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General: TODO VA MAL PARA EL PUEBLO EN ARGENTINA ....
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 27/02/2016 13:59 |
EL PAIS › PANORAMA POLITICO
Malas noticias
 Por Luis Bruschtein
La inflación, el fracaso del Indec, la deuda externa, precios, salarios, paritarias e Impuesto a las Ganancias han ocupado la preocupación de la gente. En el campo de batalla mediática son más las noticias malas para el Gobierno que las buenas a pesar de que el 90 por ciento de la artillería es del oficialismo. Llega en su socorro la caballería judicial y un cambio de estrategia. Ya que las noticias propias son malas, busquemos enchastrar al adversario. Dos conocidos alfiles anti K de los tribunales salieron en socorro del gobierno macrista para distraer el foco de atención y socavar la imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es ahora o nunca. Si la imagen de la ex presidenta se mantiene, cada momento que pase será más difícil bajarla.
Con el propósito de enfocar las sospechas sobre el anterior gobierno, el fiscal Ricardo Sáenz dictaminó “sin ninguna duda” que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. El fiscal no basó su dictamen en ninguna investigación propia. Simplemente se hizo cargo de los argumentos de las querellas, que han sido descartados por la gran mayoría de los peritos. Pero Sáenz es un viejo enemigo de Cristina Kirchner y hubiera sido el Procurador de la Nación del macrismo si lograban expulsar a Alejandra Gils Carbó.
Detrás suyo apareció el polémico juez Claudio Bonadio –un magistrado con record de pedidos de juicio político en la Magistratura– para citar a indagatoria a la ex presidenta por las operaciones con dólar a futuro, una causa puramente mediática. Lo que importa es distraer la atención de los sablazos al bolsillo de la gente, para insistir con una táctica que fue fructífera cuando el macrismo estaba en la oposición. Pero el impacto en la billetera no se disipa con una cortina de humo con protagonistas que han pasado a segundo plano.
El Gobierno necesitaba cambiar el eje y estos funcionarios judiciales fueron funcionales. Había pasado una semana intensa. En dos meses de gestión el macrismo se ganó el primer paro nacional de estatales contra sus políticas, acompañado por una masiva concentración en la Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo pudo evitar el paro docente pero contraviniendo su propia estrategia al concederles casi un 40 por ciento de aumento. Ha podido operar sobre el massismo para que lo acompañe en el Congreso, pero el quiebre en el Frente para la Victoria fue mínimo, mucho menos de lo que se esperaban y en términos más expectantes que rupturistas.
Es el momento de mayor fuerza para el gobierno y de más debilidad para el FpV que fue derrotado en las urnas. Sin embargo el rédito ha sido pobre. Es la desgracia de haber ganado por muy poca diferencia. La presión centrífuga en el seno del FPV es menor que la sensación de que las políticas oficiales están desatando una tormenta económica y social impredecible. Si el horizonte fuera de fortalecimiento del gobierno a partir de la gestión y el manejo del aparato estatal, es probable que la ruptura del FPV hubiera sido inevitable y bastante más grande que las diferencias que se discutieron en el congreso del PJ de esta semana. El peronismo tendrá muchos defectos, pero sabe que la gestión puede ampliar el poder político y, por lo tanto, es un buen termómetro de ese fenómeno. Si no hubo división y la gran mayoría se quedaron adentro, es porque afuera huelen a tormenta. El sector más duro quiere una oposición activa pero el ala más moderada quiere evitar que les achaquen responsabilidad sobre cualquier fracaso de las políticas oficiales. Las dos posiciones coexisten junto con las necesidades de intendentes y gobernadores. La fotografía actual del PJ, tras una derrota reciente, es más o menos igual a la previa de ese traspié, lo cual es ganancia para un peronismo que puede ser volátil. La Cámpora cedió terreno en forma voluntaria y gobernadores como José Luis Gioja o jefes territoriales como Jorge Capitanich ocuparon el centro. Hubo reacomodos pero sin sangrías.
