El mandatario ultraderechista aseguró que cuando alguien quiere invertir y producir en Brasil, revisa las demandas laborales "y después esa persona desiste inmediatamente de emprender".

Para el mandatario, la Justicia del Trabajo no es necesaria porque los trabajadores ya cuentan con la "justicia común".

Indicó que su gobierno establecerá un "pacto" con los poderes Judicial y Legislativo con la finalidad de reducir "tiempo" en la aprobación o negación de proyectos para el "bien común".

Desburocratizar

Este miércoles, el presidente brasilero sostuvo la primera reunión de trabajo con todos sus ministros. Por eso, en la entrevista, ratificó que el primer objetivo de su gabinete es "desburocratizar" las dependencias ministeriales en todo el país que, a su criterio, "no funcionan". Espera que para los primeros meses se reduzca al menos 40 % el tamaño de esas entidades del Estado.

Indicó que su despacho revisa a fondo "irregularidades" el uso de los recursos públicos durante la anterior gestión de Michel Temer, y citó el caso de una consultoría solicitada por el Ministerio de Turismo que pagó más de tres millones de reales (algo de más 700.000 dólares), sin aparente justificación.

En materia económica, dijo que su gestión aprovechará las propuestas del gobierno de Temer, pero subrayó que revisará "algunos puntos", sobre todo aquellos vinculados a las particulares productivas y fiscales de cada región en Brasil.

¿Quién es Jair Bolsonaro, el nuevo presidente electo de Brasil?

Socialismo

Consultado por los periodistas sobre sus polémicas declaraciones sobre la "erradicación del socialismo", matizó sus palabras y dijo que es un tema que abordará "con cuidado". No obstante, afirmó que en las escuelas y algunas universidades forman "militantes políticos", de los los cuales señaló: "mucho de ellos no saben interpretar un texto, hacer una regla de tres".

Para Bolsonaro, la "militancia política" es la causa de que muchos brasileños no estén calificados para diversos empleos.

El ultraderechista también cargó con la supuesta "ideología de género", y señaló que la idea de su Gobierno es que la nueva generación brasileña no tenga la "cabeza trabajada" para la militancia política.

Además, alabó el golpe de Estado en Brasil en 1964 y la posterior dictadura militar: "si nunca tuvimos socialismo fue a gracias a las fuerzas armadas, hay que agradecerle", completó.

El nuevo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, estrenó su gobierno con un fuerte golpe a los pueblos indígenas y a las ONGs a través de la firma de dos decretos. Uno, en el que transfiere los poderes de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, y otro que concede al ministro de la Secretaria de Gobierno, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, la misión de "supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y las acciones" de las ONGs.

Además, esta semana el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, aseguró que Brasil no se comprometerá con "nuevas metas" de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero junto a la ONU y defendió el desarrollo de "ciertas actividades económicas" en zonas de conservación.

Una familia quilombola cruza el Río Blanco en Vão de Almas, Brasil, 20 de mayo de 2009. / EVARISTO SA / AFP

Bolsonaro dejó claro en campaña que su compromiso no era con el medio ambiente. Sus primeras medidas lo corroboran. Hablamos con Mauricio Guetta, investigador de Derecho Ambiental por la Universidad de Cape Town y asesor jurídico del Instituto Socioambiental de Brasil.

RT: En una de las primeras medidas de Gobierno, Bolsonaro decidió traspasar al Ministerio de Agricultura la cuestión de la demarcación de las tierras indígenas ejecutada por la Fundación Nacional del Indio (Funai). ¿Por qué?

M.G.: Es una medida destinada a atender a la bancada ruralista [vinculada al agronegocio]. La intención de transferir la demarcación de tierras indígenas y quilombolas [grupo étnico, predominantemente constituido por población de raza negra rural y urbana] al Ministerio de Agricultura [dirigido por la ministra Tereza Cristina Dias, líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados] es que exista un control sobre las decisiones del gobierno en relación a esos temas.

