Mientras miles de manifestantes continúan su camino hacia La Paz desde El Alto y otras zonas campesinas, la Policía y las Fuerzas Armadas responden con "una impunidad total", narró a Sputnik el periodista Marco Teruggi, que se trasladó al país para acompañar las tensiones y se encuentra en el epicentro de la resistencia al golpe de Estado.
Las fuerzas del orden se mueven actualmente en Bolivia con "una impunidad absoluta", reportó a Sputnik el sociólogo y periodista Marco Teruggi desde la ciudad de El Alto, epicentro de las movilizaciones en contra del golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales.
Desde el lunes 11 de noviembre, miles de habitantes de El Alto comenzaron a organizarse, mayoritariamente de forma espontánea, para manifestar su respaldo a Morales y el rechazo al golpe de Estado que en la noche del martes 12 habilitó la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, como mandataria interina de Bolivia.
Según Teruggi, la figura de Áñez "en el exterior va a fungir como narrativa de que hay un Gobierno y no un vacío de poder", con el reconocimiento del Gobierno de EEUU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si bien se espera que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, mantenga su postura contraria a la autoproclamación de Áñez, Teruggi advirtió que los promotores de la caída de Morales "no van a detenerse".
"Mientras no hay un Gobierno como tal, hay un montón de ejercicios de poder, en particular represivos, con varios muertos en El Alto y también en La Paz con muchas denuncias", señaló el periodista.
Sin embargo, las primeras horas tras el derrocamiento de Evo Morales se caracterizaron por la falta de cifras oficiales sobre fallecidos, heridos o detenidos en los operativos represivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, que el lunes 11 tomaron la decisión de encargarse de la seguridad en las calles.
"En este momento no hay nada oficial, no hay Estado de derecho y lo que se logra saber es por debajo. Hay una impunidad absoluta", enfatizó Teruggi desde el lugar.
La ausencia de muchos medios de comunicación bolivianos en las zonas de protesta también colabora con los excesos de las autoridades, que "pueden hacer las acciones que quieran", comentó el periodista. Asimismo, el país carece en este momento de "una estructura capaz de hacer una sistematización y hacer una denuncia".
Teruggi describió la situación actual de Bolivia como un escenario en el que "no hay ley que rija" y "la ley es de quien tenga la fuerza en una situación de Estado de excepción".
"Hay que dejar de pensar en un Estado pseudo-democrático y hablar de un Estado de excepción dirigido por los militares", sintetizó.
Sin embargo, los manifestantes contra el golpe no se rinden y continúan organizándose para 'bajar' lentamente hacia La Paz, sede del Gobierno boliviano. Teruggi explicó que la mayoría de las movilizaciones son espontáneas o "con algún nivel de dirección" pero caracterizadas por una "radicalidad" que se incrementó tras los ataques que se dieron en los últimos días a la bandera whipala que identifica a los pueblos originarios de Bolivia.
Estos movimientos tienen, caracterizó Teruggi, una forma "ancestral" de movilización basada en la realización de un "cerco" sobre la sede del poder político, en este caso La Paz. La llegada de manifestantes desde El Alto hacia la capital ha sido una constante de los últimos dos días, a la que se sumó el arribo de movilizaciones desde otras zonas campesinas del país.
Los contingentes de manifestantes generarán "situaciones críticas" para el nuevo poder político boliviano, que según Teruggi, "sabe que ha detonado una situación que no sabe si puede controlar".
El Senado de Bolivia abordará este miércoles convocatoria "inmediata" a elecciones y abrogación del decreto que exime a los militares
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"Estamos poniendo la voluntad política. Tengan garantizado que aquí estamos para poder dar facilidades y canalizar estas nuevas elecciones mediante la ALP", ha declarado la presidenta de la Cámara de Senadores.
La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Mónica Eva CopaLuisa Gonzalez / Reuters
Mónica Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, convocó para este 20 de noviembre una sesión de ese cuerpo legislativo con el objetivo de iniciar el tratamiento de un anteproyecto de ley de convocatoria "inmediata" a elecciones generales en el país andino.
"En la Asamblea Legislativa tenemos la predisponibilidad de ir a una elección, y por eso es que [para] mañana convocamos a la plenaria de la Cámara de Senadores, para encarar un anteproyecto de ley que consta en la anulación [de las elecciones] y poder ir a una elección lo más antes posible", declaró la legisladora del Movimiento al Socialismo (MAS).
Copa indicó que uno de los puntos a tratar será la derogación del Decreto Supremo 4078 —aprobado por el Gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez—, que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno". Esta norma fue calificada por el dimitido presidente, Evo Morales, de "una carta blancade impunidad para masacrar al pueblo".
Al mismo tiempo, la legisladora llamó a todos los grupos movilizados a finalizar las actividades que provocan violencia.
"No queremos más muertes, no queremos más sangre. Estamos poniendo la voluntad política. Tengan garantizado que aquí estamos para poder dar facilidades y canalizar estas nuevas elecciones mediante la ALP", aseveró la legisladora.
Además, reiteró que su decisión de suspender la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) este martes responde al objetivo de "contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la pacificación del país".
"Nos sentimos acongojados, muy preocupados por la situación que atraviesa nuestro país en este momento", concluyó.
Los manifestantes bolivianos, que se encuentran en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al dimitido presidente Evo Morales, denunciaron este martes en declaraciones a RT el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía contra los participantes en las marchas de protesta en esa zona.
"Aquí nos están matando como a perros, como a un animal", dijo Silverio, un residente local, quien tiene a su cuñado en urgencias debatiéndose entre la vida y la muerte y "ha visto con sus propios ojos" cómo disparaban contra los manifestantes.
El hombre recrimina al gobierno en transición la brutal represión: "Nos matan. Lo he visto con mis propios ojos. Nos han disparado".
"Han sacado combustible, a fuerza de bala, gases y con una fuerza increíble", relató, por su parte, otro manifestante.
"Nos han pisoteado nuestra dignidad como indígenas originarios", señaló una mujer.
Previamente, la Defensoría del Pueblo informó al corresponsal de RT, Francisco Guaita, que un operativo militar y policial realizado este 19 de noviembre en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, dejó al menos 6 personas muertas.
Este organismo, asimismo, reportó la necesidad urgente de médicos, medicamentos y ambulancias para atender a unos 30 heridos en ese operativo.
Operativo para reabastecer
El operativo militar y policial comenzó en horas de la mañana de este martes para conseguir la salida, de las instalaciones de Senkata, de camiones cisterna cargados de gas, diésel y gasolina.
La planta se encontraba bloqueada por manifestantes que protestan contra el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez.
El ministro de Hidrocarburos del Gobierno de facto, Víctor Hugo Zamora, precisó que fueron 21 cisternas de gasolina y 19 de diésel las que lograron sacar del recinto y que se dirigirán a La Paz.
El depuesto presidente, Evo Morales, a través de Twitter, denunció esta acción policial y militar: "El gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia".
En otra publicación posterior, el dimitido mandatario denunció que "la dictadura de Mesa, Camacho, Áñez y sus cómplices, Albarracín y Villena, provocó hoy seis muertes de hermanos alteños en una operación coordinada con EE.UU.". "Que las nuevas generaciones y el mundo sepan que así actúa la derecha sumisa a las políticas genocidas contra el pueblo humilde", concluyó.
Por su parte, Fernando López, ministro de Defensa del actual Gobierno de facto de Bolivia, aseveró que "de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil" en el marco del operativo de desbloqueo de Senkata.
