El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró que se puede hablar de que México fue un "narcoestado".
Durante la rueda de prensa, López Obrador reveló que el secretario de la Seguridad Pública, Alfonso Durazo, "tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual Gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública".
"Porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país", lamentó el presidente de México.
"Llegó a hablarse de un 'narcoestado' y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esta manera al Estado mexicano. Pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger", indicó.
El 30 de julio, EEUU acusó a García Luna, y a dos asociados de alto nivel en una conspiración de tráfico de cocaína.
García Luna, ministro del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en el estado de Texas, sur de EEUU, acusado de corrupción y vínculos con el Cartel de Sinaloa, fundado por El Chapo Guzmán, quien purga una condena de cadena perpetua en ese país.
La acusación indica que García Luna recibió maletas con tres y cinco millones de dólares como sobornos, y que fue investigado desde que se instaló en Florida, sudeste de EEUU, en 2012.
Suprema Corte de México declara constitucional el proyecto de consulta de López Obrador para enjuiciar a expresidentes
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Los ministros aprobaron por mayoría reformular la pregunta planteada en el proyecto de referéndum del jefe del Ejecutivo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus antecesores, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.Reuters
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la solicitud que planteó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para someter a consulta popular si se juzga a cinco exmandatarios por casos de corrupción.
Durante la sesión de este jueves, seis ministros votaron en contra del proyecto de resolución de Luis María Aguilar Morales, quien había declarado inconstitucional la materia de consulta que envió López Obrador. Por lo tanto, avalaron el ejercicio planteado por el jefe del Ejecutivo.
Se necesitaban al menos seis de los once votos posibles para aprobar la constitucionalidad de la consulta popular. En este sentido se manifestaron los ministros Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos, Alberto Pérez y Arturo Zaldívar.
Tras aprobar la solicitud de López Obrador, los ministros de la Suprema Corte aprobaron por mayoría reformular la pregunta que estará incluida en la consulta popular.
Así quedó estipulada la pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Discusión en la SCJN
El ministro Zaldívar, quien votó en contra del proyecto de Morales, argumentó que es deber de la SCJN maximizar el derecho de la ciudadanía a este medio participativo "de gran alcance", incluyendo a personas que usualmente son excluidas del debate.
Por su parte, Gutiérrez sugirió reformular la pregunta formulada por López Obrador para enjuiciar a sus antecesores. En este aspecto coincidió Alberto Pérez Dayán, quien tildó de "inquisitoria" la interrogante formulada, aunque dijo que la consulta popular era "válida constitucionalmente".
En tanto, los ministros Javier Laynez y Norma Piña se posicionaron por la inconstitucionalidad de la materia de consulta del presidente mexicano.
Laynez argumentó que "la justicia no se consulta", en respuesta a la pregunta formulada por López Obrador.
La consulta de López Obrador
El 15 de septiembre, López Obrador envió al Senado —quien a su vez remitió a la SCJN— la solicitud de consulta popular, que incluía la pregunta: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, 1 septiembre de 2020.Henry Romero / Reuters
López Obrador argumentó que el ejercicio de consulta popular en esta materia representa "un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder" y, es a su vez, "un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales".
Aunque el mandatario declaró que él votaría por no someter a proceso judicial a los expresidentes, aseguró en el texto que respetaría el fallo del ejercicio de consulta ciudadana.
Según López Obrador, la consulta popular podría ayudar a romper con los "acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes".
Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, residencia oficial de Los Pinos, 21 septiembre de 2006.Susana Gonzalez / AFP
Proyecto de inconstitucionalidad
En el proyecto de resolución, que fue votado este jueves, el ministro Aguilar argumentó que el objeto de la consulta popular era inconstitucional porque implicaba someter a consideración de un sector de la población si las autoridades deben cumplir o no con sus obligaciones de protección de los derechos humanos.
Además, el ministro Aguilar Morales consideró que, tal como está formulada la pregunta de la consulta popular, vulnera la presunción de inocencia de los expresidentes.
México: Los ciudadanos celebran el fallo sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes
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Los mexicanos celebran la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la consulta ciudadana para investigar a expresidentes por corrupción o crímenes violentos. La propuesta inicialmente hecha por Andrés López Obrador cobró una fuerza especial tras las revelaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien acusó a varios exlíderes nacionales de sobornos. En caso de que el Congreso apruebe la consulta, como se prevé que suceda, deberá ser organizada el año que viene.
6 millones de dólares por un curso de hora y media para tres personas: López Obrador denuncia un adeudo por un contrato de Calderón a García Luna
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El mandatario mexicano dijo que en los últimos días del sexenio del expresidente se benefició a una compañía del exsecretario de Seguridad Pública, juzgado actualmente por un presunto delito de narcotráfico en EE.UU.
El presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna en San Luis Potosí, México, 15 de octubre de 2007.Daniel Aguilar / Reuters
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció la existencia de un contrato millonario que firmó la administración del expresidente Felipe Calderón, apenas dos días antes de concluir su mandato, para beneficiar a una "empresa ligada" a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que actualmente está siendo juzgado por narcotráfico en EE.UU.
"Es un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el Gobierno de Calderón. De una empresa vinculada a García Luna. Un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares, y se deben casi 6 millones de dólares", dijo el mandatario durante su conferencia matutina de este martes, 13 de octubre.
"Lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas. ¿Saben cuánto tiempo duró el curso? Una hora y media", agregó.
El presidente, no obstante, no dio a conocer el nombre de la empresa, pero dijo que en las próximas horas se daría a conocer toda la información. "Está la factura y nos están pidiendo que paguemos. Entonces vamos a presentar denuncia. Yo me enteré ayer", apuntó López Obrador.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Calderón (2006-2012), quien lanzó una "guerra contra el narcotráfico" que detonó en niveles de violencia sin precedentes en México. La semana pasada, se declaró "no culpable" ante un tribunal de Nueva York (EE.UU.), tras ser acusado en ese país de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Detienen en EE.UU. al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México
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El exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue arrestado en el Aeropuerto de Los Ángeles.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa Nacional de México.Foto: Edgard Garrido / Reuters
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó este jueves que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa Nacional de ese país latinoamericano, fue detenido en EE.UU.
El anuncio fue realizado a través de Twitter, donde se agregó que el exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue arrestado en el Aeropuerto de Los Ángeles, California. Asimismo, Ebrard agregó que el hecho fue notificado por el embajador de EE.UU. en México, Christopher Landau.
"La cónsul en Los Ángeles me estará informando en próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto", escribió poco después el canciller mexicano.
Al parecer, Cienfuegos fue detenido por las autoridades cuando pretendía ingresar al territorio estadounidense en el marco de un viaje familiar.
Fuentes diplomáticas de ambos países, citadas por Reuters, confirmaron que la solicitud de arresto provino directamente de la Administración de Control de Drogas (DEA, pos sus siglas en inglés), por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Inicialmente los familiares de Cienfuegos que viajaban con él fueron también detenidos, pero poco después se confirmó que fueron liberados.
Según medios locales, el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, conoció sobre la captura del exfuncionario minutos antes de las 9 de la noche de esta jornada. Se esperan sus declaraciones al respecto para este viernes, durante su habitual conferencia matutina.
López Obrador, sobre la detención del exsecretario de Defensa en EE.UU.: "Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen"
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"No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo", dijo el mandatario mexicano tras el arresto del general Salvador Cienfuegos.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional.Daniel Becerril / Reuters
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la detención en EE.UU. del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, es una muestra del grado de "descomposición del régimen" que prevaleció en el país durante años.
"Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública. Estamos constatando la profundidad de esta descomposición, que se fue gestando de tiempo atrás", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, 16 de octubre.
El exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue arrestado el jueves en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando se disponía a ingresar a territorio estadounidense en el marco de un viaje familiar. La solicitud de arresto provino directamente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En México no hay ninguna investigación abierta
"Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales, en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa", afirmó López Obrador.
El presidente informó de que en las próximas horas se darán a conocer los detalles sobre los cargos por los que se detuvo al general en EE.UU., y aclaró que en México "no existe ninguna investigación" contra el general que "tenga que ver con el narcotráfico".
Según explicó en la conferencia, hace 15 días la embajadora de México en EE.UU., Martha Bárcena, le comunicó que había versiones sobre una investigación en el país contra Cienfuegos. La detención tendría que ver con el proceso judicial que se sigue en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna.
"No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo", concluyó el presidente.
Luego de la divulgación del arresto del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ya son tres los miembros del gabinete del expresidente de México Enrique Peña Nieto que actualmente se encuentran en prisión.
Tanto la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, como el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin completan la lista de funcionarios que comprometen el legado del último Gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Robles Berlanga es acusada por las autoridades mexicanas de "omisión", debido a que no informó sobre diversas irregularidades que resultaron en el desvío de 5.073 millones de pesos (285 millones de dólares en 2017) durante su gestión en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En agosto de 2019 la exfuncionaria fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por riesgo de fuga. Pero el 25 de septiembre obtuvo una suspensión definitiva contra ese fallo, por lo que actualmente está a la espera de la determinación para seguir su proceso penal en libertad.
A su vez, Emilio Lozoya se encuentra actualmente en prisión domiciliaria debido a que enfrenta dos procesos penales. Uno de ellos lo involucra en delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por su participación en el caso Odebrecht. El otro lo señala por lavado de dinero a causa de su relación con la compra de la planta chatarra Agronitrogenados.
