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 07 de octubre de 2014, 12:27Washington, 7 oct (PL) El pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante las acciones de los llamados fondos buitre se une hoy a la postura de varios organismos internacionales que apoyan a Argentina en contra de un grupo minoritario de bonistas.
Por medio de un documento difundido este lunes, la entidad financiera expresó su respaldo a las reformas promovidas por varios países en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para modificar las reglas contractuales que rigen las reestructuraciones de deuda soberana.
En diciembre de 2011, el juez estadounidense Thomas Griesa decidió que Buenos Aires no podía continuar pagando los bonos reestructurados en 2005 y 2010 mientras no sufragara también, de manera íntegra, los fondos especulativos que se negaron a sumarse a esos dos acuerdos.
A decir del FMI, tal decisión de la justicia norteamericana puede exacerbar los problemas en las acciones colectivas y tornar los procesos de negociación de deuda soberana más complicados.
Por eso, el organismo internacional recomendó transformar la cláusula "pari passu" a la cual recurrieron los tenedores de deuda para requerir a Argentina.
De acuerdo con la institución monetaria, ese apartado debe excluir explícitamente la obligación de pagarles a los demandantes que no hayan aceptado la reestructuración del compromiso financiero.
Sugirió, asimismo, dar más peso a los acreedores mayoritarios, quienes podrían imponer su voluntad al conjunto de inversores de un país, pues en el caso argentino solo un siete por ciento de los bonistas no aceptaron modificar el débito.
El texto de la entidad mundial siguió así a la resolución adoptada por la ONU en septiembre pasado, en la cual se acordó la redacción de un marco legal encaminado a resolver en el futuro conflictos similares a los que atraviesa Argentina.
De acuerdo con la Cancillería de ese país, es importante que el FMI haya dado un paso adelante en el reconocimiento y búsqueda de una solución adecuada como ya lo decidieron los 124 países que votaron a favor de la resolución.
Otro organismo de ese foro internacional, el Consejo de Derechos Humanos, apoyó a finales del mes pasado la propuesta de Argentina y ordenó una investigación sobre las consecuencias de la deuda externa y el accionar de los fondos especulativos.
La Unión de Naciones Suramericanas también expresó en junio su pleno respaldo al gobierno argentino frente a la sentencia de la justicia estadounidense.
El grupo rechazó el comportamiento de agentes que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, y reconoció los esfuerzos realizados por Buenos Aires para reestructurar la deuda estatal que quedó en mora luego de la crisis económica de 2001.
Argentina contaba desde antes con el apoyo del Mercado Común del Sur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que consideró indispensable contar con instrumentos para posibilitar convenios razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos.
En tanto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, sostuvo que la sentencia del juez norteamericano mostró las inconsistencias e inequidades del sistema monetario internacional y el poder desmesurado del área financiera sobre la del trabajo y la producción.
A decir de la titular, el caso de Argentina y los fondos buitre hace evidente un vacío legal que debería dar lugar a una reforma en la normativa internacional, la cual permita proteger el bien común ante el afán de ganancias extraordinarias de las minorías.
Ese reclamo es el que tiene posibilidad de concretarse ahora en el seno de la ONU, pues tras aprobarse la resolución sobre el tema, la Cancillería del país sudamericano adelantó que trabaja en una propuesta para elevar a la Asamblea General, a fin de controlar la influencia de esos grupos financieros.
Y es que, para el sociólogo y político suizo Jean Ziegler, los fondos buitre constituyen el punto más alto y la quintaesencia del bandidismo bancario, al tiempo que se encuentran fuera de la legalidad internacional, multilateral, binacional y, en muchos casos, de la nacional.
Según el también jurista, quien fue seleccionado al frente de la investigación del Consejo de Derechos Humanos, con esas pesquisas se encargarán de contar cómo los fondos toman sus riesgos y asumen la posibilidad de perder centenas de millones de dólares porque trabajan con la seguridad de que habitualmente triunfan. |
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