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General: SIGUE LA ARBITRARIEDAD EN LA JUSTICIA ARGENTINA
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| De: Ruben1919 (message original) |
Envoyé: 08/09/2017 13:30 |
El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de CFK y Héctor Timerman por firmar el memorándum con Irán
Una acusación que no tiene pruebas ni delito
El fiscal afirma que serían autores de encubrimiento agravado, al definir al ataque a la AMIA como un delito de lesa humanidad.
La causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner había sido archivada por inexistencia de delito.
Imagen: Joaquín Salguero
El Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo aprobación del Congreso. Fue ley. Nunca entró en vigencia porque el parlamento iraní no lo refrendó. Tampoco fue creada, por ende, su “comisión de la verdad”, que revisaría documentación de la causa AMIA. Jamás fueron levantadas ni alteradas las alertas rojas que pesan sobre los iraníes acusados del atentado. No existió intercambio comercial de grano por petróleo. A pesar de todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita afirma que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Canciller Héctor Timerman encubrieron a los sospechosos o por lo menos generaron las herramientas legales para intentar lograr su impunidad. Es más, afirma que serían autores del delito de encubrimiento agravado, al definir al ataque terrorista como un delito de lesa humanidad. Pidió que sean indagados, que se les inhiban todos sus bienes, se les quite el pasaporte y no puedan salir del país. Pollicita resucitó así la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir, pero le agregó algunos elementos de su cosecha, como un relato de supuestas negociaciones que define como secretas (aunque eran públicas), y multiplicó la lista de imputados, para incluir ahora al ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia y ex secretario del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, la ex funcionaria de Cancilleria Susana Ruiz Cerutti y la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Reflotó también las escuchas que había presentado Nisman con diálogos telefónicos entre personajes secundarios, como Luis D’Elía y Jorge Yussuf Khalil, que pretendían algún tipo de injerencia en la relación con Irán y ante el Gobierno pero no conseguían nada.
El punto de partida de Pollicita es la última moda en Comodoro Py: tratar como un delito a las políticas de gobierno. En este caso dice que existió un viraje en la posición del Poder Ejecutivo frente a la causa AMIA. Su planteo es que Néstor Kirchner nunca quiso un acercamiento con Irán y rechazaba sus propuestas. Que colaboraba sin interferir con la investigación e incluía en todo a los familiares de las víctimas. Pero cuestiona que con la ex presidenta comenzaron los acercamientos desde que introdujo la posibilidad de enjuiciar a los iraníes en un tercer país. Ella lo dijo en la ONU pero para Pollicita es lindante con el delito. Se basa en testimonios de los ex cancilleres de Kirchner, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Ambos, igual que Timerman habían analizado la opción del “tercer país”. Lo que surge en sus declaraciones es que el presidente se negaba a dialogar con Irán si no se hablaba de AMIA. “No se puede hablar de nada si no había colaboración judicial”, declaró Taiana, según cita el fiscal. Lo que sucedía es que los iraníes querían hablar de comercio, pero no del atentado. Con Timerman sí aceptaron tratar el tema y habilitar la indagatoria de sus sospechosos con el mecanismo del Memorándum. Pero según el fiscal se cambió la política para “avanzar en la ejecución de un plan de encubrimiento.”
Pollicita, como decía Nisman, sostiene que el memorándum se diseñó para asegurar la impunidad a los sospechosos iraníes. Dice que el objetivo era que finalmente “se brindarían los instrumentos adecuados” para que esas alertas “fueran removidas, suspendidas o morigeradas”. También que se plasmaba un acuerdo de intercambio de granos por petróleo, aunque es sabido que el petróleo iraní es incompatible con refinerías argentinas por su carga de azufre. No existió ni una cosa ni la otra. Sobre las alertas, en tres oportunidades el ex secretario de Interpol afirmó, incluso por escrito, que el gobierno argentino nunca quiso modificarlas. El juez federal Claudio Bonadio rechazó todos los pedidos para que Noble testifique.
