Los Gobiernos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil se sienten con la autoridad de dar lecciones de democracia a Venezuela y de reconocer como presidente a Juan Guaidó.
El autoproclamado presidente obtuvo 97.492 votos en 2015, en oposición a los casi seis millones de votos que consiguió Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018.
Es bueno analizar la autoridad de los Gobiernos que apoyan a Guaidó. Todos siguen las instrucciones de Donald Trump, un mandatario que fue electo en 2016, a pesar de haber perdido en votos frente a Hillary Clinton por dos puntos porcentuales. Desde entonces, ha decidido construir un muro en la frontera con México para impedir el ingreso de inmigrantes, se retiró de los tratados sobre cambio climático, del tratado nuclear con Irán, de los acuerdos de normalización de relaciones con Cuba y amenaza con retirarse del tratado de limitación de armamento nuclear de mediano y bajo alcance.
El colombiano Iván Duque preside un país con el mayor número de desplazados internos del mundo: 7,7 millones, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Cerca de un millón de colombianos se refugió en Venezuela. Según la OIM, se calcula que en los últimos 50 años de conflicto armado han sido asesinadas o desaparecidas 260.000 personas y en menos de cuatro años se ha matado a más de 400 líderes sociales.
Uno de los argumentos contra la legitimidad de Maduro es que en las elecciones del 20 de mayo de 2018 participó menos de la mitad de la población. En esos comicios, el actual presidente obtuvo el 67% de los votos. Pero en Chile, Sebastián Piñera obtuvo la presidencia de su país en 2017 en unas elecciones en las que participó un 46% de la población en la primera vuelta y un 49% en la segunda. El actual presidente chileno ganó con el 57% de los votos.
Juan Orlando Hernández, de Honduras, ganó la presidencia en unas dudosas elecciones en 2017 con un 42,49% frente al 41% del opositor Salvador Nasralla, resultado que estuvo marcado por enormes irregularidades. El país, que está en la primera plana de las noticias por la dramática salida de inmigrantes hacia Estados Unidos, se ha sumado al frente que no reconoce a Maduro.
En 2009, el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya fue sacado en piyama de su cama y secuestrado a Costa Rica por un comando militar, con la participación de Estados Unidos, por haber propuesto una consulta popular para realizar una asamblea constituyente.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales es investigado por corrupción por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) de la ONU por haber recibido casi un millón de dólares de dudoso origen durante la campaña electoral. El presidente decidió impedir la entrada al país al jefe del ente.
Mauricio Macri preside un país con los peores indicadores económicos después de Venezuela en América Latina. Está en el 'top ten' mundial de los países con mayor inflación junto con Venezuela, Sudán, Turkmentistán e Irán, con una inflación superior a la de Angola, Congo, Yemen y Libia —dos países destrozados por la guerra civil—.
Sufrió una devaluación del 100% en 2018, una de las más altas del mundo, y es el único país latinoamericano, junto con Venezuela, cuya economía cayó en 2018 y seguirá cayendo en 2019. Además, ha empeorado todos los indicadores en relación con el Gobierno de su antecesora, Cristina Kirchner.
El voto de Macri se entiende por 50.000 razones: ante una crisis económica gravísima, ha logrado evitar, por ahora, el destino de la nación caribeña. ¿El secreto?: a diferencia de Venezuela, sancionada y con sus ingresos petroleros, su oro y reservas confiscadas ilegalmente, el país patagónico recibió un préstamo salvador de 50.000 millones de dólares del FMI, gracias a la gestión directa del amigo personal de Macri de sus tiempos de empresario, Donald Trump.
Y por último, Jair Bolsonaro que elogió la dictadura militar, atacó a los indígenas, a las mujeres y a las minorías de su país, y que fue electo gracias a que el principal candidato contra el cual competía, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, está proscrito y en prisión tras la cuestionada destitución de la presidenta Dilma Rousseff por el Congreso.
Los ejecutores de Nicolás Maduro arrojan toda la culpa de la crisis económica sobre su Gobierno, pero limpian la responsabilidad de Estados Unidos con las sanciones que se han impuesto para ahorcar al país desde 2017, es decir, desde antes de las elecciones que ahora cuestionan.
La incautación de por lo menos 7.000 millones de dólares en Estados Unidos,la retención de oro venezolano —valuado en 1.200 millones de dólares— por el Banco de Inglaterra, la retención de 1.650 millones de dólares por una empresa europea de 'clearing' bancario, entre otros elementos, han agudizado la pobreza hasta el límite.
Secuestran el dinero de un país independiente, a nombre de la democracia, y ahogan a la población con el objetivo de derribar a su Gobierno, a cualquier costo.
El daño a los venezolanos por el embargo es concreto. Para dar dos ejemplos, en 2017 el banco Citibank se negó a recibir fondos para la importación de 300.000 dosis de insulina y, en octubre del mismo año, la nación no pudo depositar en el banco suizo UBS el dinero para comprar vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud, alterando los esquemas de vacunación.