Se trata de una medida que subordina derechos fundamentales de minorías que están previstos en la Constitución brasileña a los intereses de un sector económico que en los últimos años se ha mostrado contrario a los derechos de las personas. Lo que surge es un gran conflicto de intereses con una bancada ruralista que fue contraria a las demarcaciones y que hoy tiene el poder en sus manos para decidir todo sobre ese tema.

RT: ¿Qué puede suceder?

M.G.: Evidentemente, la consecuencia más drástica es la paralización completa del reconocimiento de esos territorios tradicionales. Por otro lado, según lo anunciado por el propio gobierno, existe la posibilidad de que tierras indígenas y quilombolas ya reconocidas, con procesos de demarcación finalizados, puedan ser eventualmente revisadas y anuladas por el gobierno.

RT:¿Es posible preservar los intereses del agronegocio con una agenda ambiental?

M.G.: Por supuesto. Nosotros hemos defendido mucho que no hay antagonismo entre la preservación ambiental y el desarrollo de actividades económicas, pero debe haber un equilibrio entre las agendas y no adoptar medidas extremas de un lado u otro. En este caso el gobierno de Bolsonaro privilegia las actividades agropecuarias a costa de la deforestación ilegal y otras actividades ilegales que no representan sostenibilidad.

RT: Bolsonaro afirmó esta semana que los indígenas son "explotados" y "manipulados" por las ONGs.

M.G.: Los pueblos indígenas son autónomos e independientes desde la Constitución del 88. No necesitan de nadie para decidir qué quieren. Si el gobierno de Bolsonaro pretende adoptar alguna medida en relación a los derechos de los pueblos indígenas, en primer lugar debe consultarles. En Brasil, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que cualquier medida legislativa o administrativa que puede impactar a los pueblos indígenas tiene que ser consultada a sus líderes. No me parece adecuado que una organización o el mismo gobierno hablen en nombre de los pueblos indígenas, ellos tienen su propia representación nacional.

RT: El gobierno anunció que explotará áreas hasta ahora preservadas, como la gigantesca reserva indígena Raposa Serra do Sol, en el estado norteño de Roraima. ¿Es una medida constitucional?

M.G.: Las tierras indígenas son, según la Constitución brasileña, de posesión permanente y de usufructo exclusivode los pueblos indígenas, lo que significa que solo ellos pueden usufructuar su territorio. En la Constitución hay sólo una excepción que habla de actividades mineras y emprendimientos de potencial hidroeléctrico. Para que haya esas dos actividades dentro del territorio indígena, según la Constitución, es necesaria una ley ordinaria que no existe todavía en Brasil. Por lo tanto, por ahora esas actividades están prohibidas porque no existe esa ley.

RT: El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) –que en casi medio siglo instaló a 1,35 millones de familias en 9.449 asentamientos que ocupan 89,4 millones de hectáreas– ordenó esta semana suspender todos los proyectos de atribución de tierras. Un día después revocó esta decisión.

M.G.: Sí, el gobierno echó atrás esta medida. De todas formas, paralizar el reconocimiento de esos territorios, que son un derecho fundamental de los pueblos indígenas y quilombolas, seguro que agravaría los conflictos. Si tienes una situación de facto conflictiva en el campo, no será la simple omisión gubernamental la que traerá resultados positivos, sino todo lo contrario. Cuando el Estado no está presente en situaciones de conflictos de tierras, la tendencia es un aumento en el número de conflictos y también de su gravedad.

RT: Brasil retiró su candidatura para acoger la Conferencia de las Partes de la Convención del Clima (COP-25) en 2019. ¿Qué significa esta medida?

M.G.: El gobierno de Bolsonaro editó un decreto sobre la nueva estructura del Ministerio del Medio Ambiente, y dos temas claves, la lucha contra el cambio climático y la deforestación ilegal, que siempre estuvieron a cargo de ese ministerio, desaparecieron de sus competencias. Esa decisión [de retirar la candidatura] concuerda con los discursos anteriores del gobierno de que no prestará atención a esa agenda.

Vista aérea sobre zonas de explotación de madera en tierras quilombolas en el estado de Pará, Brasil, 14 de octubre de 2014. / RAPHAEL ALVES / AFP

RT: La posición sobre la permanencia en el Acuerdo de Brasil es ambigua, con muchas idas y venidas sobre el tema.