En 2019, la Fiscalía General de la República libró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex debido al caso Agronitrogenados. Tras ser buscado en al menos seis países, fue detenido el 12 de febrero en Málaga, España. El 17 de julio, Lozoya Austin llegó a México como parte de su proceso de extradición, el cual su defensa aceptó el 30 de junio.
La noche del 15 de octubre se sumó a esa lista el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, según el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Informes periodísticos afirman que Cienfuegos fue detenido tras llegar a la Unión Americana en un viaje familiar. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) lo acusa por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Durante una gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) investigaciones periodísticas y especialistas relacionaron a su Gobierno con casos de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros fue señalado por no tomar medidas tras conocer de las conductas indebidas realizadas por varios de sus colaboradores más cercanos.
La detención del exsecretario de Defensa supone el último golpe al periodo de Gobierno de Enrique Peña Nieto, que recuperó el poder para el partido encarnando una promesa de renovación
Enrique Peña Nieto, en el avión presidencial junto a varios secretarios, entre ellos Salvador Cienfuegos.PRESIDENCIA / PRESIDENCIA
La detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos por la DEA (Agencia de Drogas Estadounidense) supone el último golpe al periodo de Gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente que recuperó el poder para el PRI en 2012, encarnando una promesa de renovación de la vieja maquinaria que había gobernado México sin respiro durante más de 80 años, ve ahora cómo van cayendo los que fueron sus hombres de confianza, estrechando a su vez el cerco de la justicia sobre el que no hace tanto fue aupado como la nueva cara de un PRI dispuesto a enterrar por fin su oscura herencia.
El juicio en marcha contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y jefe de la campaña electoral de Peña Nieto, al que ya ha acusado de ser el cerebro de la red de sobornos millonarios de Odebrecht en México, era hasta ahora la mayor bomba de relojería. En el marco del proceso, Lozoya ha confesado que se repartieron maletas de dinero de la constructora brasileña para la campaña electoral así como a distintos diputados para que empujaran la reforma energética, una de las medidas estrella de aquel nuevo PRI que liberalizó el sagrado petróleo mexicano y permitió la entrada de empresas privadas. En su denuncia, el exdirector de Pemex acusa explícitamente al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente de ser los responsables directos de recibir y gestionar por lo menos 100 millones de pesos, unos 4,5 millones de dólares (3,8 millones de euros).
Antes de la bomba Lozoya, ya había caído una de las más influyentes secretarias del Gabinete. El año pasado, la exministra Rosario Robles, que controló dos carteras durante el sexenio —la secretaria de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano— fue enviada a prisión con carácter preventivo por su implicación en la megatrama de corrupción conocida como La Estafa Maestra. Un desfalco de fondos públicos que, según la investigación judicial, rondaría 7.760 millones de pesos, unos 420 millones de dólares (358 millones de euros).
Los dos departamentos que dirigía Robles están en el corazón de una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho secretarías más, ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma. Durante su audiencia ante el juez, la defensa de Robles ha puesto también sobre la mesa el nombre tanto del expresidente Peña Nieto, como de José Antonio Meade, último candidato priista a la presidencia, tras dirigir Hacienda y suceder a la propia Robles al frente de la cartera de Desarrollo Social. Según la defensa, ambos fueron informados en repetidas ocasiones acerca de las irregularidades dentro de las dependencias federales.
Los golpes judiciales no solo se han sucedido durante los dos años del sexenio de López Obrador, que ha mantenido una calculada ambigüedad, hasta el punto de proponer una polémica consulta popular para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes, entre ellos, a Peña Nieto. Una medida que ha sido recientemente respaldada por la Suprema Corte. Ya durante el sexenio priista se fueron abriendo las primeras grietas en el andamiaje de la nueva generación de cuadros llamados a renovar el partido. Al inicio del mandato, el propio Peña Nieto puso como ejemplo a tres jóvenes gobernadores llamados a liderar la nueva etapa: Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. Los tres están hoy detenidos o encarcelados por delitos de corrupción o lavado de dinero.
Sumido en una profunda crisis tras el batacazo electoral -el candidato José Antonio Meade obtuvo en diciembre el resultado más bajo desde las elecciones democráticas- y los sucesivos escándalos de corrupción, el histórico partido mexicano afronta sus horas más difíciles. Un pozo que amenaza con ser aún más profundo tras la captura del jefe máximo del Ejército por la agencia antidrogas estadounidense.
Miles de mensajes telefónicos interceptados por la DEA sitúan entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el periodo de colaboración entre el exjefe del Ejército mexicano y el narco
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