El proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso para reemplazar al Banco de Nueva York por el Banco Nación como agente de pago para los bonistas, así como para ofrecer un canje de bonos voluntario, recibió apoyo del oficialismo. “Espero que no haya mezquindad política, que haya patriotismo, colaboración y no confrontación”, advirtió el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, mientras que la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, destacó que era “una decisión acertada y valiente”, a la vez que agregó que “éste no es el gobierno que se ha endeudado, pero sí el que ha pagado la deuda religiosamente, con inclusión y con crecimiento”.

“Argentina, con voluntad y con capacidad de pago, depositó el dinero para que los acreedores lo cobren. Esto se vio interferido por esta situación y, por lo tanto, Argentina sigue explorando, buscando alternativas para dar certidumbre a los acreedores y alcanzar la normalización plena del frente externo”, aseguró Scioli, al destacar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para que los bonos de deuda reestructurada se paguen en jurisdicción argentina. “Estamos transitando el camino inverso, el camino del desendeudamiento, el de la justicia social, del rol activo del Estado, de la soberanía política y de que el crédito esté al servicio del trabajo”, sostuvo el mandatario de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial del FpV.

Scioli consideró que el cumplimiento del pago de la deuda “será un gran trampolín hacia el futuro: pasar de la agenda de la recuperación y el crecimiento a la agenda del desarrollo”, y destacó que “un país desendeudado nos da esa posibilidad, por eso espero que no haya mezquindad política ni egoísmo, que haya grandeza y sentido profundo de la responsabilidad”, agregó, enviando un mensaje a los opositores –como el macrismo–, que ya anunciaron su voto en contra del proyecto.

La diputada Di Tullio sostuvo que se trataba de “una decisión sabia y correcta que da certezas al 93 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010 y también da certeza hacia adelante”. Anticipando la defensa del proyecto que realizará el bloque del FpV, Di Tullio afirmó que el desendeudamiento “es una política de Estado que vamos a sostener”, y enfatizó que “éste no es el gobierno que se ha endeudado, pero sí el que ha pagado la deuda religiosamente, con inclusión y con crecimiento”. Acerca del proyecto, apuntó que se podía “cambiar la jurisdicción ante la imposibilidad de cumplimiento de ese fideicomiso. Hemos cambiado de agente pagador, se van a abrir dos cuentas. Si los fondos buitre ingresan al canje, tienen depositado su dinero”.

El dirigente del Frente Transversal y diputado nacional Edgardo Depetri también señaló que se debe preservar la “reestructuración de deuda, que junto al pago al Fondo Monetario Internacional y el no al ALCA, fueron las bases centrales de la recuperación del país”. Depetri apuntó contra el fallo del juez Thomas Griesa, porque “es una muralla que impide que los bonistas que entraron al canje puedan cobrar. Vamos a parar con la timba financiera de los fondos y el juez buitre. No pueden impedirnos pagar la deuda en condiciones legales, justas, equitativas y sustentables”. Por su parte, el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Raimundi destacó que el anuncio presidencial demostraba “el temple personal y calidad institucional” de Fernández de Kirchner y agregó que además la mandataria “ofrece una nueva muestra de racionalidad ante el mundo, en respuesta al sinsentido de lo actuado por un juez que, más que eso, ha demostrado ser un abogado de parte”.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, apuntó contra el fallo de Griesa y defendió la decisión de acudir a la Corte Internacional de La Haya. “Respetamos a Estados Unidos como potencia y pedimos el mismo respeto. Argentina es un país soberano. ¿Resulta irracional pedir que respeten nuestro derecho de seguir pagando la deuda reestructurada?”, se preguntó el entrerriano en su cuenta de Twitter.

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para modificar el agente pagador de la deuda externa ingresó por la Cámara de Senadores y comenzará a debatirse la semana que viene con la probable presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. El proyecto fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores, ambas con mayoría del oficialismo. “Este es el tercer envío al Congreso de proyectos de ley vinculados con la deuda externa. Los dos anteriores se remontan a 2005 y 2010, lo cual nos diferencia del resto de los gobiernos, ya que ninguno antes había elevado este tipo de proyectos, y deuda externa tenemos desde 1824”, dijo Zannini. Buscan aprobar el proyecto antes del 30 de septiembre.

El Gobierno propone tres medidas a partir del proyecto de ley anunciado por la Presidenta, Cristina Fernández, el martes a la noche por cadena nacional. Instrumenta un cambio voluntario de agente de pago, para sustituir el Banco de Nueva York (BoNY) por Nación Fideicomisos, del Banco Nación (BNA). Además establece un canje de legislación norteamericana por ley local para aquellos bonistas que así lo deseen y además planea depositar en el Banco Central el dinero a los fondos buitre como si hubieran ingresado a los canjes, para demostrar voluntad de pago del país.

La discusión en el Congreso promete ser intensa. El presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, precisó ayer antes de que comience el debate por el proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento que “para el miércoles que viene probablemente estaremos invitando al jefe de Gabinete y a funcionarios del área económica para que informen sobre la iniciativa”.

En tanto, Juliana Di Tullio, jefa del bloque de diputados del FpV, pidió a los legisladores un “debate serio pero rápido” porque el proyecto “tiene que aprobarse antes del próximo vencimiento que es el 30 de septiembre”. Di Tullio estimó que la iniciativa contará con el respaldo de los distintos bloques en el Congreso porque “en la historia de las reestructuraciones de deuda en la Argentina, tanto en 2005, 2010 y 2013, el acompañamiento de los bloques de la oposición fue casi unánime”. Durante la conferencia de prensa para explicar la medida, Zannini además planteó que la propuesta del Gobierno “es perfectible”.

El proyecto de ley que empezará a tratar el Congreso la semana que viene consta de 14 artículos. El primero dispone declarar de interés público los canjes de 2005 y 2010 y en particular el pago en “condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al ciento por ciento de los tenedores”. Según Eugenio Bruno, asesor legal de bonistas reestructurados, ese aspecto del proyecto “debería ser interpretado como una señal a los jueces argentinos para rechazar eventuales pedidos de exequaturs” (reconocimiento del fallo del juez Thomas Griesa).