Cuando el fiscal se refiere a una etapa de negociaciones secretas, alude a una supuesta reunión reservada de Timerman con el canciller iraní Alí Akbar Salehi en Alepo cuando viajó a Siria en enero de 2011 para tener un encuentro con el presidente Bashar Al Assad. El viaje fue público y también la reunión con el mandatario. Pero a través de su abogado, Alejandro Rúa, el ex canciller siempre negó una reunión en Alepo con su par iraní. Pollicita la toma como un hecho en base al testimonio del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad quien, curiosamente, no sólo no dijo eso sino que lo desmintió en Radio Mitre. Lo que había declarado era que otros funcionarios le habían comentado sobre un supuesto encuentro. El viaje no fue secreto, la reunión con el canciller iraní en Alepo nadie la vio y Timerman la niega. Pero para Pollicita es un hecho.
El fiscal se apoya también en la segunda declaración testimonial del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Stiuso, en la causa sobre la muerte de Nisman. En su primera declaración, Stiuso sabía poco y nada. La segunda duró nueve horas y sirvió para que la causa pase a Comodoro Py. Allí dijo que CFK en determinado momento ordenó que a Nisman no le dieran más información del caso AMIA y que no se buscara más nada que complicara a Irán. Declaró que se lo dijo Francisco Larcher, otro ex agente. Lo que no tuvo en cuenta el fiscal es que cuando Larcher fue a declarar desmintió a Stiuso. Para Pollicita vale igual.
Las escuchas que recupera el fiscal incluyen conversaciones donde se escucha a Luis D´Elía, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, el operador de la comunidad iraní Jorge Khalil, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia y el falso espía Allan Bogado. Pollicita dice que conformaban una suerte de “diplomacia paralela”, porque mientras le retaceaban información a Nisman, D’Elia se reunía con funcionarios de la Casa Rosada para avanzar en acuerdos con Irán. Eran canales “de comunicación y negociación, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. Pollicita tampoco ponderó que, por ejemplo, Kahlil maldecía a Timerman con frases como “judío de mierda” porque no accedía a lo que él esperaba. Ese grupo que podía tener algún interés afín con los iraníes, no tuvo ninguna injerencia en ninguna política o decisión de gobierno.
Los nuevos imputados que Pollicita quiere citar son Mena, la procuradora Abbona, la consejera legal de Cancillería Ruíz Cerutti, Luciano Tanto Clement, Holger Martinsen, y el ex viceministro Eduardo Zuain. Los imputa por reuniones sobre el Memorándum. En el caso de Mena, por ejemplo, por viajar a Estados Unidos a ver a Noble en Interpol. Era el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, pero para Pollicita era inapropiada su presencia.
Este expediente fue archivado dos veces por el juez Daniel Rafecas, quien afirmó que no había ningún delito que juzgar, porque nada sucedió, y lo mismo dijo la Cámara Federal (que incluso distinguió que el memorándum podía ser inconstitucional pero no un delito). Con el gobierno de Mauricio Macri la Cámara Federal de Casación Penal mandó a reabrir el caso.
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El Gobierno volvió a negar que el caso de Santiago Maldonado sea una desaparición forzada
Un encubrimiento a cara descubierta
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que como no se encontraron rastros de ADN de Santiago Maldonado en las camionetas de Gendarmería eso prueba la inocencia de la fuerza. El Gobierno le negó a la familia la posibildad de la intervención de la ONU.
“Esto despeja muy fuertemente las acusaciones de una desaparición forzada”, dijo ayer Patricia Bullrich.
Imagen: Sandra Cartasso
El Gobierno recayó nuevamente en su decisión de negar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esta semana reingresó en escena la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que habían retirado de las cámaras luego de que se descartara la versión del puestero. En los últimos días, los funcionarios insistieron con la importancia de los exámenes de ADN que se estaban haciendo sobre las camionetas y los materiales extraídos de los allanamientos a los escuadrones de Gendarmería. Cuando ayer se conoció que había dado negativa la compatibilidad con el perfil genético de los Maldonado, la ministra de Seguridad se apresuró a afirmar: “Esto despeja muy fuertemente las acusaciones de una desaparición forzada”. Desde los organismos de derechos humanos recordaron que las camionetas fueron manipuladas por los gendarmes. “El resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Absolutamente ninguna. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas”, advirtió José Schulman, de Liga Argentina por los Derechos de Hombre (LADH). Desde el Gobierno le negaron a la ONU la posibilidad de abrir una comisión especial por Maldonado.