El paro de los estatales el miércoles es indicativo de la situación social. Muchas veces no se trata del motivo, si existe o no, sino de la circunstancia: si el contexto o la situación política soportan una medida de fuerza. Y normalmente los dos primeros meses de un gobierno constituyen un tiempo desfavorable. Pero esta vez fue una medida con muy poco rechazo, se produjo dentro de la lógica que se está desarrollando en el país. Ese “no” al rechazo que podría haber generado en otro momento, da una medida de los espacios que va cediendo el Gobierno.
No pudo explicar los despidos masivos alegando ñoquis o militantes. No pudo mostrar un solo caso. El hecho más vergonzoso quizás sea el del ministro encargado de los despidos, el ministro de “Modernización del Estado” Andrés Ibarra, que anuncia que va a revisar contratos y concursos para justificar los despidos. Pero su esposa, la militante del PRO Carla Piccolomini, que ha tenido cargos de bajo rango en la CABA, fue catapultada a una gerencia de Radio y Televisión Argentina (RTA) con un sueldo de 90 mil pesos, sin realizar ningún concurso. Para completar la imagen de arbitrariedad por los miles de despidos que está decidiendo Ibarra, en los círculos internos de la empresa paraestatal se asegura que Ibarra llegó a presionar incluso a Hernán Lombardi para lograr el nombramiento de su esposa.
Para desprestigiar al gobierno anterior y justificar despidos en estas áreas, se han construido mitos sobre Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner como obras faraónicas sin sentido, igual que el Museo del Bicentenario. Se escribieron editoriales en La Nación y se organizaron visitas de periodistas de Clarín para mostrar goteras y cables pelados. Según la administración, en estas obras todo fue despilfarro, corrupción y demagogia. Dijeron horrorizados que los 500 trabajadores del Centro Kirchner habían sido designados dos meses antes del fin del gobierno, o sea cuando empezó a funcionar.
Sin embargo, el presidente de Francia François Hollande pidió visitar el centro Kirchner, la cena en su honor se organizó en el Museo del Bicentenario y uno de los tratados que firmó el presidente francés fue de intercambio entre Tecnópolis y su similar de París. El presidente Mauricio Macri se lució ante su par francés con las obras realizadas por el gobierno kirchnerista y que su gestión denigra.
En un informe del año pasado el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Empleo (Cippec), muchos de cuyos integrantes forman parte ahora del gobierno de Macri, señalaba que el 17 por ciento de la población activa trabaja en el Estado. De esa cantidad la mayoría corresponde a los gobiernos provinciales y municipales y sólo una pequeña fracción a la estructura nacional. Desde Canadá hasta la mayoría de los países desarrollados de la OCDE tienen ese índice por arriba del de Argentina. O sea que esos países tienen, en proporción, más empleados públicos que Argentina.
El empleo público no es un problema como lo presentó demagógicamente el macrismo y su coro de prensa oficialista. La diferencia que está planteando la supuesta “modernización” macrista está en el rol del Estado que proponen. Según ellos están despidiendo ñoquis a los que ya están reemplazando por sus esposas y parientes o militantes del PRO. Pero no han podido presentar un solo caso de ñoquis hasta ahora, aunque sí están metiendo a sus parientes y militantes mientras Macri dice, suelto de cuerpo, que “el Estado no tiene que financiar la militancia”.
Lo que sí están haciendo es desactivar los programas sociales de inclusión, los programas de salud pública y ambiental y los programas de derechos humanos o desmantelando aquellos organismos encargados del control de precios o de la vigilancia de delitos financieros que involucran a bancos y grandes empresas, muchas de las cuales tienen sus representantes en el gobierno.
La consigna: “modernización del Estado”, que sirve para justificar este verdadero linchamiento público de miles de trabajadores que se quedan en la calle, no es modernización, sino retroceso a un Estado controlado por las grandes empresas, una estructura que se retira del rol de inclusión, de equilibrar desigualdades o de resguardo de los más débiles para convertirse en una herramienta de las grandes corporaciones que están representadas en esta gestión. También se trata de un Estado presente, pero esta vez para consolidar desigualdades. Sería un contrasentido que un Estado que incorporó a sus niveles de dirección a los altos ejecutivos de las corporaciones más poderosas se preocupara por la desigualdad. Si esta afirmación fuera pura construcción teórica o abstracta, cualquiera diría que es esquemática. Pero solamente es una descripción de los hechos. Cuando la realidad se propone ser esquemática supera incluso a los ideologismos esquemáticos.
