España salió formalmente de la recesión, pero afrontará al menos dos años más de un elevado desempleo y un crecimiento muy por debajo de su potencial, según los economistas. Cataluña calcula cuánto ganaría si se independizara del resto del país.
Todas las comunidades autónomas españolas menos el País Vasco y Navarra pagan a Madrid sus impuestos, que se reparten entre administraciones y territorios para financiar los servicios públicos e infraestructuras de todo el Estado español. Este dinero sirve para pagar también los salarios a los funcionarios estatales. La plataforma www.thecatalanproject.org grabó un video para evaluar cuánto dinero ahorraría Cataluña si consiguiera convertirse en Estado independiente. Concluyó que un 30% de los impuestos pagados por los catalanes no regresan a la comunidad.
Este porcentaje supone un total de 2.250 euros por cada catalán y 16.000 millones de euros anuales para la Comunidad en su totalidad. La cifra corresponde al 8% del PIB de Cataluña. “Estos 16.000 millones bien gestionados servirían para dar una buena sanidad, educación, la red de trenes, a los catalanes. Incluso quedaría dinero para ser solidarios con otras regiones”, asegura el portavoz de thecatalanproject.org, Xavier Sala-i-Martin.
“Si hacemos una suma del dinero que no habría vuelto a Cataluña desde 1986, tendremos que hablar de 300.000 millones de euros. Significa 42.190 euros por cada catalán, el equivalente a trabajar gratis durante más de 20 meses. Eso si tenemos en cuenta el salario medio de un trabajador catalán. Si Cataluña tuviera su propio Estado, receptaría sus impuestos y tendría estos 16.000 millones de euros que ahora paga y que no regresan a su tierra… Claro está que no sería una cifra limpia, ya que de estos 16.000 millones habría que restar el dinero destinado a pagar a la Administración catalana, pero para eso se necesitarían 3.000 millones de euros”, insiste Ángel de la Fuente, profesor del Instituto de Análisis Económico (Barcelona).
Según los últimos sondeos, el 46% de la población de Cataluña apoya la idea de un Estado soberano. Los avances del independentismo catalán han llevado al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, a ratificar este miércoles por escrito que si la comunidad española se independiza quedará automáticamente fuera de la UE y deberá pedir la adhesión si quiere volver a formar parte de esta organización. “Si parte del territorio de un Estado miembro de la UE deja de formar parte de ese Estado porque se convierte en un nuevo Estado independiente, los Tratados dejarán de aplicarse a ese territorio”, puntualizó. Indicó asimismo que este nuevo Estado puede negociar su entrada en la Unión, pero avisó de que esta “debe ser ratificada por todos los Estados miembros y por el Estado solicitante”.
Las fuerzas independentistas catalanas han seguido con su desafío al Tribunal Constitucional de España.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, posa con los diputados del partido de la coalición tras la votación en Barcelona, España, el 7 de septiembre de 2017.
Albert Gea / Reuters
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A pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente este jueves la ley del referéndum, las fuerzas independentistas catalanas han seguido con su desafío. El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica, que se define como "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" hasta la aprobación de una Constitución.
Al igual que sucedió ayer durante el debate de la ley del referéndum, la jornada ha sido muy tensa en el Parlamento de Cataluña. De nuevo, la norma ha salido adelante solo con los votos de las formaciones independentistas, Junts pel Sí y la CUP, que ha seguido defendiendo el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Mientras tanto, los grupos de la oposición han vuelto a criticar duramente al Gobierno catalán por saltarse todas las normas de la Cámara.
Con 71 votos a favor y 10 en contra, Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría en el Parlamento, que al igual que ocurrió la víspera volvió a estar semivacío tras ausentarse la oposición. Los 10 votos en contra fueron del bloque de Catalunya Sí que es Pot.
Benet Salellas, de la CUP, caracterizó la ley como "un instrumento" para declarar "nuestra soberanía" y una manera de acabar con el "procesismo" en la política catalana de los últimos 18 meses.
