De la tragedia de Londres no hay imágenes ni de cadáveres ni de sangre y, a pesar de la atribución a Al Qaeda de los atentados, se rechaza rotundamente la conexión con la matanza iraquí.

En toda la cobertura de los atentados de Londres de la semana pasada, hay una verdad básica que está luchando por ser oída. Es la siguiente: nadie duda de la atroz deshumanización de aquellos que colocaron las bombas, pero también nadie debería tener duda de que esto ha estado siendo preparado desde el día en que Tony Blair se juntó con George Bush en su sangrienta invasión y ocupación de Irak. Ellas son las “bombas de Blair”, y éste no puede permitirse evadir su culpabilidad con un suntuoso discurso sobre “nuestro modo de vida”, lo cual su propia violencia opresora desnudó en otros países.

Luis Posada Carriles, el genocida fabricado por la CIA en su guerra contra Cuba, autor de la voladura de un avión en pleno vuelo, no utilizaba eufemismo para reconocer que todos los que no aceptaban las reglas del juego de Washington o simplemente vivieran en un país “comunista” eran enemigos de guerra. En su autobiografía Los Caminos del guerrero (1994), dice sin ambages que cuando lo recluta la Agencia Central de Inteligencia a inicio de los años 60, “el campo de batalla, entonces, lo mismo estaba en el territorio cubano, que en cualquier punto de la tierra en donde el enemigo estuviera presente o intentase penetrar para enriquecer sus dominios.”

¿Se acuerdan cuando el libio Kadafi era malo? Pues ahora es bueno. ¿Se acuerdan cuando Bin Laden era bueno? Pues ahora es malo. Los únicos consecuentes con el mal han sido los terroristas cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, por esto Washington los premia y abriga con el sol de Miami.

Las autoridades mexicanas no han demostrado tener prisa en sus decisiones y averiguaciones. La denuncia del paso del terrorista por territorio mexicano fue informada a los legisladores federales en la sesión del 19 de abril, en el recinto legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, y ese mismo día, la Cámara de Diputados solicitó un punto de acuerdo a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República: que investigaran y respondieran sobre este asunto.