M.G.: En este caso no hay una definición del gobierno sobre qué camino seguir o no, por lo que no se puede hacer un comentario del Acuerdo de París. Hay mensajes divergentes entre los representantes del gobierno, entre el canciller, el propio presidente y el ministro de Medio Ambiente.

RT: ¿Cuáles son en su opinión los principales problemas a los que se enfrenta el país en materia de medio ambiente?

M.G.: Con la desestructuración de las políticas públicas, puede haber un estímulo para los crímenes ambientales. La deforestación en la Amazonia en periodo electoral creció vertiginosamente y eso es un reflejo directo de las declaraciones públicas del gobierno electo, en el sentido de que [según dijo en campaña Bolsonaro] los órganos de control ambiental son una industria de la multa y que la política será revisada.

Bolsonaro, ¿un peligro para la Amazonia?

Ahora, con la confirmación de que el control de la deforestación ilegal no figura en esas atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, trae como consecuencia más inmediata daños concretos al medio ambiente: deforestación ilegal, excavación de oro ilegal, extracción ilegal de madera. Actividades ilegales, criminales, por tanto, que han sido estimuladas por el nuevo gobierno. También hay un temor de que se flexibilicen las leyes brasileñas que determinan la preservación ambiental.

RT: En estos momentos Brasil tiene un ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que fue acusado de permitir actividades industriales en áreas protegidas.

M.G.: Hay un proceso judicial sobre eso y hay que esperar a la deliberación de la Justicia en relación a la condena del ministro, confirmada en primera instancia.

Marta Miera

El sistema de cuotas para la educación superior en Brasil consiste en un mecanismo de diferenciación positiva para promover un acceso más equitativo de toda la población a la universidad pública o a la formación profesional. El Gobierno brasileño presenta esta política como una "acción afirmativa" para "garantizar la inclusión social de quien tuvo menos oportunidades que el resto". Fue instaurado como ley nacional en 2012, aunque algunas instituciones públicas ya aplicaban el sistema desde mucho tiempo antes. La Universidad de Brasilia (UnB) y la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), entre otras, comenzaron a establecer cuotas en 2003.

"El sistema de cuotas viene a compensar una serie de injusticias que el Estado brasileño ha cometido históricamente y comete hasta el día de hoy con una parte de la población", explica en entrevista para RT Leosmar Antonio, investigador y profesor de la etnia Terena, de Mato Grosso do Sul, que a sus 18 años fue para Dourados –a 500 km de Cachoerinha, la aldea indígena donde él nació– para estudiar en la universidad. Leosmar, con graduación y master en biología, da clases desde hace seis años en la red de escuelas estatales de Mato Grosso do Sul, así como en la licenciatura intercultural Pueblos del Pantanal de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, la misma donde él cursó sus estudios superiores gracias al sistema de cuotas. Este año, Leosmar consiguió una de las 15 plazas del doctorado de Epidemiología en la Fundación Oswaldo Cruz, una de las más importantes instituciones de investigación científica de América Latina, para estudiar el impacto de las alteraciones ambientales en la salud de los pueblos indígenas de su región.

La política de selección diferenciada pretende reducir los obstáculos estructurales que una parte de la población encuentra para poder acceder a la educación superior. El sistema consiste en reservar el 50 % de las plazas a estudiantes que haya estudiado en escuelas públicas, que presenten alguna minusvalía o que cumplan criterios raciales (autodeclararse indígena, negro o mestizos) o económicos, es decir proceder de una familia con una renta menor a 1,5 salarios mínimos per cápita. El salario mínimo en 2012 estaba a 622 reales (145 euros) y este año el aumento alcanzó los 998 reales (232,8 euros).

Leosmar Antonio Terena dando un taller de Sistemas Agroflorestales.

