Ninguna sorpresa en Cataluña. Todo coincide con las previsiones aproximadas que se habían hecho de la jornada. Joana Ortega, vicepresidenta del Gobierno catalán, desgranó a las 14.30 horas la participación que hasta las 13 horas: 1.142.910 personas, una cifra aceptable y que incluso puede considerarse un éxito.
Representa algo más del 20%, un porcentaje evidentemente inferior a cualquier comicio normal. En las últimas autonómicas, por ejemplo, el porcentaje de votantes en ese primer control era de casi un 30%, pero hay que tener en cuenta que la consulta catalana no es, por supuesto, una 'elección normal' y que, además, los comicios de 2012 batieron récord de participación.
El porcentaje de hoy, pues, se sitúa alrededor del de los ciudadanos que acudieron a refrendar el Estatuto de Autonomía en el año 2006. Pero, incluso en las últimas Europeas, que se caracterizan siempre por su baja participación, la primera oleada daba una cifra de participación del 25,26% del censo. En ambas votaciones, el grueso de participación se realizó en las últimas horas, en que se llegó a cotas alrededor del 48%.
Todo parece indicar que esta consulta seguirá esos patrones. Hace unas semanas, los impulsores del “proceso” admitían que un resultado por debajo de los dos millones de participantes sería un fracaso. Entre otras cosas, porque ese es el porcentaje de la población que vota a los partidos del bloque soberanista, a los que hay que añadir los ciudadanos arrastrados por la 'marea amarilla' en los últimos meses y los mayores de 16 años e inmigrantes que hoy sí han podido votar. Con la certeza de que muchos de que los que se desplazan hasta los colegios electorales -aunque no todos- son partidarios de la independencia, los ciudadanos encuadrados en esos segmentos son votos añadidos a los que eventualmente pudieran tener los tradicionales votantes de los partidos soberanistas.
Foto: Daniel Muñoz.
Bien es cierto, no obstante, que a éstos hay que restarles un porcentaje -pequeño- que corresponde a los miembros de UDC, que votarán sí a que Cataluña sea un Estado pero no a que sea un Estado independiente. Y algunos miembros de ICV, empezando por su líder, Joan Herrera, que se encuentran en la misma tesitura.
A pesar de estos buenos augurios, incluso el propio presidente Artur Mas dejó caer que una buena participación sería que acudiesen a las urnas 1,5 millones de personas. Esa benevolente cifra alejaría los fantasmas de cualquier depresión postconsulta con un resultado negativo. No hay duda de que 1,5 millones de votos es una cifra nada despreciable, pero después de poner tanta carne en el asador, los mismos miembros del bloque soberanista -que se jactan de tener casi los dos tercios de la cámara autonómica- consideran que una participación inferior a los dos millones no podría considerarse buena, aun cuando de cara a la galería sería considerada una gran victoria.
Eso porque los dos millones (aquellos que el propio Gobierno dice que participaron en la gran cadena humana del 11 de septiembre de 2013) apenas llegan al 36% del censo de la población a la que pretenden movilizar desde la Administración. Y si todo va según lo previsto, la participación final puede situarse incluso entre los 2,3 y 2,5 millones. Eso será, afirman desde las filas soberanistas, un éxito con mayúsculas, porque significaría lograr una asistencia a las urnas casi tan masiva como a la votación del Estatuto o a las elecciones europeas.
Un total de 1.977.531 catalanes habían depositado su voto en el proceso participativo del 9-N antes de las 18:00 horas, según ha comunicado la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega. Una cifra que por el momento no superaría al número total de votantes en el referendum del Estatut, que fue de 2.570.256 personas. En porcentaje sobre el padrón, la participación a dos horas del cierre de las urnas llegaría al 31,4%. En las últimas elecciones, las europeas, la participación a las 18:00 era del 35,4%.