Ante el caso Maldonado, el Gobierno viene probando todas las versiones posibles: fomentó la idea de que un puestero había acuchillado a Maldonado y este había sido escondido por la RAM (esa entidad que el oficialismo agita). La versión la sostuvieron pese a una sucesión de testimonios y hasta videos que la desmentían, dado que lo mostraban a Maldonado sano y salvo después de la cuchillada. Pero el Gobierno solo acusó recibo cuando un examen de ADN descartó esa versión. En ese momento, retiraron de la escena a Patricia Bullrich, quien había hecho una defensa a ultranza de la Gendarmería y había sostenido que les creía cuando decían que no habían hecho nada.
Con el paso de los días, luego de cuestionar la credibilidad de los testigos que más comprometían a los gendarmes y sugerir que Maldonado podría estar escondido en alguna parte, comenzaron a instalar la idea de que podía haber uno de ellos que hubiera cometido un “exceso”. La versión se corporizó cuando entregaron al juez una lista de gendarmes que se encontraban en la zona del río. E hicieron trascender que le apuntaban a uno de esos gendarmes, que podría haber actuado en medio de una suerte de emoción violenta. A diferencia de la hipótesis de que se lo llevó la Gendarmería, el Gobierno no ha dado a conocer testigos ni pruebas materiales que apoyen esta especulación. Además, el CELS denunció ayer que los testimonios de gendarmes que aportaron a la causa ya los tenía el 16 de agosto y recién los sumaron al expediente el 10 de septiembre, sin que exista una justificación para esa tardanza (ver aparte).
En los últimos días, los funcionarios macristas volvieron sorpresivamente a señalar que el presidente Mauricio Macri consideraba una cuestión clave los exámenes de ADN de las muestras genéticas que extrajeron de los regimientos y las camionetas. “Esta es una prueba central y casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastantes sospechados”, afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, antes de que se hiciera público el resultado negativo de las pericias. Como adelantó PáginaI12 en su edición de ayer, esto era el paso previo para sostener que sin material genético en las camionetas, quedaba totalmente descartado que lo hayan trasladado en esos vehículos. En rigor, existen diversas formas de evitar que queden muestras genéticas o de limpiarlas con químicos, por lo que en una investigación normal un resultado negativo no descartaría esa línea de investigación, mientras que un resultado positivo lógicamente la hubiera confirmado.
No es ése el razonamiento que buscó instalar el oficialismo. En un breve contacto con la prensa, la ministra de Seguridad sostuvo: “Hoy lo más importante de la causa Maldonado es que la prueba de ADN dio negativa en las camionetas y aleja la hipótesis de un plan sistemático. Es para nosotros fundamental, muy profundo y muy importante: todos los ADN han dado negativo en todos los transportes de la Gendarmería”, remarcó Bullrich. “No quiero hacer una lectura... dio negativo. Es muy importante. Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada y nos abre ventanas a otras hipótesis que siempre hemos planteado”, sostuvo. Luego se retiró sin contestar más preguntas.
La ministra de Seguridad decidió así pasar por alto que el defensor oficial Fernando Machado había denunciado que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran las muestras. Incluso había señalado que las fajas de seguridad de una puerta estaban rotas. El juez Guido Otranto, no obstante, no hizo lugar a su planteo: sostuvo que eso no era así y avanzó con los análisis de ADN, que dieron finalmente negativo.