En estos seis años de experiencia, el sistema de cuotas ha demostrado que una composición más diversa de los estudiantes universitarios también facilita que algunos de estos estudiantes cotistas construyan una carrera como profesores, lo que propicia un sistema educativo más representativo. No obstante, existe una parte de la población que se manifiesta contra el sistema de cuotas. Los opositores consideran, por un lado, que las cuotas desprestigian la meritocracia de los alumnos provenientes de escuelas privadas que pueden quedarse sin plaza en la universidad pública aún teniendo un resultado en la prueba de acceso a la universidad más alta que la de un alumno cotista. Por otro lado, algunos temen que la entrada de alumnos con menores oportunidades disminuya el nivel de la educación superior. Frente a las críticas, la UERJ publicó unas estadísticas en las que presentaba que, aunque la nota del examen de acceso a la universidad de los cotistas era generalmente inferior a la del resto, el desempeño de ambos grupos de alumnos era similar con el mismo contenido académico.

"Necesitamos una acción de diferenciación positiva. El Estado, como administrador de servicios y de derechos, ha estado ausente durante siglos en las tierras indígenas. Su única presencia ha sido para intentar 'integrarnos' a la sociedad y colocarnos al servicio del capitalismo, mediante la imposición de políticas y acciones que nos han restado autonomía", explica Leosmar, quien relata en una entrevista para RT su experiencia como estudiante cotista y su opinión sobre esta política.

RT: ¿Qué aporta el sistema de cuotas para los pueblos indígenas y para la sociedad brasileña como un todo?

L.A.: Los pueblos indígenas en Brasil siempre estuvieron al margen de los procesos de formación del país. Las cotas son una oportunidad para que los indígenas puedan tener las mismas oportunidades de acceso a la universidad que los no indígenas. El propio nombre lo dice, [la universidad] es un espacio universal. Además, es importante que los estudiantes indígenas estén en la universidad porque gracias a la diversidad y al intercambio entre estudiantes podremos construir nuevas alternativas políticas y sociales. Cuando los indígenas llegan a la universidad traen ya un amplio bagaje de conocimientos, otra cosmovisión.

Las universidades necesitan mirar para estos saberes indígenas para que puedan dialogar con los conocimientos de la ciencia occidental. A partir de los diálogos y de la 'intercientificidad' podremos construir mecanismos para favorecer a toda la humanidad. Los pueblos indígenas en la universidad están para sumar en la búsqueda de caminos que el mundo enfrenta frente a crisis sociales o ambientales.

RT: ¿Cómo accediste al sistema de cuotas para estudiar en la universidad?

L.A.: En mi familia nadie consiguió estudiar más allá de la educación básica. Cuando yo tenía tres años tuvimos que salir de la aldea. Debido a la dificultad financiera mi padre fue a trabajar en una hacienda. A los siete años me matricularon en una escuela particular de la Fundación Bradesco que estaba dentro del territorio de la hacienda y donde se priorizan familias de baja renta, la mayoría hijos de los trabajadores. Cursé mis estudios básicos y en las vacaciones volvía siempre para la aldea. A los 15 años, cuando terminé la escuela, mi padre también dejó la hacienda y volvimos para la aldea. Iba todos los días a la ciudad para cursar la educación media, y alternaba los estudios con trabajo de agricultura para ayudar a mis padres, que en aquella época era su única fuente de renta.

Cuando terminé la enseñanza media en 2003 estaba habiendo en el país una gran discusión sobre mecanismos diferenciados para el ingreso de indígenas, afrodescendientes o personas de baja renta en la enseñanza superior. Yo me enteré a través de la televisión que la universidad de mi estado [Mato Grosso do Sul] estaba implementando sistema de cuotas.

Leosmar Antonio Terena en uno de los cultivos de su aldea indígena.

Busqué relación de cursos y escogí biología. Yo siempre tuve ganas de profundizar mis conocimientos sobre ecología y sobre la visión de la naturaleza de la ciencia occidental.

RT: Tú eres la única persona de tu aldea que cuenta con un diploma universitario, ¿cómo reaccionó tu comunidad ante la propuesta de ir a la ciudad a estudiar?

L.A.: En mi comunidad nunca nadie se manifestó contra el ingreso de los jóvenes indígenas en la enseñanza superior. El sistema de cotas no es un regalo del Estado brasileño, es el resultado de la lucha indígena. Nuestra comunidad percibe que los estudiantes que salen a estudiar fuera son instrumentos a favor de la lucha por los derechos, la autonomía y la calidad de vida de nuestros pueblos.

