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General: Corte Suprema colombiana dice q poderes de Procuraduría son excesivos
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Respuesta  Mensaje 1 de 3 en el tema 
De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 25/04/2014 10:42

Corte Suprema colombiana dice que poderes de la Procuraduría son excesivos

La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)

La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)

La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)

La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)

     

El presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Augusto Ibáñez, calificó de excesivos los poderes de la Procuraduría y propondrá de inmediato una revisión de estos.

Explicó que la propuesta responde a la difícil situación ocurrida con la destitución e inhabilidad por 15 años decretada el 9 de diciembre de 2013 contra el alcalde bogotano Gustavo Petro, que ya fue restituido.

Indicó que la inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso.

Refirió, además, que la demanda de nulidad presentada por el procurador Alejandro Ordóñez contra la restitución del alcalde a su puesto -ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bogotá y acatada por el presidente Juan Santos-, no tiene antecedente alguno sobre una impugnación de esa naturaleza.

Sin embargo, dijo que en la sala civil, que tramitará la impugnación, existe jurisprudencia y recomendaciones para acatar las medidas y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 18 de marzo solicitó al gobierno colombiano suspender el fallo de la Procuraduría contra el alcalde.

También pidió aplicar las medidas cautelares (protección de derechos) otorgadas a Gustavo Petro y permitir que este continuara su mandato hasta el 31 de diciembre de 2015, mientras la Comisión estudiaba a fondo el caso con vistas a un fallo definitivo (que podría demorar incluso de dos a tres años, según juristas expertos en el tema).

La Corte tiene un plazo de 20 días para tomar una decisión sobre la impugnación de la Procuraduría después que esta sea resuelta por la sala civil.

teleSUR-PL/KP


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De: Ruben1919 Enviado: 29/04/2014 13:09
Culpar a la arbitrariedad, no a la Tutela

Lunes 28 de abril de 2014, por Rafael Barrios Mendivil

 

Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.

Derecho a la Justicia | Bogotá D. C. |

“Creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.

Con estas palabras el Presidente Juan Manuel Santos se despachó contra la tutela el pasado 23 de abril, cuando se vio obligado a acatar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó reintegrar a Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá, y en cumplimiento de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el 18 de marzo pasado.

Como fue ampliamente demostrado, Santos había incumplido las medidas cautelares a favor de Petro en contravía de la Convención Americana y los parámetros jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen el carácter vinculante de dichas medidas, no de meras recomendaciones, para la protección de derechos fundamentales, inclusive los derechos políticos.

Pero con sus palabras el Presidente, lo que enmendó con la mano lo borró con el codo, al echarle la culpa a la tutela, mecanismo que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos del común y que goza de gran popularidad, toda la que él va perdiendo en las encuestas.

En segundo lugar, Santos volvió a incumplir su palabra de que no impugnaría el fallo de Tutela, y para ello argumentó que: “Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión (no acoger las medidas cautelares de la Comisión) y una tutela dice que esa decisión estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnar esa tutela pues de no hacerlo estaríamos reconociendo que nos equivocamos” Lo que podría traducirse como: acato la orden jurídica pero defiendo el desacato anterior. Una posición incoherente hasta la confusión y que parece indicar que sus afirmaciones hay que leerlas al revés: cuando dice que sí está queriendo decir que no.

Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.

Por otra parte, el pecado del presidente Santos fue desperdiciar la oportunidad de cerrar el espinoso tema acatando las medidas cautelares de la CIDH. El atajo que tomó de incumplirlas y alegar que habían recursos judiciales internos que estaban funcionando, le resultó un búmeran que lo hico caer en picada en las encuestas, mientras Petro vió crecer su popularidad a nivel nacional.

A todo lo anterior se suma ahora la decisión de Luis Guillermo Vélez, superintendente de Industria y Comercio ad hoc de imponerle una sanción multimillonaria a Petro a pesar que una jueza administrativa determinó que el decreto de basuras es legal. Esta nueva sanción, sustenta la tesis del Alcalde de que su caso es de persecución política por parte del establecimiento y de que en Colombia no cuenta con recurso adecuado ni efectivo para proteger sus derechos. Y es que, en realidad, la única decisión vigente que hasta el momento ha amparado sus derechos políticos ha sido la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.


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De: Ruben1919 Enviado: 29/05/2014 20:07

Colombia: en juego la paz o la guerra en América Latina

29 mayo 2014 | +

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el 15 de junio tendrá una excepcional trascendencia para América Latina y el Caribe.

