato en la capital.
De fondo también podrá decidir la Corte Constitucional, tribunal que incluiría esta tutela en el estudio que tiene pendiente frente a los fallos del Consejo de Estado que no le dieron la razón a Petro y dejaron en firme la competencia del procurador Alejando Ordóñez de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. (Lea: Medidas cautelares de la CIDH son vinculantes: presidente de la Corte).
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá se adelanta al Consejo de Estado, que estaba por pronunciarse frente a una acción de nulidad que había presentado el propio Petro. En ese caso se había conocido que el magistrado ponente Gerardo Arenas estaría cerca de dictar medidas cautelares que igual hubieran restituido al alcalde mientras se fallaba de fondo.
Está por conocerse también si la Registraduría revive el referendo revocatorio que estaba convocado para el 6 de abril y por el cual los bogotanos decidirían si mantenían en el cargo a Gustavo Petro.
Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Óscar Humberto Ramírez y Jorge Hernán Vargas, acogieron otra acción de tutela que solicita la restitución de Gustavo Petro, al cargo como Alcalde Mayor de Bogotá.
Todo indica que el Tribunal le solicitará al Presidente Juan Manuel Santos, acatar las medidas cautelares de la CIDH, en menos de 48 horas.
La Corte Constitucional había indicado que las medidas cautelares de CIDH eran de obligatorio cumplimiento e indicó que en caso que el Presidente no las acatara la vía era la tutela, con esta decisión Petro regresará temporalmente al Palacio del Lievano. Muy seguramente esta será impugnada por el Procurador o incluso la propia Presidencia, ante el Consejo de Estado que es la segunda instancia y tendría un promedio de 20 días para responder.
hace 1 hora - El presidente Juan Manuel Santos informó este miércoles que firmó el decreto para que el alcalde Gustavo Petro regrese a la Alcaldía de ...
“Procedo a sabiendas de que es una decisión controvertida”
NACIÓNAsí lo dijo el presidente Santos al confirmar la restitución de Gustavo Petro.
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Foto: Cortesía SIG. Presidencia.
Catorce horas después de conocerse que un magistrado del Tribunal de Bogotá ordenó el reintegro del alcalde Gustavo Petro a su cargo, el presidente Juan Manuel Santos acató la orden. Lo hizo conforme a sus declaraciones anteriores en el sentido de que cumpliría lo que ordenara la ley en relación con el retorno del mandatario capitalino.
Santos aseguró que había jurado cumplir y defender la Constitución y la institucionalidad. “En este caso los jueces me ordenan restituir al alcalde y he firmado el decreto correspondiente para restituirlo. Esta decisión es en cumplimiento de la ley, así esto les guste a unos y a otros no, yo acato la ley”, dijo el mandatario.
El presidente aprovechó la oportunidad para cuestionar el uso de la tutela como mecanismo de defensa. “Es pertinente reflexionar si regulamos el uso de la tutela como mecanismo de defensa”.
Para los entendidos esto no es más que un posible anticipo del Gobierno ante una urgente reforma a la justicia en la que el primer elemento quizá sea la revisión de la utilización de la tutela. “Procedo a sabiendas de que es una decisión controvertida, a pesar de que se habían ganado 32 tutelas, pero de eso se trata la democracia y el primero que debe dar ejemplo de respeto por la ley es el propio presidente”.
De esta manera Santos no esperó las 48 horas que le otorgaba la ley para firmar el decreto con el que Petro regresa al cargo. El mandatario tampoco hizo mención alguna a si la Casa de Nariño apelaría la decisión. Más bien ratificó ante los magistrados que su gobierno es un gobierno democrático basado en la independencia de los poderes públicos, y que la ley hay que respetarla y acatarla.
El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga lamentó la decisión del Tribunal de Bogotá que ordenó el regreso de Gustavo Petro, pues considera que esta decisión envía una señal de incertidumbre a todos los colombianos. "Somos respetuosos de las decisiones de la justicia. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que un juez de tierras sea quien decida en una materia tan delicada como el futuro de Bogotá. Una vez más queda Bogotá en el limbo y demuestra la crisis de la justicia que amerita una reforma".
La Corte propondrá de inmediato una revisión a los poderes de la Procuraduría para evitar situaciones tan complejas como las ocurridas con la destitución e inhabilidad por 15 años decretada el 9 de diciembre de 2013 contra el alcalde bogotano Gustavo Petro (recién restituido).
La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)
La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)
La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)
El presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Augusto Ibáñez, calificó de excesivos los poderes de la Procuraduría y propondrá de inmediato una revisión de estos.
Explicó que la propuesta responde a la difícil situación ocurrida con la destitución e inhabilidad por 15 años decretada el 9 de diciembre de 2013 contra el alcalde bogotano Gustavo Petro, que ya fue restituido.
Indicó que la inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso.
Refirió, además, que la demanda de nulidad presentada por el procurador Alejandro Ordóñez contra la restitución del alcalde a su puesto -ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bogotá y acatada por el presidente Juan Santos-, no tiene antecedente alguno sobre una impugnación de esa naturaleza.
Sin embargo, dijo que en la sala civil, que tramitará la impugnación, existe jurisprudencia y recomendaciones para acatar las medidas y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 18 de marzo solicitó al gobierno colombiano suspender el fallo de la Procuraduría contra el alcalde.
También pidió aplicar las medidas cautelares (protección de derechos) otorgadas a Gustavo Petro y permitir que este continuara su mandato hasta el 31 de diciembre de 2015, mientras la Comisión estudiaba a fondo el caso con vistas a un fallo definitivo (que podría demorar incluso de dos a tres años, según juristas expertos en el tema).
La Corte tiene un plazo de 20 días para tomar una decisión sobre la impugnación de la Procuraduría después que esta sea resuelta por la sala civil.