RT: ¿Cómo fue tu experiencia de llegada a la universidad?

L.A.: La Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, si no fue la primera, fue una de las pioneras en el país en adherirse al sistema de cotas. Aún así, la universidad como un todo, cuerpo de alumnos y cuerpo docente, en aquel momento no estaba preparada para acogernos y aceptar la diversidad, para recibir a los estudiantes indígenas, personas con una cultura y con conocimientos diferentes. Sentíamos los prejuicios de los propios compañeros de clase, también de algunos profesores, muchos de ellos ni siquiera aceptaban el sistema de cotas.

Salir de la aldea para ir a la universidad, vivir en una gran ciudad, fue muy difícil. Es un contexto social totalmente diferente al de la aldea. Los alumnos cotistas no recibíamos ningún auxilio económico. Vivíamos en condiciones infrahumanas, pasábamos hambre, buscábamos trabajos temporales en el campo o en las obras. Yo llegué incluso vivir en almacenes de bares. Conseguir estudiar en esas condiciones era un desafío.

RT: ¿Había muchos alumnos indígenas que abandonaban los estudios?

L.A.: El sistema de cotas solo pensó en el acceso de los indígenas a la enseñanza superior pero sin proveer mecanismos para garantizar la permanencia. En ese sentido, fue importante la implantación de un proyecto llamado Red Saberes, financiado por la Fundación Ford, que nos dio ciertos auxilios para que los indígenas no abandonásemos los estudios. Ofrecían apoyo en las asignaturas que teníamos mayor dificultad, así como ayudas para pagar impresiones, fotocopias, acceso a internet y cursos para aprender a usar los ordenadores. Ese proyecto fue importante para mantener la presencia indígena en la universidad y para garantizar un cierto éxito en la conclusión de las asignaturas.

En aquel momento se comenzaba a pensar en becas para los estudiantes indígenas, pero el gobierno de mi estado [Mato Grosso do Sul] era contrario a la medida. Tuvimos que hacer varias movilizaciones y acciones sociales, así como audiencias públicas, para presionar al gobierno y que accediese a crear algunas ayudas económicas.

RT: Tras haber superado estas dificultades y haberte formado como biólogo, ¿cuáles son los principales beneficios que podrías destacar de la formación en la universidad para ti como persona y para tu comunidad?

L.A.: Estar en la universidad para mí fue una oportunidad de conocer otra visión de mundo pero percibí que las asignaturas estaban pensadas, casi exclusivamente, para preparar a las personas para el mercado de trabajo, para fortalecer el sistema capitalista. Nosotros indígenas debemos ser conscientes de que no todo lo que aprendemosen la universidad lo podemos aplicar en nuestras comunidades. Existen conceptos académicos que deben ser repensados o desconstruidos antes de llevarlos a nuestras aldeas. No obstante, adquirimos muchos conocimientos importantes que, además, pueden promover diálogos entre la ciencia occidental y los conocimientos tradicionales, lo que puede favorecernos.

Entrada a la Universidad Federal de Acre, Río Franco, Brasil, 1 de octubre de 2014. / Sergio, Moraes / Reuters

Es innegable que vivimos en un mundo globalizado, muchas de las problemáticas que enfrentamos los pueblos indígenas hoy son resultado de la globalización. Estar en la universidad nos permite universalizarnos y adquirir conocimientos que pueden darnos respuestas para enfrentar los desafíos del nuevo contexto.

RT: ¿Qué lugar ocupa la sabiduría indígena en el sistema público de educación brasileño?

L.A.: De manera general, el sistema educativo en Brasil aún considera el conocimiento ancestral como atrasado. Es una pena porque son saberes construidos a lo largo de millares de años, a partir de técnicas de observación, análisis y metodologías tradicionales. Así como la ciencia occidental, la ciencia indígena también sigue sus principios. Siento mucho que todavía haya prejuicios en relación a nuestros conocimientos tradicionales, son verdaderas alternativas para diversas crisis que el mundo enfrenta en la actualidad, no solo las ambientales, también las sociales, políticas y económicas. Nuestros saberes tienen mucho a contribuir con la sociedad brasileña.

