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La renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia del Uruguay resulta una excelente oportunidad para analizar algunas de las contradicciones y tensiones de la política nacional. Fue un hecho trascendente en el paisito, como le llamaba Eduardo Galeano, muy estable después del retorno a la democracia en 1985, que ha constituido un proceso democrático abierto, con mucha competencia electoral y partidos doctrinarios fuertes. Una nación que goza de una estabilidad institucional que descoya en la región por sus logros en materia de derechos sociales y por la altura para tramitar la intensa (normal) disputa entre las diversas visiones de país que tiene la sociedad, muy politizada y participativa.
Algunas de las claves para entender la situación de dicha ebullición política que obliga la renuncia de Sendic, más allá de lo anecdotario, pasan por analizar la creciente presión de la derecha uruguaya para desacreditar la gestión del Frente Amplio-FA, favorecida por el respaldo de la derecha brasileña y por Argentina en la búsqueda por hegemonizar por completo el Mercosur y restar apoyos en la región para las posibilidades de cambio. También pasa por escudriñar en la propia situación política de la formación frenteamplista que evidencia un desgaste propio de tres gestiones consecutivas de gobierno y de las múltiples (contradictorias) visiones políticas que interactuan en su interior.
Las elecciones del 2014, donde resultó elegida la dupla Tabaré-Sendic, marcó un avance significativo de la derecha al posicionarse como “renovadora” de la política con Luis Lacalle Pou (de 44 años, hijo del expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera). Aunque Lacalle resultó perdedor, marcó un debate en el país pensando en las elecciones del 2019 y para el Frente Amplio sobre la rotación de los cuadros políticos de relevo como proyección y continuidad del proyecto frenteamplista, un asunto más allá de una simple discusión etaria.
Sendic fue la cuota renovadora en el gobierno, y su salida fue suficiente para comprobar las dificultades que existen para que los cuadros emergentes del FA se instalen en la política. El vicepresidente salió de su cargo, acosado por la opinión pública de derechas por pagar con la tarjeta corporativa -cuando fue presidente de la petrolera nacional ANCAP- gastos personales por 38.324 dólares, y por el escaso respaldo recibido por los partidos integrantes del Frente Amplio, quienes en vez de apoyarlo motivaron a que el Tribunal de Conducta Política (TCP) del partido fallara en su contra. Con esta actitud, el FA lanzó un mensaje de tolerancia cero con la corrupción, una lección fabulosa en medio de la política corrupta de los partidos tradicionales, aunque a la vez mostró las dificultades para impulsar sus propios cambios internos.
Ahora bien, la situación política del Uruguay no pasa sólo por las formas de renovación con las cuales la derecha pretende enmascarar el debate político, sino también con las dificultades por las que atraviesa el gobierno de Tabaré para sostener una política progresista en su incomoda situación en el Mercosur, donde es asediado por el gobierno de facto de Michael Temer y por el gobierno derechista de Macri para facilitar la expulsión de Venezuela, sin respetar los debidos procesos y los derechos de la nación bolivariana y por los propios efectos del ajuste neoliberal de ambas naciones cuyos efectos se sienten con mucha fuerza en la pequeña nación rioplatense, como lo explica Crismar Lujano [1].
Una situación que impulsa a Tabaré a moderar sus posiciones en la política interna y en la externa, con el riesgo de no satisfacer a las bases frenteamplistas cuyo voto y aspiración está puesta en la distribución del ingreso, la unidad latinoamericana, el respeto de los derechos para las y los trabajadores, y la ampliación de derechos culturales, ambientales y sociales. Una situación favorable para la derecha nacional y colorada por las coincidencias discursivas que pueden llegar a concretar para ganar la simpatía de los sectores moderados del electorado uruguayo, avanzando ante la posible desilusión del electorado frenteamplista.
Mucho más por las disputas en el FA sobre las posiciones favorables del presidente Tabaré Vásquez respecto de los Tratados de Libre Comercio, el Tratado Transpacífico-TTP y la Alianza del Pacífico[2], indicando que sería positivo un ingreso del bloque de Mercosur a dichos tratados de corte neoliberal, mientras negocia un TLC con China, con Perú y Chile, todo un camino contrario a las posibilidades de integración marcados por la Unasur y la Celac. Se amplía la grieta. Sólo uno de cada tres uruguayos (32%) respalda la gestión de Tabaré y el 47% la desaprueba,[3] marcando una tendencia de desconexión del gobierno que puede ser generada por el desgaste del tercer gobierno del FA y/o por la incomprensión de las realidades sociales deterioradas en estos dos años, y afrontadas de forma ecléctica entre el crecimiento interno y la apertura, que dejan 17 mil puestos de trabajo menos en lo corrido del año 2017[4].
De esta manera Uruguay se suma a los países con gobiernos progresistas que reciben el latigo de la ofensiva neoliberal y conservadora, un coletazo que puede detener Lucía Topolansky, la nueva vicepresidenta, cuyo talento político la hace una de las principales referentes del FA, dotada de experiencia e inteligencia. Ella representa un sector político del FA con mayor conexión con las bases del Frente Amplio, con la central de trabajadores PIT-CNT que conforman la principal subjetividad de dicho partido. Puede también calmar a los parlamentarios frenteamplistas de la lista 711, liderada por Sendic, para evitar que su salida del gobierno genere una frustración que se traduzca en sisma electoral para el 2019.
Para la derecha, liderada por Lacalle Pou, este periodo convulsionado de la política local le habilita para lanzar importantes dardos al gobierno y al partido de gobierno, aunque no cuentan con una iniciativa distinta al neoliberalismo y sostienen su política apoyados por los medios de comunicación, además del el viento huracanado neoliberal del Mercosur que sopla a su favor. Una política simple, que se diferencia de las urgencias y dificultades de la gestión del gobierno que realiza el Frente Amplio, cuya conducción debe mantener a flote al país en medio de la crisis latente del capital global que llega al sur de la mano de Temer y Macri, exigiendo ajustes contra los trabajadores y recortes de los derechos sociales, al tiempo de gestionar sus propias contradicciones políticas internas, como partido democrático, deliberante y fuerte. Por ello, la salida de Sendic del gobierno es apenas un síntoma del problema, aunque amplía la grieta de la política uruguaya de cara al escenario electoral del 2019.
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