En Balcarce 50, insistían ayer con que esto descartaba en forma definitiva la posibilidad de un traslado del cuerpo fuera de la Pu Lof. Un funcionario del Ministerio de Seguridad sostuvo ante este diario que no era posible que hubieran borrado las huellas. “Si las hubieran borrado, no se hubiera encontrado ningún material genético. Si lavaron las camionetas, ¿cómo es que se encontraron cabellos y otras evidencias para analizar?”, argumentaba. También volvió a desacreditar al testigo Matías Santana, quien aseguró que vio como se llevaban a Maldonado. “Confunde los camiones. No es creíble”, remarcó.
“El resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Absolutamente ninguna. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas”, advirtió José Schulman, de Liga Argentina por los Derechos de Hombre (LADH). “Mientras tanto, Santiago Maldonado sigue desaparecido y el Gobierno sigue encubriendo. Y el encubrimiento es generar una versión falsa de lo ocurrido. La versión de que un gendarme se enojó, no quería pero lo golpeó y se cayó al río puede estar preparando algún hallazgo macabro”, advirtió Schulman sobre el rastrillaje en el río Chubut.
En línea con su posición de que no existió una desaparición forzada –que no es sinónimo de un plan sistemático– el Gobierno rechazó ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) la posibilidad de crear una comisión que se ocupe de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El encargado de transmitirles la negativa a la ONU fue nada menos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se reunió con el delegado de Acnudh para América Latina, Américo Incalcaterra. Peña sostuvo que no coincidían con la advertencia que les hizo la ONU a la Argentina por la “falta de progreso” en la causa judicial y las ratificó que no iba a crearse ninguna comisión porque la investigación debe llevarla adelante el juez. Le propuso seguir con el diálogo. Se aclaró a la prensa que todo fue expresado con mucha “cordialidad”. Luego, Incalcaterra se comunicó con la familia de Maldonado para informarles de la respuesta negativa del Gobierno a abrir otra vía para esclarecer la desaparición de Santiago Maldonado.
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Tres efectivos de la Gendarmería declararon ante el juez Guido Otranto
El libreto de los gendarmes
Los uniformados, que declararon como testigos, aseguraron que el gendarme Neri Armando Robledo había herido con un piedrazo a uno de los manifestantes. “Nadie manifestó (ese día) que le habían pegado un piedrazo”, dijo Matías Santana.
Uno de los gendarmes entra tapando su rostro al juzgado federal de Esquel.
Imagen: Télam
Cuantos más elementos pretende mostrar el Gobierno como “aportes” al esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, queda en evidencia con mayor claridad hasta qué punto el Estado administrado por Cambiemos adoptó una actitud encubridora de los gendarmes desde el minuto cero. La justicia federal comenzó a interrogar como testigos a los uniformados, quienes dicen haber escuchado que uno de sus pares hirió a uno de los “encapuchados” en alusión a los mapuches reprimidos en la Pu Lof de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto. Además, ayer los funcionarios macristas hicieron ostentación de los documentos que entregaron el domingo al juez federal Guido Otranto, que describen, desde el punto de vista de la Gendarmería, lo que pasó ese día. Son las actuaciones internas con las que determinó que no hubo ningún episodio de violencia institucional y cuyas conclusiones estaban ya en manos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando se presentó en la Cámara alta el 16 de agosto.
“Esto muestra que el Ministerio de Seguridad, en lugar de colaborar con una investigación que pueda encontrar a Santiago Maldonado y explicar lo que pasó, continúa especulando con la información. Este proceder es gravísimo y el ministerio debe dar explicaciones urgentes sobre por qué recién ahora aportó este conjunto de entrevistas con información clave para la investigación”, enfatizó Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querellante en la causa. “Esta información fue recolectada el 16 de agosto, el mismo día que (Patricia) Bullrich mintió en el Senado y ya la tenían cuando el Poder Ejecutivo le presentó un informe al Comité de Desaparición Forzada de la ONU en el cual negaron cualquier tipo de participación de Gendarmería en el hecho”, agregó.