Inés Arrimadas de Ciudadanos, criticó la medida y destacó que Junts pel Sí "juega en el campo de la CUP" de "la desobediencia". El miembro popular Xavier García Albiol también se mostró contrario al referéndum de 1-O como a una estrategia "de agitación y propaganda".
Por su parte, el socialista Miquel Iceta dijo que la prisa con la que las fuerzas independentistas han aprobado esta ley se debe a que "saben que no se celebrará el referéndum", siendo su objetivo el de "pasar a la historia" con "una nota a pie de página".
La Ley de Transitoriedad Jurídica supone la vía para llevar a cabo la transición y constitución del nuevo Estado catalán, siempre y cuando se imponga el 'sí' a la independencia el próximo 1 de octubre. Consta de 89 artículos divididos en siete títulos: disposiciones generales, territorio y nacionalidad, sucesión de ordenamientos y de administraciones, derechos y deberes, sistema institucional, poder judicial y administración de justicia, finanzas y proceso constituyente.
Las fuerzas independentistas catalanas han seguido con su desafío al Tribunal Constitucional de España.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, posa con los diputados del partido de la coalición tras la votación en Barcelona, España, el 7 de septiembre de 2017.
Albert Gea / Reuters
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A pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente este jueves la ley del referéndum, las fuerzas independentistas catalanas han seguido con su desafío. El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica, que se define como "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" hasta la aprobación de una Constitución.
Al igual que sucedió ayer durante el debate de la ley del referéndum, la jornada ha sido muy tensa en el Parlamento de Cataluña. De nuevo, la norma ha salido adelante solo con los votos de las formaciones independentistas, Junts pel Sí y la CUP, que ha seguido defendiendo el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Mientras tanto, los grupos de la oposición han vuelto a criticar duramente al Gobierno catalán por saltarse todas las normas de la Cámara.
Con 71 votos a favor y 10 en contra, Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría en el Parlamento, que al igual que ocurrió la víspera volvió a estar semivacío tras ausentarse la oposición. Los 10 votos en contra fueron del bloque de Catalunya Sí que es Pot.
Benet Salellas, de la CUP, caracterizó la ley como "un instrumento" para declarar "nuestra soberanía" y una manera de acabar con el "procesismo" en la política catalana de los últimos 18 meses.
Inés Arrimadas de Ciudadanos, criticó la medida y destacó que Junts pel Sí "juega en el campo de la CUP" de "la desobediencia". El miembro popular Xavier García Albiol también se mostró contrario al referéndum de 1-O como a una estrategia "de agitación y propaganda".
Por su parte, el socialista Miquel Iceta dijo que la prisa con la que las fuerzas independentistas han aprobado esta ley se debe a que "saben que no se celebrará el referéndum", siendo su objetivo el de "pasar a la historia" con "una nota a pie de página".
La Ley de Transitoriedad Jurídica supone la vía para llevar a cabo la transición y constitución del nuevo Estado catalán, siempre y cuando se imponga el 'sí' a la independencia el próximo 1 de octubre. Consta de 89 artículos divididos en siete títulos: disposiciones generales, territorio y nacionalidad, sucesión de ordenamientos y de administraciones, derechos y deberes, sistema institucional, poder judicial y administración de justicia, finanzas y proceso constituyente.
Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, advirtió que empleará todos los recursos jurídicos a su alcance para impedir el referéndum de autodeterminación catalán.
Crece la tensión en Cataluña a diez días del referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Carles Puigdemont
Albert Gea / Reuters
12:04 GMT
Ministro español de Justicia: "El referéndum es ilegal"
El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, afirmó que el referéndum por la independencia de Cataluña es "ilegal", por lo que ha advertido que las fuerzas políticas que incurran en ese "delito" tendrán que asumir "responsabilidades penales".
Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a al menos 14 personas, la mayoría altos cargos de la Generalitat de Cataluña, y han realizado más de 20 registros en varios departamentos y organismos, así como en empresas y domicilios privados, en un dispositivo sin precedentes, ordenado por un juez de Barcelona, para recopilar pruebas e indicios para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.
