"Los políticos en Venezuela necesitan sabiduría estatal y dejar de lado las ambiciones personales. No hay que dejarse llevar por el deseo de derrocar al oponente a cualquier precio, sin pensar en las consecuencias, llevando la situación a una cruel autodestrucción del Estado", ha dicho el director adjunto del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Exteriores ruso, Artiom Kozhin.
Rusia "está a favor de que se reanude un diálogo serio y constructivoque desemboque en compromisos, que lleve paz y tranquilidad al país", agregó el funcionario.
Además, el representante del Ministerio de Exteriores ha instado a las partes a buscar una solución política a la crisis que atraviesa la nación bolivariana dentro del marco legal y sin injerencia externa.
"Medidas extremadamente peligrosas"
Según el funcionario, el plebiscito llevado a cabo la semana pasada por la oposición solo "ha dividido aún más" al pueblo venezolano, y los resultados de ese referéndum son "inverificables" debido a las irregularidades registradas. Además criticó que gobiernos de otros países, en lugar de ayudar a resolver la crisis venezolana, solo generen más "división" interna y "provocaciones" contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Por otro lado, Moscú ha advertido a la oposición venezolana de los "graves riesgos" de crear sistemas de gestión paralelos a los existentes. "Consideramos que son extremadamente peligrosas las medidas que ha adoptado la oposición de forzar la creación de estructuras paralelas de poder, en particular, el de poner en marcha el procedimiento para el nombramiento por parte del Parlamento de nuevos jueces de la Corte Suprema", indicó Kozhin.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a los partidos opositores, selló este martes un acuerdo para la formación de un "Gobierno de unidad nacional" ante lo que ellos definen como un "cambio inminente".
De igual manera, informaron que en la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato tras unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se elegirán este viernes a los nuevos magistrados, hecho catalogado por el Gobierno como inconstitucional.
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