Las críticas contra la gestión que hace el Gobierno de España de la crisis catalana se acumulan y llegan desde diversos frentes. Al estupor internacional que causaron las imágenes de la represión policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, y a la dureza con la que el Gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española, se suma ahora la consternación por el encarcelamiento de ocho exmiembros del cesado Gobierno catalán.
Así, el conjunto de medidas tomadas por el Estado español, tanto desde el Ejecutivo como desde la Audiencia Nacional, ha promovido en el extranjero un serio cuestionamiento acerca de la salud de la democracia española. Muestra de ello es este tuit de un programa de la radiotelevisión pública británica BBC, que pregunta a sus usuarios si están de acuerdo en que "España se está comportando como un estado fascista", tras aludir a la prisión incondicional de los 8 exconsejeros catalanes.
"Creo que los catalanes tienen un derecho democrático básico a decidir si quieren un Estado independiente o no", explicó Jones.
Una violación del Estado de Derecho
Una de las críticas más contundentes y mejor articuladas que ha recibido el Estado español por su gestión del problema catalán tiene forma de carta abierta, firmada por un grupo de 188 personas –entre las que hay académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo– y remitida a dos de las máximas autoridades de la Unión Europea: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Publicada inicialmente en el portal 'Open Democracy', la misiva pretende expresar la "preocupación" por la manera en que España, como Estado Miembro de la UE, está procediendo frente al independentismo catalán: "constituye una violación del Estado de Derecho", afirma el documento.
El texto critica duramente el arresto y encarcelamiento de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana y òmnium Cultural), calificándolo de "error judicial", y arremete también contra la actuación policial el día del referéndum.
Por todo ello, denuncian que "el Gobierno español, en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del Estado y la indivisibilidad de la nación, ha violado las libertades y derechos básicos garantizados por la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por los artículos 2 y 6 de la ley marco de la UE (el Tratado de Lisboa)". Además, recuerdan que "la violación de libertades y derechos básicos protegidos por la legislación internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno".
Esa es la razón por la que instan "a la Comisión a que examine la situación de España bajo el marco del Estado de Derecho, del mismo modo que ha hecho anteriormente con otros Estados Miembros", ya que consideran que "una interpretación tan reduccionista y mutilada del Estado de Derecho no puede convertirse en el nuevo sentido común político de Europa".
Varios jueces también cuestionan a la Audiencia Nacional
Mientras tanto, desde el sector progresista del Poder Judicial español también se critica la decisión de Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional, de enviar a la cárcel al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete miembros del Gobierno catalán.
En concreto, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) emitió el pasado viernes un comunicado en el que muestra su preocupación por los autos de prisión incondicional dictados el día anterior por la magistrada.
La Asociación afirma a este respecto su "pleno respeto a la independencia de juezas y jueces", pero también reconoce que "el presente caso es excepcional" y por ello expresan su preocupación por "una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal".
En este sentido, recuerdan que "la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción". Asimismo, hacen hincapié en que "tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional".
Además, han señalado que "existen medidas menos gravosas para vincular al investigado al proceso penal, que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas".
Por último, en un párrafo que refleja la esencia de la mayoría de las críticas que el Estado español está encajando por su reacción frente al independentismo catalán, este colectivo de magistrados considera "que la mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Catalunya".
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