Además, los Guardia Civil se ha incautado de entre seis y nueve millones de papeletas electorales en el registro de una nave industrial del municipio Bigues i Riells, en Barcelona, según informa 'La Vanguardia'. Esta cantidad podría suponer el grueso principal de las papeletas destinadas a la consulta.
Alguno de los cargos de la Generalitat detenidos, son:
Josep Maria Jové, número dos de la Conselleria de Economía;
Juan Manuel Gómez, de la Consellería de Economía y Hacienda.
Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda;
Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI);
Xavier Puig Farré, de la Oficina Asuntos Sociales;
Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del Gobierno catalán y responsable del voto electrónico;
David Palancad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores;
Además, entre los edificios registrados por los agentes figuran:
La Conselleria de Economía y Hacienda, dirigida por Oriol Junqueras;
La Conselleria de Trabajos;
La Conselleria de Asuntos Sociales y Familias, en manos de Raül Romeva;
Mientras tanto, miles de personas han salido a las calles en Barcelona, así como en otros lugares de Cataluña, para protestar por las nuevas acciones llevadas a cabo por el Estado central contra la celebración del referéndum de autodeterminación.
El Gobierno español está dispuesto a negociar más autonomía económica y un mejor sistema de financiación para Cataluña si esa comunidad autónoma rechaza sus ambiciones independentistas, según ha asegurado el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, en una entrevista que ha concedido al diario 'Financial Times'.
A poco más de una semana del posible referéndum separatista catalán, este político español ha subrayado que la independencia significaría "un suicidio económico y financiero" para Cataluña, debido a que perdería un 30 % de su PIB y su crecimiento económico disminuiría en hasta un 30 %.
En concreto, Luis de Guindos harecordado que "Cataluña ya tiene un buen grado de autonomía", pero ha abierto la posibilidad a que, "una vez se abandonen los planes de independencia", los Gobiernos de España y de esa región conversen respecto a "una reforma en el sistema de financiación", entre otros aspectos.
Este ministro español también se ha referido al pacto fiscal que propuso quien fue presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, y rechazó negociar el Gobierno de Mariano Rajoy hace cinco años. De ha asegurado que la situación ha cambiado desde 2012, cuando España atravesaba una crisis, y la recuperación que ese país vive en estos momentos "abre nuevas oportunidades para la discusión".
Para finalizar, Luis de Guindos ha comparado el referéndum independentista de Cataluña con las consultas que celebró España durante la dictadura de Francisco Franco y ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy declaró ilegal ese proceso.
Baltalsar Garzón: “El problema es que el franquismo está sin resolver”
El magistrado califica la actuación de la Fiscalía de “altamente cuestionable” y reclama una solución política al conflicto
EFE, Córdoba
El magistrado Baltasar Garzón ha apuntado hoy, en la tercera edición del congreso “Sabiduría y Conocimiento” que organiza la Cadena Ser en Córdoba, que el origen del conflicto en Catalunya se remonta a que “el franquismo está sin resolver en España”.
El juez, que ha participado en una mesa debate sobre derechos humanos junto al secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha puesto de manifiesto la contradicción entre “una impunidad mantenida durante 80 años” por parte del Gobierno español con la “criminalización contra 700 alcaldes” llevada a cabo en Catalunya.
Para el magistrado, se trata de “una dinámica peligrosa” porque “la prohibición del derecho a manifestarse se va a hacer extensible a toda España”.
Garzón ha considerado que la situación actual de Catalunya está en “el primer estadio del conflicto” y ha realizado una comparación con las fases que se han ido sucediendo en el proceso de paz colombiano, donde ha actuado como mediador.
“La prohibición del derecho a manifestarsese va a hacer extensible a toda España”
BALTASAR GARZÓN
Así ha afirmado que “la acción represiva no nos dará la solución” porque “el recurso al Derecho Penal debería ser lo último a lo que acudir”. “La solución al conflicto catalán- ha agregado- tiene que venir de la política no de las decisiones judiciales”.
El magistrado considera que la base de la cuestión hay que buscarla, por una parte, en el recurso “oportunista de acudir al franquismo como justificación a la represión”, algo que, a su juicio, viene motivado “porque en España no se ha resuelto el tema del franquismo, a pesar de ser el segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzosas”.
