El informe, titulado 'Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres', revelapor primera vez la existencia de una maniobra para asesinar a la lideresa hondureña, fraguada en noviembre de 2015, con la finalidad de silenciar su reclamo contra la construcción de una hidroeléctrica que afectaría al medio ambiente.
Los datos obtenidos por los expertos permitieron determinar, además, que hubo un intento de asesinato previo entre los días 5 y 6 de febrero del 2016, y que fue abortado por cuestiones logísticas.
Los miembros del GAIPE, utilizando "la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público", lograron establecer que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres "coincide con movilizaciones" convocadas por las comunidades indígenas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), opuestos al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA.
Datos constatados
Para llegar a estas conclusiones, el GAIPE analizó más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, 'chats', mensajes de texto, reportes de sistemas de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) y correos electrónicos, "extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal", reza el texto.
El grupo de expertos, conformado por dos estadounidenses, dos colombianos y un guatemalteco, analizó el "contexto y el operativo que condujo al asesinato", así como "las conexiones detrás del crimen", "las responsabilidades de quienes están siendo procesados" y otros aspectos omitidos en la investigación de la fiscalía, detalla el informe.
Control estatal
El problema para llegar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, no solo reside en la Fiscalía, explicó a RT el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. "Lo que no permite que se aclare el delito del vil asesinato de Berta, es que en Honduras no hay independencia de poderes", asegura.
Según Zelaya, el actual presidente de esta nación centroamericana "concentra y controla todas las instituciones de forma casi absoluta", incluidos los medios de comunicación, "comerciales y estatales y las cúpulas de las dos principales iglesias".
El informe del GAIPE, opina el hoy diputado, tiene la virtud de permitir "identificar los cuellos de botella" de la investigación, aunque considera que el proceso legal debe ser concluido.
En la mira
Desde el 28 de junio de 2009, fecha en la que se ejecutó el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, organizaciones de derechos humanos denuncian el asesinato de líderes sociales y activistas políticos que condenaron y protestaron la salida abrupta del gobierno constitucional.
"Al menos 109 activistas han sido asesinados entre 2010 y 2015", mientras "Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente", según el último recuento de este tipo de crímenes publicado por COPINH.
Carlos Reina, miembro de la Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) declaró a RT desde Honduras que "nada ha cambiado desde 2009" en lo que se refiere a las amenazas para quienes se oponen al actual régimen.
En este sentido, "la persecución a los opositores al golpe de Estado, continúa", asegura Reina, que denuncia la extensión de los hostigamientos "a la prensa y a los juzgados".
El expresidente Zelaya, por su parte, estima que todo ese panorama ocurre porque "las leyes que hoy rigen en Honduras, son promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el comando militar de EE.UU." .
La institucionalidad erigida tras el golpe de Estado consiguió que "las víctimas de aquel golpe militar seamos los perseguidos", mientras los golpistas "están protegidos y otros ostentan el poder político, entre ellos, el actual presidente [Juan Orlando Hernández]".
Ernesto J. Navarro
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