A las 13:00 horas se había alcanzado el 1,1 millones de personas, después de que se registraran largas colas a pimera hora de la mañana en la mayoría de puntos de votación. Aunque la falta de un censo en este proceso no permite dar una proporción exacta de votantes, se pueden establecer diversas comparaciones. Así, en relación al censo de población que podía votar en las elecciones europeas de mayo, la cifra a esa hora representaría una participación del 21,23%.
Dado que en este proceso también pueden participar las personas migrantes empadronadas en Cataluña y los jóvenes a partir de 16 años, el padrón de población a partir de esa edad puede ser un referente más preciso que la comparación con las elecciones europeas. En este sentido, la cantidad de hipotéticos votantes crecería en un millón de personas y la participación hasta las 13 horas se quedaría en el 18,15%.
La jornada arrancado con largas colas
Catalunya ha despertado este domingo con la expectación de una jornada política excepcional. Los centros de votación del proceso participativo del 9-N han abierto con normalidad hacia las 9 de la mañana en todo el territorio catalán y las 6.695 mesas se han constituido sin incidencias. Enseguida se han ido formando las primeras colas de ciudadanos que deseaban depositar su voto en las urnas de cartón. El proceso se desarrolla hasta el momento sin noticias de los juzgados, después de que ayer la fiscalía solicitara que os Mossos identificaran a los responsables de la apertura de los locales de titularidad pública, una exigencia a la que el Govern reaccionó declarándose único responsable por la tarde. El Govern ha emitido el primer comunicado de la jornada pasadas las 10 de la mañana para informar de que no ha habido incidencias en ninguno de los 1.317 locales.
La única noticia en el terreno judicial la ha dado UPyD. El partido de Rosa Díez ha presentado una denuncia en un juzgado de Barcelona contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobediencia y prevaricación al celebrar la consulta pese a su suspensión. El partido ha reclamado al Ministerio Público que ordene a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al "desalojo y cierre" de los centros de votación habilitados "con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia" y detenga a los "autores y cooperadores necesarios" de esta consulta. Sin embargo, el juez consideró desproporcionada esta medida y rechazó la denuncia.
Las largas colas delante de los colegios han sido la imagen predominante por todo el territorio catalán. En el centro educativo de Vedruna, en el barrio barcelonés del Raval, los participantes llenaban las calles colindantes desde primera hora de la mañana. También en el colegio de La Salle, en Gràcia, medio centenar de personas esperaban delante de la puerta principal hasta un cuarto de hora antes de las 9, una cola que ha debido de recolocarse cuando las puertas que se han abierto han sido las laterales.
"Desde la carta del viernes no he recibido nada"
A pocos minutos de abrir el punto de votación del instituto XXV Olimpíada, en el barrio de Sants de Barcelona, el jefe de estudios del centro comentaba que no ha recibido ninguna orden por parte de la Administración o de los Mossos d'Esquadra. "Desde la carta del viernes no he recibido nada", aseguraba Narcís Fradera, en relación a la misiva de la Delegación del Gobierno en Catalunya que le alertaba de su deber de cumplir con la ley. Fradera se paseaba entre el trajín de voluntarios que copaban el comedor del instituto, ocupado por doce mesas de votación. Fuera, casi un centenar de personas hacía cola al grito de "votaremos", hasta que se han abierto las puertas y han empezado a desfilar los votantes.
Ha habido algunas dudas en este instituto sobre cómo se tenía que desarrollar el proceso de votación, con nerviosismo a pocos minutos de arrancar la jornada, pero en cuanto han empezado a entrar los participantes la votación ha sido fluida. A la entrada del instituto, destacaba otro punto de votación, en este caso para denunciar ante la ONU y el Parlamento Europeo la actitud del Gobierno español ante la reivindicación del derecho a decidir catalán.
El Gobierno español está dispuesto a negociar más autonomía económica y un mejor sistema de financiación para Cataluña si esa comunidad autónoma rechaza sus ambiciones independentistas, según ha asegurado el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, en una entrevista que ha concedido al diario 'Financial Times'.
A poco más de una semana del posible referéndum separatista catalán, este político español ha subrayado que la independencia significaría "un suicidio económico y financiero" para Cataluña, debido a que perdería un 30 % de su PIB y su crecimiento económico disminuiría en hasta un 30 %.