Por otra parte, Garzón se ha planteado “qué hubiera ocurrido si PSOE y Podemos hubieran formado gobierno” en esta legislatura: “quizá no estaríamos en esta situación”, ha aseverado.
Sobre la constitucionalidad del referéndum, el juez ha considerado que “no es legal”, pero también ha apuntado que “ningún sistema es alterable” y que “las fronteras sólo fluctúan para la libre circulación de personas”.
Reconocer el problema, analizarlo y establecer criterios de “prudencia”, son las líneas que el magistrado ha considerado como vías para “solucionar la situación de Catalunya”.
Por su parte, Errejón se ha mostrado convencido de que a raíz de que “el PP tumbase el estatuto catalán en el Tribunal Constitucional (TC) se sembró una mayor separación entre Catalunya y España”.
“El referéndum del 1 octubre, si se llega a producir, no va a solucionar el conflicto en Catalunya”
ÍÑIGO ERREJÓN
El responsable de Análisis Estratégico de Podemos ha afirmado que “el referéndum del 1 octubre, si se llega a producir, no va a solucionar el conflicto en Catalunya” porque se trata de “una discusión identitaria y territorial”.
Por ello, ha defendido en el debate, donde también ha participado el escritor Manuel Rivas, que la solución pasa por “actualizar un modelo de país en el que nadie se pueda tirar nada en la cabeza”.
Todos los intervinientes han coincidido en la necesidad de “reflexión profunda”, “diálogo” y “toma de consciencia de la situación” como punto de partida para lograr resolver la situación de Catalunya.
Mañana será el turno de la ex ministra de Islandia Jóhanna Sigurõardóttir, del ex ministro de Educación español Ángel Gabilondo y el diplomático y experto en el Mundo Árabe Bernardino León, que en dos mesas debate abordarán cuestiones como la desigualdad social, los cambios demográficos y la mujer en la democracia.
Los presidentes de EE.UU. y España se han reunido este martes, por primera vez, en la Casa Blanca.
Tras su primer encuentro bilateral en la Casa Blanca, Donald Trump y su homólogo español, Mariano Rajoy, han comparecido ante los periodistas en rueda de prensa. Entre los temas que han tratado ambos mandatarios están las relaciones bilaterales en materia de economía, política y defensa, además de asuntos importantes en la agenda internacional, como la lucha contra el terrorismo global o la situación en Corea del Norte y Venezuela.
Después de que el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, trasladara el domingo el pleno apoyo de su país a la postura del Gobierno español respecto al referéndum de autodeterminación de Cataluña, este tema no figuraba en la agenda política. Sin embargo, ante la pregunta formulada por un periodista de la Agencia EFE, Trump se ha pronunciado, manifestando que "España es un gran país y debería permanecer unido. Nadie sabe si va haber una votación, pero solo puedo hablar por mi mismo, y a mi me gustaría que España permaneciera unida, como lo ha estado durante siglos". Concluyó sus declaraciones al respecto diciendo: "Creo que los catalanes aman a su país, España, hermoso y con mucha historia". Rajoy ha agradecido este apoyo y ha declarado que la secesión de Cataluña le parecería "un disparate".
Previsibles coincidencias: Venezuela, Pyongyan y la OTAN.
Ambos mandatarios han exhibido acuerdos y coincidencias en otras materias diversas. La hostilidad común hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido una de ellas. En concreto, el presidente de los Estados Unidos ha destacado que "España ha ayudado al bienestar del pueblo venezolano" con su actitud frente al gobierno de Venezuela, y ha expresado su deseo que la comunidad internacional ejerza presión para sancionar "al régimen socialista opresivo de Maduro".
En cuanto a Corea del Norte, Trump agradeció explícitamente a España la expulsión del embajador norcoreano y se calificó al gobierno de Pyongyang de "régimen brutal" al que todas las naciones responsables deben aislar.