Fuertes manifestaciones en El Alto
Las manifestaciones en El Alto se incrementaron luego de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad del Gobierno de facto en contra de una marcha pacífica de cocaleros en Cochabamba, que dejó el pasado viernes 9 personas muertas por heridas de bala y más de un centenar de heridos.
Desde que Morales se vio obligado a renunciar, el pasado 10 de noviembre, y antes de este operativo en El Alto, se habían contabilizado 21 muertos en Bolivia, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal" a las Fuerzas Armadas cuando participan en "operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
Defensoría del Pueblo de Bolivia exige al Gobierno de facto desmovilizar al Ejército tras las muertes de civiles en Senkata
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Además, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso para reconocer la inconstitucionalidad del polémico decreto que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal.
Fuerzas de seguridad durante la protesta en Senkata, El Alto, Bolivia, el 19 de noviembre de 2019David Mercado / Reuters
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ha exigido al Gobierno de facto este 19 de noviembre desmovilizar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia después de que se registraran 6 muertes de civiles y unas 30 personas heridas en el marco del operativo militar y policial realizado este martes en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto.
"En este momento, las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano y hay que ser conscientes de que la primera acción de pacificación que tiene que realizar el Estado, es desmilitarizar", ha aseverado Cruz, exigiendo a la Fiscalía y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) investigar lo sucedido y castigar a los responsables.
Además, la jefa de la Defensoría del Pueblo ha reiterado su anterior petición, dirigida a la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, de anular la vigencia del Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que participan "en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno", y que ha sido calificado por el presidente dimitido, Evo Morales, de "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
La defensora del Pueblo ha tachado de "insulsa" la vigencia de este polémico decreto y ha indicado que acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con una solicitud para reconocerlo contrario a la constitucionalidad y dejar claro, de este modo, que "los hechos que están ocurriendo el día de hoy, de muertes y heridos no van a quedar en la impunidad".
"Recordar a la Policía y a los militares que no hay decreto, ley, ni Constitución que los salve de un juicio penal ordinario de estos casos, es momento de dialogar, pero dialoguemos en serio, sin perseguir, ni intervenir, sin balas, ni muertos", ha señalado Cruz.
En ese sentido, ha llamado a las autoridades de facto a evitar las acciones y discursos que puedan promover la persecución de dirigentes de protesta social y la criminalización de los grupos que rechazan a la autoproclamada presidenta Áñez.
En conclusión, la defensora del Pueblo ha opinado que desmovilizar a las FF.AA. podría convertirse en un primer paso del Gobierno de facto en el camino de un acercamiento e inicio de un diálogo con el objetivo de buscar la pacificación de Bolivia.
El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, se convirtió desde hace mucho en asentamiento de miles de fábricas y de plantas de procesamiento de hidrocarburos, lo que le dio una identidad de clase obrera y trabajadora de gente joven, que mezclada con sus raíces indígenas de todas las partes de Bolivia, han dado como resultado una población muy dinámica y altamente politizada, punta de lanza en muchos de los movimientos de protesta. Como lo fue durante la "Guerra del Gas" de 2003.
En días pasados la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, empezó una cacería de brujas contra miembros del MAS y una represión brutal contra los ciudadanos bolivianos, especialmente contra los indígenas. Y El Alto, con una mayoría de población indígena, con decenas de organizaciones obreras, juveniles y de mujeres de lucha, fue uno de los principales blancos de la represión de este nuevo gobierno.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Esto no es democracia, es el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa que ve en la población indígena a sus enemigos. Son las élites económicas de Bolivia que están enardecidas porque vieron en los últimos años el empoderamiento de gente a la que solían tratar como cosas
En la memoria histórica de los habitantes de la zona están presentes los exitosos bloqueos de 2003 que impidieron la entrada de hidrocarburos a La Paz y eso les dio un mayor margen de negociación. Pero el gobierno golpista también recuerda bien esas tácticas y esta vez las trataría de impedir a cualquier costo, incluido el de sangre y fuego sin reservas. Este 19 de noviembre, la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en el distrito 8 de Senkata, en El Alto, fue objeto de una represión sanguinaria con el objeto de liberar un convoy de cisternas (carros tanque) de gasolina, diésel y gas licuado que eran custodiados por militares.
Militares empezaron a disparar a la población gas lacrimógeno, balines y balas desde distintos puntos, incluso desde helicópteros. En cuestión de minutos hubo decenas de heridos y varios muertos. Horas después se convocó a una marcha de protesta que fue de Senkata a La Paz para reprochar por la represión de la que está siendo objeto El Alto. Algunos manifestantes llevaban féretros que simbolizaban a sus compañeros caídos de la jornada anterior. Pero fueron recibidos otra vez con gases y plomo y las nuevas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo fueron nuevos cuerpos tendidos junto a los ataúdes de utilería que se habían llevado para la protesta. Desoladoras imágenes de un pueblo que es atacado por un gobierno golpista que pretende sofocar las protestas sociales en su contra.
Esto no es democracia, es el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa que ve en la población indígena a sus enemigos. Son las élites económicas de Bolivia que están enardecidas porque vieron en los últimos años el empoderamiento de gente a la que solían tratar como cosas. Que vieron como sus "sirvientes" (choferes, trabajadoras del hogar, ayudantes) se convirtieron en ciudadanos conscientes de sus derechos políticos y civiles. Y les duele y les molesta. Y para eso hicieron un golpe de Estado que pavimente el camino de la contrarrevolución. Quieren al indio fuera del espacio público y sobre todo fuera de los lugares de toma de decisión.
Es urgente que el gobierno de facto no tome decisiones de política interior o internacional como ya lo ha empezado a hacer. El más grave es el decreto que permite a los militares reprimir a los manifestantes sin repercusiones, algo que debería escandalizar a cualquier organismo de derechos humanos, como ya pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el contexto internacional ya se habla de modificar contratos de gas o de la protesta contra las condiciones de asilo de Evo Morales en México.
La única tarea que deben tener por el momento los órganos de gobierno, ya sean legales y legítimos (como la Asamblea Legislativa) o parte del gobierno golpista (como el Ejecutivo), debe de ser el llamado a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible para tratar de pacificar al país y que no haya más manifestantes asesinados por este nuevo gobierno de facto. En el Senado ya se presentó un proyecto de ley que fue enviado a varias comisiones, mientras que la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, entregó otra propuesta de ley que también busca convocar a nuevas elecciones, empezando por la designación de jueces del Tribunal Supremo Electoral.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Lo que no se debería permitir bajo ningún motivo es la participación de la OEA en estas nuevas elecciones ya que ha mostrado ser una entidad que defiende los intereses de los Estados Unidos y de los golpistas en detrimento de la ciudadanía boliviana
Los parlamentarios de MAS están proponiendo la anulación de las elecciones del 20 de octubre y como fecha tentativa para los nuevos comicios los primeros días de enero, mientras que el gobierno de facto y los golpistas pretenden que se postergue más tiempo, con la finalidad seguramente de poder controlar primero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con ellos tener unas elecciones a su modo. Lo que no se debería permitir bajo ningún motivo es la participación de la OEA en estas nuevas elecciones ya que ha mostrado ser una entidad que defiende los intereses de los Estados Unidos y de los golpistas en detrimento de la ciudadanía boliviana.
