Macri contra los débiles - CUBA POR SIEMPRE CUBA

No nos sorprende, no podría hacerlo, que el gobierno esté quitando pensiones no contributivas entregadas a personas con discapacidad. Es que hace rato dejó de ser una novedad que el gobierno de Mauricio Macri atropelle a los sectores más vulnerables y débiles. Sí es más novedoso que el neoliberalismo que el Presidente encarna se despoje de todo disfraz de republicanismo y se dedique a violar sistemáticamente la ley.

Porque las pensiones que el gobierno ha decidido suprimir están amparadas por la ley. La reforma del 94 da rango constitucional a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Y la ley 26.378 aprobó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas. En virtud de lo que ella dispone, los Estados Parte se obligan a impulsar y sostener todas las políticas necesarias para garantizar a esas personas el acceso efectivo a todos sus derechos y a la mayor calidad de vida posible.

Es decir que no estamos en presencia de una laguna legal, sino de una expresa voluntad política de reducir el déficit fiscal a costa de los más vulnerables, con absoluto desprecio de lo que manda la ley.

Macri invoca un viejo decreto de 1997, que establece una ayuda asistencial solo en casos de extrema indigencia. Ese decreto se sancionó en un contexto de fuertes recortes sociales, pero nunca se aplicó. La derecha que encabeza Macri, entonces, está dispuesta a ser todavía más despiadada que la derecha de los noventa, lo que lleva a presagiar un futuro catastrófico si no se la para a tiempo.

La Argentina ha vivido recientemente años de expansión de derechos, los de los gobiernos kirchneristas, con un Estado que intervenía en la vida colectiva a favor del pueblo. Tal vez por eso resulte particularmente intolerable la acción de un Estado tan dócil frente a los poderosos, y tan insensiblemente cruel con los más necesitados de nuestra sociedad.

* Socialista en el FpV.

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 por ciento respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 por ciento. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA). “La quita de subsidios prevista profundiza el shock tarifario eléctrico. Estas medidas tienen graves consecuencias sociales y económicas para el comercio y la industria. Una actualización de las tarifas no puede obviar el contexto socioeconómico”, advirtió ayer el director del flamante observatorio, Marcos Rebassa.

Durante su intervención, el especialista cuestionó que la transferencia de ingresos hacia las empresas petroleras y eléctricas no haya sido acompañada por inversiones y mejoras en la prestación de los servicios. Los investigadores del OTA anticiparon que los nuevos aumentos previstos por el Gobierno para los próximos dos años continuarán superando en magnitud a la evolución de los ingresos de los trabajadores. Antes de finalizar el año volverán a subir las tarifas del gas y la electricidad. Desde el observatorio advierten que las subas alcanzarían un 100 por ciento hacia finales del año próximo en ambos servicios sobre los valores actuales.

“La falta de razonabilidad y gradualidad en los tarifazos confirma la ausencia de sensibilidad y compromiso social de un Gobierno que inaugura una nueva categoría, la pobreza energética; como ya ocurre en otros rincones del mundo”, señaló el rector de la UMET, Nicolás Trotta. El trabajo del OTA detectó incrementos promedio de entre 600 y 1000 por ciento en las boletas de electricidad residenciales con picos que llegan hasta el 1700 por ciento. En tanto, en gas el aumento promedio fue del 600 por ciento. El observatorio impulsado desde la universidad cuenta con la participación del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), la Fundación Excelencia, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra). El lanzamiento del OTA contó con dos presentaciones de los ingenieros Andrés Repar y Nilda Minutti que apuntaron a echar luz sobre la composición y evolución de las tarifas de gas y electricidad. “En un momento en el que el Jefe de Gabinete declaró que ‘el tarifazo es una percepción subjetiva’ queremos presentar en forma sistemática los datos que demuestran el enorme impacto de las políticas tarifarias en los sectores populares”, expresó Trotta.

Los investigadores del OTA estimaron que los cambios en la política tarifaria representaron, en el caso del gas, una transferencia de ingresos de 2000 millones de dólares anuales desde los usuarios hacia las petroleras. “No solo no existía una crisis energética en el gas, sino que el subsidio a las petroleras no generó mayor producción a nivel nacional”, expresa uno de los documentos iniciales del observatorio coordinado por el periodista de PáginaI12 Martín Granovsky. Desde el OTA señalaron que las subas en la tarifa del gas continuarán escalando hasta que el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte alcance los 6,8 dólares por BTU en 2019. “Este valor es homicida para la industria y para inversiones futuras y surge de una visión unilateral y arbitraria del Ministerio de Energía y Minería en base a considerar un mercado interno que no existe pues es el Estado el que fija el precio del gas por resolución”.

El texto distribuido cuestiona el abandono del objetivo del autoabastecimiento energético. La meta establecida a partir de la recuperación del control de YPF fue reemplazada por la “seguridad energética” que, según indica el documento del OTA, “se parece más a la seguridad energética de Shell”. Por su parte, el titular de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y referente de la Corriente Federal, Carlos Minucci, consideró que “los aumentos de tarifas son una transferencia de riqueza abismal a los Joseph Lewis, Marcelo Midlin y Calcaterra que son, en realidad, Macri”.

El lanzamiento del OTA contó además con la presencia del directivo del Cepis, Mariano Lovelli, que el año pasado impulsó el reclamo ante la Corte Suprema por los tarifazos. Esa acción legal dio lugar a que el máximo tribunal exigiera al gobierno el cumplimiento de los criterios de gradualidad y razonabilidad a la hora de incrementar las tarifas. El documento no solo advierte sobre los aumentos futuros sino que cuestiona la reorientación de la política: “Los representantes de las empresas energéticas ocupan cargos de poder dentro de la estructura del Ministerio de Energía. Han tomado resoluciones para favorecer las transferencias de renta a sus ex empleadores”, sostienen.