Por su parte, Rajoy incidió en la cooperación militar entre ambos países y se comprometió a implementar un "nuevo paquete financiero para la reconstrucción de Irak" tras las operaciones llevadas a cabo para la liberación de Mosul. "Antes España era la retaguardia [de la OTAN]. Hoy somos la primera linea", sentenció Rajoy, de quien Trump dijo que era "altamente respetado" en Estados Unidos.
La orden de la fiscalía española a Los Mossos d'Esquadra, policía regional de Cataluña, de patrullar y precintar los colegios electorales para impedir el referéndum independentista del domingo puede generar "alteraciones de orden público", según adviertió este miércoles el cuerpo policial.
Consumadas las elecciones catalanas de este 21-D, la primera y, sin duda, la más importante conclusión de lo acontecido en los comicios, es la milimétrica exactitud entre el número de votos que han conseguido las formaciones independentistas y el resultado del referéndum del 1-O: 2.063.361 votantes a favor de la separación de España en estas elecciones por 2.044.038 papeletas independentistas en el referéndum.
Una luminiscente y tozuda precisión emanada de un bloque monolítico contra el que se han estampado, a gran velocidad y con enorme temeridad, todas las carencias democráticas y las más trapaceras maniobras del Estado español. Un impacto que ha provocado que el lugar del siniestro se encuentre hoy salpicado con los restos de la credibilidad de los medios de comunicación, las 'injerencias rusas', la independencia judicial, el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la autoridad de la Casa Real, la imagen internacional, el Partido Popular y los pedazos de un país que difícilmente podrá ser reconstruido.
Para empezar, este resultado pone en evidencia todas aquellas informaciones que denunciaban injerencias, desinformación o 'fake news' y que fueron esgrimidas una y otra vez por el Régimen (Casa Real-PP-PSOE-C's) y sus acólitos (los medios de comunicación que les sirven fielmente). A la vista está, pues, que muchos periodistas e intelectuales no pasan hoy por ser mucho más que iluminados, predicadores o vendedores de crecepelo. No hay más, por mucha desazón que nos ocasione. De lo contrario resulta inconcebible que todos los males se achacasen y se achaquen a una suerte de robots rusos que controlan y dirigen nuestra opinión. Sinceramente, existen delirios oníricos con argumentos más sólidos.
El escrutinio tampoco deja en mejor lugar todas aquellas denuncias de 'pucherazo' o irregularidades durante el referéndum, pues de existir fueron, a tenor de los resultados, absolutamente insignificantes. A estas alturas ya todos sabemos lo que hay sin necesidad de tanta parafernalia, pues los datos son tan exasperantemente idénticos que no dejan margen a la tergiversación ni a ninguna de las maquiavélicas maniobras a las que nos tiene acostumbrado el 'Establishment'. Ni siquiera puede asomar la 'Verdad' y su batallón de intelectuales que marchan tras ella, emulando a la Santa Inquisición, al tiempo que intimidan y torturan cualquier opinión discordante al grito de herejía(posverdad).
Por otro lado, el recuento electoral supone el colapso absoluto de la campaña, casi bélica, que pretendía 'devolver a la legalidad' a la ciudadanía catalana. Esta vez ni el constante bombardeo mediático pudo derrumbar la realidad. Y el parte de daños que arroja la maciza derrota, porque la desconexión de dos millones de ciudadanos no puede considerarse de otra manera, es ilegible este día después, aunque Inés Arrimadas no pudiera contener su alegría 'patriótica'. Una candidata que queda absolutamente retratada en el júbilo de una 'victoria' que, a poco que se sepa contar, ni siquiera pasa por pírrica, sino que se trata de un nuevo descalabro. Por mucho que la recolocación de fuerzas la haya favorecido circunstancialmente. Tanto patriotismo, tanta bandera y en cuanto se obtiene un rédito personal la sangría de la patria queda en el olvido. Por eso estaba ella ahí, exhibiendo un regocijo que demuestra que esto, al final, va sobre todo de intereses particulares, porque el 'malvadísimo independentismo' aumentó el número de papeletas. Ya son 20.000 más que el 1-O. Dos millones de catalanes parapetados en el 'No a España'.