Los gendarmes Walter Ruiz Díaz, César Peralta y Juan Carlos Pelozo declararon ante el juez Guido Otranto durante varias horas pero tuvieron que aguardar hasta la tarde para salir porque en la puerta un grupo de manifestantes se había convocado para repudiarlos, lo que generó un enorme operativo de policías provincial y Federal. No se salieron del libreto que ya habían contado los primeros días ante Daniel Barberis, a cargo de la dirección de Violencia Institucional del ministerio de Seguridad, y quien dio por cerrada el 16 toda sospecha sobre la fuerza. Peralta y Ruíz Díaz relataron que estaban en una cocina de campaña en los cruces de las rutas 40 y ex 70, y ahí escucharon que el gendarme Neri Armando Robledo había herido con un piedrazo a uno de los manifestantes. “No vieron al que habría recibido la herida, estaban sirviendo el almuerzo en un Unimog”, dijeron a Páginal12 allegados al juzgado. En tanto, Pelozo dijo que se acercó al río, describió cómo ingresaron al predio recuperado por los mapuches por orden del comandante Pablo Escola “para tratar de que dejen de tirarles piedras”, mientras algunos de los perseguidos cruzaban el río y se iban a caballo. Según pudo saber este diario, Robledo no será llamado como testigo a la espera de que la fiscal federal Silvina Ávila evalúe si lo cita a indagatoria. También circuló otro nombre como el “elegido” a entregar como autor material, algo que podría quedar más claro las próximas declaraciones de otros gendarmes.
El lunes, en el sumario interno, Robledo había asegurado que formó parte de un grupo de ocho uniformados que llegó hasta el río y que le pegó un piedrazo a un hombre que estaba “a unos 30 metros” y que cruzó a la otra orilla, desde donde lo insultó. “Era una persona robusta y de casi dos metros de altura”, dijo Robledo. El Cels sostuvo que van a analizar las declaraciones testimoniales y las afirmaciones que hicieron los gendarmes para determinar si hay contradicciones y si tienen consistencia.
El nuevo intento de encaminar la investigación hacia un homicidio culposo y, al mismo tiempo, alejarla de la desaparición forzada cosechó también el repudio del hermano de Santiago, Sergio Maldonado. “No son tres gendarmes, son todos culpables, incluyendo a la ministra (Patricia) Bullrich”, dijo desde Rosario, donde participó de unas jornadas de derechos humanos en la facultad de Psicología, junto a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “Es una falta de respeto minimizar en que fue un gendarme que tiró una piedra, y seria muy triste que esto termine con tres perejiles cuando acá actuó Benetton, (Pablo) Durán por la provincia de Chubut, y (Pablo) Noceti por la Nación, insistimos que esto sucedió en un contexto en el que somos hostigados, reprimidos y encarcelados, no es casual, iban a la caza de mapuches, por algo Noceti estuvo reunido el día anterior”, dijo la testigo Soraya Maicoño, en alusión a la reunión de autoridades policiales, provinciales y de Gendarmería en Bariloche el 31 de julio. La versión del “piedrazo” fue desmetida por otro testigo que ya declaró en la causa. “Ninguno manifestó que le habían pegado un piedrazo, no hubo heridos, solo algunos tenían perdigones en las piernas”, dijo Matías Santana, quien declaró cómo la Gendarmería se llevaba a Maldonado en una de sus camionetas.
El juzgado federal de Esquel informó ayer que las muestras genéticas tomadas de los vehículos de la Gendarmería y del escuadrón de El Bolsón no son compatibles con el ADN extraído de los padres y hermano de Santiago Maldonado. En el mismo comunicado Otranto aclaró que está pendiente el peritaje del Unimog del escuadrón 37 José de San Martín. Ese camión, como así también la participación de efectivos de esa unidad, no estaba en los datos informados por Gendarmería en respuesta al juez, y fue a partir de que una de las partes detectó la patente en una foto que Otranto ordenó un tardío rastrillaje en ese lugar.
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Lo que decía Patricia Bullrich días antes de la desaparición de Maldonado
Mano dura para "ordenar" el país
La ministra de Seguridad aseguró no tener problemas en pagar el costo del uso de la fuerza para poner en orden "un país que estaba dado vuelta". "No hay que pensar en las consecuencias", afirmó.
