A primera vista suena despectivo o irónico, pero el término con el que los medios británicos se refieren a la familia real, The Firm (la empresa), tiene mucho más de descriptivo. Y se queda corto. Por su volumen, sonaría más rotundo algo como la corporación. Las finanzas de la Casa de los Windsor y de sus miembros, desde el núcleo central a los familiares más lejanos, son extremadamente complejas. Y aunque en los últimos años se ha intentado impulsar legalmente una mayor transparencia, tienen zonas de luces y sombras que hacen difícil dar con una cifra definitiva.
En otras monarquías europeas, se referiría a la partida de los presupuestos del Estado destinada a los gastos de mantenimiento de la institución. Dinero del contribuyente para mantener con decoro la Jefatura del Estado. En el Reino Unido, todo es más complicado en su origen y en su diseño, aunque el concepto sea el mismo. Esta partida procede del llamado Crown Estate (terrenos de la Corona). De naturaleza semipública, sin pertenecer ni al Estado ni a la Corona, comprende una vasta colección de tierras en Inglaterra, Gales y el Norte de Irlanda.
Aunque en sus inicios eran propiedad real, sus beneficios se destinan hoy al erario público. Un organismo independiente lo gestiona y está obligado a rendir cuentas anualmente a la Cámara de los Comunes. Propiedades inmobiliarias urbanas, muchas de ellas en el centro de Londres (no hay más que pasear por Regent Street y ver los comercios que allí exhiben sus escaparates), terrenos agropecuarios, derechos mineros y hasta cobro de licencias y tasas por acontecimientos de renombre internacional, como la Real Carrera de Caballos de Ascot. En total, un patrimonio valorado en cerca de 17.000 millones de euros.
El Gobierno destina cada año un 15% de sus ingresos a la Casa Real. La cifra, en el periodo 2018-2019, fue de 95 millones de euros, aunque se vio excepcionalmente inflada por las obras de renovación y reforma en el palacio de Buckingham. Parte de ese dinero (2,8 millones de euros) se destinó también a "acondicionar" Frogmore Cottage, la nueva residencia de Enrique y Meghan en la localidad de Windsor, después de su decisión de abandonar el Palacio de Kensington, que compartían con los duques de Cambridge (el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton).
La subvención soberana se emplea para pagar los gastos de seguridad, dietas, viaje y personal, más el mantenimiento de los numerosos palacios reales (sean públicos o privados). La Reina tiene la prerrogativa de decidir las asignaciones concretas. Los príncipes Guillermo y Enrique reciben anualmente en torno a seis millones de euros de esa partida. Se sobrentiende que el duque de Sussex se lleva más de la mitad de la asignación, porque Guillermo, tercero en la línea de sucesión, tiene mayor responsabilidad y recibe ingresos por otros conceptos. Isabel II reparte el presupuesto también entre los miembros que forman el núcleo duro de la familia real y participan en actos públicos en representación de la Corona.