Fracasada la ofensiva, como era de prever, derrotados los Tercios otra vez, como suele ser habitual en los últimos trescientos años, queda por ver cómo afrontará España este nuevo desastre. Una vez más, solo existe una solución al mal que nos desangra y empequeñece: democracia y regeneración. Pero los españoles se reconfortan de la destrucción, propia y ajena, así que apuesten por la negación, la involución y el porrazo. Ojalá me equivoque.
Roger Torrent, nuevo presidente del Parlament. Foto: Europa Press.
Las fuerzas políticas Junts per Catalunya (por la que se ha presentado el expresidente catalán Carles Puigdemont) y ERC (candidatura del exvicepresidente Oriol Junqueras), principales partidos independentistas de la región, apoyaron este 17 de enero la conformación de la nueva Mesa del Parlament, con el diputado independentista Roger Torrent, de ERC, como presidente.
Ha sido el primer cargo elegido en esta sesión y se ha impuesto por mayoría simple en una segunda ronda al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, obteniendo el voto de 65 diputados independentistas. Se convierte en el presidente del Parlamento catalán más joven desde el restablecimiento de la democracia en España tras el franquismo.
En ese acuerdo se preveía que estaría presidida por un miembro de ERC, mientras que el candidato a la investidura sería el líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont.
En la segunda elección del Pleno se han escogido los dos vicepresidentes del Parlament. Josep Costa, de JuntsxCat, y José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, formarán parte de la mesa en calidad de vicepresidentes, con 65 y 57 votos respectivamente. Las secretarías de la Mesa son para Eusebio Campdepedrós (JuntsxCat), David Pérez (PSC), Joan García (Ciutadans) y Alba Vergès (ERC).
Tras la elección de todos los miembros de la Mesa, Elisenda Alamany, de Catalunya en Comú, ha denunciado que su composición no respeta la ley de igualdad, al contar tan solo con una mujer en un órgano que tiene siete miembros, precisamente en la legislatura que cuenta con un mayor número de diputados mujeres según ha afirmado la propia Alamany.
La importancia de estos siete puestos radica en que, finalmente, estas personas decidirán cómo se celebrará la futura sesión de investidura y, más en concreto, si el candidato presidenciable puede comparecer de forma telemática, como pretende hacer el expresidente Carles Puigdemont desde Bruselas.
Constitución del Parlamento tras las elecciones anticipadas
Hoy se ha celebrado en el Parlamento de Cataluña la sesión de constitución de la nueva legislatura tras las elecciones del 21 de diciembre. Ciudadanos, partido constitucionalista y contrario al ‘proces’, fue el más votado, aunque la suma de escaños ofrece una mayoría independentista en el hemiciclo.
Esta primera sesión de la cámara catalana ha contado con la ausencia de ocho diputados independentistas. Siete de ellos pertenecen a la candidatura del expresidente catalán Junts per Catalunya. Se trata del propio Carles Puigdemont y otros cuatro diputados electos que le acompañan en Bruselas. Los cinco se encuentran acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Además, el exconseller de Interior, Joaquim Forn, y Jordi Sánchez (número 2 de JuntsxCat) se encuentran en prisión acusados de los mismos delitos. El octavo diputado que no ha podido asistir a la constitución del Parlament es el ex vicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, que también se encuentra en la cárcel por la misma causa.
Los tres diputados en prisión han solicitado el voto delegado, que ha sido ejercido en su nombre por otro diputado presente en el hemiciclo. La Mesa de Edad del Parlamento ha aceptado su solicitud, ya que el informe de los letrados del Parlament les ofrecía esta potestad. Los diputados que están en la capital belga no han solicitado este tipo de voto, por lo que no han podido ejercerlo de ninguna manera en el día de hoy.
El pleno se ha desarrollado sin apenas incidentes. Tan solo se pueden reseñar la llamada a la reconsideración de la Mesa de Edad de la aceptación de la delegación del voto de los tres diputados encarcelados, hecha tanto por Ciudadanos, como por el Partido Popular. Además, se han producido sonoros aplausos por parte de los diputados independentistas cada una de las veces que durante los llamamientos a los diputados a votar, se ha pronunciado el nombre de aquellos que se encuentran ausentes, por estar en Bruselas o en prisión.