Es claro que la voz cantante en esta nueva etapa la debe tener la Asamblea Legislativa de Bolivia, que es el único órgano legal y legítimo en estos momentos. Que Jeanine Áñez amenace organizar elecciones por decreto no haría sino complicar las cosas en Bolivia y que la pacificación se aleje. Por su parte, Evo Morales ha declarado en un acto profundamente responsable, que estaría dispuesto a dar un paso al costado en estas nuevas elecciones si esto contribuye a frenar la violencia del nuevo gobierno contra la gente. Tal vez sea el momento de nuevos liderazgos en el MAS y mostrar que este es un proyecto político nacional e intergeneracional. Destacan los nombres de Andrónico Rodríguez Ledezma, vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, y Adriana Salvatierra, actual presidenta del Senado.
Por último debemos destacar la importancia que tienen los medios internacionales ante el cerco mediático del nuevo gobierno y los medios bolivianos principalmente ante las masacres que se han venido perpetrando contra los manifestantes. En El Alto, una de las consignas más escuchadas es "¿Dónde está la prensa?", en referencia al estruendoso silencio de los medios nacionales que actúan en contubernio con el gobierno de facto para acallar los asesinatos de los bolivianos. ActualidadRT, teleSUR, HispanTV, Página12 o periodistas como Marco Teruggi y Juan Manuel Karg están haciendo una espléndida cobertura que está rompiendo ese cerco mediático para que el mundo pueda enterarse del verdadero rostro de esta tiranía religiosa militar que se quiere imponer en Bolivia.
La importancia geopolítica del 'Triángulo del litio' en Sudamérica (y su conexión con el golpe en Bolivia)
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La región fronteriza de Bolivia, Chile y Argentina concentra el 68 % de las reservas mundiales de litio, mineral cuyo valor ha crecido de manera significativa en los últimos años.
Pilas de minerales en el salar de Uyuni, Bolivia.wikipedia.org / Luca Galuzzi
El crecimiento en la demanda y fabricación de dispositivos electrónicos y automóviles eléctricos ha provocado una disputa global por el litio. Se trata de un codiciado mineral utilizado para la fabricación de baterías cuyo valor ha repuntado de manera significativa en los últimos años, modificando el tablero de la geopolítica global.
En este contexto, el 'Triángulo del litio' en Sudamérica, la región fronteriza entre Bolivia, Chile y Argentina, se posiciona como una zona estratégica que despierta un creciente interés para las potencias económicas que manejan la economía global.
Un factor que, de acuerdo con el presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, explica una parte de los motivos detrás del golpe de Estado en la nación andina.
¿Qué es el litio?
Es un metal alcalino conocido por ser el elemento sólido más ligero que se conoce (tiene la mitad de densidad del agua), además de ser un eficiente conductor de calor y electricidad.
Por su elevado potencial electroquímico constituye un excelente material para la fabricación de baterías eléctricas para el almacenamiento de energía, también denominadas como baterías Li-Ion.
Batería de litio.wikipedia.org / Kristoferb / CC BY-SA 3.0
Dichas baterías son utilizadas principalmente en la industria de los dispositivos electrónicos y también en el mercado de los automóviles eléctricos, dos sectores que han tenido un crecimiento importante en las últimas dos décadas.
La comercialización del litio para la fabricación de baterías se da principalmente en su forma de carbonato de litio, aunque para otros usos industriales también se utiliza en forma de óxido de litio o cloruro de litio.
Tipos de yacimientos
El litio se extrae a partir de tres tipos de depósitos: salmueras (salares con agua de lluvia), pegmatitas (roca dura de grano grueso) y rocas sedimentarias. Sin embargo, la explotación más rentable de litio es la extracción en salmueras.
Se estima que el 58 % del total de litio en el planeta se encuentra en los salares de salmuera, seguido por un 26 % disponible en las pegmatitas, un 7 % en arcillas y el resto se encuentra en concentraciones poco significativas en el mar.
Usos industriales
En la actualidad el 39 % del litio es utilizado para la fabricación de baterías, el 30 % para la elaboración de productos cerámicos y vidrios, el 8 % para grasas y lubricantes, 5 % en la metalurgia, 5 % para la elaboración de polímeros, un 3 % para tratamientos de aire y el restante 10 % se dirige a otros fines, incluyendo usos medicinales.
De cara al año 2026, se estima que el 70 % del consumo tendrá como destino la fabricación de baterías, un 15 % a vidrios y cerámicos y el 15 % restante a otros usos, según datos del Ministerio de Energía y Minería de Argentina.
El 'Triángulo de litio' en Sudamérica
La mayor concentración de litio se encuentra en el llamado 'Triángulo del litio', conformado por Bolivia, Chile y Argentina.
Estos tres países concentran alrededor del 68 % de las reservas globales del mineral.
Bolivia posee el 30 % de las reservas mundiales de litio, seguido de Chile, con 21 %, y Argentina, con 17 % del total, según el estudio 'El mercado mundial del litio y el eje asiático. Dinámicas comerciales, industriales y tecnológicas (2001-2017)', realizado por Julián Zícari, Bruno Fornillo y Martina Gamba.
Más atrás se encuentra Australia con 7 %, que pese a poseer uno de los mayores yacimientos en forma de pegmatita, sus números caen considerablemente al procesar dichas rocas y convertirlas en carbonato de litio, la forma estándar de comercialización del mineral con fines industriales.
La región de Norteamérica también alberga algunos yacimientos de litio, aunque en menor magnitud.
En este sentido, Canadá y México poseen cada uno el 3 % de las reservas globales de litio, seguidos de EE.UU. que cuenta con el 2 % del total.
El mercado mundial del litio
La explosión de las nuevas tecnologías de la información, principalmente con el auge de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet, así como las baterías para automóviles eléctricos, ha modificado por completo el mercado mundial de litio en las últimas dos décadas.
Esto explica el marcado repunte en el valor del litio a partir de 2015, al mismo tiempo que la cantidad de litio comercializable en el mundo ha tenido una tendencia a la baja a lo largo del siglo XXI, según muestran cifras disponibles en la base de datos de comercio de productos básicos de Naciones Unidas.
Justamente, lo más emblemático del régimen de facto en Bolivia, encabezado por la senadora derechista y ultraconservadora Jeanine Añez, ha sido su violenta represión y persecución de todo lo que huele a Evo Morales o a su partido, el MAS. El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, ha declarado orgullosamente al New York Times que está "cazando a Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales, como "un animal". También dijo a The Guardian que quiere "encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida", acusándolo de "terrorista". Ese lenguaje es el de un fascista, y evidencia la gravedad de la persecución que Bolivia está viviendo.
Este mes, quiero ceder este espacio al análisis realizado por uno de los perseguidos por el régimen de facto en Bolivia, cuyo nombre reservaré por el grave peligro y persecución que está actualmente enfrentando en su país. El rol de las fuerzas armadas y la policía en el golpe contra Evo no puede ser subestimado. Y tampoco, la mano injerencista de Estados Unidos:
Bolivia vive un momento más de desgarramiento social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por alto. La primera de ellas, es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita del crecimiento económico, la estabilidad política y la justicia social.
La segunda paradoja, es sostener que hubo sucesión constitucional cuando en realidad lo que ocurrió fue un asalto planificado al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación democrática hasta el motín policial, lo que hubo fue un manejo del tablero político arteramente orquestado, desde tiempo atrás, en las entrañas del imperio con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una religiosidad casi macabra.
La tercera paradoja, es el penoso papel de los medios de comunicación, que hoy son una maquinaria de manipulación vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la panoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta "maldad masista y el descomunal fraude", encubriendo al mismo tiempo la brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y al ciudadano, cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde "cuartos de guerra".
