Son palabras de Doña Paula Gaviria, Directora de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las escribió en el diario El Tiempo, días después de haber asistido en nombre del gobierno de Santos al Encuentro Nacional Por la Dignidad de las Victimas de la Unión Patriótica. Son palabras muy justas. Las viene repitiendo incansablemente la UP desde que comenzaron los diálogos de la Habana Y se dijeron también incansablemente hace trece años cuando se iniciaron los fracasados diálogos de El Caguan. También dijo: “Desde el Gobierno acompañamos y apoyamos los actos y jornadas de reflexión, de memoria y de dignificación que buscan erradicar el silencio, la indiferencia y las complicidades que coadyuvaron a la persecución y a la eliminación de la Unión Patriótica”. Estas palabras merecieron un aplauso general y un reconocimiento. Pero también generaron algunas dudas. No por Doña Paula, sino por su jefe, el mañoso jugador de póker.

Y esta semana otra Alta funcionaria del gobierno, Adriana Calle, directora de la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado fue la encargada de mostrar una cara de Santos diferente a la que había mostrado Paula Gaviria con muy pocos días de diferencia. Según la funcionaria, el gobierno está temeroso de que en la demanda contra el Estado colombiano por el Genocidio de la UP que avanza en su trámite en la Corte Interamericana de derechos Humanos se podrían colar “falsas víctimas” para estafar al Estado. Dijo que “En el caso de la UP hemos tenido problemas. Cuando la demanda se presentó estábamos en alrededor de 500 víctimas y hoy estamos en más de 5000”.

Jael Quiroga, de la Dirección de la Unión Patriótica y de la Fundación Reiniciar, que adelanta el proceso contra el Estado colombiano, recordó que cuando el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA en 1993, se hizo con la documentación de 1.163 homicidios, 123 desapariciones forzadas y 43 sobrevivientes de atentados. Posteriormente se empezaron a documentar nuevos casos, miles, tras un complicado proceso de búsqueda de la diáspora de sobrevivientes, víctimas y familiares de los militantes y dirigentes de la UP y el Partido Comunista, y de la base social y electoral en las sus regiones de influencia, pasos adelantados con la financiación del propio gobierno durante los años que duró la etapa bilateral de “Búsqueda de la metodología para encontrar la verdad, la justicia y la reparación en el caso de la UP”. Han pasado 20 años desde que el caso fue presentado y documentado ante la Comisión Interamericana y durante ellos ha continuado la sistemática persecución de los sobrevivientes. Hace pocos días, el 6 de octubre, fueron asesinados en el municipio de Algeciras en el departamento del Huila, Nancy Vargas y su esposo, Milciades Cano, dirigentes campesinos y sobrevivientes de la UP. Homicidios no contemplados en los 6.528 casos de victimas sustentados en enero de este año ante la Corte interamericana y que implican cerca de 3000 homicidios, 500 desapariciones forzadas, desplazamiento y exilios forzados y montajes judiciales.

Dos mujeres, dos funcionarias distintas y afirmaciones muy distintas. Una reconoce el Genocidio y la necesidad de esclarecerlo y repararlo. La otra afirma que se puede tratar de una gran estafa, de “falsas victimas” como se aventura a señalar esta funcionaria del gobierno de Juan Manuel Santos, el mismo que fue Ministro de Defensa de Uribe en la época en que se ejecutaron miles de casos de “falsos positivos” para intentar demostrar que estaban ganando una guerra que nadie ha ganado y que reclama una transformadora solución política.