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Los tarifazos sumarán otro ciento por ciento
La UMET presentó un nuevo observatorio sobre las tarifas de servicios públicos. El primer documento analiza el impacto de la suba promedio de 1000 por ciento en gas y 600 en electricidad el año pasado y proyecta los nuevos ajustes.
Los responsables del nuevo Observatorio de Tarifas durante el lanzamiento en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 por ciento respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 por ciento. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA). “La quita de subsidios prevista profundiza el shock tarifario eléctrico. Estas medidas tienen graves consecuencias sociales y económicas para el comercio y la industria. Una actualización de las tarifas no puede obviar el contexto socioeconómico”, advirtió ayer el director del flamante observatorio, Marcos Rebassa.
Durante su intervención, el especialista cuestionó que la transferencia de ingresos hacia las empresas petroleras y eléctricas no haya sido acompañada por inversiones y mejoras en la prestación de los servicios. Los investigadores del OTA antici |
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Los tarifazos sumarán otro ciento por ciento
La UMET presentó un nuevo observatorio sobre las tarifas de servicios públicos. El primer documento analiza el impacto de la suba promedio de 1000 por ciento en gas y 600 en electricidad el año pasado y proyecta los nuevos ajustes.
Los responsables del nuevo Observatorio de Tarifas durante el lanzamiento en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 por ciento respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 por ciento. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA). “La quita de subsidios prevista profundiza el shock tarifario eléctrico. Estas medidas tienen graves consecuencias sociales y económicas para el comercio y la industria. Una actualización de las tarifas no puede obviar el contexto socioeconómico”, advirtió ayer el director del flamante observatorio, Marcos Rebassa.
Durante su intervención, el especialista cuestionó que la transferencia de ingresos hacia las empresas petroleras y eléctricas no haya sido acompañada por inversiones y mejoras en la prestación de los servicios. Los investigadores del OTA anticiparon que los nuevos aumentos previstos por el Gobierno para los próximos dos años continuarán superando en magnitud a la evolución de los ingresos de los trabajadores. Antes de finalizar el año volverán a subir las tarifas del gas y la electricidad. Desde el observatorio advierten que las subas alcanzarían un 100 por ciento hacia finales del año próximo en ambos servicios sobre los valores actuales.
“La falta de razonabilidad y gradualidad en los tarifazos confirma la ausencia de sensibilidad y compromiso social de un Gobierno que inaugura una nueva categoría, la pobreza energética; como ya ocurre en otros rincones del mundo”, señaló el rector de la UMET, Nicolás Trotta. El trabajo del OTA detectó incrementos promedio de entre 600 y 1000 por ciento en las boletas de electricidad residenciales con picos que llegan hasta el 1700 por ciento. En tanto, en gas el aumento promedio fue del 600 por ciento. El observatorio impulsado desde la universidad cuenta con la participación del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), la Fundación Excelencia, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra). El lanzamiento del OTA contó con dos presentaciones de los ingenieros Andrés Repar y Nilda Minutti que apuntaron a echar luz sobre la composición y evolución de las tarifas de gas y electricidad. “En un momento en el que el Jefe de Gabinete declaró que ‘el tarifazo es una percepción subjetiva’ queremos presentar en forma sistemática los datos que demuestran el enorme impacto de las políticas tarifarias en los sectores populares”, expresó Trotta.
Los investigadores del OTA estimaron que los cambios en la política tarifaria representaron, en el caso del gas, una transferencia de ingresos de 2000 millones de dólares anuales desde los usuarios hacia las petroleras. “No solo no existía una crisis energética en el gas, sino que el subsidio a las petroleras no generó mayor producción a nivel nacional”, expresa uno de los documentos iniciales del observatorio coordinado por el periodista de PáginaI12 Martín Granovsky. Desde el OTA señalaron que las subas en la tarifa del gas continuarán escalando hasta que el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte alcance los 6,8 dólares por BTU en 2019. “Este valor es homicida para la industria y para inversiones futuras y surge de una visión unilateral y arbitraria del Ministerio de Energía y Minería en base a considerar un mercado interno que no existe pues es el Estado el que fija el precio del gas por resolución”.