Los militares por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto, que supuso sanciones penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las Fuerzas Armadas (FFAA) retornaron a las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano, con la misión de enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, General del Ejército Kalimán, aparentemente desconcertado y con voz trémula, dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos, escenario que había sido evitado hasta el final por el presidente Evo Morales. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimán y sus comandantes sayones al mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La presidente de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, con las fuerzas militares, La Paz, 13 de noviembre de 2019.Luisa Gonzalez / Reuters
La autonomía política del Gral. Kalimán en el momento de mayor crisis social y política, que precipitó el golpe definitivo, retrata de alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia, sino la incomprensión de su ethos profesional, su cultura e ideología corporativa conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de todo conflicto social durante 13 años, equipó a la institución, incrementó su legitimidad ante la opinión pública, elevó su nivel salarial y su calidad de vida, y su incursión en tareas sociales y desastres naturales, permitió ser considerados por el gobierno como "soldados de la patria".
Empero hoy, un régimen de facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos fanáticos, está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la sociedad y la condena internacional, cuyos efectos difícilmente serán superados en las próximas décadas. A esto se suma el cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin precedentes.
El golpe de Estado contra el proceso democrático liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor protagónico, aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el domingo 10 de noviembre del 2019, pasará a la historia como uno de esos días tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y patéticamente circense, que usó la biblia como escudo religioso para legitimar su sobrevivencia.
La Policía por dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno, hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente articulado por las fuerzas opositoras de derecha, que sabían desde años previos que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo de relojería dentro de la Policía, mientras el gobierno las ignoraba o solamente apelaba a ellas en casos de conflictividad social
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización, modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales. Los privilegios policiales, las prácticas de corrupción, así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa, solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos apenas las migajas o "mordidas", situación que potenció el malestar policial subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
A esto se sumó el tratamiento inequitativo del gobierno nacional en favor de las FFAA –construcción de edificios, campos deportivos, compra de equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc.–, que alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las fuerzas policiales.
Policías durante el amotinamiento en Cochabamba, 8 de noviembre de 2019.Danilo Balderrama / Reuters
Ante la displicente relación entre Evo Morales y la Policía, el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de sus principales fuentes institucionales de recaudación, siendo las principales la otorgación de carnets de identidad y la lucha contra el contrabando. Aunque las decisiones fueron correctas, dirigidas a eliminar la corrupción, éstas fueron interpretadas de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio burocrático.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles por las protestas clase medieras dejó entrever su finalidad multifacética. Sirvió como la mejor oportunidad para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial efecto.
La retoma policial de instituciones, espacios y prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente. En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a devolverles todas las instituciones "arrebatadas injustamente por el gobierno nacional" y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Empero, la autonomía policial en este contexto de crisis, se traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces contra funcionarios de gobierno, está promoviendo la constitución de grupos policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica sicarial y vengativa.
Está claro que militares y policías constituyen las cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con sentido común debiera empezar a conocer, aunque superficialmente, las profundas fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias. Sin embargo, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso, y por ello, su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Con una Policía Nacional enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política, jurídicas e institucionales, los bolivianos viven un panorama desolador.
Aunque Bolivia vaya a nuevo proceso electoral, sin la presencia de Evo Morales, Alvaro Garcia Linera u otros miembros de su partido, las heridas causadas por este violento golpe a su democracia y al estado de derecho no se van a recuperar. Hace falta denunciar ante la comunidad internacional las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto de Añez. Hace falta un clamor internacional en contra de la persecución y represión del pueblo, y de los miembros del partido y gobierno de Evo Morales, quienes temen por sus vidas y han sido forzados al exilio o al resguardo. Eso no es ninguna "transición democrática". Es una purga fascista que busca neutralizar y subyugar al pueblo digno. Mantener el silencio frente a tanta injusticia, sería un crimen de complicidad.
El dimitido presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de su conversación con Rafael Correa, ha indicado que entre las causas que han llevado al golpe de Estado en su país están la lucha de clases y las reservas nacionales de litio, entre otros factores.
Litio
Una de las mayores reservas de litio del mundo —necesario para la fabricación de autos eléctricos, baterías de larga duración, etc.— se encuentra en Bolivia y Morales ha expresado su total confianza en que este hecho influyó significativamente en la situación actual que se vive en el país.
Evo Morales
En Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo
"Yo estoy segurísimo porque un grupo de dirigentes cívicos del Potosí rechazaron nuestro plan del litio, que estaba previsto al 2025: 41 plantas, 14 de ellas netamente industria del litio. Ya hemos terminado, el año pasado inauguramos la de cloruro de potasio, vamos a empezar a explotar 15.000 toneladas de septiembre hasta finales, estamos ampliando la exportación. El próximo año estaba previsto terminar la gran industria del carbonato de litio; en planta piloto este año estaba previsto 400 toneladas. Una tonelada de carbonato de litio cuesta más de 10.000 dólares. Hidróxido de litio. Y además de eso, plantas de baterías de litio. Estaba en el plan. Otras plantas tenían que ser solamente para insumos, y otras para subproductos. Tema de alimentos, tema de medicamentos, etc. Un lindo plan. Y ahí viene esta arremetida", ha lamentado. Morales ha indicado que la idea ha sido terminar la industrialización del litio y luego "en Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo".
"Y ahora me he dado cuenta de que algunos países industrializados no quieren competencia. Primero, en el tema de liberación tecnológica. Y segundo, no aceptan que también otro modelo económico basado en el socialismo, como los llamados 'progresistas izquierdistas', demos otro mensaje que también otros van a seguir y soluciones para nuestros pueblos", ha indicado.
Lucha de clases
Evo Morales ha coincidido con Rafael Correa en que el "denominador común" para que las élites inicien el ataque contra los gobiernos de izquierda "no es ser indio, no es ser obrero, no es venir de la pobreza extrema, es que desafiamos al sistema, es que con nuestros gobiernos no manejaron el poder por primera vez en la historia".
"No tuvieron el poder. Y eso no lo pueden perdonar y no lo pueden seguir permitiendo. Y están dispuestos a todo, porque para ellos la democracia es válida mientras sirva a sus intereses. En el rato en que empieza a cambiar algo, y contra ellos, en función de las grandes mayorías, recurren a todas las argucias, a todos los instrumentos, entre ellos el golpe de Estado", ha manifestado Correa.
En este sentido, el exmandatario boliviano ha señalado también otro tipo de estrategia utilizada por ciertas élites empresariales y grupos de presión afines a la oposición: el discurso religioso. "Usaron la oración para hacer odiar, la Biblia contra la familia", indica Morales, que se muestra, como católico, "un poco decepcionado" al comprobar como sus detractores "usan a Jesucristo para hacer discriminar después".
Morales ha resumido que se trata de una "lucha de clases". "Yo estoy convencido de eso", ha subrayado, a lo que el anfitrión del programa ha añadido que "ser indígena es un agravante, porque nuestras élites son esnobistas, son racistas, y lastimosamente son semiignorantes también".
Morales ha evocado que al principio de su gobierno "había familias cautivas, y no querían desprenderse del patrón". "Nosotros dijimos les vamos a quitar su terreno y va a ser tu terreno. Esto ha pasado en Chaco Boliviano, no, no querían de su patrón nada y están endeudados para todo el año en temas de esos, tienen que trabajar, son esclavos. Costó, poco a poco, hemos liberado. Hemos acabado con las familias cautivas", recordó.
