El Departamento de Estado de EE.UU. ha decidido "crear una red judicial" formada por jueces, fiscales e investigadores locales en Europa del Este y Asia Central.
La Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU. ha publicado en el portal de subvenciones del Gobierno estadounidense un proyecto destinado a luchar contra la corrupción.
En el marco del proyecto, subvencionado con fondos del Departamento de Estado, se prevé organizar cursos de capacitación en la lucha contra la corrupción para investigadores y fiscales en Kazajistán, Kirguistán, Armenia, Ucrania y más de 20 países de la región euroasiática.
El objetivo es "la reforma de la Oficina del Fiscal General" en los países donde se implementará el proyecto, mientras que la coordinación estará a cargo de las embajadas de EE.UU. en estos Estados.
"Ninguna escuela ayudará"
Timur Jútov, del bufete de abogados BMS Law Firm, ha expresado a RT sus dudas acerca del éxito de la iniciativa. En opinión del experto, los mecanismos estadounidenses no funcionarán con éxito en todos los países, ya que cada uno de ellos tiene sus características propias.
Además, "la experiencia demuestra" que la lucha contra la corrupción necesita de "decisiones de autoridades superiores". "Si no las hay, ninguna escuela ayudará", y si las hay, el Estado podría resolver los problemas relacionados con la corrupción "sin ayuda externa", asegura el jurista.
"Injerencia directa"
A su vez, Fiódor Kozlov, abogado y socio gerente de la compañía jurídica Law Office of Fedor Kozlov & Associates, denuncia que el proyecto del Departamento de Estado es una "injerencia directa" en los asuntos de otros Estados, un intento de "presionar o de cambiar a las autoridades bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción".
"Pueden eliminar a un fiscal y poner a otro", ha aseverado Kozlov, agregando que "con la ayuda de fiscales y jueces leales", EE.UU. sería capaz de "llegar hasta las personas que busquen". Para este experto, un proyecto de este tipo solo puede ser implementado con el consentimiento de las autoridades del país donde se lleva a cabo.
La persona de contacto del proyecto no ha proporcionado a RT comentarios sobre si las autoridades de los países mencionados estaban de acuerdo con crear esta red judicial.
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