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En un informe presentado ante el Congreso, la Casa Blanca dio a conocer su propósito de recibir un máximo de 19 mil refugiados de África, cinco mil del este de Asia, dos mil de Europa y Asia Central, mil 500 de América Latina y el Caribe, y 17 mil 500 del Oriente Medio y el sur de Asia.
Tales números, que de inmediato generaron críticas de organizaciones civiles, constituyen la menor cantidad de personas acordadas desde que se aprobó en esta nación la ley de refugiados de 1980.
En los últimos años el límite fue de 70 mil a 80 mil personas, y para 2017 la administración de Barack Obama (2009-2017) fijó el tope en 110 mil, aunque solo llegó la mitad de ese total debido a las órdenes ejecutivas de prohibición de viajes aprobadas por Trump tras llegar al poder en enero, recordó el portal NPR.
Para justificar esas cifras, funcionarios del Departamento de Estado explicaron en una conferencia telefónica que si bien se mantiene 'el papel de liderazgo de Estados Unidos en la protección humanitaria', la principal preocupación es la seguridad del pueblo norteamericano.
'Una parte integral de esta misión es asegurar que las oportunidades de reasentamiento solo vayan a aquellos que son elegibles para dicha protección y que no son riesgosos para la seguridad de nuestros país', agregaron las fuentes.
También informaron que el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos pertinentes han comenzado a fortalecer el proceso de investigación utilizado en el programa de admisión.
Las agencias de reasentamiento, que recomendaron un límite de al menos 75 mil para el año fiscal que inicia el 1 de octubre, expresaron su decepción con estos datos, que consideran muy alejados de lo que se necesita para satisfacer las crecientes urgencias humanitarias en todo el mundo.
De acuerdo con Linda Hartke, presidenta y directora general del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, las iglesias y las comunidades, y empleadores y alcaldes, están abatidos por la decisión trágica de la administración de negar la bienvenida a los más necesitados.
La cuestión no deja de ser controversial en el país, donde las personas que llegan desde áreas de conflicto o crisis califican para muchos servicios sociales, incluyendo atención médica, cupones de alimentos y asistencia en efectivo.
Tennessee llevó este año al gobierno federal a la corte a causa del tema del reasentamiento, al considerar que el ejecutivo lo obliga a gastar dinero de los contribuyentes de un modo en que algunos ciudadanos no están de acuerdo.
Pero otros estados y ciudades ven a los refugiados como un beneficio económico para sus comunidades. 'Estas personas están pagando impuestos, están comprando casas, van a nuestras escuelas', ha expresado Stephanie Miner, alcaldesa de Siracusa, Nueva York.
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