"Entonces, lo que usted cuenta es de verdad y sí que hay como una mentalidad, pero ahí, lamento mucho decir, hay algunos profesionales que dicen: nosotros hemos estudiado para mandar y dominar a los indios. Hay grupos todavía, eso a mí me sorprende", agregó.
Golpe tras golpe
El dimitido presidente ha recordado que en Bolivia, antes de su llegada a la Presidencia, "nunca hubo estabilidad, excepto en el Gobierno, en la época de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, de 1829 a 1838 como cerca de 10 años de presidente", al cual puso fin un golpe de Estado, "a la causa de las oligarquías chilenas apoyado por las oligarquías bolivianas".
"Nunca hubo estabilidad política desde 1825 hasta el 2005, un presidente cada dos años de promedio. Yo me acuerdo como soldado, yo fui soldado de las Fuerzas Armadas, en 1978, ese año conocí 3 presidentes, 3 generales. Al año siguiente, como 4 presidentes. Golpe y golpe, sesión del Congreso, otra vez golpe", ha recordado Evo Morales.
"Noviembre del 78, me acuerdo, a mí me especializaron en policía militar porque era alto, medio flaco; y a la tarde dejé a mi general David Padilla Arancibia de comandante, porque estaba en un puesto militar, de comandante general del Ejército, estaba de comandante. Al día siguiente me despierto y mi comandante ya era presidente", explicó.
"Y 5 años antes de la Presidencia, de nuestro proceso de cambio, 5 presidentes. […] y la misma pregunta ahora, [yo] estaba cumpliendo 13 años, como 9 meses y 18 días. Ahí viene este golpe". Con respecto a la pregunta de Correa acerca de la reelección indefinida, Evo Morales ha indicado que no la ha pedido.
"Yo, en mi vida, aprendí que el cargo no se busca, el cargo te busca, desde dirigente sindical hasta ahora presidente. Entonces, ahí, los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana dijeron que hay que hacer un referéndum para "habilitarte", "estamos bien", "debes continuar"; acepté. Esto no es mi pedido", ha aseverado.
Con respecto al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Morales ha señalado que el informe registró irregularidades durante los comicios del 20 de octubre, pero "en ninguna parte decía que hay fraude".
"Hay un informe oficial en la primera vuelta, siempre muy amplio, si quieren revisen, que haya auditoría electoral, pero aquí hay un tema importante, el acuerdo con la Cancillería y la OEA que decía el día miércoles de la semana pasada que a las 13:14 debería darse un informe oficial, ese era el acuerdo, pero sorpresivamente, el domingo en la madrugada, nos llaman, y ya había un acuerdo preliminar, dijimos: 'Pásennos el acuerdo preliminar'. Y era cualquier cosa, una parte decía: 'Evo ganó, Carlos Mesa segundo', con ello se demuestra que ganó en la primera vuelta", ha señalado.
Morales continúa: "En ese momento yo dije: 'Comuníquenme con Luis Almagro'. No me comunicaron. Ya estaban sacando el domingo en la madrugada, y hablé con el encargado que estaba hablando con el canciller, yo le dije de manera muy textual: 'Si ustedes no revisan su informe, con este informe van a incendiar Bolivia y va a haber muertos'". "El domingo en la madrugada la OEA se suma al golpe de Estado", ha resumido.
Además, el dimitido presidente ha explicado que el grupo de expertos estadounidense Center for Economic and Policy Research le confirmó, tras una evaluación, que Evo Morales ganó en la primera vuelta. "Lo han dicho dos grupos más de expertos", ha agregado Correa.
Evo Morales
También estoy convencido, si realmente hiciéramos un reconteo voto por voto, mesa por mesa, todos, ganamos
"No [los] hemos contratado, no [les] hemos pagado para nada, pero es su propia opinión. Y además de algunos expertos nacionales, demuestran que hemos ganado en la primera vuelta", ha insistido Morales.
"Yo no tengo nada que ocultar, nunca he ocultado nada. Y cuando hay un fraude, que vengan instituciones, personalidades, expertos, organismos, a hacer una auditoría. Nosotros hicimos una auditoría interna. Hubo algunas irregularidades pero hemos ganado en la primera vuelta, confiados. Y ya, se ofreció la OEA y que venga. Pero la OEA tomó una decisión y su informe no se basa en un informe técnico, sino en una decisión política", ha aseverado y añadió que "en vez de que sea OEA, debe llamarse Organización de Estados del Norte, mejor que América".
Golpe en marcha
Morales ha recordado que cuando avanzaron hacia algunas ciudades los "grupos racistas y fascistas" con la meta del golpismo, "primero, yo convoqué a los partidos que tienen representación parlamentaria producto de las elecciones del 20 de octubre. Me rechazaron. Y segundo, el domingo en la mañana dije: 'Bueno, que vayan a nuevas elecciones, con nuevos actores políticos, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y si no quieren [con] Evo, también sin Evo Morales'. Tampoco quisieron".
"Entonces, ¿cuál era la tarea? Era el golpe, 'fuera Evo'", ha indicado y señalando que: "Todo el día domingo 10 de noviembre fue muy doloroso para mí… [ver a la gente] quemando [casas de] gobernadores y [según] las últimas informaciones a nuestra diputada uninominal, la Policía le pone las manos sobre la nuca, como en [los] tiempos de la dictadura. [Golpean] a nuestra senadora Adriana Salvatierra cuando estaba entrando en la Asamblea, le rompen [la ropa], la agreden... es dictadura, dictadura".
"Y la última información de esta mañana: ahora rodeados de tanques, queriendo cerrar la Asamblea. Quieren cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional", advirtió.
"¿Quién está mandando en este momento? La gente de EE.UU. y el 'Tuto' Quiroga, que es el 'banzerismo'; 7 años de dictadura. Decían 'Evo autoritario', '¡Dictadura!'… Ahí está la dictadura", ha hecho hincapié, agregando que "en un solo día 12 muertos a bala, disparando desde helicópteros".
El mandatario dimitido ha señalado que cuando llegó al poder, "en todas las Fuerzas Armadas había un solo helicóptero". "Las equipamos y ahora tienen 25 helicópteros. Y me duele ver que lo que compramos de Francia, de China, disparándole a mis hermanos", ha lamentado Morales.
"Yo siempre he dicho que ese equipamiento no es [para ser usado] contra el pueblo. Es para prestar servicio al pueblo; en inundaciones y tantos desastres naturales que tenemos últimamente y por supuesto para la defensa de la Patria. Ahora, [lo están usando] contra el pueblo. Pero estoy convencido de que no son todos los comandantes, ni son [todos] los oficiales", ha expresado.
"Yo he conocido a militares patriotas, no sé si es importante decirlo, sí llegan a mí informaciones importantes [de] dentro de las Fuerzas Armadas, tengo mucha confianza en que, en cualquier momento, las Fuerzas Armadas van a estar con el pueblo", ha aseverado y agregó que "hay que hacer una profunda reestructuración, si queremos que las Fuerzas Armadas estén al servicio del pueblo y no del imperio".
"Hasta el domingo, 0 muertos. Del lunes hasta el viernes de la pasada semana, en 5 días: 21 muertos a bala", ha denunciado. "Repito nuevamente, las Fuerzas Armadas se suman el día domingo y el día domingo se suma la OEA, para rematar el golpe de Estado", ha reiterado.
