El balance oficial del Ministerio de Sanidad sitúa en 7.577 el total de fallecidos en Madrid respecto a las 21.717 muertes por COVID-19 contabilizadas en todo el país.

Este desfase entre las estadísticas de los diferentes niveles de la administración se debe a que el Gobierno central registra como muertes por COVID-19 únicamente los fallecimientos de personas que hayan sido testadas positivas por la enfermedad.

Sin embargo, la administración autonómica incluye también como fallecidos por COVID-19 a personas clasificadas en su certificado de defunción como sospechosas de haber contraído la enfermedad, sin necesidad de haber sido testadas.

El dato de la Comunidad de Madrid incluye a 3.932 muertos en centros socio-sanitarios, a 761 personas fallecidas en domicilios y a otros 15 decesos producidos en circunstancias no especificadas.

Aunque estos datos intentan aclarar el alcance del daño para las personas que no pudieron ser sometidas a prueba, la estadística no termina de despejar dudas, y en algunos apartados incluso añade más confusión.

"El problema es que los datos que ofrece la Comunidad de Madrid no son fáciles de interpretar por desacuerdos difíciles de entender en las cifras", señaló en declaraciones al diario El País el diputado regional José Manuel Freire, portavoz del PSOE para asuntos de Sanidad en la Asamblea de Madrid.

"No son compatibles los 5.558 fallecidos por COVID-19 [confirmados y no confirmados] que dio ayer la Consejería de Políticas Sociales en las residencias de mayores con los 3.932 que publica hoy Salud Pública para este colectivo y para el mismo día", subraya el diputado.

Los desfases estadísticos se convirtieron en los últimos días en uno de los ejes sobre los que gira el debate público en España, sobre todo en clave partidista.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular —primera fuerza de la oposición a nivel nacional y formación gobernante en Madrid— acusó este 22 de abril al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no ser capaz de contar a sus muertos" y de "ocultar" el volumen real de decesos.

Ante estas acusaciones, recurrentes en los últimos días, el Gobierno de España siempre respondió afirmando que se sigue de forma "muy estricta" el criterio recomendado por organizaciones como la OMS para contabilizar a los fallecidos por COVID-19, que es limitarse a incluir en la estadística únicamente a personas diagnosticadas.