En concreto, Luis de Guindos harecordado que "Cataluña ya tiene un buen grado de autonomía", pero ha abierto la posibilidad a que, "una vez se abandonen los planes de independencia", los Gobiernos de España y de esa región conversen respecto a "una reforma en el sistema de financiación", entre otros aspectos.
Este ministro español también se ha referido al pacto fiscal que propuso quien fue presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, y rechazó negociar el Gobierno de Mariano Rajoy hace cinco años. De ha asegurado que la situación ha cambiado desde 2012, cuando España atravesaba una crisis, y la recuperación que ese país vive en estos momentos "abre nuevas oportunidades para la discusión".
Para finalizar, Luis de Guindos ha comparado el referéndum independentista de Cataluña con las consultas que celebró España durante la dictadura de Francisco Franco y ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy declaró ilegal ese proceso.
Baltalsar Garzón: “El problema es que el franquismo está sin resolver”
El magistrado califica la actuación de la Fiscalía de “altamente cuestionable” y reclama una solución política al conflicto
EFE, Córdoba
El magistrado Baltasar Garzón ha apuntado hoy, en la tercera edición del congreso “Sabiduría y Conocimiento” que organiza la Cadena Ser en Córdoba, que el origen del conflicto en Catalunya se remonta a que “el franquismo está sin resolver en España”.
El juez, que ha participado en una mesa debate sobre derechos humanos junto al secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha puesto de manifiesto la contradicción entre “una impunidad mantenida durante 80 años” por parte del Gobierno español con la “criminalización contra 700 alcaldes” llevada a cabo en Catalunya.
Para el magistrado, se trata de “una dinámica peligrosa” porque “la prohibición del derecho a manifestarse se va a hacer extensible a toda España”.
Garzón ha considerado que la situación actual de Catalunya está en “el primer estadio del conflicto” y ha realizado una comparación con las fases que se han ido sucediendo en el proceso de paz colombiano, donde ha actuado como mediador.
“La prohibición del derecho a manifestarsese va a hacer extensible a toda España”
BALTASAR GARZÓN
Así ha afirmado que “la acción represiva no nos dará la solución” porque “el recurso al Derecho Penal debería ser lo último a lo que acudir”. “La solución al conflicto catalán- ha agregado- tiene que venir de la política no de las decisiones judiciales”.
El magistrado considera que la base de la cuestión hay que buscarla, por una parte, en el recurso “oportunista de acudir al franquismo como justificación a la represión”, algo que, a su juicio, viene motivado “porque en España no se ha resuelto el tema del franquismo, a pesar de ser el segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzosas”.
Por otra parte, Garzón se ha planteado “qué hubiera ocurrido si PSOE y Podemos hubieran formado gobierno” en esta legislatura: “quizá no estaríamos en esta situación”, ha aseverado.
Sobre la constitucionalidad del referéndum, el juez ha considerado que “no es legal”, pero también ha apuntado que “ningún sistema es alterable” y que “las fronteras sólo fluctúan para la libre circulación de personas”.
Reconocer el problema, analizarlo y establecer criterios de “prudencia”, son las líneas que el magistrado ha considerado como vías para “solucionar la situación de Catalunya”.
Por su parte, Errejón se ha mostrado convencido de que a raíz de que “el PP tumbase el estatuto catalán en el Tribunal Constitucional (TC) se sembró una mayor separación entre Catalunya y España”.
“El referéndum del 1 octubre, si se llega a producir, no va a solucionar el conflicto en Catalunya”
ÍÑIGO ERREJÓN
El responsable de Análisis Estratégico de Podemos ha afirmado que “el referéndum del 1 octubre, si se llega a producir, no va a solucionar el conflicto en Catalunya” porque se trata de “una discusión identitaria y territorial”.
Por ello, ha defendido en el debate, donde también ha participado el escritor Manuel Rivas, que la solución pasa por “actualizar un modelo de país en el que nadie se pueda tirar nada en la cabeza”.