Además, Evo Morales ha revelado que no creyó mucho "en este montaje sobre fraude". "Ya desde octubre empezaron a decir 'va a haber fraude, va a haber fraude' y por más que hubiéramos ganado con más del 50 o 60% igual lo habrían desconocido, estoy convencido de eso. Era importante como aclaré oportunamente, tener más [observadores] que vengan. También estoy convencido, si realmente hiciéramos un reconteo voto por voto, mesa por mesa, todos, ganamos", ha concluido.
Respecto a su estado actual, ha indicado que "legalmente" sigue siendo el presidente de Bolivia si todavía no han aprobado su renuncia.
Atentado contra Evo Morales
Morales ha revelado que el día 4 de noviembre se perpetró un atentado contra su vida. "Yo fui a entregar un camino. Sorpresivamente, el helicóptero se había caído. Yo todavía estaba pensando que era por algún problema, pero ahora estoy convencido, convencido, de que eso fue un atentado", ha declarado.
Evo Morales
El comandante de la Fuerza Aérea, Terceros, es el que ha hecho este atentado
"Yo he viajado tanto en helicóptero cada día… De los 9 departamentos que tiene Bolivia, mi récord, en 5 departamentos he estado en temas de gestión. Desde las 05:00 de la mañana, hasta las 11:00, 12:00, a veces hasta la 01:00 de la mañana. Viajes en helicóptero, avión, helicóptero, avión. Con ventarrones, lluvias, a veces la nubosidad… pero aquí una pequeña llovizna… me ha sorprendido. Después ya me he dado cuenta de que han generado [el atentado]", ha indicado Evo Morales.
"El comandante de la Fuerza Aérea, Terceros, es el que ha hecho este atentado", ha aseverado, "porque en los últimos días ya cambió totalmente este general".
"Ese día, Camacho dijo: 'El día lunes van a ver cómo Evo se va a caer, vamos a mostrarlo en video'. Y en la noche, después de que salvamos la vida por el tema del helicóptero, no mostró nada. La decepción de la gente que esperaba la documentación de lo que él quería mostrar: que se ha caído el helicóptero de Evo y cómo Evo ha muerto", ha revelado Morales.
WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró la renuncia de Evo Morales en Bolivia, y sostuvo que ello le da una fuerte señal a "regímenes ilegítimos" en el Hemisferio Occidental, entre los que incluyó a Nicaragua y Venezuela.
"La renuncia ayer del presidente boliviano Evo Morales representa un momento significativo para la democracia en el Hemisferio Occidental (...) EEUU aplaude al pueblo boliviano por demandar su libertad, y a las fuerzas militares por cumplir con su voto de proteger, no a una persona, sino a la Constitución de Bolivia", afirmó Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.
El mandatario añadió que la salida de Morales es "una fuerte señal para los regímenes ilegítimos en Venezuela y en Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerá".
Estados Unidos no tiene preferencias entre los candidatos para ocupar la presidencia boliviana tras la renuncia de Evo Morales, dijo un portavoz del Departamento de Estado.
El funcionario dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que Washington "prioriza el cumplimiento de los procedimientos democráticos" y subrayó que la elección de un nuevo presidente de Bolivia debe realizarse de acuerdo con la Constitución actual del país.
La segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, Jeanine Áñez, quien asumiría la presidencia interina después de las renuncias de Morales, dijo más temprano que las nuevas elecciones deben celebrarse antes del 22 de enero de 2020.
El líder indígena Morales, que llevaba en la presidencia de Bolivia desde 2006, dimitió en medio de violentas protestas y tras la petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas.
La renuncia ocurrió pese a que el presidente convocó a nuevas elecciones debido a que auditores de la OEA sugirieron repetir la votación en Bolivia ante la constatación de irregularidades en el conteo de votos en las elecciones del 20 de octubre pasado, en las que Morales resultó ganador, según el Tribunal Supremo Electoral.
EEUU ha impuesto sanciones contra Venezuela y Nicaragua, a cuyos líderes, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, acusa de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Investigadores latinoamericanos y europeos construyeron un mapa que refleja cómo un entramado de agencias del Gobierno norteamericano, corporaciones privadas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación fueron 'esenciales' para sacar a Evo Morales del poder. Sputnik habló con una de sus creadoras, Silviana Romano.
Romano es licenciada en historia y también en comunicación, es doctora en ciencias políticas y ha dedicado sus últimos años de estudio a las relaciones de Estados Unidos con América Latina, "con especial énfasis en temas de guerra psicológica", dijo en diálogo con Sputnik.
La investigadora creó el mapa junto a Tamara Lajtman, brasileña radicada en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Aníbal García Fernández, mexicano formado en la Universidad Nacional de México (UNAM), y Arantxa Tirado, formada en Barcelona, quienes tienen en común haber tomado, en algún momento, clases en la UNAM.
"El equipo comenzó siendo sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina, pero hace un año se reformuló para incluir a otras potencias como Rusia y China, que disputan los intereses a EEUU", explicó Romano.
Ante el cambio del poder sufrido por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia, encabezado por Evo Morales, y que causó su exilio en México —y el de otros miembros de su Gobierno— el equipo presentó su análisis geopolítico de este suceso en la forma de un mapa de poder que fue publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en un informe titulado "Estados Unidos y la construcción del Golpe en Bolivia".
Silvina Romero compartió con Sputnik algunas pistas para leer ese mapa.
Infografía que muestra la red de poder detrás del golpe en Bolivia (clic para expandir)
¿Qué es un mapa de poder?
"Siempre se habla de imperialismo y de dominación, pero la gente descree de esta postura porque dice que le faltan pruebas. La red o el mapa de poder es una manera de materializar y poner de modo sintético cómo opera el poder", explicó la doctora.
Romano señaló cómo en el caso de Bolivia se confirma el maridaje en los intereses entre las agencias del Gobierno norteamericano con corporaciones trasnacionales, que comparten funcionarios mediante mecanismos como la puerta giratoria, que permiten el pasaje del ámbito público al privado; y la institucionalización política de técnicas de mercado como el lobby.
La doctora en ciencia política sumó en su análisis un mecanismo descrito en la década de 1980 por los teóricos de la comunicación que incluye en este esquema a los medios de comunicación.
"El concepto 'manufacturing consent' sale del trabajo de Edward Herman y Noam Chomsky llamado Los Guardianes de la libertad, un libro de 1988 y las ideas sobre 'la red' las aportó Armand Mattelart con sus estudios sobre economía política de la comunicación crítica, pero como no son autores posmodernos, han quedado en el olvido", aseguró Romero, quien señaló la pertinencia de esos marcos teóricos para entender la realidad actual de América Latina.
"Cuando existen esas relaciones asimétricas, dónde hay lugares que sí tienen herramientas para generar un discurso que tiene fuerza de verdad por la cantidad de veces que se repite, por cómo se machaca en las redes sociales y no deja espacio para la opinión contraria", explicó, podemos ver este mecanismo de crear consenso en funcionamiento, que, según revela este estudio, es financiado y dirigido de manera exógena a los países y puede aplicarse a la crisis boliviana actual.
"Este mapa de poder del golpe en Bolivia muestra la vinculación entre instituciones locales, regionales, trasnacionales y trayectorias personales. Es un trabajo del tipo sociológico y ayuda en este caso a comprender un mínimo porcentaje, una partecita de cómo operan estas instituciones vinculadas a las derechas a nivel local y trasnacional cuando no están de acuerdo en la deriva política, económica de un Gobierno", comentó la coautora.
Una historia golpista: el caso boliviano y sus principales actores
Romano es especialista en este tipo de golpe. El primero en la historia fue el que derrocó a Jacobo Árbenz de la Presidencia de Guatemala en 1954.
