¿Qué pasa con la ley de medios en Argentina ? - CUBA POR SIEMPRE CUBA

Noelia Depaoli y Leticia Garziglia se preguntan qué pasa con la ley de medios, resumen las decisiones que el Gobierno ha tomado desde que asumió y presentan un nuevo proyecto de ley de convergencia.

Una pregunta que muchos se hacen pero pocos pueden responder. Y esto no es casual. Desde diciembre de 2015 cuando miles de personas se manifestaron frente al Congreso para repudiar la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, poco se supo del tema hasta estos días. Y no es que no haya sucedido nada. Es que a los medios hegemónicos no les resulta conveniente poner el tema en agenda.

En estos 18 meses, distintos decretos fueron modificando la norma y, sumados a otras medidas, marcaron la orientación de las políticas comunicacionales del macrismo.

Una de las primeras modificaciones fue el decreto 267, con el que se favoreció la concentración del mapa mediático. Amplió la cantidad de licencias por licenciatario, permitió su transferencia, extendió las prórrogas y autorizó la conformación de redes. Derogó además el artículo 161 -judicializado por Clarín pero finalmente avalado por la Corte- dando la opción a las empresas de medios a que se adecuen o no a la ley.

En marzo de 2016, el Gobierno conformó una comisión para la redacción de un anteproyecto de ley regulatorio de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, que unificara las leyes 26.522 y 27.078. El plazo de 180 días para su presentación no se cumplió y un año después, sin noticias al respecto, fue prorrogado por 180 días más. Cumplido ese período, el Congreso estará cerrando el año legislativo; es decir que el tema quedará, con suerte, para 2018.

“Mientras el Gobierno dice que sus medidas son transitorias, los decretos generan condiciones permanentes de concentración”, decía Santiago Marino, investigador de la UBA y UNQ, durante el “microfonazo” que llevaron a cabo el 11 de mayo los medios comunitarios. Por ejemplo, una empresa estadounidense ya compró Telefe y sus repetidoras en todo el país.

Otras medidas implementadas por el macrismo incluyen: la exclusión de Telesur de la grilla de canales, la rescisión de Fútbol para Todos, el llamado decreto “telcos” que autoriza el “cuádruple play”, la resolución 2064 que especifica el área estatal a cargo de decomisar radios, el cambio de dependencia de las señales educativas y culturales (Encuentro, Pakapaka) que tienen ahora mayor injerencia del Ejecutivo.

Cabe mencionar además, acciones y omisiones que no pasaron por el Boletín Oficial pero afectan directamente a la democracia comunicacional. La mayor omisión es la que deriva directamente en la asfixia económica del sector sin fines de lucro. El Estado adeuda el dinero de los Fondo de Fomento Concursables de 2015, no dio a conocer los ganadores de 2016 y no abrió las líneas 2017. Por otro lado, a varios medios les rechazaron la solicitud de licencias sin argumentos sólidos, otros fueron decomisados y sus comunicadores perseguidos.

La concepción de lucro que subyace a estas acciones se encarna en sus consecuencias: desde 2018, Telefónica ofrecerá todos los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, mientras Clarín ya compró Nextel y puede vender telefonía móvil en 4G.

No consideramos que las dilaciones del oficialismo sean casuales. “La mejor ley es la que no existe”, decía hace unos meses el ministro Aguad. Frente a este vacío, un grupo de investigadores –entre ellos Guillermo Mastrini y Martín Becerra– redactó e impulsó un proyecto integral de ley de Comunicaciones Convergentes, presentado por el Partido Socialista el pasado 18 de mayo. Su espíritu es democratizante, desconcentrador y respeta el derecho a la libertad de expresión. Unifica la regulación de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones y tiene en cuenta las de- sigualdades en los planos sociales, políticos y geográficos.

Entre otras cosas, el proyecto limita la cantidad de licencias y prevé que las telefónicas no puedan prestar servicios de comunicación audiovisual por vínculo radioeléctrico, limitando la concentración. Además, se plantean mecanismos de actualización que acompañen la evolución de las tecnologías ya que, según expresó Becerra, “toda ley nace rezagada en esta materia”. Se puede acceder al proyecto y realizar aportes ingresando a www.cemupro.com.ar.

* Comunicadoras, integrantes de Radio Sur FM 88.3

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni denunció que en el país hay un “Estado con impronta totalitaria” y advirtió que desapareció la “imparcialidad en amplios sectores del Poder Judicial”. Al referirse a la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a los casos de “presos políticos” como Milagro Sala y a la “regresión” de la Corte por muchos de sus fallos, alertó que “nos estamos acercando cada vez más a un Estado policía, en el que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda”.

Zaffaroni manifestó que a Gils Carbó la sacaron del cargo “mediante un procedimiento mafioso” y que ella decidió renunciar porque ella fue “víctima de un hostigamiento permanente”. En ese sentido, detalló que sobre ella recayeron “falsas denuncias”, “amenazas insólitas” como que puede ser removida por decreto sin necesidad de un juicio político y “un proyecto de ley que amenazaba con terminar directamente con la autonomía judicial del Ministerio Público”.

El ex juez de la corte aclaró que Gils Carbó renunció por todos estos episodios, pero sobre todo, “para evitar el desmantelamiento del ministerio”. “En este caso no va a ser importante saber a quién se investiga porque el próximo ministerio va a decidir a quien no se investiga”, advirtió Zaffaroni en diálogo con Radio Cooperativa, al enumerar las denuncias por “las cuentas offshore que salen a relucir” y “la tentativa de autoimpunidad por la quiebra del Correo Argentino”.

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la reforma judicial anunciada ayer por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner y opinó que representa “la frutilla de un postre envenenado” porque hace un tiempo que hay un sector del Poder Judicial que “se presta a un revanchismo que no tiene precedentes desde 1955 hasta la fecha”.

“Tenemos presos políticos sin que la Corte Suprema haga nada, el asesinato de Santiago Maldonado se sigue encubriendo, se amenaza con revisar sentencias definitivas por crímenes de lesa humanidad, se persigue a los jueces díscolos, se reclaman descaradamente jueces propios, cosa que jamás había dicho ningún ejecutivo”, puntualizó Zaffaroni.

Luego se refirió concretamente al caso de Julio De Vido, a quien le quitaron los fueros para poder detenerlo el miércoles pasado en medio de un show mediático inigualable frente a su departamento. Destacó que tanto De Vido como Milagro Sala “son presos políticos, que sufrieron detenciones arbitrarias y selectivas”. “Si De Vido incurrió en algún delito hay que investigarlo, se lo absolverá o se lo condenará pero mantener a una persona en prisión preventiva con el argumento de que puede dificultar la investigación es una excusa”, detalló.