El texto distribuido cuestiona el abandono del objetivo del autoabastecimiento energético. La meta establecida a partir de la recuperación del control de YPF fue reemplazada por la “seguridad energética” que, según indica el documento del OTA, “se parece más a la seguridad energética de Shell”. Por su parte, el titular de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y referente de la Corriente Federal, Carlos Minucci, consideró que “los aumentos de tarifas son una transferencia de riqueza abismal a los Joseph Lewis, Marcelo Midlin y Calcaterra que son, en realidad, Macri”.
El lanzamiento del OTA contó además con la presencia del directivo del Cepis, Mariano Lovelli, que el año pasado impulsó el reclamo ante la Corte Suprema por los tarifazos. Esa acción legal dio lugar a que el máximo tribunal exigiera al gobierno el cumplimiento de los criterios de gradualidad y razonabilidad a la hora de incrementar las tarifas. El documento no solo advierte sobre los aumentos futuros sino que cuestiona la reorientación de la política: “Los representantes de las empresas energéticas ocupan cargos de poder dentro de la estructura del Ministerio de Energía. Han tomado resoluciones para favorecer las transferencias de renta a sus ex empleadores”, sostienen.
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Los tarifazos sumarán otro ciento por ciento
La UMET presentó un nuevo observatorio sobre las tarifas de servicios públicos. El primer documento analiza el impacto de la suba promedio de 1000 por ciento en gas y 600 en electricidad el año pasado y proyecta los nuevos ajustes.
Los responsables del nuevo Observatorio de Tarifas durante el lanzamiento en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 por ciento respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 por ciento. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA). “La quita de subsidios prevista profundiza el shock tarifario eléctrico. Estas medidas tienen graves consecuencias sociales y económicas para el comercio y la industria. Una actualización de las tarifas no puede obviar el contexto socioeconómico”, advirtió ayer el director del flamante observatorio, Marcos Rebassa.
Durante su intervención, el especialista cuestionó que la transferencia de ingresos hacia las empresas petroleras y eléctricas no haya sido acompañada por inversiones y mejoras en la prestación de los servicios. Los investigadores del OTA anticiparon que los nuevos aumentos previstos por el Gobierno para los próximos dos años continuarán superando en magnitud a la evolución de los ingresos de los trabajadores. Antes de finalizar el año volverán a subir las tarifas del gas y la electricidad. Desde el observatorio advierten que las subas alcanzarían un 100 por ciento hacia finales del año próximo en ambos servicios sobre los valores actuales.
“La falta de razonabilidad y gradualidad en los tarifazos confirma la ausencia de sensibilidad y compromiso social de un Gobierno que inaugura una nueva categoría, la pobreza energética; como ya ocurre en otros rincones del mundo”, señaló el rector de la UMET, Nicolás Trotta. El trabajo del OTA detectó incrementos promedio de entre 600 y 1000 por ciento en las boletas de electricidad residenciales con picos que llegan hasta el 1700 por ciento. En tanto, en gas el aumento promedio fue del 600 por ciento. El observatorio impulsado desde la universidad cuenta con la participación del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), la Fundación Excelencia, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra). El lanzamiento del OTA contó con dos presentaciones de los ingenieros Andrés Repar y Nilda Minutti que apuntaron a echar luz sobre la composición y evolución de las tarifas de gas y electricidad. “En un momento en el que el Jefe de Gabinete declaró que ‘el ta |
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La UMET presentó un nuevo observatorio sobre las tarifas de servicios públicos. El primer documento analiza el impacto de la suba promedio de 1000 por ciento en gas y 600 en electricidad el año pasado y proyecta los nuevos ajustes.
Los responsables del nuevo Observatorio de Tarifas durante el lanzamiento en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 por ciento respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 por ciento. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA). “La quita de subsidios prevista profundiza el shock tarifario eléctrico. Estas medidas tienen graves consecuencias sociales y económicas para el comercio y la industria. Una actualización de las tarifas no puede obviar el contexto socioeconómico”, advirtió ayer el director del flamante observatorio, Marcos Rebassa.