Si lograra imponerse el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, cuya campaña de guerra sucia dirigió Uribe, volaría el proceso de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano y el país se precipitaría a una sangrienta intensificación de las hostilidades con esta guerrilla y la del ELN.

Zuluaga basó su campaña en la mano dura contra la guerrilla y declaró al día siguiente de su victoria en primera vuelta que suspendería “provisionalmente” las pláticas de paz en La Habana hasta que las FARC, a las que define como “el mayor cartel del narcotráfico en el mundo”, acepten un cese al fuego unilateral y otras condiciones onerosas. Esto equivale a pedir a la guerrilla que se rinda incondicionalmente, lo que pondría fin al prometedor proceso de paz.
Respecto a Venezuela, Zuluaga afirma que es “una dictadura” y que con él en la presidencia no podría seguir como garante del proceso de La Habana pues debe aplicársele la Carta Democrática de la OEA.

Es evidente que Uribe, apoyado por sus numerosos y belicosos seguidores de extrema derecha, echará toda la carne al asador para sentar a Zuluaga en el palacio de Nariño y empujarlo a la guerra contra Venezuela y eventualmente contra Ecuador y Nicaragua. No se olvide que en esas andaba cuando el sector de la oligarquía tradicional, representado por el hoy presidente Juan Manuel Santos le cerró el paso a sus intentos de reelección. Una vez en la presidencia, Santos se reunió con Chávez, pusieron a un lado sus grandes diferencias ideológicas y normalizaron y estrecharon las relaciones bilaterales, rotas por Uribe, cuya fluidez ha continuado con Maduro. Santos se insertó sin dificultades en los mecanismos de Unasur.

En cambio Uribe representa al sector oligárquico más subordinado a Estados Unidos, revanchista y vinculada con los sectores ultraderechistas de ese país, entre ellos la contrarrevolución cubana de Miami. El ex presidente viene de los sectores lumpen-burgueses surgidos de los negocios con el narcotráfico y el paramilitarismo y, es sin duda, el caudillo por excelencia de la derecha latinoamericana más sumisa a Washington.

Una guerra regional fratricida como la que sueñan Uribe y sus aliados en Estados Unidos liquidaría los avances conseguidos por nuestros pueblos después de la elección de Chávez a la presidencia de Venezuela(1998) en materia de independencia económica y política, autodeterminación y reconquista en varios países de muchos de los derechos sociales y bienes privatizados por el neoliberalismo.

Con la presidencia de Colombia a su disposición, Uribe intentará atraer a México y Perú a posiciones más derechistas, neutralizar los proyectos trasformadores de Bachelet en Chile y hacer cumplir a la Alianza del Pacífico el papel designado por Washington de Caballo de Troya contra los países del Alba, Unasur y la Celac.

Por el contrario, la reelección de Santos significaría la continuación del proceso de paz, una mayor inserción de Colombia en los mecanismos de unidad latino-caribeña, un mayor acercamiento a los gobiernos que abogan por ella y la continuación de una política mucho más respetuosa de los derechos humanos que la de los gobiernos de Uribe, como reconocen voceros de la izquierda colombiana de la alianza UP-Polo Democrático. Sin embargo, el apoyo de sus dos millones de votos para el presidente candidato aún espera por debates en curso. Sí apoyarán a Santos muy activamente los partidarios del alcalde Progresista de Bogotá Gustavo Petro, la izquierda del Partido Liberal y un número indeterminado de legisladores del Partido Conservador que están por la paz, aunque su candidata Marta Ramírez(2 millones de votos), cercana a Uribe, apoya a Zuluaga. Tampoco es seguro aún el respaldo a Santos del candidato “verde” Enrique Peñaloza.

Santos, superado por Zuluaga en primera ronda por casi medio millón de sufragios no tiene ninguna seguridad de ganar en segunda vuelta a menos que afine muy bien su estrategia, continúe sumando aliados y realice junto a estos un esfuerzo supremo.

En un contexto de 60 por ciento de abstención en primera vuelta, los votos de la izquierda y los partidarios de la paz pueden ser los decisivos para cerrar el paso a Uribe. Pero hay que convencer a esos votantes de la necesidad imperiosa de hacerlo por más reservas que guarden hacia Santos y sus políticas neoliberales.

Twitter: @aguerraguerra
(Tomado de La Jornada)



 
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