Todos los intervinientes han coincidido en la necesidad de “reflexión profunda”, “diálogo” y “toma de consciencia de la situación” como punto de partida para lograr resolver la situación de Catalunya.
Mañana será el turno de la ex ministra de Islandia Jóhanna Sigurõardóttir, del ex ministro de Educación español Ángel Gabilondo y el diplomático y experto en el Mundo Árabe Bernardino León, que en dos mesas debate abordarán cuestiones como la desigualdad social, los cambios demográficos y la mujer en la democracia.
Carles Puigdemont ha respondido a las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la declaración de la independencia de Cataluña.
Albert Gea / Reuters
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"Pides diálogo y te responden poniendo el [artículo] 155 sobre la mesa. Entendido", publicó el presidente del Gobierno catalán en su Twitter.
El Gobierno de España envió en la tarde de este miércoles el requerimiento formal a Carles Puigdemont, al amparo del artículo 155 de la Constitución, que incluye plazos para aclarar si hubo DUI y para rectificar en caso afirmativo.
El líder catalán, por su parte,ya recibió el requerimientoy expresó su intención de responder en tiempo y forma.
Mariano Rajoyconfirmó en el Pleno del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo ha activado el artículo 155 de la Constitución española al requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat "que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña".
Respecto a la oferta de diálogo de Puigdemont, el presidente recalcó que "se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, incluida la propia reforma de la Carta Magna", pero "no por la vía de la amenaza o los hechos consumados".
La aplicación del artículo 155
Incluido en el título VIII de la carta magna (sobre la organización territorial del Estado), el artículo 155 estable que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan", o "actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", el Gobierno podrá "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones" o "para la protección del mencionado interés general".
Sin embargo, tal y como lo señala la ley fundamental del Estado español, antes de adoptar cualquier medida, el Ejecutivo nacional tendrá que pedirle al presidente de esa comunidad que reconsidere su postura y vuelva al orden constitucional. El señalamiento no fija un plazo máximo para que este dé una respuesta.
En caso de que el requerimiento no sea atendido por el presidente regional, el Gobierno español podrá presentar ante el Senado una propuesta de medidas concretas para que la referida comunidad cumpla con sus obligaciones. Estas medidas deben ser aprobadas por mayoría absoluta de la Cámara Alta, tras un proceso de debate y enmiendas.
Por ello, en caso de que el Ejecutivo español active el artículo 155, Rajoy no necesitaría la aprobación del Congreso de los Diputados, donde dependería del apoyo de otras fuerzas, sino la del Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta. No obstante, tanto el Partido Socialista (PSOE) como Ciudadanos (C's) respaldan esta medida.
Una jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, ha dictaminado el ingreso en prisión sin fianza de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural —Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente—, dos organizaciones soberanistas catalanas.
Sánchez y Cuixart están acusados de sedición por su presunta implicación en los disturbios que tuvieron lugar el pasado 20 de septiembre, cuando sus organizaciones habrían incitado a los ciudadanos a concentrarse frente a la sede de la Consejería de Economía de Cataluña mientras las autoridades españolas registraban el lugar.
Esa magistrada ha acusado a ambos líderes de "promover" concentraciones masivas durante la acción de la Guardia Civil con el fin de proteger a los gobernantes catalanes, en lugar de realizar un llamamiento a celebrar una manifestación pacífica.
Por su parte, el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente de ese cuerpo de seguridad autonómico, Teresa Laplana, quedan en libertad provisional sin fianza, pero sometidos a medidas cautelares. A ambos les han impuesto comparecencias quincenales, les han retirado el pasaporte y les han prohibido salir de España.
En España, un delito de sedición es penado con entre 8 y 10 años de cárcel para "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores".
Para las "personas constituidas en autoridad", el artículo 545 del Código Penal prevé una pena de entre 10 y 15 años.
A los ciudadanos que cometan este tipo de delitos y cuyos casos no se refieren a los ya mencionados, se suele aplicar una pena de 4 a 8 años.