Lugar desde donde fue lanzada presuntamente Katalina. PÚBLICO
La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, que impone a la pareja imputada una distancia mínima de 500 metros respecto a la cachorra -entre otras medidas-, considera que la violencia ejercida contra los animales evidencia "hasta dónde puede llegar la crueldad y la perversidad humana".
De hecho, sostiene De Lara, "quien desprecia la vida hasta el punto de maltratar o abandonar a un animal, habitualmente también despliega su instinto agresivo contra una mujer, los hijos, menores, ancianos, vecinos u otros ciudadanos a los que considera inferiores", continúa.
Más denuncias pero menos sentencias condenatorias
La jueza reconoce los pequeños logros conseguidos en la última década gracias al impulso de la normativa europea, "fundamentalmente", pero también gracias a la "presión y lucha denodada, constante e inquebrantable" de las asociaciones animalistas y ecologistas.
Asimismo, denuncia que la posición de los poderes públicos contrasta con el aumento de la preocupación social sobre el bienestar de los animales. Es decir, en palabras de la magistrada, el creciente rechazo ciudadano al maltrato animal no se ve respaldado por un sistema legal que resulte operativo. "El bienestar animal se ha ido convirtiendo poco a poco en una inquietud mundial, aunque en España, el panorama resulta bastante desolador", reclama.
"Nuestra norma suprema no incluye entre su articulado mención alguna al bienestar o a la protección de los animales"
En esta línea, Pilar de Lara critica que las sentencias condenatorias "son muy escasas todavía" pese a la "duplicación" de las denuncias por maltrato animal, y explica que este hecho se debe a varios factores: falta de formación y sensibilidad entre los operadores policiales y jurídicos, falta de formación en Derecho animal, o escasa inversión en recursos educativos y económicos que permitan establecer políticas de prevención y de reinserción efectivas.
"Es de justicia reconocer que si este juzgado ha podido actuar a tiempo y conseguir salvar la vida de la perra y su movilidad, ha sido gracias a la actuación ciudadana y a la labor informativa desplegada en este caso por el Diario EL Progreso, que se hizo eco de las quejas vecinales, más que a la agilidad de la propia actuación administrativa y policial", prosigue.
La 'parsimonia' de de la Constitución en esta materia
Tras hacer un amplio repaso de las normativas comunitarias e internacionales, desde la declaración universal de los derechos del animal en 1978 a la adopción por el Consejo de Europa en 1987 de la Convención europea para la protección de los animales -a la que España se ha unido 30 año más tarde-, la magistrada del juzgado de Instrucción 1 de Lugo subraya que "nuestra norma suprema no incluye entre su articulado mención alguna al bienestar o a la protección de los animales".
La 'parsimonia' de la Constitución en este asunto se ha traducido también en la escasa actividad del legislador estatal. "Tan siquiera contamos con una ley estatal de protección de los derechos de los animales o del bienestar animal", a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países europeos.
Katalina, la cachorra de de seis meses que sufrió graves lesiones a causa de una caída.
Sin embargo, para la jueza resulta paradójico que se toleren, amparen y protejan "espectáculos cruentos y festejos populares, patrocinados e incluso financiados por entes públicos", bajo la defensa de valores y conceptos "sagrados" como el arte, la cultura y la tradición.
También, rechaza las leyes que "criminalizan" a determinadas razas de animales, como los "potencialmente peligrosos", ya que -en palabras de la magistrada-, aparte de las ocho razas clasificadas por el Estado, cada comunidad puede incorporar como tales las razas que ellas consideran necesarias, dando lugar a un listado diferente en cada región.
Una ley estatal, la gran asignatura pendiente
Pilar de Lara cree que "ante la gran asignatura pendiente de poder disponer en algún momento de la ansiada ley estatal de protección animal", las comunidades autónomas sí han avanzado progresivamente, ya que en los preámbulos de las leyes dictadas han consagrado la creciente preocupación sobre este asunto.
El precio que hay que pagar, en cambio, es el de la "disparidad de regímenes jurídicos", de tal modo que existen legislaciones muy avanzadas, como en Catalunya -pionera en este asunto-, mientras que en otras comunidades los animales "no resultan tan afortunados". "Las esquizofrénicas consecuencias de que un perro en una comunidad autónoma es peligroso y en otra no, y que lo que está prohibido en una región está permitido en otra, genera una grave inseguridad jurídica", argumenta.
En Lugo, ciudad donde se investigan los hechos relativos a Katalina, cuentan con una dispersa normativa administrativa, "cuyo fracaso junto con el de las políticas de prevención, reeducación y concienciación social" ha definido la necesidad de "reforzar la protección punitiva, a través de la tipificación del delito de maltrato animal, objeto de diversas modificaciones hasta llegar a su redacción actual" que sanciona el delito de maltrato y el delito de abandono.
El auto, innovador
El auto de la jueza De Lara, al que ha tenido acceso Público, ha sido aplaudido por el partido animalista PACMA, que lo califica de "extraordinario". Asimismo, la organización agradece la valentía de la jueza por hablar "sin reparos" de esta cuestión y por clamar contra los espectáculos en los que se maltratan a estos seres vivos. "Alabamos las reflexiones que despliega con increíble nitidez y sentido común en su auto", zanjan.
El documento, innovador en esta cuestión, permite sentar jurisprudencia sobre la protección de los animales, como sucedió recientemente con la orden de ingreso en prisión de la exdueña de Parque Animal, condenada a tres años y nueve meses de cárcel por el sacrificio "masivo" de perros y gatos. Siendo, además, la primera mujer en entrar en prisión por maltrato animal.
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