"Cuando hablamos del poder, hablamos de la toma de decisión para convencer en el plano ideológico y favorecer su reproducción, al financiarla en términos materiales", explicó.
El mapa se construyó siguiendo los esquemas de financiamiento a partir de dos instancias gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que a su vez, financia a la Fundación Nacional para la Democracia, un órgano "vinculado desde su creación en la década de 1980 a la financiación de contrainsurgencia" y que aparece ahora detrás de organismos claves en la promoción del golpe contra Evo Morales, de acuerdo con la investigación.
"La NED no aportó tanto con dinero, sino con la aprobación de sus líneas de trabajo y con su proyección internacional", dijo Romano. "Esta red incluye fundaciones y ONG, así como vínculos con tanques de pensamiento de Estados Unidos que generaron una 'opinión experta' sobre Evo Morales durante los últimos dos o tres años, que sostuvo que si bien la economía iba bien, Bolivia tenía un problema con la democracia", señaló Romano.
Este problema que identificaron los tanques de pensamiento de Estados Unidos decía que "la democracia boliviana era autoritaria, que no era normal como debería ser y que lo más probable era que en las elecciones de 2019 hubiese un escenario de desestabilización y de violencia si no se pasaba a segunda vuelta", señaló Romano.
Es decir, anticiparon tiempo antes el escenario que ahora vemos materializado. "Ya lo habían escrito entonces. Ahora, ¿ese era un escenario probable o deseable? Como era uno deseable, buscaron generarlo con esas proyecciones", explicó.
Según los investigadores, la NED financia directamente a la Agencia Nacional de Prensa de Bolivia y a la Fundación Nueva Democracia, fundada por el senador de Unidad Democrática por el Departamento de Santa Cruz, Óscar Ortiz Antelo, opositor al MAS.
A su vez, Nueva Democracia es miembro de la Red Atlas, identificada por Romano como una organización creada en la década de 1980 por conservadores norteamericanos para "promover el libre mercado y los valores liberales, según decía su propia página web", señaló.
La Red Atlas aparece vinculada a otros procesos desestabilizadores recientes en América Latina por medio de otros miembros como Students for Liberty en Brasil y en Honduras con Eleutera.
"Ellos no llegan diciendo que van a derrocar al Gobierno, sino a entablar cursos de formación para jóvenes líderes, en democracia y derechos humanos. Entonces, se reproduce un discurso que es el centro de la reproducción de la ideología hegemónica", dijo la investigadora Silvina Romano a Sputnik.
El tercer elemento son los medios de comunicación, que eligen las fuentes que replican ese discurso.
"Un actor clave en Bolivia es Raúl Peñaranda, quien estuvo vinculado alaffaireZapata, que denunció falsamente un hijo no reconocido a Evo Morales. Eso tuvo repercusión sobre el resultado del referéndum porque puso en cuestión la calidad moral de Evo y ellos sabían que iba a ser así", señaló Romano.
La investigadora explicó que Peñaranda fundó la agencia de prensa Fides —vinculada a la Iglesia— así como ha dado charlas ante el Interamerican Dialogue, "uno de los tanques de pensamiento más importantes sobre América Latina", dirigido por Michael Shifter, participante en la NED desde sus inicios.
"Es decir, son personas con una trayectoria que va entre el Gobierno y el sector privado en una puerta giratoria que hace que compartan ciertos intereses y prácticas y formas de hacer las cosas", explicó.
De las ONG financiadas o guiadas por este esquema foráneo, solo pusieron a una: Ríos de Pie o Standing Rivers liderada por Jhanisse Vaca Daza, una ONG que adquirió visibilidad denunciando que Evo Morales tenía una responsabilidad en no haber aceptado ayuda extranjera ante la quema del Amazonas.
"Standing Rivers es una ONG vinculada a la Human Rights Foundation de Noruega, que incluye a personajes de ultraderecha y tiene programas islamofóbicos, pero con gran repercusión en los grandes medios como CNN, Forbes o Fox", señaló Romano.
"Además, Jhanisse Vaca Daza estuvo presente en un repudio a Evo Morales cuando habló públicamente en la UNAM días atrás", agregó. "Lo que no se comprende es que las ONG vinieron a llenar el hueco que dejó el Estado en todo lo relativo al bienestar socioeconómico y la justicia social", refirió la fuente.
Lo preocupante, según Romano, es que estas organizaciones y fideicomisos que han sido anteriormente vinculados a la USAID y la NED "luego demostraron ser espacios de formación política de oposición a los Gobiernos de turno", señaló.
"Eso en cualquier lugar del mundo es considerado una intervención y es un caso que debe ser judicial. Vos no podés ir a otro país a arengar en contra del Gobierno de turno porque así lo quieres. Pero esto sucede todo el tiempo", concluyó.
Justamente, lo más emblemático del régimen de facto en Bolivia, encabezado por la senadora derechista y ultraconservadora Jeanine Añez, ha sido su violenta represión y persecución de todo lo que huele a Evo Morales o a su partido, el MAS. El ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, ha declarado orgullosamente al New York Times que está "cazando a Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales, como "un animal". También dijo a The Guardian que quiere "encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida", acusándolo de "terrorista". Ese lenguaje es el de un fascista, y evidencia la gravedad de la persecución que Bolivia está viviendo.
Este mes, quiero ceder este espacio al análisis realizado por uno de los perseguidos por el régimen de facto en Bolivia, cuyo nombre reservaré por el grave peligro y persecución que está actualmente enfrentando en su país. El rol de las fuerzas armadas y la policía en el golpe contra Evo no puede ser subestimado. Y tampoco, la mano injerencista de Estados Unidos:
Bolivia vive un momento más de desgarramiento social y político en su larga historia de inestabilidad y golpismo cívico-policial-militar. Lo que le ocurre, más allá de la tragedia que vive este pueblo heroico, tiene demasiadas paradojas como para dejarlas pasar por alto. La primera de ellas, es la hasta ahora incomprensible aventura destructiva de un país que enfilaba al siglo XXI por la ruta inédita del crecimiento económico, la estabilidad política y la justicia social.
La segunda paradoja, es sostener que hubo sucesión constitucional cuando en realidad lo que ocurrió fue un asalto planificado al poder. Desde la realización de cabildos sucesivos en el país como simulación democrática hasta el motín policial, lo que hubo fue un manejo del tablero político arteramente orquestado, desde tiempo atrás, en las entrañas del imperio con la complicidad de las élites regionales racistas que se enfundan en una religiosidad casi macabra.
La tercera paradoja, es el penoso papel de los medios de comunicación, que hoy son una maquinaria de manipulación vergonzosa al servicio de los intereses empresariales monopólicos. Junto a la panoplia de la mentira sistemática, dirigida desde la diplomacia pública norteamericana, las redes sociales cumplieron el perverso papel de filtrar desproporcionadamente, en contenido como en alcance, sólo la supuesta "maldad masista y el descomunal fraude", encubriendo al mismo tiempo la brutalidad y la violencia del paramilitarismo comiteísta cruceño, de las bandas armadas cochalas o del sicariato paceño.
La cuarta paradoja tiene que ver con el papel de la estructura monopólica de la violencia legítima destinada a proteger el Estado y al ciudadano, cuando en la realidad lo que ahora produce es violencia, muerte y terror estatal para sostener un régimen ilegítimo contra la voluntad popular mayoritaria. Nunca como ahora policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde "cuartos de guerra".