Durante su intervención, el especialista cuestionó que la transferencia de ingresos hacia las empresas petroleras y eléctricas no haya sido acompañada por inversiones y mejoras en la prestación de los servicios. Los investigadores del OTA anticiparon que los nuevos aumentos previstos por el Gobierno para los próximos dos años continuarán superando en magnitud a la evolución de los ingresos de los trabajadores. Antes de finalizar el año volverán a subir las tarifas del gas y la electricidad. Desde el observatorio advierten que las subas alcanzarían un 100 por ciento hacia finales del año próximo en ambos servicios sobre los valores actuales.
“La falta de razonabilidad y gradualidad en los tarifazos confirma la ausencia de sensibilidad y compromiso social de un Gobierno que inaugura una nueva categoría, la pobreza energética; como ya ocurre en otros rincones del mundo”, señaló el rector de la UMET, Nicolás Trotta. El trabajo del OTA detectó incrementos promedio de entre 600 y 1000 por ciento en las boletas de electricidad residenciales con picos que llegan hasta el 1700 por ciento. En tanto, en gas el aumento promedio fue del 600 por ciento. El observatorio impulsado desde la universidad cuenta con la participación del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), la Fundación Excelencia, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra). El lanzamiento del OTA contó con dos presentaciones de los ingenieros Andrés Repar y Nilda Minutti que apuntaron a echar luz sobre la composición y evolución de las tarifas de gas y electricidad. “En un momento en el que el Jefe de Gabinete declaró que ‘el tarifazo es una percepción subjetiva’ queremos presentar en forma sistemática los datos que demuestran el enorme impacto de las políticas tarifarias en los sectores populares”, expresó Trotta.
Los investigadores del OTA estimaron que los cambios en la política tarifaria representaron, en el caso del gas, una transferencia de ingresos de 2000 millones de dólares anuales desde los usuarios hacia las petroleras. “No solo no existía una crisis energética en el gas, sino que el subsidio a las petroleras no generó mayor producción a nivel nacional”, expresa uno de los documentos iniciales del observatorio coordinado por el periodista de PáginaI12 Martín Granovsky. Desde el OTA señalaron que las subas en la tarifa del gas continuarán escalando hasta que el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte alcance los 6,8 dólares por BTU en 2019. “Este valor es homicida para la industria y para inversiones futuras y surge de una visión unilateral y arbitraria del Ministerio de Energía y Minería en base a considerar un mercado interno que no existe pues es el Estado el que fija el precio del gas por resolución”.
El texto distribuido cuestiona el abandono del objetivo del autoabastecimiento energético. La meta establecida a partir de la recuperación del control de YPF fue reemplazada por la “seguridad energética” que, según indica el documento del OTA, “se parece más a la seguridad energética de Shell”. Por su parte, el titular de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y referente de la Corriente Federal, Carlos Minucci, consideró que “los aumentos de tarifas son una transferencia de riqueza abismal a los Joseph Lewis, Marcelo Midlin y Calcaterra que son, en realidad, Macri”.
El lanzamiento del OTA contó además con la presencia del directivo del Cepis, Mariano Lovelli, que el año pasado impulsó el reclamo ante la Corte Suprema por los tarifazos. Esa acción legal dio lugar a que el máximo tribunal exigiera al gobierno el cumplimiento de los criterios de gradualidad y razonabilidad a la hora de incrementar las tarifas. El documento no solo advierte sobre los aumentos futuros sino que cuestiona la reorientación de la política: “Los representantes de las empresas energéticas ocupan cargos de poder dentro de la estructura del Ministerio de Energía. Han tomado resoluciones para favorecer las transferencias de renta a sus ex empleadores”, sostienen.
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La UMET presentó un nuevo observatorio sobre las tarifas de servicios públicos. El primer documento analiza el impacto de la suba promedio de 1000 por ciento en gas y 600 en electricidad el año pasado y proyecta los nuevos ajustes.
