Una juez de Buenos Aires, María Servini de Cubría, la misma que investiga los crímenes del franquismo, ha imputado este jueves al matrimonio que crio al nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, por haberlo presuntamente robado en la última dictadura militar de Argentina (1976-1983). También ha quedado imputado el médico Julio Sacher, que figura en el acta de nacimiento de Ignacio Guido Montoya Carlotto, antes llamado Ignacio Hurban, en la que se informaba de que el bebé nacido hace 37 años era hijo natural de los campesinos Clemente Hurban y Juana Rodríguez. En realidad, apenas nació, el niño fue sustraído de los brazos de su verdadera madre, Laura Carlotto, desaparecida, al igual que el padre de Ignacio Guido, Wilmar Montoya.
Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, era militante de la guerrilla peronista Montoneros, como Wilmar Montoya, y estaba detenida ilegalmente en el centro La Cacha, cerca de La Plata, cuando dio a luz en 1977. Los militares se llevaron al bebé y no lo entregaron a sus familiares, como parte de un plan sistemático de robo de 500 niños hijos de desaparecidas que ya ha sido condenado por la justicia. Uno o dos días después de su nacimiento acabó en Olavarría, a 300 kilómetros al sudoeste de La Plata. Varios testigos cuentan que un mediano empresario llamado Carlos Francisco Aguilar, primo político de militares, recibió el bebé y lo entregó al matrimonio de peones rurales que cuidaba su finca y que no podía tener hijos propios, eran Clemente Hurban y Juana Rodríguez. El acta de nacimiento de Ignacio Hurban, que ahora se hace llamar Ignacio Guido, al añadirse el nombre que le puso su verdadera madre, informaba de que el niño había nacido en la casa que Aguilar, fallecido en marzo pasado, tenía en el centro de Olavarría, que era hijo de sus empleados y que Sacher, médico de la Policía bonaerense, había atendido el parto.
Ignacio Guido se enteró de que era adoptado el pasado 2 de junio, en su último cumpleaños, y al mes siguiente se hizo el análisis de ADN para comprobar si era hijo de desaparecidos, como otros casos de niños nacidos entre 1975 y 1980. En agosto se confirmó que era nada menos que el nieto de la mujer que ha liderado durante décadas la lucha por recuperar a los bebés robados, una noticia que conmovió a toda Argentina.
En el acta de nacimiento figuran los imputados como padres naturales y el médico que intervino en el parto
El joven ha defendido al matrimonio que lo ha criado al señalar que los sigue amando y que ha tenido con ellos una vida feliz. También ha puesto en duda la autenticidad de la firma de Clemente Hurban que figura en el acta de nacimiento. Su abuela, De Carlotto, ha reconocido que cualquier persona que inscribe a hijos adoptivos como naturales está cometiendo un delito de apropiación, pero ha comentado que en este caso la cultura y la relación de los peones con su patrón pueden atenuar la culpa del matrimonio.
Pero la juez señala a Clemente Hurban y Juana Rodríguez e incluso la semana pasada declaró en la Radio Mitre que De Carlotto y su nieto buscaban evitar que los imputara: "Yo supongo que quieren desviar la investigación para que no se toque al padre de crianza, como lo llaman ellos. Para mí, son apropiadores hasta que no me demuestren lo contrario. Si me lo demuestran, no lo son”. Servini citó otros casos conocidos en los que quienes inscribieron como propios a hijos de desaparecidas acabaron presos por sustracción de niños: "El padre (adoptivo de la diputada Victoria) Donda está detenido y el que se apropió de Juan Cabandié (otro diputado) recibió una condena de 17 años”. Claro que los apropiadores de Donda y Cabandié eran miembros de las fuerzas de seguridad, conocían claramente el origen de los niños, mientras que existen dudas de que el matrimonio de peones rurales que aún vive en el medio del campo, en la finca de los hijos de Aguilar, fuera consciente de aquello.
Servini también sospecha del médico, al que ha prohibido salir de Argentina. El abogado de Sacher lo ha defendido en el juzgado alegando que en el acta de nacimiento figura el nombre pero no la firma de su cliente. Aún ninguno de los tres imputados ha sido citado a declarar ni rige una orden de arresto contra
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