Los militares por dentro
Después de 16 años de haber ejecutado una de las mayores masacres sangrientas contra el pueblo de El Alto, que supuso sanciones penales y encarcelamiento para los mandos de la época, las Fuerzas Armadas (FFAA) retornaron a las calles vestidos con su inconfundible kaki norteamericano, con la misión de enfrentar la escalada de conflictos sociales en todo el país. El domingo 10 de noviembre, el Comandante en Jefe de las FFAA, General del Ejército Kalimán, aparentemente desconcertado y con voz trémula, dispuso la salida de las FFAA a las calles cuyo resultado trágico hasta hoy supera los 20 muertos, escenario que había sido evitado hasta el final por el presidente Evo Morales. Nada hace prever que esta decisión conduzca a Kalimán y sus comandantes sayones al mismo lugar donde cumplen sentencia sus antecesores responsables de la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003.
La presidente de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, con las fuerzas militares, La Paz, 13 de noviembre de 2019.Luisa Gonzalez / Reuters
La autonomía política del Gral. Kalimán en el momento de mayor crisis social y política, que precipitó el golpe definitivo, retrata de alguna manera no solo el fracaso del mando político sobre la milicia, sino la incomprensión de su ethos profesional, su cultura e ideología corporativa conservadora, pragmática, oportunista e inmediatista.
La valoración sobre la gestión de Evo Morales recorre los pasillos de los cuarteles. Sostienen que Evo los mantuvo fuera de todo conflicto social durante 13 años, equipó a la institución, incrementó su legitimidad ante la opinión pública, elevó su nivel salarial y su calidad de vida, y su incursión en tareas sociales y desastres naturales, permitió ser considerados por el gobierno como "soldados de la patria".
Empero hoy, un régimen de facto, comandado por un grupo político radical y dirigentes religiosos fanáticos, está conduciendo a las FFAA a enfrentar el desprecio mayúsculo de la sociedad y la condena internacional, cuyos efectos difícilmente serán superados en las próximas décadas. A esto se suma el cuestionamiento de sus altos mandos y a un nivel de desconfianza interna sin precedentes.
El golpe de Estado contra el proceso democrático liderado por Evo Morales tiene el sello inconfundible de las FFAA como actor protagónico, aunque fue la Policía Nacional quien encabezó el golpe desde la ciudad de Cochabamba el día viernes 8 de noviembre. Al parecer, el domingo 10 de noviembre del 2019, pasará a la historia como uno de esos días tragicómicos en el que un general mediocre y oportunista como Kalimán, con un Estado Mayor pusilánime y envilecido, decidieron resignarse a servir los intereses de una Policía éticamente descompuesta, moralmente destruida y patéticamente circense, que usó la biblia como escudo religioso para legitimar su sobrevivencia.
La Policía por dentro
El golpe de Estado promovido por las fuerzas policiales desde la ciudad de Cochabamba contra el gobierno de Evo Morales era un secreto a voces que fue maliciosamente ignorado por el Ministro de Gobierno, hábilmente manejado por el Comandante General de la Policía y eficientemente articulado por las fuerzas opositoras de derecha, que sabían desde años previos que la Policía Nacional constituía un aliado formidable para sus planes desestabilizadores. La oposición, asesorada por agentes externos, hizo trabajo de relojería dentro de la Policía, mientras el gobierno las ignoraba o solamente apelaba a ellas en casos de conflictividad social
Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales no se tuvo la capacidad de generar una política de institucionalización, modernización ni disciplinamiento profesional de las fuerzas policiales. Los privilegios policiales, las prácticas de corrupción, así como los amplios márgenes delictivos de naturaleza corporativa, solo operaban y funcionaban en los niveles de mando dejando a los subalternos apenas las migajas o "mordidas", situación que potenció el malestar policial subalterno cuya responsabilidad apuntaba al gobierno nacional.
A esto se sumó el tratamiento inequitativo del gobierno nacional en favor de las FFAA –construcción de edificios, campos deportivos, compra de equipo y material militar, inversiones costosas en tecnología como radares etc.–, que alimentó un fuerte rencor antimilitar y antigubernamental dentro de las fuerzas policiales.
Policías durante el amotinamiento en Cochabamba, 8 de noviembre de 2019.Danilo Balderrama / Reuters
Ante la displicente relación entre Evo Morales y la Policía, el gobierno nacional llevó a cabo una política de cercenamiento de sus principales fuentes institucionales de recaudación, siendo las principales la otorgación de carnets de identidad y la lucha contra el contrabando. Aunque las decisiones fueron correctas, dirigidas a eliminar la corrupción, éstas fueron interpretadas de modo distinto por la Policía en su afán de preservar nichos de privilegio burocrático.
El golpe policial apoyado e impulsado en las calles por las protestas clase medieras dejó entrever su finalidad multifacética. Sirvió como la mejor oportunidad para vengarse del gobierno por el conjunto de maltratos y desplazamientos institucionales, una suerte de catarsis corporativa inflamada en una retórica de odio y religiosidad que estalló sin que nadie se percatara de su potencial efecto.
La retoma policial de instituciones, espacios y prerrogativas formó parte de las promesas del caudillo cruceño Luis Fernando Camacho para precipitarlas al golpe, objetivo que se cumplió casi quirúrgicamente. En unos de los cabildos realizados en Santa Cruz Camacho se comprometió a devolverles todas las instituciones "arrebatadas injustamente por el gobierno nacional" y otorgarles un tratamiento salarial y beneficios de jubilación similares a los de las FFAA, un incentivo sin duda irrefutable.
Empero, la autonomía policial en este contexto de crisis, se traduce en una peligrosa actuación de pequeños grupos que operan con independencia del mando central. Este clima incierto, con un gobierno que apela al discurso recalcitrante y un ministro de gobierno impulsado por odios atroces contra funcionarios de gobierno, está promoviendo la constitución de grupos policiales armados junto a bandas de paramilitares que trabajan bajo una lógica sicarial y vengativa.
Está claro que militares y policías constituyen las cornisas en las que se asienta el poder del gobierno golpista. También parece claro que estas cornisas sostienen disputas históricamente irresueltas e irreconciliables que con el paso de los días ofrecerán escenarios de mayor fractura y polarización. Más allá de su carácter provisorio, un gobierno con sentido común debiera empezar a conocer, aunque superficialmente, las profundas fracturas corporativas para evitar ser derrotados por sus consecuencias. Sin embargo, el gobierno golpista sólo mira la sombra y no el hueso, y por ello, su tiempo es tan breve como el estallido convulso de ambos cuerpos que empiezan a retorcerse para anularse o destruirse mutuamente.
Con una Policía Nacional enajenada por sus múltiples contradicciones internas y unas FFAA desconcertadas por la dimensión del conflicto y sus futuras responsabilidades política, jurídicas e institucionales, los bolivianos viven un panorama desolador.
Aunque Bolivia vaya a nuevo proceso electoral, sin la presencia de Evo Morales, Alvaro Garcia Linera u otros miembros de su partido, las heridas causadas por este violento golpe a su democracia y al estado de derecho no se van a recuperar. Hace falta denunciar ante la comunidad internacional las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de facto de Añez. Hace falta un clamor internacional en contra de la persecución y represión del pueblo, y de los miembros del partido y gobierno de Evo Morales, quienes temen por sus vidas y han sido forzados al exilio o al resguardo. Eso no es ninguna "transición democrática". Es una purga fascista que busca neutralizar y subyugar al pueblo digno. Mantener el silencio frente a tanta injusticia, sería un crimen de complicidad.
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