Busca promover la ruptura del hilo constitucional venezolano, el desconocimiento de las leyes e instituciones venezolanas y de la voluntad popular reflejada el 14 de abril de 2013 con la elección de Maduro

El exmandatario colombiano, Álvaro Uribe Vélez, anunció este sábado que se propone recolectar un millón de firmas para respaldar a los grupos fascistas y golpistas en Venezuela, que nuevamente han anunciado planes desestabilizadores en el país.

Desde Barranquilla, Uribe, a quien el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que está detrás del movimiento fascista que ha generado acciones violentas en Venezuela y que impulsa un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional, dijo que la recolección de firmas se inicia desde este sábado en Colombia.

Con este llamado Uribe demuestra que busca promover la ruptura del hilo constitucional venezolano, el desconocimiento de las leyes e instituciones venezolanas y de la voluntad popular reflejada el 14 de abril de 2013 con la elección de Maduro, además de incurrir en actos injerencistas de las políticas nacionales.

Uribe, aún presidente en 2004, cuando se descubrió en la finca Daktari, en el estado Miranda, una invasión de paramilitares colombianos que intentaban un magnicidio contra el presidente Hugo Chávez, criticó además los avances de las relaciones entre los mandatarios Juan Manuel Santos y Maduro.

Este sábado, Maduro alertó que Uribe Vélez está vinculado al canal de televisión NTN24, que el pasado 12 de febrero dedicó el 90 % de su transmisión a los hechos violentos y acciones fascistas de grupos de la derecha venezolana, en los que se causaron destrozos a entes del Estado, fueron asesinadas tres personas y más de 60 resultaron heridas.

Maduro explicó que Uribe Vélez, aliado público de la derecha venezolana, “pretendía a través de un canal de televisión antivenezolano hacer lo mismo que hicieron aquel 11 de abril del año 2002, comenzar a generar zozobra, miedo, odio, a justificar lo injustificable y llevar a nuestro país hacia un escenario de desestabilización que justificara un golpe de Estado contra el pueblo”.

Durante el gobierno de Uribe, movimientos sociales a favor de los derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que ocurrieron asesinatos, atentados, amenazas, persecuciones judiciales, agresiones sexuales y acoso a abogados, dirigentes sociales, periodistas, sindicalistas, afrodescendientes, indígenas y organizaciones comunales.

Para 2009, Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, resaltó que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemático de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno”.

En ese momento, Sekaggya advirtió sobre los niveles de riesgo de los activistas que reivindican la defensa de derechos fundamentales.

T / AVN

La Ley Orgánica de Precios Justos ya está en vigencia, comenzando una segunda etapa de largo aliento de la ofensiva económica, cuyo objetivo es defender y proteger el salario, equilibrando la economía para frenar el saqueo a la economía de la Nación y de la familia venezolana.

Cada vez que se descubre un depósito con mercancías acaparadas, el pueblo comprueba quiénes son los culpables y se benefician de la guerra económica, los que han provocado los padecimientos de los últimos meses, las horas de colas, los productos que faltan, los precios que suben.

El pueblo ya está participando en la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos, ejerciendo la contraloría social, denunciando hechos de acaparamiento, especulación y contrabando, mediante el 0800sabotaje, entre otros mecanismos.

La Superintendencia de Precios justos anunció que dará información necesaria para que “la población en general, y sobre todo el Poder Popular, pueda realizar con mayor precisión la contraloría social”.

En atención a este anuncio, proponemos que se realice una lista de precios justos de los diferentes productos, priorizando los alimentos, medicamentos y otros bienes cuyos precios son regulados desde 2003.

En relación con los bienes importados, la lista de precios justos de referencia puede elaborarse fácilmente, porque se conoce el precio de importación del producto y la tasa de cambio de la divisa otorgada por la República para realizar la importación.

Con esa información, se aplica el cálculo de costos y ganancias que la Superintendencia de Precios Justos ha elaborado, tal como se hizo en la inspección de tres galpones de electrodomésticos acaparados en Carabobo.

En el caso de los bienes producidos en el país, el análisis de costos y ganancias en toda la cadena de producción requerirá de un trabajo más complejo, pero servirá para ordenar el proceso productivo nacional.

El despliegue de la ofensiva popular por la aplicación de los precios justos es la garantía del triunfo frente a la burguesía parasitaria.

saiz.monica@gmail.com