RT: ¿Una mayor presencia de profesores indígenas podría fomentar una valorización de los saberes ancestrales?

L.A.: Por supuesto. Existen algunas iniciativas de licenciaturas interculturales que buscan formar profesores indígenas para que den clases en las aldeas. Estas formaciones incluyen una propuesta de diálogo entre los conocimientos tradicionales y los científicos, para que los profesores puedan trabajar la 'intercientificidad' en las aldeas y además promover una valorización de nuestros pueblos. Infelizmente gran parte de la sociedad brasileña desconoce sus orígenes. Sobre pueblos indígenas, las únicas referencias que muchos tienen son las publicadas en los grandes medios de comunicación, que siempre estuvieron al servicio del agronegocio y de las grandes corporaciones. Desconocen la importancia de los pueblos indígenas para el conjunto de la sociedad y la humanidad, desconocen que defender los derechos de los pueblos indígenas es defender el derecho de toda la humanidad.

Cada vez que se destruye una comunidad ancestral, con su lengua y sus saberes, cada vez que los indígenas son expulsados de sus territorios o cada vez que se ataca al medio ambiente, los grupos sociales más privilegiados de los centros urbanos también están siendo indirectamente afectados. Las tierras indígenas resguardan, en media, 30 % de la biodiversidad de Brasil, lo que garantiza mínimamente las condiciones climáticas para la vida. Pero, lamentablemente, la mayoría desconoce todo eso.

RT: La actual ley nacional que establece la política de cuotas tiene una validez hasta el 2022 y el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ha mostrado una posición favorable al sistema de cuotas. "Yo no puedo decir que voy a acabar con eso porque depende del Parlamento. Por lo menos voy a proponer disminuir el porcentaje", declaró Bolsonaro en julio antes de ser elegido presidente. ¿Cuál crees que podría ser el impacto de la disminución o de la abolición del actual sistema de cuotas para el acceso a la educación superior?

L.A.: En caso de que hubiese una interrupción del sistema de cuotas, se interrumpirían varios avances que hemos conquistado en las comunidades indígenas. Existen aldeas donde el 100% de los profesores son indígenas, el 100 % de los agentes de la salud son también indígenas. Necesitamos tener acceso a la educación superior para formarnos en diversas áreas que son claves para los pueblos indígenas. Una persona indígena con formación para poder actuar en su propia comunidad es un elemento clave para a reproducción de nuestra cultura, porque domina la lengua y conoce la realidad de su pueblo. Nosotros los indígenas nos sentimos orgullosos de poder contribuir con nuestra comunidad y defender nuestros derechos.

La guerra de Bolsonaro contra los pueblos indígenas: "Privilegia las actividades agropecuarias"

RT: En líneas generales Bolsonaro no se ha mostrado muy favorable a la autonomía de las comunidades indígenas y al respeto de sus derechos. ¿Cuál puede ser la gran amenaza de este gobierno para los pueblos originarios?

L.A.: En general, la elección del Presidente Jair Bolsonaro fortalece una tendencia existente ya hace un tiempo contra los pueblos indígenas. Nosotros sabemos que en ninguno de esos tres poderes, Judiciario, Legislativo y Ejecutivo, somos una prioridad. No somos oídos, en el proyecto de futuro de este país no hay espacio para los pueblos indígenas. Bolsonaro reiteró tras su elección que no le interesa tener tierras indígenas demarcadas. Este gobierno comenzó con la debilitación de la principal institución para la demarcación de las tierras indígenas que es la FUNAI [Fundación Nacional del Indio, cuya función de demarcación ha sido trasladada al Ministerio de la Agricultura, dirigido por la antigua líder del agronegocio]. El desmonte de las escasas políticas que existían para garantizar nuestros derechos ya ha comenzado y continuará. Las consecuencias de estas medidas son imprevisibles, pero forman parte de la posición política del gobierno actual. Nosotros, pueblos indígenas, estamos repensando estrategias de resistencia y fortalecimiento, principalmente porque nuestros pueblos, sin sus territorios, no existen.

Luna Gámez