Tras la constitución de la Mesa del Parlamento en esta primera sesión de la legislatura, el próximo reto de la cámara catalana será la investidura de un Presidente del Govern. El candidato de los independentistas para la investidura es el expresidente cesado Carles Puigdemont.
El presidente del Parlament puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat, tras reunirse con los miembros de los partidos con representación en la Cámara. Cuenta para ello con un plazo máximo de 10 días hábiles, por lo que la primera sesión del debate de investidura tendrá que ser el 31 de enero como muy tarde.
La principal duda se cierne, pues, sobre la posibilidad de que Puigdemont sea investido presidente. Hay que tener en cuenta que pesa sobre él una orden de detención que se haría efectiva en cuanto regresara a España.
Por ese motivo, JuntsxCat y ERC están interesados en que la investidura se lleve a cabo sin que sea necesaria la presencia física de Carles Puigdemont en la cámara. El asunto es controvertido desde varios puntos de vista. De momento, los letrados del Parlament ya se han pronunciado, rechazando que se le pueda investir por vía telemática, ya que consideran “imprescindible” la asistencia de los protagonistas al debate. El reglamento de la cámara, que no contempla este escenario, tampoco contiene indicaciones explícitas al respecto.
Independentismo catalán asegura control de la Mesa del Parlament
El foco de atención se desplaza ahora al debate de investidura del presidente de la Generalitat catalana, y la Junts per Catalunya insiste en que solo puede asumir ese cargo Carles Puigdemont
BARCELONA, España, enero 17.— La nueva legislatura catalana tendrá una Mesa de dirección con mayoría independentista (cuatro de los siete puestos) garantizados por el voto de esas agrupaciones, que también constituyen mayoría en el Parlament. Será presidida por Roger Torrent, de la ERC (Esquerra Republicana de Cataluña).
Según El País, el foco de atención se desplaza ahora al debate de investidura del presidente de la Generalitat catalana, y la Junts per Catalunya insiste en que solo puede asumir ese cargo Carles Puigdemont, a pesar de que su líder permanece en Bruselas y el reglamento no permite la elección telemática, añade el diario español.
La investidura a distancia de Puigdemont abocaría a un nuevo choque con el Gobierno español que encabeza Mariano Rajoy, que ya ha advertido que la recurriría.
«Confiamos en que en dos semanas podremos traer al debate de investidura al president Puigdemont. Entendemos que es lo que refleja la voluntad de las urnas», afirmó al acabar la sesión de constitución del Parlament la diputada Elsa Artadi, quien fue directora de campaña de Junts per Catalunya.
La Vanguardia describió así el escenario en Barcelona: Con los sillones del Govern vacíos en el pleno de constitución del Parlament por primera vez y lazos amarillos en los escaños vacíos y las solapas arrancó la XII Legislatura. Y con el presidente de la Cámara más joven de la restauración, Roger Torrent, apuntalado por una mayoría soberanista mientras Ciutadans y el Partido Popular de Cataluña mostraban las garras, transportando a los presentes en el tiempo por un instante al ya lejano mes de septiembre. Pero solo fue un atisbo. Todo siguió con el guion previsto sin mayores altercados.
Antes de que todo eso aconteciera hubo un sentido discurso de Ernest Maragall, que hizo notar esa ausencia desde un primer momento y pronunció un alegato en favor de la libertad de los políticos que están encarcelados en Estremera y Soto del Real por el referéndum del pasado 1ro. de octubre, y reclamó que pudieran estar presentes en esa sesión constitutiva también los cinco diputados electos que están en Bruselas, con Carles Puigdemont a la cabeza.
A su vez, El País señala que el nuevo Presidente del Parlament dijo el pasado día 8 que el debate sobre la interpretación del reglamento era un aspecto técnico que correspondía resolver a los letrados. El empecinamiento de la Junts per Catalunya por investir a Puigdemont será, pues, una de las primeras pruebas de fuego a las que tendrá que enfrentarse Torrent, opinó El País.
El pleno de investidura debe celebrarse antes del 31 de enero.