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
“Creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.
Con estas palabras el Presidente Juan Manuel Santos se despachó contra la tutela el pasado 23 de abril, cuando se vio obligado a acatar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó reintegrar a Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá, y en cumplimiento de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el 18 de marzo pasado.
Como fue ampliamente demostrado, Santos había incumplido las medidas cautelares a favor de Petro en contravía de la Convención Americana y los parámetros jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen el carácter vinculante de dichas medidas, no de meras recomendaciones, para la protección de derechos fundamentales, inclusive los derechos políticos.
Pero con sus palabras el Presidente, lo que enmendó con la mano lo borró con el codo, al echarle la culpa a la tutela, mecanismo que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos del común y que goza de gran popularidad, toda la que él va perdiendo en las encuestas.
En segundo lugar, Santos volvió a incumplir su palabra de que no impugnaría el fallo de Tutela, y para ello argumentó que: “Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión (no acoger las medidas cautelares de la Comisión) y una tutela dice que esa decisión estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnar esa tutela pues de no hacerlo estaríamos reconociendo que nos equivocamos” Lo que podría traducirse como: acato la orden jurídica pero defiendo el desacato anterior. Una posición incoherente hasta la confusión y que parece indicar que sus afirmaciones hay que leerlas al revés: cuando dice que sí está queriendo decir que no.
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
Por otra parte, el pecado del presidente Santos fue desperdiciar la oportunidad de cerrar el espinoso tema acatando las medidas cautelares de la CIDH. El atajo que tomó de incumplirlas y alegar que habían recursos judiciales internos que estaban funcionando, le resultó un búmeran que lo hico caer en picada en las encuestas, mientras Petro vió crecer su popularidad a nivel nacional.
A todo lo anterior se suma ahora la decisión de Luis Guillermo Vélez, superintendente de Industria y Comercio ad hoc de imponerle una sanción multimillonaria a Petro a pesar que una jueza administrativa determinó que el decreto de basuras es legal. Esta nueva sanción, sustenta la tesis del Alcalde de que su caso es de persecución política por parte del establecimiento y de que en Colombia no cuenta con recurso adecuado ni efectivo para proteger sus derechos. Y es que, en realidad, la única decisión vigente que hasta el momento ha amparado sus derechos políticos ha sido la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el opositor uribista, Óscar Iván Zuluaga, se disputarán dentro de tres semanas la presidencia del país en una segunda vuelta electoral.
Con el 99,21% de las votaciones escrutadas, se informa de que Zuluaga logró el 29,28% de los votos y Santos el 25,60%. Con estos datos confirmados, los colombianos volverán a las urnas dentro de tres semanas para elegir a su presidente en una segunda vuelta entre ambos candidatos.
El actual mandatario continuará insistiendo en la necesidad de seguir el proceso de paz con las FARC y de seguir luchando contra la delincuencia, motivo por el cual se plantea crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el candidato opositor volverá a insistir en la importancia de combatir el fraude fiscal, lograr la nula exclusión en atención médica o alcanzar una mejor educación con mejores profesores acorde con la excelencia.
Cabe destacar que Zuluaga ha logrado obtener un 3,65% más de votos que Santos pese a que se especulaba que un video que se difundió la semana pasada, donde aparece conversando con un 'hacker' detenido por robar información sobre el proceso de paz con las FARC, sería un duro revés para su campaña electoral.
La candidata Marta Ramírez ha logrado conseguir el 15,55% de los votos escrutados, lo que la deja fuera de la pugna presidencial.
Las negociaciones de paz con las FARC, que se celebran en La Habana desde noviembre de 2012, ya han tenido resultados positivos con acuerdos sobre una reforma agraria integral, la participación de los guerrilleros en la política y una solución al narcotráfico y las drogas ilícitas. En ese sentido, los expertos advierten que el avance en dicho proceso dependerá en gran medida del próximo presidente. Y es que mientras Santos apuesta por acabar con la violencia, Uribe critica estas negociaciones.
Un vídeo ha sacudido la campaña electoral de Colombia. En la grabación aparece el candidato del uribista Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, conversando con un 'hacker' detenido por robar información sobre el proceso de paz con las FARC.
En la grabación, divulgada este domingo por la revista 'Semana', aparece el candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe hablando con el 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardilla en una sala repleta de monitores.
Según la Fiscalía colombiana, este cibernauta interceptó ilícitamente comunicaciones de miembros de la mesa de negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
En un momento de la grabación, el 'hacker' le explica al rival del presidente Juan Manuel Santos en la carrera electoral que los monitores muestran "información de inteligencia militar".
"Esto es un ejemplo: es la hoja de vida militar de quiénes son los que están negociando en La Habana", afirma Sepúlveda.
"Aquí sale quién es Andrés París, qué han hecho, qué no han hecho, cuántas órdenes de captura vigentes tienen, cómo se comportan en la selva, desde cuándo empezó. Es información de inteligencia militar a la cual yo tengo acceso", agrega el 'hacker'.
Según muestran las imágenes, Zuluaga expresa sus inquietudes por los datos sobre las próximas elecciones. "Andrés, ¿entonces qué golpe nos va a dar Santos de acá al 25 [de mayo] como su tabla de salvación? Queda un mes para dar un golpe, hermano", dice Zuluaga.
De acuerdo con 'Semana', unos compañeros de Sepúlveda filmaron el vídeo unas semanas antes de que fuera detenido.
Queda tan solo una semana para que se celebren las elecciones presidenciales en Colombia y el vídeo podría suponer un duro revés para Zuluaga, que ha ganado popularidad en esta recta final, según las encuestas. Es más, algunos sondeos indicaron que podría incluso ganar las presidenciales en una hipotética segunda vuelta.
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