Veinte días antes de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Esquel, donde fue visto por última vez Santiago Maldonado y donde ahora desde el Ministerio de Seguridad reconocen que por lo menos dos efectivos hirieron a algún manifestante, la ministra Patricia Bullrich reconoció que estaba dispuesta a pagar las consecuencias por el uso de la fuerza de los efectivos bajo su orden con tal de "ordenar" el país.
“No hay que estar pensando en las consecuencias” y “Yo tengo que actuar”, fueron las respuestas de la ministra de Seguridad cuando le preguntaron si era consciente de la gravedad que implicaba que a algún uniformado “se le pase la mano” y mate “a alguien del otro lado”. Bullrich no vaciló en responder de esta manera a la pregunta que le hizo Alejandro Fantino, en su programa Animales Sueltos, el 13 de julio pasado.
La ministra afirmó también que estaba dispuesta a pagar el costo por la actuación de los gendarmes para “ordenar un país que estaba dado vuelta”. Sorprendido con la respuesta, hasta el propio conductor del programa le contestó que es “peligroso” que piense así.
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Zaffaroni alertó que está en riesgo la imparcialidad judicial
"Es un Estado con una impronta totalitaria"
El ex juez de la Corte Suprema denunció que a Alejandra Gils Carbó la sacaron del cargo "mediante un procedimiento mafioso", condenó que "haya presos polÍticos en la Argentina" y resaltó que "se sigue encubriendo el asesinato de Santiago Maldonado".
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni denunció que en el país hay un “Estado con impronta totalitaria” y advirtió que desapareció la “imparcialidad en amplios sectores del Poder Judicial”. Al referirse a la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a los casos de “presos políticos” como Milagro Sala y a la “regresión” de la Corte por muchos de sus fallos, alertó que “nos estamos acercando cada vez más a un Estado policía, en el que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda”.
Zaffaroni manifestó que a Gils Carbó la sacaron del cargo “mediante un procedimiento mafioso” y que ella decidió renunciar porque ella fue “víctima de un hostigamiento permanente”. En ese sentido, detalló que sobre ella recayeron “falsas denuncias”, “amenazas insólitas” como que puede ser removida por decreto sin necesidad de un juicio político y “un proyecto de ley que amenazaba con terminar directamente con la autonomía judicial del Ministerio Público”.
El ex juez de la corte aclaró que Gils Carbó renunció por todos estos episodios, pero sobre todo, “para evitar el desmantelamiento del ministerio”. “En este caso no va a ser importante saber a quién se investiga porque el próximo ministerio va a decidir a quien no se investiga”, advirtió Zaffaroni en diálogo con Radio Cooperativa, al enumerar las denuncias por “las cuentas offshore que salen a relucir” y “la tentativa de autoimpunidad por la quiebra del Correo Argentino”.
En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la reforma judicial anunciada ayer por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner y opinó que representa “la frutilla de un postre envenenado” porque hace un tiempo que hay un sector del Poder Judicial que “se presta a un revanchismo que no tiene precedentes desde 1955 hasta la fecha”.
“Tenemos presos políticos sin que la Corte Suprema haga nada, el asesinato de Santiago Maldonado se sigue encubriendo, se amenaza con revisar sentencias definitivas por crímenes de lesa humanidad, se persigue a los jueces díscolos, se reclaman descaradamente jueces propios, cosa que jamás había dicho ningún ejecutivo”, puntualizó Zaffaroni.
Luego se refirió concretamente al caso de Julio De Vido, a quien le quitaron los fueros para poder detenerlo el miércoles pasado en medio de un show mediático inigualable frente a su departamento. Destacó que tanto De Vido como Milagro Sala “son presos políticos, que sufrieron detenciones arbitrarias y selectivas”. “Si De Vido incurrió en algún delito hay que investigarlo, se lo absolverá o se lo condenará pero mantener a una persona en prisión preventiva con el argumento de que puede dificultar la investigación es una excusa”, detalló.
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