La represalia largamente anunciada
La crisis económica en Venezuela es particularmente aguda desde la caída de los precios del petróleo iniciada en 2014, que no fue una medida autónoma del mercado, sino una decisión política general contra los países productores como Rusia, Irán y Venezuela.
Pero la inquina contra Venezuela se explica porque Estados Unidos quiere poner punto final a la independencia del país y enterrar definitivamente la política de soberanía petrolera del difunto presidente Hugo Chávez.
Después de fallido golpe de Estado de 2002 y del largo sabotaje petrolero de 2002-2003, Chávez revirtió la famosa 'apertura petrolera' de los Gobiernos anteriores y renegoció los contratos con las grandes transnacionales de crudo, imponiendo la mayoría de PDVSA en cualquier asociación productiva. Multinacionales como Exxon Mobil y ConocoPhillips salieron del país e iniciaron juicios internacionales.
La política de soberanía petrolera de Chávez no llegó a una nacionalización completa. Por el contrario, British Petroleum, la francesa Total, Chevron y la noruega Statoil siguieron operando e ingresaron la rusa Rosneft y la china CNPC.
Venezuela no fue sancionada tampoco por desatender sus obligaciones internacionales. En 2017, Maduro reconoció que el país había pagado más de 70.000 millones de dólares de la deuda externa durante los cuatro años anteriores, a pesar de las sanciones.
Pero Washington no tolera ni las más mínima medida de soberanía y dignidad de los pueblos. Por eso ahora, ante el debilitamiento de la economía venezolana, ante el descontento que provoca en la población esta crisis llevada a límites insospechados por las sanciones, ha resuelto intentar lo que no pudo lograr contra Chávez en 2002.
Por supuesto, su objetivo también es frenar la presencia de China y de Rusia en Venezuela porque para ellos el petróleo venezolano tiene un dueño: el Tío Sam.
Venezuela tiene con qué responder a este bloqueo. Así como Estados Unidos está confiscando los recursos para quedarse con Citgo —la empresa venezolana en Estados Unidos— en Venezuela están las empresas norteamericanas. La suspensión de todo pago de la deuda es inevitable en estas circunstancias. Venezuela puede avanzar también en un plan económico de emergencia con el apoyo de Rusia, China, Irán y Turquía, como ya lo propuso Moscú.
Por primera vez desde la Revolución cubana, América Latina vuelve a ser el escenario de uno de los principales focos de conflicto mundial. La disputa por Venezuela es, en el fondo, la misma que en Irán, Siria o Libia: lo que no le gusta es que son países independientes que no se someten a las órdenes de Washington y por eso los quieren dominar.
Moscú: "La oposición venezolana está imponiendo su voluntad con su negativa a entablar un diálogo con Maduro"
Publicado: 4 feb 2019 07:42 GMT | Última actualización: 4 feb 2019 08:58 GMT
Es "evidente" que la crisis en Venezuela ha sido "inspirada" desde el exterior, ha declarado el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas (Venezuela), el 23 de enero de 2019.
Reuters
"Maduro está dispuesto a dialogar con la oposición sin condiciones previas"
Por otro lado, Lavrov ha enfatizado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dispuesto a dialogar con la oposición, mientras su líder, Juan Guaidó, se niega a hacerlo, con el apoyo directo de EE.UU. y Europa.
"El presidente Maduro ha dicho en varias ocasiones que está listo para un diálogo sin ultimátums y sin condiciones previas. Desafortunadamente, la oposición, encabezada por el Sr. Guaidó, rechaza el diálogo y exige que Nicolás Maduro deje el Gobierno y transfiera el poder a estas fuerzas de la oposición"Serguéi Lavrov, canciller ruso
"El presidente Maduro ha dicho en varias ocasiones que está listo para un diálogo sin ultimátums y sin condiciones previas. Desafortunadamente, la oposición, encabezada por el Sr. Guaidó, rechaza el diálogo y exige que Nicolás Maduro deje el Gobierno y transfiera el poder a estas fuerzas de la oposición", recalcó el canciller, subrayando que esto "no es un diálogo, sino la imposición de la voluntad". Según recalcó Lavrov, el hecho de que todo esto se haga "con indulgencia directa" de Washington y de Europa, pone de relieve "los valores que profesan nuestros colegas en política internacional".
Por su parte, Rusia apoya todas aquellas iniciativas conducentes a un diálogo que involucre a "todas las fuerzas políticas de Venezuela", como la reunión propuesta por Uruguay y México, destacó el diplomático.
La autoproclamación del dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela ha provocado una crisis política y la reacción de numerosos países del mundo. El presidente Nicolás Maduro ha expresado su disposición a reunirse con Guaidó para solucionar la coyuntura en la que se halla inmerso el país sudamericano.
La Asamblea Nacional emitió un documento donde se establecen varios tipos de mandatos que no están contemplados en la Constitución.
Sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 29 de enero 2019.
arlos Garcia Rawlins / Reuters
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Algunos venezolanos amanecieron este miércoles con dudas sobre el estatus actual del autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, tras la emisión de un documento llamado Ley del Estatuto para la Transición' del Gobierno, durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN), que se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos carecen de validez jurídica.
Este texto, que según la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz "es la prueba fehaciente del Golpe de Estado" contra el presidente Nicolás Maduro, está compuesto por 39 puntos, donde el Parlamento cita los artículos223 y 333 para referirse a temas como la "transición", la "usurpación", la "actuación de la AN y su presidente", la "renovación de los poderes públicos", por parte del Legislativo y la "conformación de un gobierno provisional".
Si bien en la extensa temática que aborda el escrito se encuentra lo relativo a la recientemente autojuramentación de Guaidó, surge la duda sobre el cargo que ocupa actualmente.
En el 'Artículo 25' se explica que "una vez cesada la usurpación", que según la AN culminará cuando Maduro deje el cargo para el que fue electo con más de 60% de los votos (sin precisar cuál será el plazo para que eso ocurra), el presidente de la Asamblea Nacional asumirá "durante treinta días continuos como presidente encargado", con la finalidad de "conllevar la conformación de un Gobierno provisional".
El mandato de Maduro, quien fue juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 10 de enero para el período 2019-2025, culmina en seis años, como lo establece la Carta Magna venezolana, por lo que no se explicita en el escrito cuándo ocurre el cese de la "usurpación" y a partir de qué fecha puede considerarse a Guaidó como "presidente encargado", a pesar de que su autoproclamación ocurrió el pasado 23 de enero, en medio de una concentración opositora.
¿Guaidó es presidente o no?
El 'Artículo 26' recoge que, de ocurrir una "imposibilidad técnica para convocar y realizar elecciones libres" dentro de los 30 días siguientes, según el artículo 333 de la Constitución, "la Asamblea Nacional podrá ratificar al presidente encargado como provisional", por lo que habría dos tipos de "presidencia" sin que los venezolanos asistieran a las urnas.
Finalmente, se da un plazo máximo de hasta doce meses para realizar las presidenciales, cuyo eventual ganador tendría una gestión que correspondería con la actual de Maduro (seis años que se cuentan a partir de 2019). Sin embargo, la considerable ampliación del plazo para acudir a las urnas no tiene base legal en la Constitución y extiende indefinidamente la "presidencia encargada" de Guaidó.
El autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, en una sesión de la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2019. / Carlos Garcia Rawlins / Reuters
La AN basa estos dos puntos de su 'Estatuto para la transición' en el artículo 233 de la Carta Magna venezolana que establece como "falta absoluta del presidente" su muerte, su renuncia, su destitución por parte del TSJ, su incapacidad física o mental, el abandono de su cargo o la revocatoria de su mandato por referendo.
El propio Maduro ha afirmado, ante los magistrados del máximo tribunal del país suramericano, que no cumple con ninguna de las causales porque se encuentra en pleno ejercicio del poder.
'Gobierno de sombra'
La abogada constitucionalista considera que el "reducto de poder de la Asamblea", cuyos diputados opositores, que conforman la mayoría y fueron electos en 2015, han tratado de implementar en Venezuela un 'Gobierno de sombra', una teoría que afirma que el poder político no es ejercido por los cargos de libre elección sino por otras personas influyentes y con intereses económicos, como lo hizo en Libia el Consejo Nacional de Transición, antes de la invasión a ese país en 2011.
Díaz considera que la interpretación de las leyes venezolanas que han hecho los parlamentarios en desacato, carece de validez interna, a pesar de su promoción fuera del país suramericano.
"Ningún poder público puede responder a ese documento porque es inexistente en el mundo jurídico y trata de justificar en el ámbito internacional la toma por la fuerza del poder", afirmó.
La anterior falta absoluta
En marzo de 2013, tras la muerte del entonces presidente Hugo Chávez, reelecto en octubre de 2012, en Venezuela se decretó la "falta absoluta", por lo que Maduro, quien era el vicepresidente ejecutivo en ese momento, asumió la presidencia como lo estipula la Constitución, y el 14 de abril de ese año se llevaron a cabo los nuevos comicios, donde resultó ganador con más de 50% del total de los sufragios.
En esta oportunidad, como explica la jurista consultada, "no existe falta absoluta" y se interpreta el texto constitucional venezolano de varias maneras. "Están creando al margen de la Constitución un mecanismo que no existe".
Díaz considera que los diputados opositores quieren darle un "barniz pseudojurídico" a la Carta Magna. "Inventaron esa figura del 'estatuto de transición' que prevé que Guaidó pasa de interino a provisional y después se convoca a elecciones".
La jurista considera que los asambleístas buscan convertir a Venezuela en un "régimen monárquico parlamentario". "Guaidó sería el Virrey", ejemplifica, y el "Parlamento asumiría las funciones de los demás poderes".
Según la Constitución venezolana, el poder público se distribuye en cinco ramas con "funciones propias": Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El texto consagra además que "toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos", por lo que garantiza la independencia de cada uno.
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