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Una de las primeras medidas que tomaron los países ante la pandemia de COVID-19 fue cerrar las fronteras aéreas, marítimas y terrestres. En el caso de Venezuela fue una decisión temprana que, junto con la cuarentena y el despistaje masivo, lograron resultados positivos para contener la expansión del brote y mantener la curva aplanada.
El cierre de fronteras enfrentó al Gobierno a una complicación particular: la situación de los migrantes venezolanos que, ante la pandemia, comenzaron a regresar al país por tierra en vista de las difíciles situaciones en los lugares donde se habían instalado.
"Algunos se fueron con bolsos y maletas y regresaron con la ropa en sacos", dice a Sputnik José María Romero, alcalde del municipio José Antonio Páez, en el estado Apure, frontera con Colombia.
"Han ido llegando paulatinamente, sin cesar ningún día, grupos de entre 80 y 400 personas, y a la fecha de hoy han llegado 3.869 venezolanos por la frontera de Apure", explica Romero, que cada día se dirige al puente José Antonio Páez que une a Venezuela y Colombia separados por el río Arauca.
En Apure la cuarentena comenzó el 16 de marzo, un día antes que en otros puntos del país debido a que allí fue detectado uno de los primeros casos de COVID-19, el primero y el único hasta ahora en el estado.
Los primeros días "fueron de albergues improvisados". La orientación central del Gobierno nacional fue que "era la hora de recibir por la frontera los connacionales", por lo que se comenzó a levantar un esquema organizativo, con las medidas sanitarias necesarias, para recibir a quienes entraran.
"Comenzamos cumpliendo con el protocolo mínimo que la Organización Mundial de la Salud había hecho público, que tiene que ver con la desinfección, el chequeo médico, el interrogatorio para percibir los síntomas, para luego registrarlos, llevarlos a los albergues, garantizarles la comida, la atención médica y que cumplieran la cuarentena".
El circuito integral
"Bienvenidos a Venezuela" dice Romero a quienes llegan por la frontera. Él, junto a un integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, explica al nuevo grupo cómo será el protocolo a partir del ingreso al país, paso por paso.
En primer lugar, son desinfectados, luego se les verifica la identidad, la situación jurídica y legal, y son inspeccionados por los médicos para ver si presentan síntomas de COVID-19.
A partir de allí se bifurcan los caminos: quienes presentan síntomas son separados del grupo y transportados a un Centro de Diagnóstico Integral para ser atendidos, los demás son traslados a los albergues que, con el pasar de los días, se han convertido en lo que se denomina Puntos de Atención Social Integral (PASI).
Los PASI son los espacios donde se aloja, alimenta y atiende a quienes deben quedarse en cuarentena. Funcionan en escuelas, universidades y hoteles, y cada nuevo grupo que llega debe permanecer aislado del grupo anterior o del siguiente en llegar. Allí se realiza la prueba rápida del COVID-19.
"Las primeras 24 horas son de organización, y después de las 72 horas empiezan a aflorar las molestias, algunas personas son muy conscientes, pero otras no comprenden qué significa una cuarentena, una pandemia, qué significan las condiciones de un municipio que no esperaba esa cantidad de personas", explica el alcalde del municipio Páez.
La respuesta del Gobierno incluye, luego de pasados los 14 días, enviar de regreso a las personas a sus estados dentro de Venezuela. Ante la cantidad de gente y las limitaciones, en algunos casos la cuarentena se cumple en dos partes: en el PASI de frontera y luego en el sitio de destino de las personas.
El municipio, junto a la gobernación, garantizan el transporte de regreso. Se realiza un segundo test antes de que viajen a sus lugares de destino y se les otorga un permiso de circulación. Así, desde que pisan Venezuela hasta llegar a sus casas, todo es enteramente cubierto de forma gratuita por el Estado.
Hasta la fecha, han enviado desde el municipio Páez a 1.637 personas de regreso hacia sus casas y 2.300 están albergadas.
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