Los responsables del nuevo Observatorio de Tarifas durante el lanzamiento en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri las boletas de gas y electricidad escalaron 1000 y 600 por ciento respectivamente como consecuencia de los sucesivos tarifazos mientras que la mejora promedio de los salarios a lo largo de los últimos 22 meses no superó el 60 por ciento. Los tarifazos no solo impactan sobre la capacidad de compra de los asalariados sino que la nueva política energética basada en la desregulación también representa un factor de riesgo para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Con ese diagnóstico y a la vera de una nueva rueda de aumentos en los principales servicios públicos, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzó el Observatorio de Tarifas (OTA). “La quita de subsidios prevista profundiza el shock tarifario eléctrico. Estas medidas tienen graves consecuencias sociales y económicas para el comercio y la industria. Una actualización de las tarifas no puede obviar el contexto socioeconómico”, advirtió ayer el director del flamante observatorio, Marcos Rebassa.
Durante su intervención, el especialista cuestionó que la transferencia de ingresos hacia las empresas petroleras y eléctricas no haya sido acompañada por inversiones y mejoras en la prestación de los servicios. Los investigadores del OTA anticiparon que los nuevos aumentos previstos por el Gobierno para los próximos dos años continuarán superando en magnitud a la evolución de los ingresos de los trabajadores. Antes de finalizar el año volverán a subir las tarifas del gas y la electricidad. Desde el observatorio advierten que las subas alcanzarían un 100 por ciento hacia finales del año próximo en ambos servicios sobre los valores actuales.
“La falta de razonabilidad y gradualidad en los tarifazos confirma la ausencia de sensibilidad y compromiso social de un Gobierno que inaugura una nueva categoría, la pobreza energética; como ya ocurre en otros rincones del mundo”, señaló el rector de la UMET, Nicolás Trotta. El trabajo del OTA detectó incrementos promedio de entre 600 y 1000 por ciento en las boletas de electricidad residenciales con picos que llegan hasta el 1700 por ciento. En tanto, en gas el aumento promedio fue del 600 por ciento. El observatorio impulsado desde la universidad cuenta con la participación del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), la Fundación Excelencia, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra). El lanzamiento del OTA contó con dos presentaciones de los ingenieros Andrés Repar y Nilda Minutti que apuntaron a echar luz sobre la composición y evolución de las tarifas de gas y electricidad. “En un momento en el que el Jefe de Gabinete declaró que ‘el tarifazo es una percepción subjetiva’ queremos presentar en forma sistemática los datos que demuestran el enorme impacto de las políticas tarifarias en los sectores populares”, expresó Trotta.
Los investigadores del OTA estimaron que los cambios en la política tarifaria representaron, en el caso del gas, una transferencia de ingresos de 2000 millones de dólares anuales desde los usuarios hacia las petroleras. “No solo no existía una crisis energética en el gas, sino que el subsidio a las petroleras no generó mayor producción a nivel nacional”, expresa uno de los documentos iniciales del observatorio coordinado por el periodista de PáginaI12 Martín Granovsky. Desde el OTA señalaron que las subas en la tarifa del gas continuarán escalando hasta que el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte alcance los 6,8 dólares por BTU en 2019. “Este valor es homicida para la industria y para inversiones futuras y surge de una visión unilateral y arbitraria del Ministerio de Energía y Minería en base a considerar un mercado interno que no existe pues es el Estado el que fija el precio del gas por resolución”.
El texto distribuido cuestiona el abandono del objetivo del autoabastecimiento energético. La meta establecida a partir de la recuperación del control de YPF fue reemplazada por la “seguridad energética” que, según indica el documento del OTA, “se parece más a la seguridad energética de Shell”. Por su parte, el titular de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y referente de la Corriente Federal, Carlos Minucci, consideró que “los aumentos de tarifas son una transferencia de riqueza abismal a los Joseph Lewis, Marcelo Midlin y Calcaterra que son, en realidad, Macri”.
El lanzamiento del OTA contó además con la presencia del directivo del Cepis, Mariano Lovelli, que el año pasado impulsó el reclamo ante la Corte Suprema por los tarifazos. Esa acción legal dio lugar a que el máximo tribunal exigiera al gobierno el cumplimiento de los criterios de gradualidad y razonabilidad a la hora de incrementar las tarifas. El documento no solo advierte sobre los aumentos futuros sino que cuestiona la reorientación de la política: “Los representantes de las empresas energéticas ocupan cargos de poder dentro de la estructura del Ministerio de Energía. Han tomado resoluciones para favorecer las transferencias de renta a sus ex empleadores”, sostienen.
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